Empleo público: peaje político entre fraude fiscal e impuestos

La semana pasada se aprobó, en primer debate, el proyecto de ley contra el fraude fiscal, mismo que aportará, en buena medida y aunque no lo suficiente, en el combate al robo de impuestos que se da actualmente en nuestro país. La nueva ley debió haber sido más dura, más inclemente, más drástica.

No obstante, es un avance y es inédita en el ámbito tributario. Nosotros hemos denominado el robo de impuestos como un verdadero crimen contra toda la sociedad, contra el bien común; y, específicamente, los más pobres entre los pobres, son sus más crueles víctimas.

¿Cómo no catalogar el robo de impuestos como crimen contra toda la sociedad, con estos datos espeluznantes? ¡Sí! Los hemos citado antes y habrá que hacerlo cientos de veces más. En números redondos, cada minuto, el robo de impuestos es de 5 millones de colones. Cada hora (sesenta minutos), son 300 millones de colones. Al día, o sea, cada 24 horas, 7 mil 200 millones de colones. Al año: 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), o sea, 2 billones 550 mil millones de colones (2.550.000.000.000.00).

Debemos ver a este proyecto de ley contra el fraude fiscal, aún con sus limitaciones, un paso en ruta hacia la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestro país. En tal sentido, la estrategia gubernamental es que hacen falta, al menos, dos grandes modificaciones impositivas actualmente en trámite parlamentario: la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo del 13% actual al 15%; y el establecimiento de la renta global o universal (sumatoria de todos los ingresos del contribuyente, provenientes de diversas fuentes para establecerle una única renta impositiva).

Nosotros pensamos que esto último es lo que merece el mayor apoyo popular, dado que puede hacerle pagar lo que realmente debe pagar al que más acumula; mientras que IVA castigará a todos por igual sin importar su nivel de ingreso; y, precisamente, los más castigados serán los más pobres entre los pobres, aunque los pobres también y ni qué decir sobre los sectores medios que todavía pueden consumir un poco más.

No sabemos si por ingenuidad política o por genuina responsabilidad, o una mezcla de ambas, a cambio de la aprobación legislativa de ambas iniciativas de ley, el actual Gobierno parece dispuesto a pagar el peaje político que le está imponiendo el bloque parlamentario que actualmente controla el directorio legislativo: hablamos del empleo público y, específicamente, de los pluses salariales.

El fundamentalismo macroeconómico neoliberal, que sigue siendo hegemónico en el gobierno del “cambio”, le tiene a éste contra la pared. El déficit fiscal, en punto de sobrepasar el 6% PIB (el “final de los tiempos” o “la llegada del Apocalipsis”, según tal fundamentalismo); le hace obligante al Gobierno obtener la aprobación de renta e IVA, así como el presupuesto 2017 (de lo cual hablamos en nuestro comentario de esta misma página en la semana pasada).

Los sectores neoliberales del actual parlamento, incluidos los que asaltaron el directorio legislativo el pasado 1 de mayo, ya han sido claros: no habrá renta ni IVA y recortaremos aún más el presupuesto 2017, si usted, Gobierno, no nos da, en bandeja de plata, la cabeza (más bien, las cabezas) del empleo público y, específicamente, los pluses salariales del mismo.
Más que peaje político, o trueque político, estamos hablando de chantaje político en el que está involucrada 330 mil familias de la clase trabajadora costarricense que, más o menos, es el número de personas que asalariadamente laboran para el Estado en todas sus manifestaciones institucionales. En los próximos días y semanas, estarán en juego los destinos socioeconómicos de esos 330 mil hogares: su estabilidad laboral, su situación financiera, su clima intrafamiliar, sus responsabilidades crediticias, sus vinculaciones sociales.

El fundamentalismo ideológico que hace converger los intereses del alto corporativismo de negocios, con los intereses de los ladrones de impuestos en todas sus manifestaciones (con apoyo de bufetes jurídicos y de especialistas tributarios inescrupulosos), en el marco de un sistema tributario altamente injusto por su regresividad; propicia más empobrecimiento y precariedad salarial con el ataque a los actuales niveles salariales que se devengan en el sector Público, globalmente comprendido y sin negar ciertos excesos.

El actual Gobierno debe, respetuosamente lo indicamos aquí, reflexionar que los vivillos de la politiquería tradicional, especialmente la del bipartidismo clásico (pese a sus mutaciones), le están poniendo a hacer el trabajo sucio anti obrero manifestado en el peaje, trueque o chantaje político que estamos denunciando por esta vía.

Una parte de ese bipartidismo clásico está trabajando ya en el plano electoral con la seguridad de que ganará; y nada mejor que, según su percepción, el trabajo sucio le quede hecho; aunque como bipartidismo están plenamente embarrados del estado actual de cosas en el empleo público y, muy especialmente, en el estado actual de cosas de la deuda del país y en el estado actual de cosas del déficit fiscal. Todo esto no empezó ayer.

No se trata de defender a un gobierno que apalancado en una multiplicidad de enorme diversidad convocante de sectores sociales, ganó el Poder Ejecutivo en febrero de 2014; pero que, según nuestro criterio, renunció a la construcción de un real músculo social como se potenciaba, y que le habría dado posibilidades más reales de cambio real; al menos, en el desafío de esa hegemonía político-mediática y económica tradicional que le quitó a su primer ministro de la Presidencia.

Es en este marco de condiciones que nos permitimos alertar a esos 330 mil servidores públicos que no tienen nada que ver en este peaje, trueque o chantaje político promovido por el ala neoliberal del parlamento.

¿Cuál es la responsabilidad, de los y de las policías que su bajo salario es redondeado con los pluses de riesgos y de disponibilidad, por ejemplo? ¿Cuál es la culpa que deben asumir las trabajadoras de los CEN-CINAI cuyo único plus salarial es la anualidad? ¿Cuál es la culpa en todo esto como para ser víctimas de un malsano trueque político, de los profesionales, del personal técnico, administrativo y operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como de otras institucionales? ¿Qué es lo que debe el personal de atención primaria en Salud, el personal que combate las enfermedades transmisibles por mosquitos, o el personal asistente de pacientes de la Caja? ¿Qué parte del déficit fiscal debe cobrársele, a los servidores públicos recolectores de basura, trabajadores operativos, de campo y administrativo-profesionales de las municipalidades, como para que queden en medio de este pago de peaje político? ¿Qué parte de la deuda del país la deben los agricultores y productores agropecuarios nacionales como para que, ahora, junto a los técnicos y profesionales de las instituciones públicas del sector, paguen los platos rotos del déficit fiscal y los truequen a cambio de los nuevos impuestos?

Solamente hemos citado algunos ejemplos de las injusticias graves e irreparables que una estrategia política mal pensada, improvisada, aventurera e irreflexiva, pueden generarse en la convivencia social actual de nuestro país, muy tensa por las contradicciones generadas a partir del crecimiento de la desigualdad, más que sistemática y documentada al máximo.

La intentona en desarrollo para ese peaje, ese trueque, más bien ese chantaje político, nada bueno ha de generar; y estamos seguros de que esos 330 mil potenciales electores para el año 2018, estarán pensando en ello con mucha seriedad.

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