Categoría: Opinión

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera designó al señor Carlos Alvarado Quesada para el delicado cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida y por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.

Con todo el respeto que nos merece don Carlos (hasta ayer al frente del Instituto Mixto de Ayuda Social –IMAS), nos parece oportuno dejar planteadas varias consideraciones que catalogamos como los principales retos de su delicado quehacer, según la perspectiva que tenemos sobre el tema partiendo de los planteamientos sociolaborales que hemos laborado en el seno de la corriente sindical en la cual militamos; planteamientos sumamente públicos.

Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.

Debemos abonarle al actual mandatario que en este sensible tema, la ley de la RPL, haya honrado él su promesa de campaña electoral asumida con una importante cantidad de sectores sociales y sindicales; y, en abierto desafío a ciertos latifundios mediáticos que suelen, partiendo del poder que tienen, gobernar “de facto” el país, pese a que no se someten a elección alguna.

Por tanto, la ley de la Reforma Procesal Laboral podría pasar a constituirse como el “logro” estrella de la Administración Solís Rivera al final de la misma y sería una especie de “sabotaje político” que desde la propia cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social no se hagan los esfuerzos más intensos para que se pueda habilitar la aplicación dinámica, en el día a día, de esta nueva legislación obrera, la mayor en su ámbito desde que fuera promulgado el Código de Trabajo, en 1943.

En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto: personal actual capacitado, más recurso humano técnico y profesional, más logística administrativo-tecnológica, más espacio físico especialmente pensando en la creciente afluencia de trabajadores violentados por sus inescrupulosos patronos, etc.

Siempre hemos creído en el histórico papel que debe jugar la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, a partir de los resultados que ha venido arrojando el proceso neoliberalizante de la sociedad costarricense que excluye a las mayorías de la distribución real de los beneficios del crecimiento económico pero que, a la inversa, concentra en las minorías tal distribución pese a que éstas ya acumulan bastante, como la clase poseedora de esos latifundios mediáticos.

Estamos convencidos de que la puesta en práctica de la RPL es una oportunidad para elevar el papel del MTSS en la resolución del conflicto obrero-patronal con peso realmente coercitivo y en sede administrativa, aliviando sensiblemente la esfera judicial en el trámite de la demanda obrera y con mayor satisfacción laboral ante la eventualidad de una resolución pronta y efectiva.

Por otra parte, la nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.

Igualmente, será muy relevante que la propia institucionalidad jurídico-política del Movimiento Sindical costarricense sea plenamente respetada por la máxima jerarquía del Ministerio de Trabajo, validando la misma a la luz de la pertenencia del país a la Organización Internacional del Trabajo (OIT); a fin de que no se cometa de nuevo el error de “regalar” legitimidad a agrupamientos corporativos que contravienen los principios fundamentales del concepto tripartista OIT.

Realmente estamos convencidos de que si estamos de cara a un remozamiento político del MTSS, ahora que don Carlos lo ha de encabezar, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.

Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras, mientras éstas, en abrumadora mayoría, viven en continua estrechez y tensión económica y social.

No hay duda de que en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideológicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.

Adicionalmente, el nuevo jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo ante la imperiosa necesidad de la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo; política obrera internacional conocida como “TRABAJO DECENTE” y que Costa Rica adoptó, precisamente, en el marco del tripartismo que en la esencia del modelo OIT. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.

Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad. ¡Buena suerte, señor ministro don Carlos Alvarado Quesada!

Y ahora qué va a hacer el diputado Otto Guevara Guth?… ¿Qué va a hacer la UCCAEP?… ¿Qué va a hacer la legisladora Rosibel Ramos Madrigal, del PUSC? El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un contundente informe de que nuestro país es una gigantesca lavadora narco.

Nada más y nada menos que, al año, el narcotráfico y el crimen organizado utilizan el sistema financiero costarricense para lavar 4 mil 200 millones de dólares; gigantesca cantidad que traducida en colones, calculando el dólar a 540 pesos, nos da la estratosférica cifra de 2 billones 268 mil millones de colones: 2.268.000.000.000.00. ¡Por Dios Santo! Casi 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Y lo dijeron los gringos! No es un “invento” sindical.

Desagreguemos esos 2 billones 268 mil millones de colones de la siguiente forma. La gigantesca lavadora narco que ya somos como país, “procesa” 189 mil millones de colones (189.000.000.000.00), por mes; 6 mil 300 millones de colones, ¡diarios! (6.300.000.000.00); 262 millones 500 mil colones (262.500.000.00), ¡por hora!; 4 millones 375 mil colones (4.375.000.00), por minuto; y, casi 73 mil colones, ¡por segundo! Repetimos: lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

¡Qué barbaridad! Sinceramente, es espeluznante. Dicen los gringos que estas enormidades de dinero sucio se lavan vía sector de la construcción, vía sistema de apuestas en línea (“sportsbook”), entre otros ámbitos de la actividad económico-financiera y productiva del país.

En tal sentido, reiteramos: ¿y ahora qué va a hacer el diputado Otto Guevara Guth?… ¿Qué va a hacer la UCCAEP?… ¿Qué va a hacer la legisladora Rosibel Ramos Madrigal, del PUSC?

¿Por qué les emplazamos, directamente, ahora que los gringos nos “certificaron” que como país somos una gigantesca lavadora narco? Pues resulta que para combatir el lavado de dinero, dentro del conjunto de medidas estratégicas que el país está urgiendo, el establecimiento del registro de accionistas de las sociedades anónimas para que se sepa quiénes son los beneficiarios finales de las mismas, es uno de las más necesarias.

Sin ser expertos en la materia, es bien sabido que la actual figura jurídica de las sociedades anónimas que establece la legislación nacional en estos momentos, es de enorme atracción para el crimen organizado y para cárteles narcotraficantes.

Realmente, es un crimen contra la Patria misma, un verdadero acto de traición, entregarle Costa Rica al narcotráfico. Esto es lo que están haciendo quienes, sin argumento alguno ya y en total evidencia, persisten en que no se tomen las medidas legislativas urgentes y necesarias contra el narco, como ésta del registro de accionistas con anotación real de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y de los fideicomisos.

Tenemos claridad de que no basta combatir, con seriedad, la penetración sistemática y estratégica del narcotráfico en nuestra sociedad, si es únicamente con el establecimiento del registro de accionistas como corresponde instaurarlo (no como lo quiere la UCCAEP, de “mentirillas”). Sin embargo, un registro de accionistas verdaderamente real, es fundamental.

Ahora que ya no hay duda alguna de que Costa Rica dejó de ser tan solo una vía de tránsito para la droga y ya nos convertimos en una base de operaciones logístico-estratégica, con un sistema sofisticado para el lavado de esa enorme cantidad de dinero sucio, no queda justificación moral alguna para que no se adopten, legislativamente hablando, varias medidas que todos los políticos saben que no se pueden bloquear o atrasar más.

Hablamos de la ley de extensión de dominio (para que el Estado, por ejemplo se apropie de los bienes sospechosos de ser mal habidos y producto de riquezas súbitas); restaurar el impuesto a las sociedades anónimas (para fortalecer la operatividad de las carteras ministeriales de Seguridad y de Justicia); y, por supuesto, el registro de accionistas con conocimiento real, para efectos tributarios y para efectos penales, de los beneficiarios finales, con nombre y apellidos, de las sociedades anónimas.

Por ejemplo, preocupa en grado sumo las relevaciones periodísticas que dan cuenta de la sofisticación para operaciones de lavado de dinero intermediando el negocio de apuestas por internet, lo que presupone la insana utilización de la actual figura jurídica de las sociedades anónimas que no permite y/o dificulta, ya no solamente el control tributario-fiscal, sino el policial-penal, de las personas físicas directamente involucradas en tal tipo de acciones criminales.

La UCCAEP, Otto Guevara Guth y Rosibel Ramos Madrigal están actuando irresponsablemente pues su errática posición le está haciendo un grave daño al país, bloqueando que se cumpla con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cuanto a la ineludible adopción del registro de accionistas con total transparencia, para los efectos tributarios que tal entidad exige a sus socios integrantes.

Igualmente, resulta inadmisible que estén bloqueando que Costa Rica cumpla con sus obligaciones para con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de que el país construya una coraza protectora en contra del sucio lavado de capitales que está llegando, prácticamente, a una cifra que equivale a casi 10 puntos de PIB, según el informe de los gringos que nadie va a desmentir.

Así que, por tercera vez en este comentario, ¿y ahora qué va a hacer el diputado Otto Guevara Guth?… ¿Qué va a hacer la UCCAEP?… ¿Qué va a hacer la legisladora Rosibel Ramos Madrigal, del PUSC? El país debe saber que esta especie de “tríada” está ejerciendo un irracional bloqueo parlamentario a la tramitación del proyecto contra el fraude fiscal que incluye el indicado registro de accionistas; acción condenable porque va en contra del bien común; porque agrava la crisis fiscal; porque de un modo u otro le hace el juego al dinero sucio que el narcotráfico está lavando en territorio nacional. ¿O será que este irresponsable bloqueo parlamentario a tal legislación esconde cosas que no sabemos?…

Confesamos que “metimos la pata” en nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema. Nos fallaron nuestras matemáticas. El contrato que tiene la empresa del señor Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), don Ronald Jiménez Lara, para custodiar la información tributaria del país, la de las empresas, la de las personas, supera los mil setecientos millones de colones anuales: 1.700.000.000.oo.

Al convertir la cantidad de dólares de tal contrato, según lo denunció el periódico de mayor circulación de Costa Rica, que es el más leído, DIARIO EXTRA, 3 millones 100 mil dólares; equivocadamente dijimos que en colones equivalía a la cantidad de 167 millones 710 mil colones. ¡Qué va! Supera, efectivamente, los mil setecientos millones de colones.

Ahora, con los documentos en mano le compartimos a usted los siguientes datos. Estamos hablando de una contratación directa, entre el Ministerio de Hacienda y la empresa del señor Jiménez Lara, llamada Ideas Gloris S. A. Esa contratación directa se llama “Servicio de un Centro de Procesamiento de Datos y Equipamiento”.

Lo firmaron, por el lado institucional, la señora Dina María Víquez Esquivel, en su calidad de Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda. Por el lado empresarial, don Johnny Xatruch Benavides, a nombre de Ideas Gloris S. A., siendo presidente de la misma don Ronald Jiménez Lara, según leemos en la certificación literal del Registro Nacional a la cual tuvimos acceso.

El contrato mencionado que, repetimos, es para que custodien su información tributaria, la de su empresa, la de todos, se firmó en el presente gobierno, el 20 de mayo del 2015.

La cifra exacta y según el documento de rigor para “efectos fiscales”, es en dólares de 3.188.505.52, o sea, tres millones 188 mil 505 dólares, con 52 centavos. En colones, mil 717 millones, 137 mil 762 colones con 74 céntimos (1.717.137.762.74).

Como habrán notado, nada que ver esta cantidad con la que, equivocadamente, dijimos la semana pasada, ¡era diez veces mayor! En verdad, ¡qué “metida de pata” la nuestra! Disculpas por ello.

¡Así es! La empresa del señor presidente de la UCCAEP se gana con el indicado contrato, 3.312.38 colones por minuto; 198.742.80 colones por hora; 4.769.827.12 colones por día; y, por mes, 143.094.813.56 colones. ¡Nada más y nada menos!

¡Ah! El contrato podría extenderse hasta por tres años. Al final de tal plazo, la empresa del señor presidente de la UCCAEP, podría haber recibido por 5 mil 151 millones de colones (exactamente, 5.151.413.288.22).

Cualquier cantidad de preguntas conviene formular y, con gran respeto, directamente planteadas para el honorable ciudadano Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas. ¿Por qué un contrato de este calibre?; ¿por qué no se invirtió en infraestructura tecnológico-informática del propio Ministerio de Hacienda?; ¿por qué contratación directa?, ¿cuáles fueron los fundamentos para ello?, ¿participaron otras empresas?, ¿quién, desde el Ministerio de Hacienda, llevó la negociación con la empresa de don Ronald?; etc., etc.; etc.

Hemos insistido en este asunto porque no podemos dejar de relacionarlo con la polémica sobre el establecimiento en el país del registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; considerando que el grupo empresarial de los sindicatos patronales que preside don Ronald, la UCCAEP, insiste en que si, finalmente, existirá tal registro, debe estar fuera del Ministerio de Hacienda.

¿Para qué? ¿Para que lo maneje la empresa de don Ronald, con un contrato parecido o superior al que venimos comentando? ¿Para qué lo maneje un consorcio corporativo-empresarial? ¿Para que esté en el Banco Central de Costa Rica pero concesionado, vía contratación directa, a otros grupos empresariales (como el de don Ronald), asociado a la UCCAEP?

Ahora no solamente quedan flotando en el ambiente los dos grandes grupos de interrogantes que acabamos de mencionar y que alimentan nuestras desconfianzas en las verdaderas intenciones del señor Presidente de la UCCAEP con relación al llevado y traído tema del registro de accionistas.

Sino que, viendo cómo la propia UCCAEP se está contradiciendo de lo que su presidente, supuestamente, acordó con el de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, al respecto, prácticamente no quedaría más que “tocar el réquiem” con respecto a posibilidades reales de acuerdos nacionales en materia fiscal-tributaria; dejando espacio abierto para una profundización de la misma con consecuencias insospechadas para la gran mayoría de la población y de las empresas… excepto la de don Ronald que, como le acabamos de informar, tiene en perspectiva ganarse hasta más de 5 mil millones de colones, por guardar, por custodiar, su información tributaria, la de todos, la nuestra propia.

El asunto de si el país tendrá o no tendrá un registro de accionistas de las sociedades anónimas para que se sepa, tributariamente hablando, quiénes son los beneficiarios de las mismas y cuánta plata están ganando por año fiscal, quedó transformado como el “corazón de oro” de toda la discusión de los últimos tiempos sobre déficit fiscal, sistema tributario, reforma del Estado y similares.

La posibilidad de que Costa Rica abandone la etapa tributariamente “prehistórica”, con el establecimiento del indicado registro de accionistas, tiene histéricos a los sectores corporativo-empresariales de mayor poder económico; pues su rotunda oposición al respecto dejó de tener sentido real, con ocasión de la visita al país del señor José Ángel Gurría Treviño, economista neoliberal de origen mexicano y actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el denominado “club de los países ricos” al cual quieren que Costa Rica se adhiera (¡!).

Tal histerismo quedó muy bien mostrado a partir de las dos posiciones que nos ha estado exhibiendo el más renombrado sindicato empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), por intermedio de su máximo dirigente actual, don Ronald Jiménez Lara.

Recuerde usted que nuestra carta magna, la Constitución de la República de Costa Rica, actualmente vigente y que data del 7 de noviembre de 1949, señala en su artículo 60 que: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Efectivamente, los sindicatos de los patronos se llaman “cámaras” y la unión de éstas o de varias de ellas, crea una especie de central sindical patronal, como lo es la UCCAEP.

Ahora bien, volviendo al tema neurálgico del registro de accionistas parece que el máximo líder de la UCCAEP, colega dirigente sindical pero él del lado patronal y nosotros del lado obrero, pero colegas al fin; fue a Casa Presidencial y delante del señor de la OCDE llegó a un acuerdo con el Presidente Solís para que hubiera registro de accionistas.

Eso fue el pasado 1 de marzo (si no estamos equivocados), y hasta ambos se tomaron una foto, mostrando sonrisas a lo anuncio de pasta dental, apareciendo juntos y horas después, en una conferencia de prensa. Eso sí, la UCCAEP fue muy específica: tal registro de accionistas iría según sus condiciones; no las del bien común y las del interés ciudadano, agregamos nosotros.

Poco después, Diario Extra denunció que el colega dirigente sindical patronal, presidente de la UCCAEP, tiene un contrato millonario por medio del cual el Estado, vía Ministerio de Hacienda, le compra servicios de seguridad informática para custodiar la sensible información tributaria que dicha institución maneja de (suponemos nosotros), toda clase de ciudadanos y personas físicas que pagamos impuestos, así como de cualquier cantidad de empresas de todo tamaño que deben tributar.

El “contratillo” del colega dirigente sindical empresarial con el Estado, por esa custodia de su documentación tributaria, estaría ascendiendo a la suma de ¡3 millones 100 dólares anuales! En colones, mil 674 millones de colones; casi 140 millones de colones al mes. O lo que es lo mismo, 4 millones 650 mil colones por día recibe la empresa de Ronald por custodiar su información tributaria y la nuestra. En tal caso podría usted muy bien preguntarse lo siguiente: ¿quién, que no fuera el Ministerio de Hacienda, podría tener “mejor” acceso a su información tributaria?

Luego de la revelación pública de Diario Extra de que el colega sindicalista de corte empresarial tenía tal “contratillo”, el sindicato patronal que él lidera, la UCCAEP, vuelve a su posición original, es decir, contraria a que haya registro de accionistas.

El periódico La República así lo indicó en su edición del pasado viernes 4 de marzo: UCCAEP aclara que sigue en contra de creación de registro de accionistas. En el mismo sentido, leemos en el Diario Extra del pasado sábado 5 de marzo: UCCAEP vuelve a postura contra impuestos. El antetítulo de esta nota dice: “Informaciones inexactas” serían causa del doble discurso.

Imposible que no nos formulemos la pregunta y/o el cuestionamiento de si en esto del registro de accionistas, el sindicato empresarial más connotado del país, tiene dos posiciones: la que le dijeron al señor de la OCDE y la que tenían antes de la visita del Sr. Gurría y que la retomaron luego de que él se fue.

¿Dos UCCAEP? ¿La de su Presidente, considerando su “contratillo” de custodia de la información tributaria del Estado; ó, la de todo este sindicato empresarial que no quiere registro de accionistas alguno?

Valga la oportunidad para reiterar, de manera contundente, que este columnista no tiene acceso a información tributaria alguna, como de forma malintencionada se ha pretendido argumenta como “punto fundamental” para que no haya el indicado registro de accionistas. Por el contrario, ahora usted, que nos honra leyendo todas las semanas, puede colegir quién si podría tener acceso a este tipo de información…

Titular de primera plana de Diario Extra (el de mayor circulación nacional y el más leído del país), de ayer martes 1 de marzo:+ “Exgerente y Jefa BCR usaron plata lavada”+. El antetítulo de esta información indicó:_ “Según investiga fiscalía en caso Muñoz Nanne”_.

Por su parte, el periódico de los capitalistas oligárquicos neoliberales, La Nación, también ayer martes 1 de marzo, tituló en primera plana lo siguiente:+ “Tica de 35 años controla empresas que manejaron $1.500 millones”+. El antetítulo indica que “Firmas alimentaron cuentas indagadas por BCR y Fiscalía”. Además, dos subtítulos: 1) “Desde Malta y Emiratos Árabes. Compañías enviaron $67 millones a Latco, sociedad ligada a directora del BNCR”. 2) “Gerenta de ‘sportsbook’. Banco de Costa Rica afirma que ella no encaja en el perfil de una inversionista”.

¡CONFIRMADO! El país ya no solamente está convertido en una gigantesca lavadora de dinero de dudosa procedencia, sino que Costa Rica se ha convertido en un paraíso fiscal, al cual es sumamente fácil hacer llegar plata en gigantescas cantidades mediante la figura jurídica actual de las sociedades anónimas, de fideicomisos, de fondos de inversión.

Ambas informaciones que puntualizan lo que todo el mundo sabe en este país, sin embargo, nos han dejado atónitos. La constatación de datos, de nombres, de cifras, de sociedades anónimas y de la utilización de bancos estatales, muestra que la penetración del dinero sucio y del dinero cuestionado en el sistema financiero nacional está, prácticamente, sin control.

Si en solamente un caso se movieron 1.528 millones de dólares, ¡825 mil millones de colones!; entonces se confirma el dato de que durante los diez años naturales comprendidos entre el 2003 y el 2012, por el sistema financiero costarricense pasaron 94 mil millones de dólares, equivalentes a 50 billones 854 mil millones de colones (en cifras así: 50.854.000.000.000.00).

Nosotros lo planteamos públicamente con base en información de CentralAmericaData.COM, así como del informe “Illicit Financial Flows fron Development Countries: 2003-2012”. ¡Siempre hemos tenido razón!

Ahora más que nunca es estratégicamente urgente que se establezca, para efectos tributarios específicamente, el registro de accionistas para que se sepa, con nombres y apellidos, las personas beneficiarias finales de las sociedades anónimas, de los fideicomisos, de los fondos de inversión. Los opositores a estas patrióticas iniciativas, como el diputado Otto Guevara Guth y como la legisladora Rosibel Ramos Madrigal, ¡han quedado acorralados!

En esta misma columna, la semana pasada, planteamos que la visita del máximo jerarca de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), les calló la boca y dijo que el país tiene que tener un registro de accionistas en las condiciones en que se pretende con el proyecto de ley contra el fraude fiscal.

El señor de la OCDE dejó al país en ridículo pues el sistema tributario costarricense es de corte “prehistórico”, dado que permite una evasión fiscal, un robo de impuestos de unos 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB).

Gran parte de ese gigantesco robo a la sociedad en contra del bien común, se facilita mediante la figura jurídica actual de las sociedades anónimas que no contempla el registro de accionistas; facilidad que para el caso del manejo de dinero sucio y/o de dudosa procedencia, queda al desnudo con las dos denuncias de prensa comentadas al comienzo de este artículo. A don Otto, a doña Rosibel y a quienes ellos sirven como peonada política, la OCDE los dejó ¡acorralados!

Estos favorecedores del actual y perversamente injusto status quo tributario, se llevaron una “leñateada” más: La “troika” que compone la especie de policía financiera internacional, el trío de las calificadoras de riesgo, sentenciaron al país si no aprueba los proyectos de ley de reforma tributaria como el del registro de accionistas de las sociedades anónimas.

Efectivamente, las calificadoras de riesgo Standard & Poors, Moody’s y Fitch tienen hoy en día un poder dictatorial absoluto para decretar la quiebra de un país, generando pánico entre los inversionistas activos y potenciales, si en ese país las cuentas fiscales no se ajustan a los parámetros hegemónicos del actual orden financiero internacional diseñado no para el bien común, sino para facilitar la concentración de la riqueza, base fundamental del inconmensurable poder del capital bancario-financiero según el estado actual de la globalización neoliberal.

Así que, nuevamente, don Otto y doña Rosibel, quedaron más acorralados todavía. La policía política del capital bancario-financiero internacional representada en esa “troika” les ha notificado, indirectamente, de lo perverso que es su filibusterismo parlamentario en contra, por ejemplo, del proyecto contra el fraude fiscal y el registro de accionistas.

Se nos dice ahora, “¡por fin”! que el gremio representante del gran corporativismo empresarial, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), está aceptando ya, que exista ese registro de accionistas, pero pone “condiciones” para ello.

¿Cuáles son esas “condiciones”? El distinguido señor Presidente de la UCCAEP, don Ronald Jiménez Lara, presuntamente tiene o tuvo un contrato empresarial para custodiar, para guardar, documentos del Ministerio de Hacienda. ¿Será esa una de esas condiciones? ¿Que se les permita a los empresarios de UCCAEP, como don Ronald, que en sus empresas se guarde el registro de accionistas que se va a crear? ¿A qué se comprometió el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, cuando firmó con don Ronald un “acuerdo” para crear el registro de accionistas con las “condiciones” que quiere la UCCAEP? El mandatario está en entredicho si no le dice al país las “intimidades” políticas de tal acuerdo, más allá de lo que pusieron en el papel.

Finalmente, gran parte de los “argumentos” de don Otto, de doña Rosibel, de los similares a ellos, de la propia UCCAEP, para su oposición al registro de accionistas de las sociedades anónimas, fue decir que el mismo no se podía establecer porque quien esto escribe, este columnista sindicalista, tiene “acceso” a información tributaria, algo que hemos refutado con vehemencia porque no es cierto.

Tal “argumento”, completamente falaz, ahora queda más que pulverizado, pues si alguien pudo haber tenido información tributaria fue el Presidente de la UCCAEP, dado que una de sus empresas ha estado custodiando información del Ministerio de Hacienda. ¡Acorralados han quedado!

Parece que no les va a quedar más remedio que aprobar el proyecto contra el fraude fiscal y contra el robo de impuestos, sin excluir las normas jurídicas para que haya en el país un registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, de los fondos de inversión y similares.

Se los dijo en su propia cara el señor José Ángel Gurría Treviño, neoliberal economista mexicano, actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), misma que fuera fundada en 1961.

La OCDE tiene su origen en la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), a la cual se le encargó por parte de los Estados Unidos que aplicara, en aquellos años, el Plan Marshall para la reconstrucción europea luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Para quienes no tenían hasta ahora noción de qué es eso de la OCDE, los países que se unen a ella deben comprometerse con los “principios de la economía de mercado”, así como con los de la “democracia pluralista”. La OCDE impulsa el desarrollo del comercio mundial bajo los principios del “libre comercio” (los TLC’s, como los conocemos a hoy); y tiene tal cantidad de información que la convierten en la oficina de estadísticas más completa del planeta.

Al afiliarse a la OCDE, Costa Rica tendrá que pagar una cuota anual de membrecía cuyo monto desconocemos hasta el momento, pues esta organización tiene una planilla de 2.300 funcionarios con muy buenos salarios a los que hay que mantener.

Como lo planteamos ayer martes 23 de febrero, en nuestro artículo semanal para La Prensa Libre (digital), “…no vemos por ningún lado en qué podría beneficiar a la clase trabajadora costarricense (asalariada, no asalariada, desempleada, en empleo parcial, informal y como mypmes), que Costa Rica ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)…”. (“LA VISITA DE LA OCDE AL PAÍS”).

Sin embargo, es de celebrar que siendo la OCDE lo que es, lo que significa como parte de la estructura burocrático-planetaria al servicio de la arquitectura financiera internacional de la globalización neoliberal, haya puesto “el dedo en la llaga” en materia de fraude fiscal y de robo de impuestos, al plantear que Costa Rica debe tener un registro de accionistas de las sociedades anónimas para conocer quiénes son los beneficiarios de las mismas, cuánta plata están ganando realmente y así establecer la cuantía justa del monto de impuestos que por concepto de renta deben pagar.

El señor Secretario General de la OCDE indicó que en los países afiliados a la misma, eso del registro de accionistas es algo normal, que eso no se discute. No tenerlo es, según entendimos nosotros, como estar en la “prehistoria tributaria”.

Los favorecedores de que el robo de impuestos se mantenga sin alteraciones, esos que están dentro del parlamento y esos del alto corporativismo gremial empresarial del país, se quedaron con la boca cerrada. Jamás imaginaron que frente a sus ojos y a sus narices se los diría la propia OCDE, eso de la necesidad del registro de accionistas.

Pareciera que no es posible que Costa Rica aspire a ingresar a tal organización, con las características de paraíso fiscal que ya está adquiriendo, toda vez que la figura jurídica actual de las sociedades anónimas permite que se hagan barbaridades con evasión fiscal, con elusión tributaria, con circulación de dinero sucio producto del narcotráfico y del crimen organizado.

Ridículamente, se ha venido sosteniendo por parte de los favorecedores del robo de impuestos y del fraude fiscal que en Costa Rica no puede haber tal registro de accionistas, porque existimos dirigentes sindicales (como el que escribe esta columna), con acceso a información tributaria.

Nada más pueril, sin ningún valor ni credibilidad, esgrimir semejante argumento como la “columna central” discursiva de quienes han venido oponiéndose, radical y filibusteramente, a que haya esa estratégica arma tributaria para la justicia y para la inclusión social, para la promoción del alicaído bien común en nuestra sociedad.

La única información tributaria que estuvo siempre disponible de manera pública, ahora es ya oficial: en Costa Rica la espantosa magnitud del robo de impuestos en todas sus formas anda por los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). ¡Más de 2 billones de colones y por año!

Eso es lo que siempre supimos. Lo que con nombre y apellidos logramos conocer es porque se publicó en la misma prensa nacional, como los dos casos de dos poderosos consorcios corporativo-mediáticos envueltos en controversias tributarias con el fisco costarricense. Así es que, ¡a otro con ese cuento de que los dirigentes sindicales tenemos acceso a información tributaria confidencial!

El planteamiento del señor Secretario General de la OCDE ha sido tan contundente que ahora están tratando de escamotearlo y están diciendo que aprobarían el registro de accionistas de las sociedades anónimas pero en otra entidad pública que no sea la que debe ser, tal como sucede en todos los actuales países integrantes de la OCDE y fuera de la misma: la natural administración tributaria.

¡Es inaudito! Y peor aún porque pretenden que en tal entidad paralela que manejaría el registro de accionistas, deben incluirse representantes del indicado alto corporativismo empresarial, lo que es lo mismo que indicar que estaría poniéndose “al ratón a cuidar el queso”, o a que “el zorro cuidara a las gallinas”.

Bien puede la legislación de creación del registro de accionistas de las sociedades anónimas, establecer reglas para garantizar la confidencialidad de la información tributaria que solamente deberá estar disponible para efectos impositivos. Aumentar la drasticidad sancionatoria por divulgar tales datos y/o, como el mismo señor Gurría Treviño lo planteó, un detector de la huella digital que registre la identidad del funcionario tributario con acceso a tal información, son mecanismos para garantizar la privacidad que tanto les preocupa. ¡Se trajeron a la OCDE y salieron trasquilados!

El diputado Otto Guevara Guth, vapuleado, políticamente hablando, con ocasión de las pasadas elecciones municipales, está convertido en el principal defensor de que Costa Rica siga teniendo, sino el más, uno de los sistemas tributarios más injustos de toda la América Latina.

Este legislador que (como era lógico suponer), anunció que no aspirará a una quinta candidatura presidencial (fracasado en las del 2002, 2004, 2006 y 2010), además de que dejará de ser el “líder” de su partido, el Movimiento Libertario (el cual no obtuvo una sola alcaldía en las votaciones mencionadas perdiendo las únicas dos que tenía); está ejerciendo un enfermizo, peligroso y aventurero filibusterismo parlamentario para evitar que haya nuevas leyes contra el robo de impuestos, contra el fraude fiscal, contra la evasión y la elusión tributarias en todas sus manifestaciones.

El filibusterismo parlamentario, utilizado de buena fe y con transparencia, es bueno cuando se trata de defender causas nobles y a favor del bien común en la lógica del debate legislativo; especialmente cuando esos poderes fácticos de enorme peso económico pretenden imponer sus legislaciones particulares para agigantar sus fortunas.

Pero es que el caso del filibusterismo parlamentario que está ejerciendo el citado diputado es para defender “capitales de dudosa procedencia”, tal y como lo dijo en declaraciones al periódico La República, su colega legislativo don Marco Vinicio Redondo Quirós, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC). (La República, edición del martes 9 de febrero en curso, página 18A Economía).

“Cuando el río sueña, piedras trae”. Da mucho qué pensar eso de “capitales de dudosa procedencia”, podrían serlo desde transacciones financieras de todo tipo para evadir pago de impuestos, desde y hacia paraísos fiscales internacionales; hasta dinero generado de actividades ilícitas en materia de crimen organizado, tráfico internacional de estupefacientes, actividades de apuestas y de casinos… ¿Vaya usted a saber?

La actuación parlamentaria del diputado Otto Guevara Guth, agiganta su perversidad y su daño al país, luego de que la calificadora internacional de riesgo de inversión Moody’s, le bajó la categoría a los bonos que el Gobierno necesita colocar a fin de allegar más dinero líquido a sus alicaídas arcas, especialmente ahora que sabemos que el robo de impuestos en el país es superior a los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

Moody’s, junto a sus “hermanas” Goldman & Sachs y Fitch Ratings, forman una troika, o más bien una tríada, una especie de policía política internacional al servicio de los mercados financieros del capital hegemónico vigente en la globalización neoliberal actualmente en curso; emitiendo dictámenes (calificaciones), sobre la salud financiera de un determinado país para posicionarlo en el escenario mundial de las transacciones de valores financieros y de préstamos bancarios.

Ellas, con base a la situación fiscal de ese país y con base en las necesidades que presenta para que le presten plata, le califican como excelente, bueno, malo, medio malo o supermalo; llegándose al punto extremo de categorizar los bonos de un país como “bonos basura”, para que nadie le preste un centavo de dólar a la nación condenada al ostracismo financiero internacional, si ellas juzgan que es un país “mal portado” con sus cuentas fiscales.

Pues bien, Moody’s amenazó al país con que Costa Rica será mal calificada si al final de este año 2016, no se hacen los ajustes necesarios para enfrentar el déficit fiscal que presentan las finanzas del Gobierno; ajuste que pasa, necesaria e imprescindiblemente, porque en la Asamblea Legislativa se aprueben los proyectos de ley contra el fraude fiscal y contra el robo de impuestos; precisamente los proyectos que está filibustereando el señor diputado Guevara Guth.

Gústenos o no, desgraciadamente, esta tríada, esta troika del capital financiero internacional, tan adorada en el altar del dios mercado, tiene el poder suficiente para arruinar a un país si éste no arregla sus finanzas públicas; y si eso del déficit fiscal se sale de los porcentajes mínimos del catecismo ideológico neoliberal, con su lógica perversa del austeritarismo extremista. No es nada raro que, en próximos días y semanas, las otras dos trillizas de esta policía política financiera internacional, Goldman & Sachs y Fitch Ratings, incrementen la presión y el chantaje al país por este tema del déficit fiscal.

El señor diputado don Otto Guevara Guth no está solo en esta malsana cruzada filibusterista. Tiene aliados en otras curules legislativas y tiene el respaldo del más renombrado gremio corporativo del gran empresariado nacional, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP).

Ellos deben responsabilizarse por la mala calificación de riesgo que Moody’s le impondrá al país al final de año si no pasan esas leyes contra el robo de impuestos y contra el fraude fiscal; ellos deben hacerse responsables si las otras dos calificadores de riesgo de la mencionada tríada, hacen lo mismo, es decir, degradar el valor de los bonos costarricenses; ellos serán responsables si el déficit fiscal, según la propia lógica ideológica que profesan, el neoliberalismo, se sale de control y genera situaciones y tormentas sociales difíciles de imaginar y de describir.

Don Otto, prácticamente ya que usted está “acabado” en la política nacional; entonces, no “acabe” con el país, pues los agoreros del fin de los tiempos y de la llegada del apocalipsis en materia de déficit fiscal (Moody’s, Goldman & Sachs y Fitch Ratings, más su fanaticada criolla); están dictando que quedan pocos días y quedan pocos meses para que los prestamistas del exterior y los comprobadores de bonos ticos se vuelvan más usureros ante la constatación de que el Gobierno ocupa más plata prestada, cada día, cada hora y cada minuto, para funcionar; pues como usted y los suyos, don Otto, no quieren leyes contra el fraude fiscal (como el registro de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas), el riesgo de quiebra del Estado no es una predicción descabellada.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, cuyo capital político al momento de asumir este cargo fue de una magnitud inédita en la historia electoral nacional, debe tomar una estratégica decisión que honrará profundamente a las miles de conciencias cívicas, especialmente, provenientes de la clase trabajadora y de los sectores medios que le votaron.

Esta estratégica decisión es dejar al descubierto a los cómplices y favorecedores políticos del robo de impuestos. ¿Cómo? Retirar de la corriente legislativa en el actual período de sesiones extraordinarias, todos los proyectos de ley, incluidos el que transforma el impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), así como el de renta; dejando solamente en discusión parlamentaria el que tiene que ver con el combate al fraude fiscal pero, eso sí, sin quitarle ni amputarle su esencia, su corazón: el establecimiento del registro de accionistas para determinar, solamente para efectos tributarios, los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas y de los fideicomisos financieros de todo tipo.

Sr. Presidente: ahora que su gobierno, por intermedio de las máximas autoridades político-ministeriales de la cartera de Hacienda, reconoció, valientemente, la magnitud del robo de impuestos en todas sus manifestaciones que se da en el país, sobrepasándose ya los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), este crimen social, el robo de impuestos, no debe quedar impune.

Hablamos de más de 2 billones de colones anuales, una cantidad tan extraordinariamente gigante como para que, en tan solamente un año, las cuentas fiscales gubernamentales queden en superávit, alejándonos del “apocalíptico” déficit que vienen pregonando los heraldos ticos de la globalización neoliberal.

Sr. Presidente: usted afirmó que el robo de impuestos en Costa Rica es indecente. ¡Por supuesto que sí! Pero, respetuosamente, se quedó corto. La espantosa magnitud del fraude fiscal con el robo de impuestos en todas sus variables, constituye un verdadero crimen contra toda la sociedad; crimen que ha estado victimizando a quienes laboran asalariadamente para el sector Público, los empleados públicos y las empeladas públicas, a quienes de manera infame se ha pretendido responsabilizar del serio problema del déficit fiscal.

Sr. Presidente: ahora que su gobierno ha sido mucho más tajante y contundente en plantear, oficialmente, la cuantía astronómica de las cifras del robo de impuestos (más de 8 puntos del PIB), lo cual se lo aplaudimos; es necesario reiterar que la clase trabajadora no roba impuestos (el de ventas lo paga al momento mismo de la compra en la caja registradora, y el de renta salarial se rebaja de planilla cuando corresponda); ni tampoco la clase trabajadora recibe exenciones y/o exoneraciones, ni tiene sociedades anónimas.

Por el contrario, precisa el país determinar cuál es la posición de cada una de las 57 personas legisladoras del actual parlamento nacional en esto del fraude fiscal. Ya sabemos cuál es la posición del diputado líder del partido político que robó dineros públicos destinados al financiamiento electoral, ese mismo partido que acaba de sufrir la más aplastante derrota de todos cuantos participaron en las elecciones municipales del pasado domingo 7.

Hablamos de don Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, legislador que ha sido acusado por su colega parlamentario, don Marco Vinicio Redondo Quirós, de que “…no solamente está defendiendo los intereses de los más poderosos, sino también los capitales de dudosa procedencia…”.

Y ya sabemos de la quijotesca cruzada cívica de la señora diputada Patricia Mora Castellanos, del Frente Amplio, defendiendo al pueblo desde su curul, de la satrapía ladrona de impuestos; y, nos imaginamos la inclinación de otras posiciones diputadiles en un sentido u otro.

Los diputados y las diputadas que defienden el robo de impuestos, que funcionan como sus cómplices y favorecedores, deben ser desnudados políticamente como enemigos del bien común y de la inclusión social. Tenemos derecho a identificarlos para que, si de verdad hemos de caer como sociedad en el abismo fiscal en un futuro cercano, determinar a quién hay que ir a buscar para pedirle cuentas de haber propiciado la impunidad en esto del crimen social que representa el robo de impuestos.

Además, si solamente queda en el debate parlamentario el proyecto contra el fraude fiscal, la ciudadanía podrá liberarse de manipulaciones político-mediáticas que han pretendido engañarla, al igualarse que lo del fraude fiscal equivale a la imposición de nuevos impuestos o su incremento actual. Fraude fiscal es una cosa; aumento de o nuevos impuestos es otra. La gente necesita discriminar lo uno de lo otro y ello se facilitará si solamente se tramita el proyecto contra el fraude fiscal.

A esta altura de la discusión, ha quedado establecido con contundencia inobjetable ya no solamente la cuantía del robo de impuestos (más de 2 billones de colones); sino que es notoriamente público que las también monstruosas cifras del dinero sucio procedente del crimen organizado y del narcotráfico se mueven, como pez en el agua, vía la actual figura jurídica de las sociedades anónimas, intoxicando gravemente el sistema financiero nacional.

Sr. Presidente: Usted ha alertado a la sociedad de que para el 2018, si esto no se corrige, el déficit fiscal estaría llegando al 8.5% del PIB. Es nuestro criterio coincidente que en tal circunstancia la conflictividad social y el enfrentamiento interclases por tal circunstancia, llegará a expresiones insospechadas.

Nosotros pensamos que el espacio y el tiempo político de los actuales momentos, solamente da para una definición estratégica en este asunto del fraude fiscal, pero sin quitarle el registro de accionistas de las sociedades anónimas. Los sectores populares y sindicales honestos haremos todo lo que está a nuestro alcance para que no pase el IVA. Los sectores del gran capital (dentro de los cuales están los ladrones de impuestos y sus cómplices-favorecedores), impedirán cualquier cambio en el impuesto sobre la renta que les ponga a pagar más, aunque sea una décima.

Entonces, si ya sabemos la magnitud real de la cifra del robo de impuestos; si el realismo político está indicando que no habrá ni IVA ni renta, corresponde centrar el debate, dentro y fuera del parlamento, en el tema del fraude fiscal y la legislación necesaria para enfrentarlo.

Flaco favor le hacen a la Patria los que están oponiéndose a que el sistema tributario costarricense tenga, vía ley y solamente para esos efectos tributarios, un registro de accionistas de las sociedades anónimas para conocer los nombres de los beneficiarios de las mismas.

El diputado Otto Guevara Guth, como vocero oficial en el seno del parlamento de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep), y este mismo gremio del alto corporativismo empresarial costarricense (que no es representativo de todo el empresariado nación), podrían estar cometiendo una especie de traición a la Patria, al bloquear la tramitación legislativa de la ley contra el fraude fiscal y el robo de impuestos porque esta contiene ese registro.

¿Qué esconden? ¿Cuál es la real y profunda naturaleza de los intereses que están defendiendo, pues es contundente ya que no son los de la Patria? ¿Cuáles son las conexiones de negocios, vía la figura jurídica actual de las sociedades anónimas, que tienen de manera directa y/o indirecta?…

Los señores diputados y las señoras diputadas deben estudiar, respetuosamente lo que planteamos, el comunicado de prensa que emitió en estos días, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), titulado “Costa Rica debe de mejorar los controles sobre las sociedades anónimas y otras figuras jurídicas incluyendo la creación de un registro único y actualizado de accionistas”. “Sorprendentemente”, este especializado pronunciamiento no tuvo mayor eco mediático. Las razones para su práctica invisibilización parecen más que obvias.

Leemos y transcribimos para usted, esta contundente afirmación: “…La Evaluación Nacional de Riesgos elaborada por más de 40 instituciones del Estado Costarricense, sector privado y el Sistema Financiero Nacional, bajo la Coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), identificó entre otros riesgos de lavado de dinero, la falta de establecer requisitos más exigentes para extranjeros y nacionales que crean estructuras societarias, también destacó los bajos controles sobre sociedades extranjeras y los apoderados especiales, así como la inexistencia de un registro único y actualizado de accionistas de sociedades, asociaciones y de las partes que involucran en figuras como los fideicomisos”.

¡Contundente! En Costa Rica, el dinero sucio y el dinero del narco se escudan bajo la figura jurídica actual de la sociedad anónima. Están felicísimos los narcotraficantes y agentes financieros del crimen organizado de la “ayudadita” que le están presentando los opositores a que la ley costarricense establezca ese registro de accionistas de las sociedades anónimas, asociaciones y fideicomisos. ¡Tomen nota, costarricenses honestos!

Pero vean que grave lo que plantea el ICD, ya no solamente en materia de dinero narco sino en cuenta al financiamiento al terrorismo: “En el caso específico del financiamiento al terrorismo la atención se centra sobre las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo asociaciones y fundaciones; y, el mandato consiste en que este tipo de personas jurídicas deben estar debidamente registradas bajo el control de un ‘regulador natural’, el cual debe principalmente, supervisar y aplicar normas de transparencia sobre el origen y destino de los flujos financieros que estas organizaciones reciben, incluyendo el conocimiento de los miembros y beneficiarios finales, entre otras disposiciones de prevención del delito”.

O sea, seguir boicoteando, seguir “filibustereando” el establecimiento de la figura legal del registro de accionistas en las sociedades anónimas contenido en el proyecto contra el fraude fiscal, manda un mensaje a las entidades terroristas internacionales en el sentido de que utilizando el sistema financiero costarricense y con la actual legislación sobre sociedades anónimas, hay seguridad de que la plata vaya de un lado a otro, para financiar la comisión de ataques terroristas como el que ocurrió el año pasado en París, Francia.

Cuesta creer que a pesar de este gigantesco riesgo que actualmente presenta el sistema financiero costarricense, no se detenga la apostasía de la naturaleza del ser costarricense que las posiciones del mencionado diputado y del citado gremio empresarial que le acuerpa, están mostrando ante el bloqueo que están ejecutando, al impedir que, tributariamente hablando, Costa Rica tenga ese registro de accionistas.

Responsablemente, el ICD ha advertido que “El país debe luchar por emitir una imagen internacional de control efectivo sobre la creación y venta indiscriminada de sociedades de las cuales muchas esconden operaciones internacionales de juego y apuestas mientras que otras se utilizan como empresas fantasmas para abrir cuentas en el extranjero y movilizar millones de dólares…”.

¡Tiene razón el ICD al afirmar lo anterior! La imagen internacional del país es que el sistema financiero tico es una gigantesca lavadora de dinero del narcotráfico; estamos “coloreados” como paraíso fiscal en desarrollo; y de que el sistema tributario costarricense es como de “mentirillas”: pagan más, proporcionalmente hablando los que menos tienen pues el sistema es regresivo; y, por el contrario, dado que el mismo no es progresivo, los que tienen más, pagan menos: además, de que muchos de ellos de lo poco que pagan, se la pasan evadiendo, robando impuestos, eludiéndolos, lavando; y, todo gracias al estado jurídico actual de las sociedades anónimas. Continuaremos la semana próxima…

Quienes se oponen a que nuestro país emita las más duras medidas administrativas y legales contra el fraude fiscal y el robo de impuestos, le hacen el juego al narcotráfico y al terrorismo. ¡Así de contundente debe ser planteado!

Ya no se trata de si la transparencia fiscal y tributaria es o no es una exigencia para que el país ingrese, como miembro pleno, al denominado “club de los países ricos”: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¡No señor!

Es que Costa Rica está llegando ya a peligrosísimos niveles catastrofistas para su propia estabilidad democrático-institucional y financiero-económica, por las monstruosas y desproporcionalmente gigantescas cantidades de dinero sucio que está circulando, todos los días y hora tras hora, en el circuito financiero de nuestra economía; pero no se puede determinar ningún tipo de procedencia, no se puede determinar quién está ganando por ello y cuánto; ni tampoco y mucho menos, si está pagando lo que realmente debe pagar, desde el plano de las obligaciones tributarias más elementales.

Costa Rica está mostrando en este momento un deshonroso y vergonzoso record: somos el tercer país a nivel de América Latina y ocupamos el lugar 14 a escala mundial, en el manejo de lavado de dinero del narcotráfico y del dinero sucio, en general.

Las cifras de dinero sucio, lavado de dinero, transacciones financieras del crimen organizado, según los estudios del ente internacional Global Financial Integrity, que hace monitoreo de los flujos financieros a nivel planetario, resultan un desafío difícil de comprensión mental sobre la cantidad de plata de la que estamos hablando.

En Costa Rica y durante la década 2003-2012, se movieron ¡94 billones de dólares! ¡Por Dios Santo, 19 puntos de Producto Interno Bruto (PIB)! Casi 600 millones de colones, ¡por hora!, por cada uno de los días, de todos los meses, de toda esa década.

Gran parte de toda esa sucia plata, por no decir su totalidad, se mueve vía sociedades anónimas y/o fideicomisos cuyos beneficiarios finales jamás se conocerán, ni siquiera para efectos tributarios, que es lo que persigue en el caso costarricense la nueva ley contra el fraude fiscal, bloqueada por ciertos diputados y por ciertas cámaras empresariales.

Además, estamos llegando a un punto en que podemos ser declarados como país no cooperante en el control del financiamiento al terrorismo.

Ya hay señalamientos, críticas, alarmas y fuertes “jalones de orejas” porque Costa Rica está en esta situación; porque Costa Rica ya está en vías de convertirse en un paraíso fiscal; y, porque en este país, vía la figura jurídica de las sociedades anónimas, todo ese dinero putrefacto, mal habido, sucio y lleno de sangre, encuentra en el sistema financiero nacional albergue seguro, dado que no es posible saber quién es el beneficiario final de las rentas que se esconden en las tales sociedades anónimas y/o en el manejo de los fideicomisos financieros y de especies parecidas.

La oposición parlamentaria y corporativa empresarial de “alto vuelo” a que se sepa quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, solamente se puede entender porque se está teniendo acceso al dinero sucio del narcotráfico, facilitando el lavado del mismo.

Tal oposición solamente se puede entender porque se está viviendo en medio de una orgía financiera producto de la acumulación desenfrenada de plata a partir del robo de impuestos.

Y lo que es peor, tal oposición solamente se podría explicar si de por medio existiría el soborno para facilitar el financiamiento a operaciones terroristas, “mirando para otro lado” con este tipo de dinero sucio.

Los propios gringos son contundentes en este sentido y aunque esté por medio la doble moral que les caracteriza, en esto del narcotráfico y del dinero sucio que genera, no se anduvieron por las ramas, indicando que Costa Rica es uno de los países con más lavado de dinero.

Un informe del Departamento de Estado de los Estados unidos, del año pasado 2015, dijo que las organizaciones delictivas transnacionales toman cada vez más, a Costa Rica como destino para cometer delitos financieros, entre ellos la legitimación de capitales. (Citamos el volumen II, del “Money Laundering and Financial Crimes”, incluido en el “International Narcotics Control Strategy Report”, emitido por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State).

El indicado informe da cuenta de gran cantidad de sitios web que promueven las apuestas en línea y desde los cuales se lavan millones de dólares en territorio costarricense. Esta denuncia de dicho documento es contundente: “Las organizaciones criminales utilizan las instituciones financieras oficiales para transferir dinero a empresas sin licencia, así como el contrabando y las zonas de libre comercio para blanquear el producto de sus actividades ilícitas”.

Por eso es que la OCDE ha estado indicando que “Costa Rica debe establecer regulación de acatamiento obligatorio que asegure la disponibilidad de la información de las entidades y sus socios”… “Costa Rica debe poner en marcha un programa de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mantener la información de propiedad y la identidad de todas las entidades…”.

Sigue diciendo la OCDE: “Costa Rica debe garantizar que la Administración Tributaria es capaz de acceder a la información de la propiedad en todos los casos. Esto se puede lograr a través de asegurar la disponibilidad de dicha información, por ejemplo, en el caso de las empresas al exigir información de los accionistas, que se mantendrá en la empresa, que se mantendrá en un registro público, o estará contenida en los registros de impuestos”. (Todos los documentos son oficiales y están totalmente disponibles).

Dado la ya prácticamente indetenible “narcotización financiera” de la economía costarricense, el alto nivel de toxicidad que presenta actualmente por los flujos incontenibles de dinero sucio en su sistema bancario-financiero; la cuantía sumamente perversa del robo de impuestos comentado en este mismo espacio la semana pasada; la única forma de, al menos, tímidamente, empezar a sanearla es con el establecimiento del registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y/o fideicomisos, solamente para efectos tributarios. No hay otra alternativa.

Hay mucho más material calificado sobre el tema y volveremos la semana próxima al respecto.