Categoría: Opinión

Una y otra vez tenemos que decirlo, reiterarlo, insistir sin descanso; de día, de noche; hora tras hora, día con día, mes con mes… Siempre: la clase trabajadora ¡NO ROBA IMPUESTOS! Los dos más importantes del sistema tributario nacional, los paga puntualmente.

El de ventas, en la caja registradora y al momento mismo de la compra. El de renta al salario, si corresponde aplicarlo, es rebajado de planilla puntualmente.

Son otros los que roban impuestos. Son otros los ladrones de impuestos que, desafortunadamente, tienen poderosas palancas político-empresariales (dentro del parlamento y fuera de él, por ejemplo), que impiden toda clase de medidas para parar este gran crimen contra toda la sociedad que es el robo de impuestos; o, al menos, atenuarlo, desestimularlo.

Todos los sindicatos y organizaciones sociolaborales, cooperativas y profesionales; todos los movimientos cívicos decentes que, realmente, están interesados en el bien común y la lucha contra la desigualdad; todos los políticos de uno u otro signo que no están contaminados por la corrupción; en fin, toda la ciudadanía que paga puntual y rigurosamente sus impuestos y que, además, cree en la importancia para la paz social y para la integración social de ello, debemos cerrar filas contra el fraude fiscal en todas sus manifestaciones. Debemos apoyar, activamente, las diversas iniciativas que se promueven al respecto, como el proyecto de ley de lucha contra el fraude tributario y el robo de impuestos.

Es totalmente condenable, éticamente inadmisible y moralmente incorrecta la posición anunciada por parte de la cúpula del gran empresariado criollo y sus adláteres transnacionales, anunciando una oposición férrea a dicha legislación. ¿O será que entre sus filas tienen afiliados ladrones de impuestos que temen quedar al descubierto?; ó, ¿es que sus miembros tienen muy arraigada la costumbre de robar impuestos mediante triquiñuelas legales, artificios jurídicos, maniobras contables torcidas con asesoría profesional de exautoridades tributarias?…

Es tal el nivel de robo de impuestos en Costa Rica y la espeluznante, inimaginable y estratosférica cifra que ello representa, que es absolutamente imprescindible que la Administración Tributaria quede facultada por ley para tener la identificación de los beneficiarios finales de todas las entidades jurídicas que realizan actividad de lucro y de acumulación, como las sociedades anónimas.

Estos ladrones de impuestos, ahora tan decididamente protegidos por el gremio empresarial de la alta cúpula corporativa del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), realizan una evasión impositiva y una elusión tributarias por el orden de los 72 mil 273 colones con 66 céntimos (72.273.66.00), ¡POR SEGUNDO!

Estos ladrones de impuestos se roban 4 millones 336 mil 420 colones (4.336.420.00), ¡POR MINUTO! Se roban 260 millones 185 mil 185 millones de colones (260.185.185.00), ¡POR HORA! Y, ¡POR DÍA!, el robo de impuestos es de 6 mil 244 millones 444 mil 444 colones (6.244.444.444.00)…

187 mil 333 millones, 333 mil 333 colones, con 33 céntimos, es el robo de impuestos ¡POR MES! En números se escribe así: 187.333.333.333.33.

Por eso es que, anualmente, la evasión fiscal y la elusión tributarias en todas sus formas y manifestaciones, es de 2 billones 248 mil millones de colones (2.248.000.000.000.00).

Según especialistas consultados por ANEP, el robo de impuestos está ya, prácticamente, en los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y considerando que cada punto de PIB es de unos 281.000.000.000.00 (doscientos ochenta y un mil millones de colones), nos da esa espantosa cifra de evasión tributaria del orden de los 2 billones 248 mil millones de colones (2.248.000.000.000.00), ¡POR AÑO!

Considerando que los salarios de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público deben ser de manejo ciudadano, según lo han planteado los sectores responsables de la más feroz campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico desplegada el año pasado por parte de la prensa latifundista oligárquico-neoliberal y su peonada política, en contra del empleo público; el pueblo trabajador, principal pagador de impuestos de manera puntual y sin “escapatoria” alguna, merece saber que en materia de pago de impuestos no hay discriminación y que, por tanto, quienes reciben renta y ganancias vía esas sociedades anónimas, también tributan y tributan justamente; que se sabe quiénes son esas personas y que están incluidas en un correspondiente registro que sólo la administración tributaria del país ha de manejar.

La especie de coalición a favor de los ladrones de impuestos, formada por las cámaras empresariales de Comercio, de Industrias, Alimentaria, Agricultura y AmCham, aglutinadas en la UCCAEP, deben reconsiderar su errática posición contra el bien común y la integración social.

Deben dejar de intimidar, pedir cabezas, bloquear y disparar contra la ley para controlar el fraude fiscal; y, específicamente, respaldar que se permita el conocimiento tributario de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; lo cual, paradójicamente, es una exigencia internacional dado que Costa Rica pretende ser socio activo del “club de los países ricos”: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Estas cámaras empresariales, sus líderes corporativos y hombres de negocios de gran poder económico, no se han cansado de aplaudir que a Costa Rica la metan en la OCDE; pero ahora resulta que las reglas tributarias de la misma no les gustan. ¿Entonces… en qué quedamos?

La semana próxima y en una segunda parte de este tema del robo de impuestos, nos referiremos a las exigencias de la OCDE para una verdadera transparencia tributaria del país si queremos ser parte de la misma.

Recordemos que en la Asamblea Legislativa se está tramitando, en el seno de su comisión de Asuntos Económicos, el expediente No. 19.312, ya comúnmente denominado como “Ley del Salario Mínimo Vital”.

El pasado 9 de noviembre de 2015 dicha comisión parlamentaria recibió en audiencia a personeros del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes dieron su opinión muy especializada y de alta credibilidad sobre esta importante iniciativa de ley.

Al considerar el gran prestigio de que goza la UCR en la sociedad costarricense, nos pareció oportuno comentarles varios de los criterios que fueron emitidos en la mencionada audiencia por parte de los personeros profesionales de tan alta casa de estudios superiores con relación a la “Ley del Salario Mínimo Vital”.

Tengamos presente que en nuestra visión sindical sobre los graves y grandes problemas de la sociedad costarricense actual, la desigualdad y su crecimiento sistemático es el problema número uno del país.

Por tanto, esta iniciativa de ley resulta vital, imprescindible y necesaria para enfrentar el mismo; específicamente porque la “Ley del Salario Mínimo Vital” es de carácter estratégico si se pretende que las personas trabajadoras del sector privado con salario mínimo puedan aspirar a tener una calidad de vida relativamente digna.

Esto es particularmente importante puesto que está muy demostrado que el crecimiento de la economía nacional en los últimos años, según las variaciones que registra el Producto Interno Bruto (PIB), nos indican que éste crece más rápido de lo que han venido creciendo los salarios, se ha generado gran brecha entre ambos aspectos y, por supuesto, es el salario mínimo en la empresa privada la mayor “víctima” en tal sentido.

Ahora que hemos empezado el año 2016 con inflación “negativa”, -081 %, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lo que atañe a variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC); y aunque el fondo de la discusión de este problema (PIB vs. crecimiento de los salarios), no pasa necesariamente por este tipo de mediciones en cuanto a modificaciones en el IPC, la “Ley del Salario Mínimo Vital” es más que urgente.

Para los especialistas universitarios de la UCR, la “Ley del Salario Mínimo Vital” es de gran necesidad si consideramos que Costa Rica lleva ya muchos años sin poder disminuir el 20 % de pobreza persistente, lo cual es uno de los elementos que provocan la sistemática desigualdad.

En no pocos casos, el actual nivel de salarios mínimos, ya sea que se respete o que se violente y se pague menos, genera que haya muchas personas trabajadoras que pese a su condición asalariada, estén ya no solamente en condición de pobreza sino de pobreza extrema.

Destaca la intervención universitaria que venimos comentando que, por ejemplo, un salario quincenal de 107 mil colones no le permite a quien lo percibe como salario mínimo en el sector privado, la supervivencia básica de las condiciones de vida que están marcadas hoy como elementales de un “discreto” nivel de vida digno.

Y es aquí donde resalta que dichos especialistas nos recuerden los conceptos filosófico-políticos que han venido animando la existencia civilizada de la sociedad costarricense, al puntualizarse que “…el Estado social costarricense, tiene una larga experiencia que demuestra que la institucionalidad solidaria es la que ha permitido sostener las condiciones fundamentales de democracia en nuestro país, que esto se ha venido deteriorando desde hace muchísimos años, y que las personas en gran cantidad ya no acceden a servicios públicos como en otros años, ya no acceden a una serie de servicios que les pemiten una vida digna”.

También nos recuerdan los especialistas de la UCR que “…el salario es el elemento central para reducción de la pobreza y la desigualdad social en sociedad y eso en el país está quedando debiendo, no solamente por incumplimiento de los salarios mínimos, sino en el establecimiento propiamente del salario”.

Tal vez la parte más importante de las afirmaciones de los indicados personeros universitarios en torno a lo esencial que resulta que la actual Asamblea Legislativa apruebe el proyecto “Ley del Salario Mínimo Vital”, es que el mismo pone un granito de arena en el manejo de la relación entre la desigualdad y la pobreza, producto de este tipo de salarios precarios como lo son los actuales salarios mínimos: “…Porque el mecanismo que se está proponiendo para el cálculo del salario, salario digno, que no solamente va asociado al PIB, no sólo va asociado a la productividad, a la inflación, permite ir cerrando esta brecha de desigualdad y de pobreza”.

Tengamos presente que (como se apuntó en nuestro artículo de la semana pasada), en los últimos quince años mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció en un 44 %; en ese mismo período de tiempo los salarios mínimos en la empresa privada crecieron solamente un 16 %.

Este impactante dato objetivo (que no es nuestro), ha sido refrendado por los especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), presentes en la ya reiteradamente mencionada audiencia parlamentaria.

Esta desigualdad generó (entre otros aspectos), tal y como lo reconoce el prestigioso Proyecto Estado de la Nación que para ese período de quince años, el 20 % más pobre de la población (dentro de la cual están muchas personas trabajadoras que devengan los salarios mínimos de hoy), sufrió sensibles reducciones en sus capacidades de ingreso; mientras que el 20 % más rico tuvo un aumento muy significativo en sus ingresos.

Solamente desde posiciones producto de un egoísmo recalcitrante y/o de una avaricia codiciosa insensible, podría manifestarse oposición a que el proyecto “Ley del Salario Mínimo Vital” se convierta en una ley de la República.

Formulamos un vehemente y respetuoso llamado al Gobierno de la República para que, nuevamente, envíe a la Asamblea Legislativa en su actual período de sesiones extraordinarias, el expediente legislativo No. 19.312, comúnmente conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital”; iniciativa de ley que resulta imprescindible y sumamente necesaria en momentos en los cuales la desigualdad sigue sin retroceso en nuestro país y el mantenimiento de la paz social y la reducción de la cruda violencia que nos azota todos los días pasa, necesariamente, porque en este país haya otra política salarial que amplíe el poder de compra del salario (para un mejor vivir), que aumente su capacidad adquisitiva y que mejore, en algo, la preciaria situación económica de muchos hogares trabajadores que no la están pasando nada bien.

En materia de salarios mínimos en el sector privado, que cada semestre debe hacerse, por ley, un reajuste en los mismos por costo de vida, precisamente lo que viene ocurriendo es eso: un reajuste por inflación para que, supuestamente, no pierdan poder adquisitivo, pero nunca se aumenta la capacidad de compra del mismo.

Esta circunstancia se ha agravado más actualmente en que se nos dice que la inflación es “cero” y que hasta será “negativa”, es decir, ni siquiera habrá reajuste. Por tanto, quienes menos ganan o que apenas se les paga el mínimo, están incrementando su precariedad y su pobreza salarial. Ni siquiera hay reajuste porque no hay inflación. ¡Imagínese usted!

Lea cuidadosamente esto: “La actividad económica del país creció casi tres veces más rápido que los salarios mínimos de los costarricenses en los últimos 15 años, una brecha que coincide con un aumento de la desigualdad y la pobreza en el país”.

Siga leyendo, por favor: “Mientras el Producto Interno Bruto (PIB), que es la riqueza del país, tuvo un incremento de 44 puntos porcentuales, el salario mínimo solo llegó a aumentar 16”.

Estos datos y esta afirmación no son de producción nuestra, no son información salida de los sindicatos. La dio a conocer el principal periódico financiero del gran capital costarricense (semanario El Financiero, edición No. 1052, 30 noviembre-6 diciembre de 2015)

Los grandes capitalistas ticos “reconocen”, ¡ay carajo! que sus trabajadores en las empresas privadas y con salarios mínimos han sufrido una enorme explotación que, por ende, ha generado un crecimiento muy grande y un proceso concentrador de la riqueza de los más abusivos de los últimos tiempos.

Entonces corresponde a los señores diputados y a las señoras diputadas tomar decisiones estratégicas en tal sentido; es decir, aprobar el proyecto de “Ley del Salario Mínimo Vital”, como un mecanismo de redistribución de riqueza, de expansión del poder de compra del salario mínimo y como un acelerador del proceso productivo nacional, especialmente el mercado interno; pues, por lo general, las personas trabajadoras víctimas del actual nivel del salario mínimo solamente pueden comprar los productos y servicios básicos de la sobrevivencia familiar; productos y servicios básicos que son proporcionados por empresas (públicas y privadas), nacionales, en esencia.

Con este proyecto de ley se pretende, así muy en términos generales, que el salario mínimo en la empresa privada pase de unos 284 mil colones actuales, a unos 457 mil pero no de un solo tiro, sino en un período de cinco años a fin de que las empresas honestas no aleguen golpes a su estabilidad financiera ni tampoco amenacen con el chantaje del miedo de los despidos.

Especialmente hacemos un llamado a los diputados liberacionistas y socialcristianos. Los primeros tienen una prueba fundamental en este sentido de lavarse la cara manchada y sucia con la desigualdad que generaron sus últimos gobiernos con las fracasadas ideas neoliberales, traicionando así los ideales clásicos de sus principios socialdemócratas originarios. Ahora que hablan de que deben “ser de izquierda” bien haría en demostrarlo con acciones concretas.

Y los otros, los socialcristianos de una y otra corriente, también necesitan asearse ideológicamente: ¡honren a plenitud los postulados del Humanismo Cristiano, de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente en estos momentos históricos de la acción social y militante en favor de los menos favorecidos que ejecuta el Papa Francisco!

En el caso de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA), éstos han manifestado claramente su apoyo a esta iniciativa de “Ley del Salario Mínimo Vital”, esperando que sus planteamientos programáticos llenos de contenidos a favor de la inclusión social, en contra de la desigualdad y por el retorno del país por la senda del bien común, motive a cada diputado y a cada diputada de estas dos fracciones parlamentarias a respaldar esta necesaria iniciativa; misma que, como citamos al principio, los propios capitalistas están reconociendo a qué punto han llevado la explotación obrera con el nivel actual, completamente indigno e injusto, que muestran los salarios mínimos.

Este tema es de tanta trascendencia que lo tocaremos en nuestra columna de la semana próxima a fin de compartirles lo que piensa al respecto el prestigioso Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la no menos prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR).

No tenemos cómo confirmarlo. Pero las fuentes fidedignas que nos transmiten la información que de seguido les compartimos, en otros momentos han acertado cuando nos han alertado sobre temas duros que estaban por venir (y que llegaron luego), en el amplio escenario político-social y económico-fiscal del Empleo Público.

Esta vez nos indican que el presente Gobierno (particularmente, el Ministerio de Hacienda), está “en problemas” para reunir el dinero del pago del salario escolar para la población trabajadora asalariada de lo que conocemos como Gobierno Central (ministerios, por ejemplo). Ojalá tales informaciones no tengan ni la menor pizca de contenido real.

Nos indican que ha habido dos circunstancias anteriores en la presente gestión gubernativa, en las que se han tenido que realizar “carreras locas” para pagar los salarios quincenales en este ámbito de la Administración Pública.

Terminaron indicándonos que estas circunstancias de problemas para honrar pagos salariales a este grupo de trabajadores y trabajadoras estatales, podrían presentarse más a menudo a partir de ahora, con mayores niveles de riesgo y con más potencialidades de conflicto social, como es lógico suponer en este tipo de situaciones en que media la misma sobrevivencia de los conglomerados familiares de carácter asalariado. ¡Y ni hablar del reajuste salarial para el primer semestre del 2016!…

Independientemente de nuestra propia posición político-ideológica, las finanzas públicas del Estado central están mal. ¡Sí, lo aceptamos!, aunque esta afirmación nos haga coincidir con la camarilla de amanuenses, articulistas, opinólogos, editorialistas, peonada política (intra y extra parlamentaria), voces radiofónicas histéricas y similares; todos los cuales y de una manera u otra, están al servicio de la plutocracia del capital hegemónico-neoliberal y sus latifundios mediáticos (por cierto, algunos de éstos en líos tributarios por intentonas fallidas con evasión de impuestos).

La circunstancia de que las finanzas del Estado central estén mal, no es un problema nuevo. Eso que llaman el déficit fiscal (la diferencia entre los ingresos y los egresos del Gobierno), siempre ha estado presente en la vida sociopolítica y económica del país.

Sin embargo, todo hace indicar que llegó la hora de “hacer algo”, verdaderamente impactante, para controlarlo. Y es en ese desafío de “hacer algo” donde las contradicciones afloran, el conflicto inter-clases se muestra tal cual y los desafíos de defensa obrera se vuelven tan urgentes que no pueden ser eludidos por mucho más tiempo.

Hay dos explicaciones fundamentales en este problema del déficit fiscal. La de la plutocracia reinante, políticamente hegemónica (la que no gana elecciones pero pretende gobernar desde salas de redacción y estudios de telenoticieros al servicio de los latifundios mediáticos), tiene la suya: es el empleo público el culpable fundamental de la “debacle” por venir dado que son los salarios multidiversos de quienes laboran para el Estado los que están llevando a éste a la quiebra (Grecia, en perspectiva); incluyendo los respectivos sistemas de relaciones obrero-patronales, algunos de los cuales tienen rango constitucional y están incluidos en la legislación internacional en materia laboral. “¡Hay que acabarlos todos!”, es su consigna de exterminio y liquidación del empleo público.

Por eso es que durante todos los meses de este año 2015 que termina mañana jueves 31, desplegaron la más infame, calumniosa, inescrupulosa y difamatoria campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada en la historia nacional en materia de empleo público.

Con tal campaña pretendieron ganar adeptos, manipular a la opinión pública, asegurarse la adhesión de políticos de oficio para su ideología, acorralar e intimidar a otros que sí tienen dignidad; y, en general, potenciar reservas de odio a utilizar en caso de presentarse escenarios de confrontación abierta e intensa que, por cierto, no están lejanos de mostrarse.

La otra explicación, que es la que nosotros defendemos, es que el déficit fiscal está estrictamente asociado con las debilidades estructurales e integrales de un sistema tributario diseñado para cobrarle a los que menos tienen y permitirles a los que más tienen, pagar lo menos posible, ojalá nada… y, además que puedan robar impuestos quedando impunes por ello.

Pareciera que el punto de colisión abierta de ambas posiciones se daría en este año 2016, aunque ya en el 2015 vimos qué podría pasar en un escenario de total confrontación si, por ejemplo, nos juntáramos todas las organizaciones y todas las fuerzas cívicas y sanas para golpear en una única dirección: la de la real justicia tributaria que tanto ocupa de este país.

A lo interno de la actual Asamblea Legislativa, ambas posiciones tienen respaldo. Pero del lado nuestro, jamás de los jamases podríamos aceptar el chantaje político que está planteando el extremismo neoliberal ropa-impuestos: aprobar los proyectos de ley para combatir el fraude fiscal en todas sus manifestaciones, a cambio de bajar salarios en el sector público, disimular el despido abierto en el empleo público y/o precarizarlo en grado sumo, flexibilizando los contenidos de la estabilidad laboral en el mismo, derogando reglamentos en la materia y acabando con la negociación colectiva del sector público.

Solamente un dato nos da la suficiente razón política, ética y moral para rechazar en materia de déficit fiscal, la tesis plutocrático-mediática y para que defendamos la del bien común. El robo de impuestos en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él, anda en 8 puntos porcentuales de producto interno bruto (PIB).

Como cada punto de PIB en nuestra economía es de 274 mil millones de colones (274.000.000.000.00), estamos hablando de un robo tributario a la sociedad, un verdadero crimen social de 2 billones 192 mil millones de colones (2.192.000.000.000.00), ¡al año! Cada día, cada 24 horas, este robo fiscal es redondeando cifras, de 6 mil millones de colones; 250 millones por hora; 4 millones 100 mil colones por minuto. ¡Arreglen esto primero… luego hablamos de empleo público!

Bien fue planteado este problema en las recién pasadas elecciones de España: el segundo candidato más votado, Pedro Sánchez, del Partido Obrero Socialista Español PSOE (otrora socialdemócrata como aquí lo fue el PLN), anunció que de llegar al gobierno contrataría 5 mil nuevos funcionarios para la administración tributaria española, como parte de una estrategia integral de lucha contra el fraude y la evasión. ¡Entrémosle ya a lo del fraude fiscal aquí, aprobando los proyectos de ley en trámite parlamentario para tal fin! ¡FELIZ AÑO NUEVO!

No hay duda de que el próximo año 2016 tendrá un gigantesco desafío para las organizaciones sindicales, únicas y legítimas representantes de los intereses reivindicativo-gremiales y laborales, sociopolíticos y económicos, de toda la clase trabajadora del país; tanto la que está afiliada a sindicatos como aquella que tiene cercenada esta opción porque se lo impiden las distintas formas de dictaduras corporativo-empresariales.

Invocamos tal representación para los sindicatos porque así lo dicta la historia, lo dice nuestro Código de Trabajo, lo certifica la Constitución Política actualmente vigente, lo obligan todos los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia de Derechos Humanos, lo fundamentan los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y lo reconoce la propia Doctrina Social de la Iglesia Católica… Y “pa’ que no les falte”, la recientemente aprobada Reforma Procesal Laboral (RPL), Ley No. 9343, lo dejó más claro todavía.

Para el 2016 creemos que seguirá la pugna político-ideológica crudamente expresada en el año por terminar, en temas de gran controversia con alto potencial confrontativo como el empleo público, el déficit fiscal, el sistema tributario y la política salarial.

Los sectores económicamente poderosos con su plutocracia mediático-corporativo (esa que desplegó la perversa campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico contra el empleo público, contra quienes laboran asalariadamente para el Estado, contra las organizaciones sindicales que les representan y contra los principales dirigentes de las mismas), intensificarán su ofensiva en el 2016.

Insistirán en imponer sus tesis de control social y evitar el surgimiento de desafíos de poder desde el lado contrario: el lado de lo popular, el lado de fuerzas político-partidarias del campo progresista y humanista, el lado de la sociedad civil que se siente en proceso de exclusión por el sistemático crecimiento de la desigualdad.

Del resultado final de esa pugna político-ideológica en los mencionados temas controversiales, termine como termine, podría sacarse conclusiones de cara al proceso electoral nacional del 2018; escenario que no podrá ser ajeno a la amplia diversidad de los sectores sociales organizados del movimiento popular costarricense, aunque no se milite en partidos políticos del campo progresista y humanista.

Tengamos presente que tales sectores y su plutocracia mediática al servicio del capital neoliberal abusivo concentrador de la riqueza, pese a que no van a elecciones con sus propios rostros, pretenden gobernar desde algunas salas de redacción y de ciertos estudios de telenoticieros.

En tal quehacer, no tienen escrúpulos en mentir, difamar, desprestigiar, calumniar, descalificar, ridiculizar a personas, organizaciones y sectores que piensan distinto del monopolio ideológico totalitario-dictatorial que supone la organización de la convivencia social con base en los antivalores del mercado neoliberal y que nos quieren imponer de manera definitiva, aunque sea escamoteando la voluntad popular expresada en las urnas que pudiera apuntar en dirección opuesta.

En materia de empleo público, asuntos como las anualidades, la dedicación exclusiva, la evaluación del desempeño, la “reforma” del Estado, el aumento salarial por costo de vida, etc., mostrarán complejidades dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Una buena articulación sindical en unidad de acción para estos desafíos, es más que aconsejable: resulta imprescindible.

En materia de déficit fiscal, es necesario derrotar el fundamentalismo neoliberal al respecto; es fundamental argumentar que no estamos “en el fin de los tiempos” ni que tampoco es que “ha llegado el Apocalipsis”. Se trata de hacer converger diversos enfoques alternativos para, sin restarle importancia al tema ni esconder su gravedad, impedir que nos conduzcan a los escenarios del histérico catastrofismo que exige acabar con todo lo público per se.

En materia de justicia tributaria, lo que hace tiempo conceptuamos de nuestro lado como la necesaria Transformación Tributaria Estructural, los movimientos populares, sociales, sindicales y cívicos debemos asumir una posición totalmente activa, efectivamente militante y radicalmente movilizadora para que se aprueben los proyectos de ley contra el fraude fiscal, de restauración al impuesto a las sociedades anónimas, para regular (en algo) el abusivo sistema de exenciones y exoneraciones, así como el que determina el control del desperdicio de recursos por incapacidades y/o negligencia en la ejecución de presupuestos públicos.

En esta misma línea, es necesario unificar un plan de lucha para que se den las modificaciones del impuesto sobre la renta, pero por el lado de la progresividad tributaria; y, a la vez, cerrarle el paso a la propuesta del impuesto al valor agregado (IVA), pues aparte de ser el más injusto de todos los impuestos, solamente potenciará la regresividad tributaria que tanto daño le hace a la inclusión social.

En materia de política salarial no debería haber mayor prioridad que luchar por la aprobación del proyecto de ley que incrementa el salario mínimo en el sector privado, iniciativa de ley que está actualmente en el parlamento y que esperamos la honra del gobierno a su compromiso de mantenerle en la agenda del actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

Sin duda alguna, considerando la naturaleza de estos desafíos para el 2016, la unidad sindical en la acción con una agenda compartida y pleno respeto a la diversidad, no tiene discusión. En esto se ha estado trabajando en las últimas semanas y tenemos buenas noticias que comunicar en enero próximo. ¡FELIZ NAVIDAD!

Soy partidario de este postulado: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Y de este otro: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

También creo en estos otros tres principios: 1) “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. 2) “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 3) “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Sigo…: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”.

Más izquierdista todavía porque creo también en esto: 1) “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 2) “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

Vean ustedes la profundidad de “mi izquierdismo”… Pienso que lo que sigue es completamente válido y fundamental para la Democracia: A) “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. B) “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Y para que no les quepa la menor duda de que soy de izquierda, creo también en esto: A) “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. B) “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. C) “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. D) “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. E) “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.

Ahora, ¡asústense! A esta altura del artículo me he convertido en “radical” de izquierda… Es más, me hago un “fundamentalista” a partir de este momento. Tomen nota del porqué… Es que creo en todo esto: 1) “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 2) “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. 3) “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. 4) “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. 5) “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Ahora estoy llegando a una posición totalmente “subversiva”, prácticamente “intolerable” para algunos: Fíjense que pienso que este postulado es sumamente correcto y oportuno para la época que estamos viviendo: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

¿Hay más… hay muchas más razones… hay mucho para creer en la izquierda… De este tipo de izquierda. Las citas anteriores no son parte de un partido de izquierda, ni siquiera de un partido socialdemócrata y tampoco de un partido inspirado en el humanismo cristiano. ¡Nada que ver con partidos ni con ideologías en particular!

Son citas que forman parte del articulado nada más y nada menos que de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, emitida al término de la Segunda Guerra Mundial, un 10 de diciembre de 1948. Acabamos de celebrar el aniversario número 67 de su promulgación.

Es que hemos llegado a un punto de la convivencia humana de tanta desigualdad, de tan cruel miseria y criminal pobreza, de tantas formas de violencia, de imperialismos y guerras territoriales, de precarización del empleo y de la esclavitud laboral, de depredación ecológica y destrucción del ambiente, de degeneración moral, de infanticios indescriptibles, de migraciones masivas dolorosas, de narcotráfico sin control y crimen organizado controlador de países y regiones…, etc., etc., etc.

¡Es la genocida globalización neoliberal!, la del capitalismo hegemónico de signo financiero-bancario altamente concentrador de la riqueza, la de las dictaduras corporativo-mediáticas a favor del pensamiento único y totalitario e idólatra del dios mercado; la de la promoción de la guerra para gastar las armas embodegadas y producir nuevas según lo evolución de la tecnología del momento para aumentar la riqueza generada por el comercio del armamento…

Esta globalización neoliberal ha tirado hacia la izquierda los maravillosos postulados pensados para otra convivencia humana, pensados para otro mundo posible. Por eso es que creemos que la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS se ha vuelto de “izquierda”; toda vez que cada uno de sus 30 artículos se han vuelto “subversivos” según la lógica de ese capital criminal que cuenta en el país con sus adoradores criollos y con toda una caterva de amanuenses de toda laya a su servicio. Por eso soy de izquierda: porque creo en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

La clase trabajadora asalariada y no asalariada tiene la suficiente moral y todo el capital ético del caso para alzar su voz y exigir las más duras medidas, tanto administrativas como legislativas, contra el robo de impuestos en todas sus manifestaciones.

Si se gana un salario por encima del límite exento del impuesto sobre la renta, este se rebaja de planilla, “inmisericordemente”. Si es el otro impuesto más importante del sistema tributario, el de ventas (el más injusto de todos), este hay que pagarlo al momento mismo de la compra en el supermercado, por ejemplo. Son otros los que roban impuestos. No son los trabajadores.

Considerando la magnitud del robo de impuestos en Costa Rica, lleva razón el Gobierno de la República en promover la aprobación parlamentaria del expediente legislativo No. 19.245, “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.

Para quienes en el seno de los movimientos sociales y sindicales venimos abogando por la tesis de que otra Costa Rica es posible, este proyecto de ley resulta fundamental y estratégico. Toda la ciudadanía patriótica y honesta que cree en la promoción del bien común, en la inclusión social y que está angustiada por el crecimiento de la desigualdad y de la violencia, debe apoyar esta iniciativa del Gobierno.

En nuestro caso y desde la corriente sindical y sociopolítica que representamos, dejamos constancia pública de todo nuestro respaldo al proyecto “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.

Y es que no solamente se trata de una legislación más que necesaria para atajar el crecimiento de la desigualdad, que es el problema número uno de nuestra sociedad actual.

Es que se trata, lamentablemente, de una exigencia que se nos formula desde el exterior, habida cuenta de las reglas del juego que nos impone la perniciosa globalización neoliberal bajo la hegemonía del capital financiero-bancario.

Bien claro lo ha dejado el distinguido ciudadano don Guillermo E. Zúñiga Chaves quien, con profundo conocimiento de la cuestión económico-financiera, nacional y global, nos alertó al respecto y desde estas mismas páginas en sus más recientes columnas “Se declaró la emergencia” y “Nos amenazan con cerrar financiamiento externo”, respectivamente de los pasados sábados 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2015.

Aunque no lo compartimos y por el contrario lo condenamos enérgicamente, un país como el nuestro es fácil víctima de la dictadura financiera-global que ejercen los calificadores internacionales de riesgo.

Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings son la “policía financiera” del planeta y en un dos por tres son capaces de promover verdaderas debacles sociales para sufrimiento de miles y de miles personas trabajadoras y de los sectores populares, empleando a mansalva esa poderosa arma del “riesgo-país”. Ahí están clarísimos los ejemplos de varios países de la Unión Europea (UE), siendo Grecia el caso más dramático y doloroso.

Además, ahora que como país pretendemos ingresar al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sistema tributario que tenemos es “prehistórico” según las reglas que tal entidad establece para los estados que aspiren a ser parte de la misma.

Nosotros pensamos que en esto de que se nos meta en la OCDE no traerá beneficios para la generalidad de la población y, por el contrario, representará una gran carga fiscal la cuota de afiliación anual que el país tendrá que pagar, anualmente. Sin embargo, ya la OCDE está indicándonos que, si queremos “jugar de vivos” como país entrando en ella, debemos arreglar (entre otros factores), el sistema tributario costarricense.

Considerando este escenario y estas pretensiones “nacionales” de ingreso a la OCDE, podemos catalogar casi que como un acto de traición a la Patria las posiciones diputadiles que están bloqueando la aprobación del proyecto “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.

Desde la lógica de la hegemonía política dominante se puede suponer que le están haciendo un gran daño al país bloqueando tal iniciativa, habida cuenta de que algunas entidades bancarias internacionales ya están amenazando al país con “…cortar el financiamiento a empresas que estén domiciliadas en Costa Rica”, según el llamado de atención que formuló don Guillermo E. Zúñiga Chaves.

Más condenable resulta que una legislación tan relevante se vincule al problema del marchamo pues no hay proporcionalidad entre las circunstancias y los desafíos involucrados en uno u otro caso.

Esta especie de “populismo de derecha” es más que espernible, toda vez que aparte de mostrar un frenesí diputadil de protagonismo mediático enfermizo, utilizan esta cuestión sensible del pago del marchamo para proteger los más oscuros intereses del gran capital ladrón y evasor de impuestos.

Este es el fondo del asunto. Les importa un bledo el ingreso de Costa Rica a la OCDE a pesar de que es congruente con su propia ideología política; les importa un bledo que las satánicas calificadoras de riesgo degraden al país, a pesar de que las “adoran” como emblema paradigmático del tipo de sociedad que defienden. Para nada les importa el bien común: es la protección a los ladrones de impuestos lo que les motiva al bloquear dicha iniciativa de “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”, misma que toda la gente buena y sana del país y sus respectivas organizaciones debe apoyar.

Los tres artículos anteriores con relación a este asunto nos permitieron tener claridad de que en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), su titular no regula nada pese a ganar 7 millones 100 mil colones mensuales; la segunda persona “al mando”, con 6 millones 500 mil colones de sueldo mensual, solamente sustituye a aquel cuando no está “trabajando”; es decir, tampoco hace nada. Y los que mandan, en realidad, los tres “reguladorcitos” o intendentes en el lenguaje oficial de la ARESEP, cada uno gana casi 6 millones de colones aunque se piensa que hacen la labor de regulación de manera ilegal.

También nos ha quedado claro que la ARESEP está protegida por la hegemonía política dominante, la del poder real y que su concepción es con base en un modelo de sociedad ideológicamente determinado, sea, la prevalencia del mercado absoluto por encima del bien común.

Esto nos estaría explicando las razones por las cuales la fiesta salarial en la ARESEP no mereció titulares de prensa sensacionalistas ni reportajes editorializados por parte de esos medios de comunicación colectiva de la plutocracia que acostumbra doblegar gobiernos; medios de prensa que se transformaron en verdaderos partidos políticos opositores a cualquier iniciativa, por más “light” que sea, en favor de los intereses populares, del bien común, de la reducción de la desigualdad y en pro de la inclusión social.

Valga indicar que según datos que nos suministraran personas de gran solvencia moral y conocimiento técnico sobre lo que es la ARESEP en la actualidad, esa fiesta salarial estaría llegando a los 14 mil millones de colones anuales.

La otra parte que necesita una profunda auscultación pública es el papel de la ARESEP en cuanto a las tarifas del transporte público modalidad autobús. Al respecto en la Asamblea Legislativa tienen una investigación abierta al respecto, expediente No. 19519, sobre “…los mecanismos, procedimientos y fórmulas aplicados para aprobar los aumentos en las tarifas del servicio público modalidad autobús”.

Congruente con la concepción ideológica que le dio origen a la ARESEP, de carácter neoliberal, pensamos que esta entidad ha estado al servicio del interés del gran empresariado autobusero y en contra del interés del pasajero de autobús.

Los miles y miles de usuarios de los buses, especialmente los y las integrantes de la clase trabajadora (asalariada y no asalariada) que de manera obligada deben subir todos los días a un bus para transportarse desde y hasta sus hogares, viven en total estado de indefensión por que la ARESEP es pro-empresariado autobusero.

Esta circunstancia es la que precisamente dio pie a la indicada investigación parlamentaria sobre la relación entre la ARESEP y los empresarios de buses.

En este asunto de dejar al desnudo la descarada parcialidad de la ARESEP contra los usuarios de los servicios que regula, particularmente los pasajeros de autobús, un notable grupo de ciudadanos ha venido ejerciendo una valiente y titánica tarea que es justo reconocer. Hablamos de la Red Solidaria Nacional la cual estima que la ARESEP “había dejado de estar al servicio de los consumidores para estar al servicio de los regulados en detrimento de la calidad del servicio y, por ende, de los usuarios porque terminan pagando tarifas más altas sin justificación científica”.

Dentro de las más fuertes e impactantes denuncias de la Red Solidaria Nacional tiene que ver con la desnaturalización completa de la figura jurídica de “fijaciones extraordinarias” para tarifas de autobús mismas que, precisamente, son de aplicación excepcional, en casos calificados como fortuitos y/o de fuerza mayor. La ARESEP ha venido haciendo una utilización abusiva de esas “fijaciones extraordinarias” y ahora las “ordinarizó”, es decir, las hizo ordinarias pues las viene aplicando semestralmente, en la práctica.

Esta distorsión del quehacer de la ARESEP (para emplear una palabra “elegante”), le ha permitido a muchísimos empresarios de autobús, especialmente a los que vienen concentrando y acaparando esta actividad de servicio público, la acumulación de abusivas ganancias; ganancias excesivas que se vieron potenciadas por los bajos precios internacionales del petróleo que llevan ya bastante tiempo en tal nivel sin que el usuario cotidiano del servicio de autobús lo haya visto reflejado en la tarifa. Mientras bajaban los precios del petróleo, la ARESEP miraba para otro lado.

Adicionalmente y para felicidad del bolsillo empresarial autobusero, se le cuestiona a la ARESEP el abandono de un modelo de análisis tarifario que le permitía constatar si una empresa de buses presentaba datos distorsionados, engañosos, asimétricos; como por ejemplo, ocultar el número real de marcas para obtener aumentos tarifarios abusivos. En la actualidad, la ARESEP recibe el papeleo empresarial a ojos cerrados.

Ojalá que la indicada investigación legislativa avance y arroje resultados reales. Y ojalá que los compadrazgos políticos de corte parlamentario (especialmente los liberacionistas), que protegen a la cúpula de ARESEP, la de los salarios multimillonarios que no han sido escándalo para la prensa plutocrática-neoliberal, cedan ante el interés de miles y de miles personas trabajadoras usuarias de los servicios de buses que son miserablemente explotadas diariamente y con la complicidad de la ARESEP.

En la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) botan la plata a manos llenas. La plata que nos sacan con las abusivas tarifas de autobús, por ejemplo, se las “reparten” unos cuantos.

Ya quedó claro que el “regulador” no regula. No trabaja pese a que se gana 7 millones 100 mil colones mensuales (casi el doble del salario presidencial).
El trabajo de él, don Dennis Meléndez Howell, lo realizan tres “intendentes” o “reguladorcitos” y éstos hacen el trabajo de don Dennis de manera ilegal.

Cada uno de ellos se gana un salario mensual de 5 millones 400 mil colones. ¡Tienen un salario superior al del Presidente de la República!

Ellos son don Juan Manuel Quesada Espinoza, “regulador” de Energía; don Carlos Herrera Amighetti, “regulador” de Agua y Ambiente; y don Enrique Muñoz Aguilar, “regulador” de Transporte.

Es decir, el suculento oficio de la regulación de las tarifas de los servicios públicos le está costando al pueblo, en principio, casi 30 millones de colones (adicionando Seguridad Social patronal), ¡por mes! Pero, ¡es más!

Si el “regulador” no regula, no trabaja, pues la regulación la hacen, ilegalmente, los tres intendentes mencionados; entonces, ¿qué hace la “reguladora adjunta”? ¡Sí, señor! Tenemos en la costosa estructura de la Aresep la figura de la “reguladora general adjunta”.

Es la señora Grettel López Castro, quien fuera propuesta para su nombramiento por el señor Luis Liberman Ginsburg, Segundo Vicepresidente de la República en el Gobierno de la señora Laura Chinchilla Miranda.

Tanto esta señora como el señor Meléndez son del riñón liberacionista y, por ende, la actual fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), bloquea toda lo que pueda dejar a la Aresep al desnudo.

La principal “tarea” de la señora Grettel López Castro es sustituir a don Dennis Meléndez Howell, cuando esté ausente de su cargo. Por tan “compleja” labor, la señora Grettel López Castro recibe un salario mensual de 6 millones 5 mil colones (sin contar Seguridad Social patronal).

Así que estas cinco personas de la máxima cúpula político-tecnocrática de la Aresep (un “regulador” que no regula; una “subreguladora” que le sustituye a él cuando está “ausente”, o sea, que tampoco trabaja; más los tres intendentes que son los que de verdad regulan pero que lo hacen ilegalmente), devengan un conjunto salarial mensual de casi 41 millones colones: ¡492 millones de colones anuales!.

Con ese dinero se le podría dar una casita de 10 millones de colones, a 50 choferes de bus y sus familias; y, en el plazo de una década, 500 choferes de bus tendrían casita propia.

En el caso de la “reguladora general adjunta”, el diputado Mario Redondo Poveda, propuso una iniciativa de ley para eliminar este cargo de la estructura de la Aresep. “Imagínese que ni siquiera es el regulador el que resuelve. Son los intendentes de cada una de las áreas, energía y transporte, por ejemplo, los que atienden todos los problemas. Quienes resuelven son ellos, el regulador casi que está de adorno, pero se justifica porque es el jerarca de la junta directiva”. Así lo comentó este legislador en declaraciones de prensa.

Según explicó, el cargo de regulador adjunto es meramente un puesto simbólico que no tiene mayor responsabilidad; pero les cuesta a los usuarios de buses, ¡6.5 millones mensuales! al año (con seguridad social incluida), ¡108 millones de colones! El equivalente a casi 11 casas de 10 millones cada una para 11 familias de choferes de autobús.

Por supuesto que la planilla total de la Aresep es mucho más grande y mucho más costosa. Solamente hemos citado las cinco personas de la máxima cúpula de esta entidad; dos de ellas tienen los dos salarios más altos de toda la Aresep pero que, prácticamente no trabajan; y las otras tres, “intendentes”, que estarían trabajando en la ilegalidad. Sin duda alguna, en Aresep hay tropelías, ilegalidad y doble moral.

El asunto de la Aresep tiene un trasfondo ideológico. La Superintendencia de Pensiones (Supen), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia General de Seguros (Sugese), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), junto a la Aresep, forman un “todo ideológico”, pues son estructuras del “otro Estado”, el neoliberal.

En estas cinco entidades, todas con salarios de similar cuantía y naturaleza que los que se pagan en la Aresep, son “hijas políticas” de la hegemonía económica actualmente todavía dominante; hegemonía que se expresa a través de los plutocráticos consorcios corporativo-mediáticos que han venido desarrollando la infame campaña en contra del empleo público, en los últimos meses.

Seguramente usted habrá notado que las prebendas salariales de la Aresep y similares no ha sido objeto de ningún titular de este tipo de prensa, ni ha sido objeto de noticia editorializada de algún medio de comunicación televisivo, ni tampoco objeto de comentarios y artículos del conglomerado amanuense (asalariado y no asalariado de ese tipo de prensa).

Estas entidades fueron concebidas para la “coadyuvar” en la traslación de la sociedad hacia un modelo de desarrollo centrado, exclusivamente, en el mercado, en la concentración de la riqueza, en el fomento del corporativismo monopólico y oligopólico de los servicios públicos y sociales pero con apropiación privada de los mismos; y, algunas de ellas para apuntalar el control hegemónico de la economía por parte de los sectores bancario-financieros, los grandes ganadores del proceso de neoliberalización total del país que está aún inconcluso.

Hay más, mucho más sobre Aresep. Dios mediante, estaremos la próxima semana con nuestra cuarta entrega.

Se comenta en círculos político-parlamentarios que el actual “Regulador General” (ya explicamos la semana pasada porqué usamos comillas), el que reina pero no gobierna en la Aresep, don Dennis Meléndez Howell, dada sus simpatías con el Partido Liberación Nacional (PLN), tiene el apoyo de la actual fracción parlamentaria del mismo. Por tal razón, “no se le toca”.

De esta forma se estaría explicando el bloqueo a la discusión y eventual votación-aprobación del informe-expediente 18.856, sobre la investigación realizada a la Aresep en el seno de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Aprobarlo sería oficializar lo que muchos pensamos: Aresep funciona en la ilegalidad y sin autoridad ético-moral ninguna por las tropelías que está cometiendo.

La Aresep, con don Dennis Meléndez Howell como “Regulador General” (el de los 7 millones 100 mil colones mensuales de salario que al mundillo político-mediático que le respalda no le escandaliza para nada), tiene un pulso con el Gobierno del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera.

La Aresep dejó de ser un órgano técnico para convertirse en una entidad inmersa en la politiquería; y, a la vez, asumió un rol de gendarme ideológico cual sicario político de los derechos laborales consagrados constitucionalmente por medio de negociaciones colectivas y estatutos de personal.

Esto podría explicar el “silencio” de los latifundios mediáticos propiedad de la plutocracia con respecto a la realidad de la planilla salarial de la Aresep, pues como es notorio nada de ello ha sido objeto de “debate público”, como sí lo han sido las situaciones de empleo público de alta difusión “noticiosa” por estos días, maravillosamente impregnadas de “objetividad”. Esperamos brindarle a usted la semana próxima el detalle de la planilla de la Aresep.

Como venimos planteando, según el informe legislativo sobre la investigación a la Aresep, informe que “duerme el sueño de los justos” por lo ya explicado; dentro de las ilegalidades cometidas por esta entidad está el alquiler que paga por sus actuales instalaciones, arriendo que se realizó sin estudio previo de costo-beneficio, exigido por la Contraloría General de la República lo que “…ha generado enormes gastos en un alquiler sin sentido y ha lesionado el interés institucional y de todos los usuarios de los servicios públicos”.

Por otra parte, la Aresep tiene una cuenta pendiente con la población trabajadora usuaria de los servicios de autobús. Tan es así que tiene otro expediente abierto en la Asamblea Legislativa: el No. 19.519, pues se investiga sobre los mecanismos, los procedimientos y las fórmulas que ha venido aplicando para aumentar los pasajes en este tipo de transporte público. También esperamos comentarles sobre ello en próximas entregas.

La escandalosa situación de funcionamiento ilegal en que está la Aresep generó que los legisladores que la han investigado, al amparo del expediente legislativo 18.856, hayan recomendado que (¡lea bien, por favor!), “…el Regulador General retome sus funciones sobre las tarifas de agua, energía y transporte, y que a las Intendencias se les habilite como dependencias técnicas especializadas que asesoren al Regulador General en esas materias”.

En otras palabras, se le dice al señor Dennis Meléndez Howell que ¡trabaje!; que legalice la función de Regulador General y que le quite el poder que ilegalmente le dio a los “reguladorcitos” de agua, de energía y de transporte para que se dediquen a lo que la ley les ordena: que sean dependencias técnicas especializadas que asesoran al Regulador no que lo sustituyan, creando esos poderes de facto que tienen a la Aresep en la picota.

Esta ilegalidad llevó, a la vez, a otra recomendación parlamentaria similar: que el Consejo de Gobierno ordene a la Procuraduría General de la República la impugnación, por la vía jurisdiccional más pertinente, del Reglamento de Organización y Funciones de la Aresep, en cuanto a la extralimitación legal en la creación de las intendencias y de la eliminación de funciones legales del regulador.

Explicamos líneas arriba que el informe parlamentario que desnuda las ilegalidades de la Aresep no se ha votado, que está bloqueado porque para la fracción parlamentaria liberacionista al “Regulador General”, “uno de los suyos”, don Dennis Meléndez Howell, “no se le toca”.

Lo que no comprendemos es la inacción del Poder Ejecutivo al no tomar la iniciativa por sí mismo y pedirle al órgano procurador que proceda a impugnar el régimen de facto instaurado en la Aresep, aunque tal informe legislativo todavía no sea oficial. Uno entiende bien que en el escenario de la polarización social en desarrollo, “todo el mundo está asumiendo partido”.

Eso fue lo que hizo la Aresep: Tomó el suyo y se alineó con los intereses de la hegemonía político-económica dominante; y, por ello, en sus tropelías se siente apadrinada por los latifundios mediáticos plutocráticos que le impusieron su propia agenda en materia de empleo público. La Aresep se convirtió en parte esencial, en pieza del ajedrez de la polarización social y su “carácter técnico” hace tiempo que desapareció.