Categoría: Opinión

“Ha llegado el fin de los tiempos…”. “Estamos cerca del apocalipsis…”. Se debe impulsar, ¡ya!, una “revolución violenta y radical” contra el gasto público…

De manera responsable y en varios espacios, la corriente sindical que representamos ha reconocido la gravedad del déficit fiscal que afecta al Gobierno Central de la República.

La verdad es que es un asunto sumamente preocupante y una acción sindical que se precie de seria debe, por un lado, abordar el tema con la perspectiva que nos compete; por otro, aportar en la solución. Estamos tratando de actuar en esta línea y lo seguiremos haciendo.

Vamos por partes. Rechazamos unirnos al coro histérico, a la prédica catastrofista de que “ha llegado el fin de los tiempos” y de que “estamos cerca del apocalipsis”, porque el déficit fiscal del Gobierno Central, con ocasión del trámite de su presupuesto para el 2015, llegue a un 6, a un 6.5, a un 7%, del Producto Interno Bruto (PIB).

Estos niveles de histerismo y de catastrofismo llevaron al diputado (oficialista pero de oposición), don Ottón Solís Fallas, a indicar que se debe promover, ¡ya!, una “revolución violenta y radical” contra el gasto; aplicando a dicho presupuesto, de manera irracional, irreflexiva e ilegal, un tijeretazo de 300 mil millones de colones (300.000.000.000, en números), que equivalen a un punto porcentual, 1%, del PIB.

Otra gritería no menos energúmena, similar a la del “Torquemada” planteamiento de una “revolución violenta y radical” contra el proyecto de presupuesto del Gobierno Central del 2015, fue la que pronunció el legislador Otto Guevara Guth, diciendo que el actual gobierno es de “izquierda” y de que los sindicatos estamos “cogobernando” con él.

Al escuchar semejantes afirmaciones, carentes de toda razonabilidad y de sentido común, se nos viene a la mente una célebre frase pronunciada por una de las personas de mente más brillante en toda la historia de la Humanidad: Albert Einstein. Él dijo una vez: “Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”.

Desde nuestra perspectiva, repetimos, esto del déficit fiscal y de la situación del presupuesto para el 2015, es grave. Sin embargo, deberíamos calmarnos, contar hasta diez, parar la gritería y desterrar el histerismo. Nosotros pensamos lo siguiente:

PRIMERO: ¿Con cuánto déficit podemos vivir como sociedad? ¿Con cuánta cifra de déficit hemos estado viviendo en los últimos años? ¿Con cuánto de déficit no podríamos vivir? Si “el fin de los tiempos” es porque vamos para el 7% de déficit, “partámoslo” en dos: la cifra con la cual podemos vivir vs. la cifra con la cual no podemos vivir.

SEGUNDO: Mientras se diseñan soluciones estructurales, “entrémosle” a la cifra con la cual no podemos vivir: ¿3 %?; ¿4 %?… ¿Qué tal si se promueve un plan de contingencia fiscal, tal y como se aprobó en la Administración Pacheco de la Espriella; gravando eso sí, por el “lado de arriba”? ¿Y qué tal si en ese plan de contingencia fiscal, se le pone una tasa impositiva especial a todas las transacciones financiero-bancarias del día a día, a partir de cierto monto, sin afectar a los sectores medios ni tampoco al aparato productivo? En El Salvador, con una de las oligarquías más concentradoras de riqueza y más sanguinarias de la América Latina, acaban de adoptar, en una reforma tributaria, algo similar…

TERCERO: ¿Por qué no premiamos a quien denuncia el robo de impuestos, que es monstruoso? ¡Por fin! Luego de muchos años de insistir de nuestro lado en ello; actualmente, “tirios y troyanos” lo reconocen. La evasión y la elusión fiscales, en todas sus formas, con ropaje legal y sin él, es de casi 8 puntos porcentajes de PIB. En números así: 2.400.000.000.000, ¡dos billones, cuatrocientos mil millones de colones! Promovamos una ley para que se denuncie, de manera anónima al ladrón de impuestos y una vez comprobado ese robo, al denunciante se le premie con un porcentaje de lo recuperado por el fisco de ese robo. Agréguele: casi un 6 % de PIB en exoneraciones y en exenciones: Un billón, ochocientos mil millones de colones. En total, 14 puntos de PIB: ¡4.200.000.000.000! ¡Cuatro billones, doscientos mil millones de colones! ¡Qué paradoja! El “Torquemada” diputadil quiere una “revolución violenta y radical” contra el gasto público por un 1% de PIB.

CUARTO: ¿Por qué “diablos” (perdónennos la expresión), no quieren cambiar el sistema de la contabilidad de las finanzas del Estado, de forma tal que toda la institucionalidad pública se considere una “sola”; y si así fuese, el asunto del déficit sería otra cosa radicalmente distinta. No es “invento” nuestro. Lo dicen los especialistas. Uno muy reputado, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recientemente estuvo el país y lo reconoció: nuestro parlamento solamente conoce del 40 % del presupuesto general de la República. El otro 60% no pasa por la Asamblea Legislativa. No se puede decir que los diputados y las diputadas están tramitando el “presupuesto general de la República” para el 2015. ¡No! Están tramitando una parte de él, el 40%, el del Gobierno Central solamente.

QUINTO: En esto del déficit, los fundamentalismos neoliberales resultan peligrosísimos para la paz social. Mucha de la gritería y del histerismo que estamos notando por estos días al respecto, está impregnado de ese tipo de extremismo ideológico. Debe haber sensatez y, por ejemplo, un diálogo nacional para acuerdos intersectoriales mínimos al respecto, es algo más que necesario, urgente. Nuevamente lo indicamos. Desde el lado nuestro tenemos propuesta: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.

SEXTO: ¿Por qué, como país, como sociedad, como ciudadanía, no hacemos una profunda auscultación de quiénes son nuestros acreedores? ¿A quién le debe Costa Rica? Si el monto de los intereses y el pago de la deuda es sumamente sustancial en ese “presupuesto general de la República” (el del 40 %), ¿por qué no empezar a determinar la naturaleza de esa deuda? ¿A cuáles bancos se les deba plata? ¿A qué organismos internacionales financieros se les debe plata? ¿Y quién o quiénes son las personas físicas y jurídicas, grandes tenedoras de bonos del Estado? ¿Estarán tributando lo justo; o lo que es peor, nada? Hay un camino por recorrer en esto de la deuda pública…

SÉTIMO: ¡Hey, ustedes! Los de la gritería, los del histerismo, los del “ha llegado el fin de los tiempos” por eso del déficit fiscal. ¿Qué es lo que quieren del empleo público? ¡Defínanlo, por favor! Porque quitar las anualidades, eliminar la dedicación exclusiva, dejar de reconocer las pocas horas extra que todavía se pagan, y que ni siquiera se presupueste plata para arreglar computadoras…eso no va a resolverles lo del déficit según su ideología. ¡Hablen claro!: ¿cuánto gente quieren despedir?; ¿cuántas instituciones quieren cerrar, vender-privatizar?; ¿cuál régimen de empleo público quieren?…

OCTAVO: Para este tipo de extremistas del déficit, cualquier política social seria que cualquier gobierno serio promueva, será hacer un gobierno de “izquierda”. Si los sindicatos (los responsables), hablamos del combate a la desigualdad, abogamos por la inclusión social y por el bien común, creemos en la integración y en la movilidad sociales, entonces, también seremos de “izquierda”. Lo que pasa es que Costa Rica ha llegado a tales niveles de desigualdad que cualquier corrección de rumbo para esta gente extremista, será hacer gobierno de “izquierda”. Entonces, si esto va a ser así, si ha de posicionarse, nuevamente, el bien común como eje central de la política pública, ¡pues a ser de “izquierda” todo mundo! A ellos, a los del extremismo del déficit, esos que se prosternan ante las calificadoras de riesgo sin medir el riesgo de ello, habrá que denunciarlos una y otra vez…

La única ruta del “cambio” para que realmente sea “cambio”, debe ser por el lado de lo social, por el lado del pueblo trabajador, por el lado de los sectores medios, por el lado de las micro, pequeñas y medianas empresas, por el lado del pleno respeto de los derechos laborales, por el lado de una política financiera nueva hacia la Economía Social, por el lado de la Transformación Tributaria Estructural…; etc.

Luego de que el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, diera su informe al país de los famosos “100 días”, los desafíos de carácter estratégico para que el “cambio” sea real quedan al desnudo.

Si 1 millón 300 mil costarricenses le votaron a él, en lo específico a él (no necesariamente al partido político que le cobijó en su campaña electoral), es sintomático de un hartazgo social y ciudadano bastante extendido con las políticas públicas del último cuarto de siglo; mismas que, como ya sabemos, solamente nos dejaron una Costa Rica completamente desigual de manifestaciones múltiples, repleta de corrupción y de tráfico de influencias, un abultado déficit comercial y un Estado en quiebra inminente.

El ahora Presidente Solís Rivera está entrando en una encrucijada y deberá definirse. Es notoria la gritería del capital y sus vocerías gremiales y mediáticas, porque su gestión hacendaria está enfatizando en el combate al robo de impuestos en todas sus manifestaciones; y que para pararlo de alguna forma, disminuirlo o desacelerar su intensidad, se propone una o dos legislaciones nuevas para hacer más férrea la acción pública contra la evasión, lo que para nada le gusta al principal gremio corporativo-empresarial del gran capital. ¡Qué “curioso”!

Debemos reconocer que, por primera vez, un gobierno pone el dedo en la llaga, reconociendo que el robo de impuestos es de una dimensión estratosférica: prácticamente 8 puntos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB). A esta circunstancia, hay que agregarle los señalamientos del ente contralor en cuanto a que hay casi 6 puntos de PIB por exoneraciones y exenciones de diversa naturaleza. No nos cansaremos de hablar de ello, especialmente ahora que se reconocen estos datos desde el propio Estado, algo que veníamos señalando, intensamente, desde este y otros espacios, hace varios años. ¡14 puntos de PIB están “dando vueltas” en la calle!

Los que no robamos impuestos debemos apoyar al Gobierno en esta cruzada. Las personas de la clase trabajadora, asalariada o no asalariada, que pagamos con rigurosidad, evidentemente forzada, los dos más grandes impuestos, el de ventas y el de renta, tenemos que exigir que tal circunstancia cambie, radicalmente. Es un punto a favor del gobernante el que haya hablado de esto en su informe de los “100 días”, dándole rango de política de Estado.

Sin embargo, no fue el Presidente Solís Rivera lo contundentemente claro en dos ámbitos de crucial magnitud para el “cambio” que él pregonó en su exitosa campaña electoral; dos ámbitos que resultan de absoluta prioridad si el tal “cambio” va por la línea de la reducción del crecimiento de la desigualdad.

PRIMERO: En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), si bien es un acierto indicar que hay voluntad política de que el Estado le pague lo que le debe (gigantesca deuda que algunos estiman entre 2 y 3 puntos de PIB), pensamos que será “atolillo con el dedo” sin una profunda Transformación Tributaria Estructural que no es lo mismo que el combate a la espantosa evasión fiscal.

La Caja es víctima de un saqueo organizado; la Caja está secuestrada por poderosos grupos corporativos internos y externos; la Caja no está siendo gobernada conforme al voto popular, sino con base en intereses gremiales de diversa laya que la están asfixiando.

El fortalecimiento de la Caja, liberarla del secuestro en que está, expulsar de ella a los corruptos, requiere de una voluntad política férrea que no le vemos ni al propio presidente ni a la persona que él puso en la presidencia ejecutiva de la institución.

El mensaje que recibimos es que la intervención quirúrgica de carácter cívico que hay que hacerle a la Caja, tendrá que ser una odisea que se emprenda desde “abajo”, por parte del pueblo trabajador para el cual la Caja es la vida misma.

SEGUNDO: La otra “bronca” que no quiso comerse el señor Presidente de la República y quedó en evidencia ante una pregunta del suscrito en esa noche del informe de los “100 días”, es la naturaleza del poder real que tiene el capital financiero-bancario en la Costa Rica de hoy. Si hay algo en que necesitamos una materialización concreta del “cambio” es en la naturaleza de las responsabilidades tributarias para con la sociedad de este sector banquero-financiero, de enorme responsabilidad en el escenario de desigualdad y de exclusión social que nos agobia.

Por ejemplo, obligarles a un impuesto a las transacciones financieras que a diario realizan, en nada les afectaría sus estrepitosas ganancias y el proceso de acumulación a que están acostumbrados; pero sí aliviaría fuertemente la presión horrible y sumamente preocupante de las finanzas públicas en estos momentos. Esto es más que dramático si observamos que en El Salvador, en su más reciente reforma tributaria, impusieron una tasa impositiva a las operaciones bancario-financieras.

El Presidente Solís Rivera debe decidirse. Queda claro que los sectores del capital hegemónico con el control real de la cosa política en el país, no están dispuestos ni al más tenue “cambio”. Sus primeras iniciativas por el “cambio” están recibiendo los primeros perdigones que se irán intensificando en magnitud y en cantidad.

El Presidente Solís Rivera debe comprender que honrar la gigantesca deuda social que heredó podría demandarle una fuerte articulación multisectorial de agrupaciones de la sociedad civil y de diversa naturaleza para acometer con éxito varias de las tareas estratégicas requeridas para que el “cambio” se perciba como real.

El combate al robo de impuestos, la limpieza de la Caja, demandarle al sector bancario-financiero las correctas responsabilidades tributarias que ha eludido por su gran poder político, el reto de que produzcamos lo que nos comemos con soberanía y seguridad alimentaria, impedir la privatización y apropiación del agua, defender y preservar los seguros solidarios como el de riesgos del Trabajo, la soberanía energética y de lo que nos queda de la producción eléctrica como bien público, la materialización de los emprendimientos productivos de Economía Social, medidas para atajar el alto endeudamiento salarial de la clase trabajadora (entre otros aspectos notables de esa deuda social que le fue heredada); le han de exigir, señor Presidente Solís Rivera, un acercamiento concreto y estratégico con sus votantes.

En términos generales, sus votantes y otros que esperan mucho de su gestión gubernativa, están aglutinados en ese gran conjunto de organizaciones de la sociedad civil que, de una forma u otra, resistiendo en la calle y con propuesta alternativa, han venido luchando por el “cambio”.

Esa gran lucha cívica, de resistencia y de propuesta, desarrollada desde mucho tiempo atrás, cuando usted ni siquiera pensaba en la política electoral y cuando con su aporte, señor Presidente, se pudo entender más la naturaleza de los desafíos del “cambio”, le demanda esa gran definición.

Mañana jueves 28 de agosto, el Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, dará a conocer su informe de los “100 días”. Será a las 7 de la noche, en el Teatro Popular Melico Salazar. En nuestro caso, no tenemos la menor idea de cuál será su contenido. Evidentemente y por las expectativas creadas, uno esperaría dos grandes ámbitos: cómo recibió la “cosa” y qué hará para materializar el “cambio”.

Recordemos que esto de los “100 días” no tiene explicación lógica ni regla científica. Es más que todo, una especie de indicación mediática que, de un modo u otro, nos arrastra para que nos posicionemos con relación a la instalación de una nueva administración gubernativa.

En el caso del evento de mañana, hay que reconocer que es algo novedoso pues no hay un antecedente presidencial en esta coyuntura de los “100 días”, de una rendición de cuentas como la que se espera mañana por parte del Presidente de la República.

¿Qué nos dejó la acción gubernativa de las últimas administraciones del bipartidismo tradicional? Desde la perspectiva de “los y las de abajo”, que es la nuestra, veamos: Más desigualdad, más pobreza, más concentración de la riqueza; más corrupción, más narcotráfico, más empleo precario, más desempleo, más informalidad; más inseguridad y violencia; más deterioro del poder de compra del salario, más déficit fiscal, más robo de impuestos, más regresividad tributaria; más deterioro y saqueo de la Caja, más cara la luz y los combustibles, más violaciones a los derechos laborales mínimos, más deterioro de los servicios públicos sociales; más empobrecimiento de la clase media, más endeudamiento salarial, más ahogamiento económico-familiar por las tarjetas de crédito, más desaparición del agro nacional…

Evidentemente, “100 días” para enfrentar todo esto y más, es una epopeya sociopolítica de inconmensurables dimensiones.

Agréguele a ello los siguientes “condimentos”: a) un partido gubernamental, el PAC, “partido”; b) una bancada diputadil oficialista, en pleito de “perros y gatos”; c) una Asamblea Legislativa con 9 fracciones y, en algunas de ellas, con subfracciones. Sigamos: d) una derecha parlamentaria de corte religioso y diz que de signo cristiano, dispuesta a bloquear todo lo que huela a legislación humanista y a favor del bien común; e) un notable grupo de legisladores inspirados en el progresismo (de izquierda socialdemócrata en varias dimensiones), con dificultad para una concatenación estratégica y de carácter sistemático entre sí y con la diversidad amplia de los movimientos sociales; f) una diversidad que, por un lado, es un potencial pero que por otro, a la vez, dificulta la articulación por los pleitos de protagonismo, las agendas excesivamente corporativas y las proclamas panfletoides que no convocan y que más bien, asustan y aíslan.

En fin, un parlamento donde las dos corrientes principales (el izquierdismo progresista de corte socialdemócrata, sin articulación estratégica entre sí vs. la derecha neoliberal pro-empresarial y con contaminantes de fundamentalismo religioso de falso humanismo cristiano), tienen la capacidad, una a la otra, de bloquear iniciativas estratégicas, según sus peculiares visiones de país, lo que augura un parlamento que solamente será eso; un lugar para hablar y desproticar.

Como si todo esto no bastase, el poder real, la hegemonía del capital neoliberal, la de signo bancario-financiero, la gran ganadora de las políticas neoliberales del bipartidismo tradicional, a través de sus vocerías corporativo-empresariales y con cierto respaldo mediático nada despreciable; están ya enseñando las uñas y pegando cuatro gritos, ante tímidas gestiones gubernativas desde la cartera ministerial de Hacienda que, con justa razón, pretende reforzar las potestades de la administración para atacar, como nunca antes según indican, el fraude fiscal y el robo de impuestos en todas sus formas.

Ya estamos notando cómo sus escribanos y amanuenses “expertos” en Derecho Tributario, han empezado a torpedear cualquier cambio legislativo y/o de gestión administrativa con pretensiones de apretar más con las responsabilidades tributarias que se eluden, que se evaden, que se esconden, que se subdeclaran, que se maquillan.

Robo de impuestos que en todas sus formas, triquiñuelas, leguleyadas y procesos eternos en sede administrativa y judicial, ronda ya los 7.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), según lo acepta ya el mismísimo Ministerio de Hacienda.

Entonces, ¿el “cambio, qué? Sin la gente, sin la ciudadanía organizada, sin conjunción de voluntades de “los y de las de abajo” y de sus agrupaciones legítimamente constituidas y realmente representativas, ¡nada cambiará!

Quienes están “arriba”, cada vez menos pero con más plata y más poder, no aceptarán ningún “cambio” por más tímido, más inocuo, más cosmético, más tenue, más inocente, más ingenuo que se pretenda hacer para arrebatarles algo de la hegemonía política real que tienen ahora; y así, abrir paso a la restauración de la hegemonía del bien común y de la integración y la movilidad sociales que uno vez nos hizo una nación admirada y hasta envidiada.

A “100 días”, el gran mandato recibido por el hoy Presidente nos obliga a reeditarlo de nuevo pero, ¡en la calle! ¡Sí! Hablamos de que será necesario, dado el estado de cosas que acabamos de describir, restaurar la legitimidad sociopolítica de la Democracia de la Calle.

A los dueños del poder real, les importa un bledo la gran legitimidad electoral que recibió el hoy Presidente de la República para impulsar el “cambio”. Además, esa gran legitimidad electoral, de 1 millón 300 mil votos y resto, en esencia, está conformada por ciudadanos y ciudadanas de la clase trabajadora; ¡sí!, así fue.

Gente del trabajo que tiene la suerte y el privilegio de tener un empleo formal y un salario fijo, aunque en no pocas ocasiones en condiciones precarias; gente del trabajo que tiene que “jugársela” en el día a día, en la informalidad; gente del trabajo que desde la micro, la pequeña y la mediana empresa, como propietaria, “se les ve a palitos” para no hundirse en la quiebra, pagar el salario mínimo y honrar las responsabilidades patronales con la Seguridad Social; gente del trabajo sin empleo que desesperadamente lo buscan y no lo encuentran (jóvenes recién graduados y adultos descartados por el mercado, especialmente); gente del trabajo como las mujeres solas jefas de hogar; ¡sí!, esta fue la base electoral que apostó por el “cambio”.

El Presidente Solís Rivera y la gente de su gobierno de mayor consecuencia, lealtad, compromiso y sacrificio que le rodea en posiciones de decisión político-ejecutiva, deben entender que el “cambio” es para abrir, nuevamente, el sendero de la inclusión; que el “cambio” no es para seguir focalizando la atención de la pobreza pasando a nuevas modalidades de institucionalización de la caridad pública; que el “cambio” es para atajar la caída de la endeudada clase media; que el “cambio” es para dar paso a la soberanía y a la seguridad alimentaria relanzando el agro nacional; que el “cambio” es para abandonar la regresividad tributaria; que el “cambio” es para que a los 6 trabajadores, de cada 10, a los cuales se les violentan sus derechos laborales fundamentales y básicos, se les respete a plenitud; que el “cambio” es para liberar a la Caja del secuestro en que la tienen poderosos grupos corporativos y gremiales internos y externos; que el “cambio” es para una reformulación estratégica de los salarios mínimos”; que el cambio es para hacer consecuencia plena con lo que predicamos en el exterior de que somos un país “ecológico”…

¡Señor Presidente!: Su alianza debe ser con la gente que le votó. Y si así va a ser, la gente que le votó debe entender que tendrá que salir a la calle para respaldarle si, en verdad, usted se va a comer esta bronca del “cambio”.

Nunca hemos comprendido eso de que en tan solo 100 días uno puede valorar a un nuevo gobierno que recién empieza su gestión.

Sin embargo, la dinámica sociopolítica y, especialmente, la mediática, se impone y no se puede escapar uno a entrar en esa “lógica” calificadora y valorativa del recién llegado equipo gobernante al Poder Ejecutivo. Sin embargo, también debería someterse a tal escrutinio antojadizo, de temporalidad arbitraria, al mismo Poder Legislativo.

Luego de estos primeros 100 días de la gestión que desde la Casa Presidencial conduce el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, cada minuto transcurrido, cada hora que ha pasado, cada día que ha terminado y cada mes vencido, nos afirma nuestra creencia y convicción de que cualquier transformación social en nuestro país y hacia la igualdad pasa, imprescindible y necesariamente por el cambio más grande de todos los cambios, en el juego sistémico vigente: una Transformación Tributaria Estructural.

La misma debe ser de una profunda progresividad, para que nuestra sociedad, nuevamente, recupere la lógica de la búsqueda y promoción del bien común como eje central de toda la política pública; en tránsito hacia a una nueva fase histórica del desarrollo nacional en el ámbito de la inclusión y de la movilidad sociales.

Este es un tema recurrente de este su servidor en este espacio democrático de opinión que es el Diario Extra. Probablemente pareceremos “majaderos” al respecto. Pero cuando nos percatamos de que este asunto tiene ya una altísima relevancia a nivel continental al impulsarse por varios gobiernos progresistas latinoamericanos, enfrentando sin miedo y con decisión semejante desafío, nos damos cuenta de que nuestro país no puede seguir eludiendo esta realidad; realidad que deberían también entenderla todos esos que desde el ámbito neoliberal, una día sí y otro también, se rasgan las vestiduras y pegan una gritería que llega al cielo, porque el déficit fiscal podría llegar al orden del 7% PIB en fecha próxima.

Además, a nivel de la lucha social y sindical en el seno de la clase trabajadora latinoamericana, este asunto de una Transformación Tributaria Estructural ha cogido enorme relevancia, gigante potencia y fuerza, con el lanzamiento de la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA); que en su apartado “Nueva Fiscalidad Progresiva”, plantea que el reto de nuestras sociedades latinoamericanas es ir “Hacia una nueva fiscalidad que apunte a gravar progresivamente las ganancias, la renta, el patrimonio, los altos ingresos y el consumo de lujo. Quien más gana y tiene mayor riqueza, que pague más. Quien gana menos y tiene menor riqueza, que pague menos”.

Cuando nos percatamos de que el principal gremio empresarial del país, el “sindicato” de las grandes corporaciones del sector Privado, expresa su molestia y su enojo por el monto del reajuste salarial para quienes laboran en el sector Público; y cuando este mismo grupo de poder real pareciera disgustarse por que se dé en el país una férrea y agresiva política de control del robo de impuestos en todas sus formas; entonces pensamos que están equivocados.

Están equivocados porque sin esa Transformación Tributaria Estructural el riesgo de quiebra del Estado les arrastrará también; y, por el contrario, deben ser los primeros abanderados del combate a la evasión pues ellos, supuestamente están en desventaja competitiva al pagar de manera puntual, según afirman, sus impuestos.

Por otra parte, la gritería mediática que se ha orquestado por el lamentable pleito de “perros y gatos” que se da en el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC); las pifias éticas de gente de sus propias filas y allegados que se han ventilado públicamente; más una parálisis legislativa por la anulación política entre fracciones diputadiles y al interior de su propio seno en algunas de ellas; son parte de las “circunstancias” altamente convenientes para que el sistema imperante de la desigualdad en desarrollo no se “altere”, más allá de lo cosmético y rutinariamente burocrático en la gestión de la política pública destinada a la inclusión social, sin abordaje de profundidad.

La “alteración” del sistema imperante de la desigualdad pasa por, repetimos, el cambio más grande que se debe hacer en estos momentos: la Transformación Tributaria Estructural, ante datos tan espeluznantes como los siguientes.

Y es aquí donde, en realidad, está el “ojo del huracán”. Primero: Ya es oficial. El robo de impuestos en todas sus formas es de 7.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Nada más y nada menos que, dos billones cien mil millones de colones; en números, 2.100.000.000.000.00. Lo dijo el señor Ministro de Hacienda, no nosotros. Segundo: en el 2012 hubo en el sistema financiero bancario del país, un millón setecientas mil (1.700.000) transacciones de 10 mil dólares, o más, cada una: al menos ¡17 mil millones de dólares pasaron por la economía del país en un año! En colones, 8 billones 500 mil millones de colones (8.500.000.000.000.00). Lo dijo la Superitendencia de Entidades Financieras (Sugef), no nosotros. Hay unos 6 puntos de PIB, en materia de las más diversas exenciones y exoneraciones: Un billón 800 mil millones de colones (1.800.000.000.000.oo). Lo dijeron de manera compartida, el Ministerio de Hacienda y la Universidad Nacional (UNA). No nosotros.

Por eso merece que desde los movimientos sociales y, específicamente, los sindicales, una agenda de lucha en favor de la Transformación Tributaria Estructural que exige la magnitud de esas únicamente tres cifras globales sobre el robo de impuestos que vive nuestra sociedad (con ropaje legal o sin él), es urgente establecerla.

Por esta misma razón, debemos ver con perspectiva positiva varias iniciativas que se están promoviendo desde el Ministerio de Hacienda, encabezado ahora por el respetado ciudadano don Helio Fallas Venegas, para atacar el robo de impuestos inconmensurablemente espantoso que tales cifras nos indican. Debemos estudiar para, eventualmente, apoyar varios proyectos de ley que se han presentado ya a la Asamblea Legislativa, con la idea de controlar y/o reducir al mínimo el fraude fiscal; y, a la vez, mirar con interés varias iniciativas en la misma línea propiciadas por dicho jerarca que no ocupan de legislación para materializarse.

Evidentemente una Transformación Tributaria Estructural (así como nos gusta, ponerla en mayúscula), implica el desafío a una serie de grupos de poder económico-financiero con fuertes conexiones en el sistema político-partidista tradicional, como el representado en el propio “PLUSC” y sus adláteres-lamebotas), y en el mismo PAC.

Es aquí cuando pensamos que esta Transformación Tributaria Estructural, sin el ejercicio de la Democracia de la Calle, en este nuevo escenario político-social que estamos viviendo, no se dará y la debacle podría llegar perjudicando, como suele suceder, a “los y las de abajo”. Este es un nuevo reto, en consecuencia, para quienes estamos en el nivel de lucha de “los y las de abajo”.

Los y las jóvenes sindicalistas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), nos lanzan un severo llamado de atención con motivo de haberse celebrado ayer, 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud.

Una de las personas trabajadoras integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Joven, la antropóloga de profesión Paola Badilla Vargas, en su artículo “Luchemos por Trabajo Decente”, preparado especialmente con motivo del Día Internacional de la Juventud, plantea el desafío de que la acción sindical en materia de juventud reivindique “…el concepto, ejes y prácticas reales del Trabajo Decente (TD) y la relevancia de incorporar estos aspectos… en la agenda reivindicativa y cotidiana de la juventud trabajadora”. (El artículo completo se encuentra en este sitio web: www.anep.cr).

En momentos en los cuales muchas personas integrantes de la clase trabajadora costarricense y la migrante sufren de alta vulnerabilidad en materia de empleo (ya sea porque carecen de él, o porque lo tienen en condiciones precarias), ANEP-Joven, a través de su dirigente Paola Badilla Vargas, hace énfasis en el concepto integrador del Trabajo Decente (TD); señalamiento muy oportuno en este momento en que el propio Gobierno de la República anunciará mañana jueves 14 de agosto, cuál es su planteamiento estratégico en materia de empleo.

Para ANEP-Joven el Trabajo Decente “…se construye desde la unidad y presencia de cuatro ejes estratégicos: 1. La promoción del empleo 2. La protección social 3. El diálogo social y tripartismo y 4. Las Normas Internacionales del Trabajo”.

Además, nos indica que tiene dos ejes trasversales: la igualdad de género y la no discriminación. Afirma ANEP-Joven: “Así, empleos en igualdad de oportunidades, sin discriminación de ningún tipo, con protección social, en el marco de una normativa construida desde el diálogo social, donde la libertad sindical juega un papel igual de importante, constituyen en conjunto el TD y de aquí que la lucha por que sea una realidad debe conformar un punto supremo de nuestra agenda gremial”.

Según ANEP-Joven y con base en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las personas jóvenes de Latinoamérica y el Caribe enfrentan tasas de desempleo mucho mayores que las personas adultas. Entre los desempleados, las y los jóvenes representan el 46% del total (10 millones)…”.

Se afirma que “muchos mercados laborales de esta región presentan dinámicas de precariedad, donde los derechos laborales básicos son desconocidos por quienes trabajan. Asimismo, la experiencia de los y las candidatas a puestos de trabajo es exigida sin importar que no se dé lugar para el aprendizaje de los y las jóvenes. De esta manera, el empoderamiento de la juventud sobre que es el TD, sus implicaciones y la necesidad de agremiarse para alcanzar incidencia política es una tarea impostergable”.

Por otra parte, y también el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, ayer 12 de agosto, la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Joven, nos entregó, en conferencia de prensa, un valioso planteamiento elaborado por su Presidente, el joven sociólogo Deiby Porras Arias: “La situación del trabajo juvenil en Costa Rica: Un panorama desde la Convención Iberoamericana de Juventud, la ley de la Persona Joven y la II Encuesta Nacional de Juventudes 2013”. (Igualmente, usted puede encontrar este documento en este sitio web: www.anep.cr).

En este otro aporte de ANEP-Joven se pone en el tapete las responsabilidades de nuestro país, al haber ratificado el 9 de agosto del 2007, la Convención Iberoamericana de Juventud, la cual afirma que “Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la juventud, sin ningún tipo de inferencia o limitación”.

Y, además recalcan la responsabilidad de la política pública costarricense en la materia, al recordarnos que según la indicada Convención Iberoamericana de Juventud, “Los estados partes se comprometen a promover todas las medidas necesarias que, con respeto a la independencia y autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, les posibiliten la obtención de recursos concursables para el financiamiento de sus actividades, proyectos y programas”.

En estos difíciles tiempos para los trabajadores y para las trabajadoras, de manera oportunísima, el Presidente de ANEP-Joven, Deiby Porras Arias, pone en el tapete el desafío de la acción estatal en materia de juventud, en el marco de la indicada Convención Iberoamericana de Juventud, señalando un trascendental apartado de la misma, “Derecho a las condiciones de trabajo”, que incluye obligaciones político-jurídicas como las siguientes”: a) “Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, a que existan programas de promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados”. b) “Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben de gozar de iguales derechos laborales y sindicales a los reconocidos a todos los trabajadores”. c) “Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico”. d) “Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas necesarias para suprimir todas las formas de discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral”.

ANEP-Joven, en el marco del Día Internacional de la Juventud, también nos da “un jalón de orejas”, al recordarnos que Costa Rica emitió la Ley de la Persona Joven, No. 6281, desde el año 2002. ¿Qué rendición de cuentas podría dar el Estado al respecto? No tenemos ni la más remota idea. Según tal legislación y en materia de empleo, uno de sus objetivos es, “Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología”. Pareciera y a “ojo de buen cubero” que la política pública tiene mucha deuda al respecto con nuestra juventud…

Como bien lo expresó la joven trabajadora Paola Badilla Vargas, al final de su artículo: “¡Que este Día de la Juventud sea el inicio de la lucha por el Trabajo Decente! ¡Viva la Juventud! ¡Viva la unión de la clase trabajadora!”.

Recientemente se formuló una propuesta para que la persona que ocupe el honroso y delicado cargo de Defensor de los Habitantes de la República se elija por voto popular. Sinceramente, es algo completamente descabellado, aunque creemos que ha sido formulada de buena fe.

No nos imaginamos al país metido en dos procesos electorales de alcance nacional, más bien tres, en períodos de tiempo corto; es más, casi que chocando unos con otros. Por un lado, la elección presidencial y diputadil; por otro, la elección “universal” de la Defensoría…; y, en el medio, la de las alcaldías y concejos municipales.

No creemos que la ciudadanía electoral aguante tal ritmo de “intoxicación” politiquera porque, dejémonos de cuentos, la elección de la Defensoría por un sistema de voto popular, sería contaminada por los partidos políticos de todos los signos y colores; y, además, detrás de cada fulano o de cada sutana que se postule para dirigir tal entidad, cabría la posibilidad de la intervención oscura de esos grandes intereses del poder económico que acostumbran controlar el poder político formal de la institucionalidad.

En tal sentido, reiteramos aquí una idea que venimos formulando hace algún tiempo para modificar el sistema de elección de las personas al frente de la Defensoría; de forma tal que, por un lado, se preserve la “majestad” de su elección continuando la misma como potestad exclusiva del parlamento en su condición de “primer poder” de la República. Pero, por otro, posibilitando algún nivel de involucramiento ciudadano, de participación popular organizada, que medie en tal elección.

Más en concreto: Ante la cercanía de la elección para la Defensoría, la Asamblea Legislativa invita al amplio universo de las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse con miras a tal elección: eso sí, entidades con plena vigencia jurídica y al día con todas sus responsabilidades para con la Seguridad Social, de orden tributario y otros; para participar en una pre-selección, en el auscultamiento de los currículos de los y de las postulantes para, luego, según alguna regla de acuerdo entre estas organizaciones, recomendar al parlamento tres nombres, una terna, y que éste haga la elección final y formal pero, eso sí, sin sacarse nombres a última hora.

Es decir, que los diputados y las diputadas solamente podrán elegir con base en la nómina de tres personas que tal conjunto de agrupaciones civiles le ha presentado para el cargo de Defensor de los Habitantes de la República.

Por ejemplo, las diversas agrupaciones productivo-empresariales (cupulares y no cupulares), entidades ecologistas reales, cooperativas en regla, los sindicatos de verdad, entidades solidaristas de reconocida solvencia moral, federaciones estudiantiles en orden y otras entidades cívico-patrióticas de reconocida legitimidad, podrían conjuntarse en un proceso transparente de “procesamiento” de las trayectorias de esas ciudadanas y de esos ciudadanas que aspiren a “defendernos”.

Terminado este proceso se envía el resultado del mismo al Poder Legislativo para que éste elija pero, repetimos, considerando solamente los nombres de las tres personas recomendadas por ese conjunto organizacional civil.

97 nombres inscritos aspirantes a tan alto cargo que están siendo considerados en estos momentos por la actual Asamblea Legislativa, es indicativo de que la Defensoría de los Habitantes de la República tiene un importante aprecio ciudadano y ha logrado un posicionamiento importante en el desarrollo de la democracia.

Luego del golpe que sufriera esta prestigiosa entidad, por la salida abrupta y en condiciones de deshonor de quien la estaba dirigiendo, puede considerarse que la Defensoría quedó lesionada, golpeada y que, por lo tanto, la nueva designación que está en proceso es sumamente delicada.

Los señores diputados y las señoras diputadas deben considerar un conjunto de condiciones para realizar la mejor elección posible de forma tal que no estemos, en el corto plazo, frente a un nuevo “chasco”. Seguramente ya han pensado en aspectos a considerar como los siguientes. Veamos:

Ojalá que quien “gane” el proceso no tenga vínculos corporativo-empresariales y ni siquiera esté como accionista en sociedades mercantiles de ningún tipo. Si tiene en su casa a una persona contratada como empleada doméstica, que se le exija demostrar que le paga el salario mínimo de ley y que la tiene inscrita en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), demostrando que se ha registrado como patrono independiente que emplea fuerza laboral asalariada y que honra sus responsabilidades legales al efecto.

Anhelamos que la persona a nombrarse en la Defensoría no tuviera vínculos político-partidistas conocidos y que no hubiese tenido participación alguna en el proceso electoral que recién pasó. En lo especifico, que no tuviera nexos directos con el actual partido en el gobierno. Notamos que dentro de las 97 postulaciones hay personas de reconocida solvencia moral y ética pero, ese “pero” está ahí: se “colorearon” apoyando determinadas candidaturas y/o fueron ellas mismas candidatas a puestos de elección popular.

Deberían esas personas postulantes permitir a la ciudadanía interesada, el acceso a sus declaraciones de impuesto sobre la renta; a conocer de cuáles propiedades son dueños, a conocer que las tienen declaradas en su valor real y de que sobre las mismas están al día en el pago de los correspondientes impuestos municipales.

Por supuesto, no deberían haber afrontado procesos penales de ninguna naturaleza; ni siquiera, por ejemplo, haber sido acusados por delitos contra el honor de otras personas. Deberían mostrar su recorrido por el mundo laboral asalariado y demostrar que salieron de un empleo para pasarse a otro con limpia trayectoria y no en medio de situaciones comprometedoras y/o controversiales que les obligaron a salir de determinado trabajo.

Igualmente, se les debería pedir una propuesta de enlace directo con la ciudadanía activa y organizada de forma tal que eso de que somos una “democracia participativa”, según la norma constitucional adoptada al efecto, en verdad, se empezaría a materializar en lo real vía Defensoría de los Habitantes de la República.

Finalmente, si la Defensoría basa su accionar estratégico “defendiéndonos” en cuanto habitantes de la República y sustentándose en los más fundamentales Derechos Humanos universalmente reconocidos y con estatus de política de Estado en el caso de nuestro país; quien resulte electo o electa debe “comprarse la bronca” de entrarle, también a la defensa de los Derechos Laborales en el ámbito privado.

Considérese que el Estado de la Nación (del cual forma parte la misma Defensoría), indicó que de cada 10 personas trabajadoras asalariadas con empleo formal, solamente a 4 de ellas se les respetan plenamente todos sus derechos laborales elementales. Es decir, debe la Defensoría confrontar al empresariado privado abusador de sus obreros en este marco de los Derechos Humanos fundamentales.

“Lamentamos mucho que ANEP esté defendiendo a funcionarios públicos que están siendo investigados por presunta simulación de delito y falsedad ideológica”. ¡Sí!, como usted lo leyó: Esto es parte del comunicado oficial de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, reaccionando a la decisión sindical de la entidad en la cual laboramos, la ANEP, de salir en defensa de los policías de la Fuerza Pública involucrados en un incidente con arma de fuego en las afueras de la residencia privada del señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera.

Intermediando la acción del compañero Máinor Anchía Angulo, policía de la Fuerza Pública, su máximo líder sindical y actual integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, ésta asumió una acción de defensa a favor de los policías con involucramiento en tal incidente.

Pero, ¡oh sorpresa! El Ministerio de Seguridad Pública se “lamentó” de que se les hiciera una intervención sindical de defensa, dando a entender que mejor hubiese sido que nadie los defendiera, o, en el peor de los casos, se les hubiera juzgado y sentenciado sumariamente, a priori. Es más, tal “lamento” huele a eso, a condena sumaria sin contemplaciones.

Si en un principio cuestionamos el hecho de no respetarse la presunción de inocencia, que tiene rango constitucional y que está señalada en el artículo nueve (9) del Código Procesal Penal; ahora censuramos el que se insinué que personas trabajadoras del Ministerio de Seguridad Pública, no puedan ejercer su derecho a la defensa.

Ambos aspectos resultan sumamente graves para quienes confiamos en nuestro Estado de Derecho; grave para nuestro país conocido por su reiterada proclama de defensor de los Derechos Humanos; y, más relevante aún, que tales manifestaciones provengan de la institución encargada de la seguridad nacional.

Ni nuestro Directivo Nacional, don Máinor Anchía Angulo; ni la ANEP propiamente dicha, estamos asegurando que los oficiales trabajadores de la Fuerza Pública investigados por presunta falta a la verdad, sean inocentes. Sin embargo, tampoco debieron los jerarcas salir a condenar públicamente a los uniformados, apriorísticamente, al señalarlos como “mentirosos”; y, peor aún, “lamentar” que tengan acceso al derecho constitucional de defensa por presunción de inocencia. La verdad de lo sucedido la determinará la investigación que está a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“En el Ministerio de Seguridad toleramos el error, no la mentira”, es una frase lapidaria dicha por el señor ministro de tal cartera, don Celso Gamboa Sánchez; frase que nos lleva necesariamente a preguntarnos: ¿cuáles “errores” se toleran en el Ministerio de Seguridad Pública y a quienes se les toleran los “presuntos errores”?
De manera oficial, la ANEP, a través de su Directivo Nacional Máinor Anchía Angulo, viene señalando una serie de situaciones irregulares dentro del Ministerio de Seguridad Pública; situaciones que tienen que ver con compras, como la de los conos que inclusive llevó a los jerarcas implicados a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Departamento Disciplinario Legal y que les fue rechazado de plano (resolución N° 2014004323).

Es “curioso” que mientras se les intenta restringir los derechos a seis oficiales de los “rasos”, “los de abajo”, y hasta se cuestione el que se pida se respeten sus derechos procesales; dos jerarcas interponen recurso de amparo contra un departamento de su mismo ministerio.

ANEP denunció la compra “sospechosa” de vehículos “de lujo”, por considerar que éstos no están dentro del marco legal que rige la compra de este tipo de equipo; denuncia que está en trámite en la Contraloría General de la República. Habría que ver si esa inobservancia de la ley fue un “error”; porque entonces, saltarse el semáforo puede ser, igual, por “error” y no debería ser sancionado.

Es importante aclarar que apoyamos que las trabajadoras y los trabajadores de la Fuerza Pública tengan buenos vehículos, pero aquellos que sean los más aptos para la estratégica labor de la Seguridad Ciudadana; y que, además, puedan recibir el adecuado mantenimiento. Recientemente nuestro compañero dirigente sindical Anchía, en una gira de trabajo por la zona de Limón, contabilizó más de treinta patrullas fuera de servicio y muchas de ellas de modelos ¡2012 y 2013!
¿Será un “error” los casos de nombramiento de funcionarios de alto mando sin requisitos, según lo señalado por la Procuraduría General de la Republica, en Dictamen C-282-2010?

¿Será un “error” estar recomendando a funcionarios que forman parte de un “grupo de amigos”, que “se repartieron el pastel”, y de manera extraña, al mismo tiempo que terminaban el Curso Básico Policial, completaban el de Comisionado?; ¿a funcionarios que a tres años de estar en el Ministerio de Seguridad, “lograron” hacer el curso de Comisionado, y luego, “extrañamente”, ¡un año después!, el de oficiales ejecutivos? ¿Cuál debería hacerse primero? Es por ello que esperamos se cumpla con lo señalado por la Sala Constitucional en sentencia 2014010102.

Estas y otras situaciones altamente preocupantes que se han venido dando en el seno de la institución insignia del país en materia de seguridad, precisamente el Ministerio de Seguridad Pública, motivaron a la dirección nacional de la ANEP a respaldar, en todos sus extremos, a su integrante don Maínor Anchía Angulo, quien a nombre de la agrupación realiza estas acciones y otras en la misma línea: aportar para la máxima transparencia en la cuestión de la gestión pública en el campo de la seguridad.

El mismísimo 8 de mayo de 2014, el día en que asumió la Presidencia de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera le hizo firmar a cada una de las personas que escogió para su gabinete, el “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, cuya norma 11 indica lo siguiente: “Respeto a la Constitución y la Ley: Me comprometo a ejercer mi cargo de manera que se dignifique la función pública, y me desempeñaré con estricto respeto y apego a lo establecido en la Constitución y en las Leyes y Decretos que norman el funcionamiento de la institución que dirijo. Además, combatiré con determinación el tráfico de influencias, el ‘clientelismo’ y la utilización de recursos públicos para favorecer intereses políticos y económicos”. Algo de esto ha dejado de “funcionar” en el Ministerio de Seguridad Pública en el caso de los “errores” que hemos comentado.

Quienes laboran en condición asalariada para el sector Público del país, esperan con ansias la definición del monto del reajuste por costo de vida a sus respectivos salarios, mismo que debe aplicarse, retroactivamente, a partir del pasado 1 de julio. La discusión al respecto, la primera para este conglomerado laboral del país en el gobierno que encabeza don Luis Guillermo Solís Rivera, ha quedado abierta y nos da oportunidad de plantear una visión sindical al respecto. No la única.

Hemos adversado y lo seguiremos haciendo, la tesis neoliberal reiterada por los círculos político-económicos de la hegemonía dominante en el país, la del capital financiero, de que los salarios del personal del sector Público son los responsables del déficit fiscal.

Ha habido una intensa campaña mediática en los últimos años para culpabilizar ante la ciudadanía a los empleados públicos de que sus salarios y sus pluses son la base del problema fiscal del país.

Es evidente que las generalizaciones de todo tipo llevan a la formulación de juicios de valor que no solamente conducen a cometer injusticias, sino a impedir que emerjan las verdaderas causas del problema, lo que nos ayudará a encontrar las soluciones más apropiadas.

En este aspecto de los salarios y las remuneraciones que se pagan en sector Público y el problema del déficit fiscal, debemos definir cinco grandes ámbitos que deben conjuntarse para que el abordaje del asunto sea integral.

PRIMERO: La naturaleza perversa del sistema tributario costarricense por su injusto carácter regresivo: pagan más, proporcionalmente hablando, los que ganan menos. Muchas veces lo hemos planteado y lo seguiremos haciendo. El país requiere una “revolución tributaria”, una transformación tributaria estructural y los sectores sociales y sindicales tenemos propuesta al respecto.

SEGUNDO: En el entretanto, mientras llegan las condiciones político-estratégicas para esa “revolución tributaria”, se necesita una férrea decisión gubernativa para entrarle durísimo a captar esos 12 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), que andan dando vueltas en la calle: aproximadamente 6 puntos por concepto de evasión y elusión tributarias en todas sus formas, que no es más que el vulgar robo de impuestos con ropaje legal o sin él; y otros 6 puntos por concepto de exenciones y exoneraciones de todo tipo.

Hemos notado que el señor Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano don Helio Fallas Venegas, viene planteando algunas cosas en tal sentido pero se requiere de gran potencia política y aguerrida cruzada que todavía no la vemos en su necesaria dimensión.

TERCERO: En este tema de las remuneraciones salariales del sector Público hay ya diferenciaciones de clase que no se pueden seguir negando. Aunque ambos trabajan para el Estado, no es lo mismo hablar del salario del gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), que hablar del salario del servidor público que cuida las instalaciones de una escuela en una zona urbano-marginal.

No es lo mismo hablar del salario del regulador general que el salario de la compañera cocinera de una cárcel o de un CEN-CINAI.

No es lo mismo hablar del salario del policía (penitenciario, Fuerza Pública, de Migración), porque un aumento digno para él podría significarle cuatro veces más al médico de 18 millones de colones mensuales.

Entonces, deben cuidarse mucho “los del otro lado de la acera”, porque necesariamente la relación entre salarios del sector Público y déficit fiscal no es “mecánica”, como vemos.

CUARTO: Es preciso derribar los muros ideológicos neoliberales que pretenden enfocar el tema del déficit fiscal como un asunto “técnico”. Debemos ensayar, o al menos debatir, nuevas formas de medición del déficit fiscal, hablando de la globalidad del sector Público. Hay que liberarnos de la “satanización” del déficit fiscal considerando solamente “el debe y el haber” en el Gobierno Central.

Por otra parte, debemos debatir cuál es la cifra correcta, saber con cuánto déficit podemos vivir como país y como sociedad, para también abolir la mítica barrera neoliberal del 3% como el límite fatalista “antes del caer al precipicio”.

Y, finalmente, cuál son las necesidades vitales de hoy en materia de empleo público, habida cuenta de ese escenario perverso que parece haber llegado para quedarse, el de la desigualdad. El congelamiento fundamentalista del empleo público en ámbitos donde el servicio público es, en esencia, salario social, está causando graves estragos precisamente en ámbitos de población ya no solamente pobre, sino vulnerable; e, incluso, en algunos sectores de las capas medias.

QUINTO: Evidentemente, es necesario que haya una redefinición estratégica de lo que significa en la Costa Rica hoy, la de la desigualdad creciente, ser servidor público. Hay que prestigiar la función pública dedicada al bien común y generar un profundo acercamiento del servicio público y de quien lo presta al ciudadano. Efectivamente, habrá que impulsar algunas reformas legales y algunas podrían ser dolorosas.

Pero, estamos convencidos de que haciendo las necesarias discriminaciones que eviten las desafortunadas generalizaciones, necesitamos nuevos modelos de evaluación del desempeño para potenciar la eficiencia y la eficacia, reconociendo la alta productividad y “castigando” la mediocridad, erradicando esas calificaciones anuales de trámite que, en términos generales, han perdido sentido.

Pero estas necesarias transformaciones no serán posibles si la clase dominante y gobernante no dan el ejemplo; de ellos dos son clave: por un lado, la modificación tributaria por el lado de las rentas del capital; y, por otro, modificaciones legales profundas para las pensiones de lujo y para los regímenes salariales abusivos de ciertos cárteles gremiales-corporativos.

Acometer la histórica tarea anterior, requiere de gran voluntad política que desafíe el poder de la hegemonía dominante. Sabemos de sobra que quien llega a la Presidencia de la República tiene (o debería tener) el control del Gobierno, no necesariamente tiene el poder. La acción gubernativa tiene que definirse.

Es de tal calibre el crecimiento de la desigualdad en el país que, desde nuestra perspectiva, tal definición tiene que darse hacia la promoción del bien común, de nuevas oportunidades de movilidad social, de transformación del empleo público para entroncarlo con la ciudadanía y de la necesaria transformación tributaria estructural.

El Gobierno del Presidente Solís debe comprenderlo en toda su dimensión y saber que si se decide por este lado, generará una furiosa reacción del capital hegemónico y de sus correspondientes latifundios mediáticos; pero, también, deberíamos entenderlo quienes nos desenvolvemos en el lado de los movimientos sociales y, particularmente, sindicales; entendiendo que la acción sindical de nuevo tipo debe acercarse a la ciudadanía y darle más integralidad a nuestro accionar, oxigenándolo un poco para limpiar la atmósfera del corporativismo-gremialista excesivo en la cual estamos sumidos.