Categoría: Opinión

Algunos empresarios autobuseros han expresado su molesta ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley para evitar los rebajos abusivos y sumarios del salario de estos trabajadores, sin debido proceso alguno y en total estado de indefensión, por las presuntas apropiaciones de los dineros recaudados de las tarifas, a tenor de una lectura unilateral de las barras electrónicas de control del pasaje.

Esta circunstancia nos da base para expresar nuestra visión de que el gremio laboral de los choferes de bus son uno de los sectores laborales de mayor explotación obrera, de mayor indefensión de cara al poder patronal y víctimas de una especie de “extraterritorialidad jurídica” que no deberá tolerarse más en un país que, como Costa Rica, tiene todavía un fuerte Estado de Derecho, incluyendo el ámbito de lo laboral. A los choferes de bus les asisten una serie de derechos, entre éstos el de organizarse en sindicatos que, como hemos explicado, forma parte del sistema judicial internacional al punto de considerársele como un Derecho Humano Fundamental.

Varias corrientes sindicales, entre ellas la que se expresa a través de la ANEP, han venido asesorando y orientado a muchos choferes de autobús en su silenciosa lucha por dignificar su empleo y obtener verdadera justicia social. Valga indicar que se tiene constancia de que la abrumadora mayoría de ellos es gente de gran honestidad, pese a que han acumulado un gran enojo y molestia por el prepotente tratamiento patronal de la relación laboral.

En el caso de las abusivas decisiones patronales de cierto empresariado autobusero para deducir del salario del chofer lo que a éste se le imputa como presunta “apropiación indebida” de dineros producto de cobros de pasajes según lo indicarían las barras electrónicas, es muy conveniente que este grupo de trabajadores y sus propios empleadores tengan noción de que eso no se puede hacer, porque es totalmente ilegal. Tómese en cuenta lo siguiente.

A solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, son ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

El pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, como la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo del dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente: “Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

La ANEP, con base en tales pronunciamientos (solicitados por esta organización desde hace dos años), expresa abiertamente y por esta vía, su total respaldo a la iniciativa de ley que se tramita en tal sentido en el parlamento, solicitándoles a los señores diputados y a las señoras diputadas actuar con urgencia al respecto.

Por otra parte, debemos lanzar un respetuoso pero fuerte emplazamiento público al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús, mismo que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP); para que en ese “modelo” incluya todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata.

En lo específico, si de ahora en adelante para pedir incrementos de tarifas de bus es necesario demostrar altos estándares en cuanto a cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad; deberá tener el mismo carácter valorativo la aplicación estricta y la observancia plena de los compromisos que Costa Rica ha asumido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el “Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha en la República de Costa Rica del Programa de Trabajo Decente por país”; compromiso que incluso cuenta con la firma de la propia Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

En dicho memorándum, se establece en su Primera Prioridad, “Promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales”, lo siguiente: “Sensibilización y capacitación de los constituyentes de la OIT (gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores), para el fomento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la equidad de género, tanto en el sector privado como en el sector público…”.

Así las cosas, la ANEP le recomienda a cierto empresariado autobusero que en vez de agredir y desacreditar a sus propios choferes, sin los cuales no podrían sobrevivir, abran espacios de diálogo social, acepten la organización sindical y procedan a entablar diversos mecanismos de negociación colectiva para (entre otros no menos importantes aspectos), construir acuerdos de paz social que logren una combinación “ganar-ganar”, en cuanto a la estabilidad del negocio y a la seguridad laboral de los choferes a plenitud, incluyendo la posibilidad de que se organicen sindicatos y que se erradiquen las odiosas “listas” que son una especie de decreto de “muerte laboral”, de “muerte civil”, en contra de un chofer despedido por reclamar sus derechos a fin de que otra empresa no lo contrate.

Debemos recordarle al empresariado autobusero que ellos tienen sus propios sindicatos, conocidos como cámaras, en los cuales se agrupan para defender sus propios intereses reivindicativo-económicos de naturaleza patronal; que esto es legítimo que lo hagan. Pero, a la vez, es también igual de legítimo que sus empleados, los choferes de bus, se agrupen en sindicatos para proteger sus propios intereses, también reivindicativo-económicos, pero de naturaleza laboral.

Al empresario de bus así como al chofer que le maneja sus unidades, les protege un amplio marco jurídico para organizarse en los sentidos indicados arriba. Impresionante es citar que a ambos les protege, por ejemplo, la máxima ley del país, la Constitución Política y ¡en el mismo artículo!: “Artículo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Los choferes de bus pueden, pues, organizarse en sindicatos pues al hacerlo la ley está de su lado.

El gobierno que encabeza el Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, deberá hacer durante sus cuatro años de gestión, 16 fijaciones salariales, por acuerdo y/o por la vía del decretazo, según cada momento semestral: 8 para el sector Privado (en materia de salarios mínimos) y 8 para el sector Público (reajuste a los salarios base).

Estamos ya a punto de conocer en detalle de cuánto será el reajuste por costo de vida de la primera de esas 16 fijaciones salariales. Hablamos de la que deberá entrar a regir el próximo 1 de julio, aplicable a los salarios mínimos que se pagan en el sector privado de la economía.

Nosotros pensamos que esta primera fijación (la actualmente en discusión y la inmediatamente posterior que es la del sector Público), representan una especie de “prueba de fuego” para este gobierno que recién empezó.

Como era lógico suponer, el 1.33 % de reajuste por costo de vida a los salarios mínimos propuesto por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para aplicarse a partir del próximo 1 de julio; refuerza la tesis de este gremio corporativo de naturaleza neoliberal, de que la política salarial debe seguir por el mismo sendero pernicioso de los últimos años: a) reforzar la concentración de la riqueza; b) impedir la ampliación del poder de compra del salario; c) aumentar el crecimiento de la desigualdad; y, d) impedir una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.

Considerando esta posición empresarial y siendo ya de conocimiento público las de orden sindical en este asunto del reajuste a los salarios mínimos, la administración Solís Rivera tiene tres alternativas tiene a su disposición:

1) Darle su aprobación a la injusta y egoísta propuesta empresarial de la neoliberal UCCAEP, mandando así una clarísima señal de cuál será la naturaleza esencial de su gestión gubernativa, lo que evidenciaría que el tal “cambio” fue únicamente una exitosa estrategia de propaganda electoral; percepción ciudadana que comienza a extenderse, por cierto.

2) Darle su aprobación a la propuesta sindical, por ejemplo, la del 4.12 % que la ANEP y otras entidades sindicales sensatas estamos respaldando, enviando así una poderosa señal de que en su gestión la política salarial es componente esencial para reducir la desigualdad y potenciar la capacidad adquisitiva del salario para incrementar el papel del mercado interno en la reactivación de la economía. Además, mostraría el nuevo gobernante que comprende bien que quien le llevó a la Presidencia fue, en esencia, el voto obrero, pues abrumadoramente los grandes segmentos laborales de la clase trabajadora asalariada, de los sectores privado y público, le hicieron ganar la segunda ronda electoral.

3) La tercera alternativa es mostrar una enorme capacidad de gestión de consenso para que haya un acuerdo tripartito en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS) y que haya un acuerdo empresarios-sindicatos con el voto gubernativo, por una propuesta mucho más decente y justa que el repugnante 1.33 % propuesto por la neoliberal UCCAEP.

Las consideraciones anteriores, de cara a lo que resolverá el presente Gobierno en próximas horas, son más que indicativas de cómo es que se puede concebir una política salarial en vinculación directa a las necesidades del crecimiento económico por un lado; pero, por otro, a las fuertes decisiones políticas que es preciso adoptar para mejorar los mecanismos redistributivos de ese crecimiento económico, saliéndole al paso a las tesis a favor de la concentración de la riqueza como las que defiende el gremio empresarial mencionado.

No puede nuestra sociedad aspirar a mayores niveles de justicia social si no se toman fuertes decisiones políticas para variar el rumbo en que nos dejó el gobierno anterior, en el vergonzoso lugar número uno, a nivel latinoamericano, de crecimiento de la desigualdad; por demás, ruta perniciosa que nos impusieron los gobiernos anteriores del bipartidismo tradicional.

El señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), don Víctor Morales Mora, indicó a propósito de esta primera fijación salarial del actual gobierno que “buscamos reducir la desigualdad y la pobreza”; indicando que concibe a la política de salarios mínimos “como un instrumento de protección social para los trabajadores”. Así lo expresó en entrevista en este Diario Extra, el pasado lunes 16 de junio.

Además, el citado jerarca en un artículo de su producción, “Los principios de la fijación salarial” (La Prensa Libre, lunes 16 de junio de 2014), indicó que “la política salarial debe promover la reactivación del mercado interno, por medio de una mejora sustancial de la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras”.

He aquí, pues, parte central de las razones de nuestra afirmación de que la actual fijación salarial representa para este gobierno una “prueba de fuego”. Porque aceptar la propuesta de la neoliberal UCCAEP es contradecir este discurso oficial en materia de fijaciones salariales, en especial la de los salarios mínimos.

Pero, adicionalmente, los integrantes del Consejo Nacional de Salarios (CSN), especialmente quienes ocupan un escaño en él en representación, dizque de la clase trabajadora, deben intensificar su incidencia para dar un salto cualitativo de naturaleza estructural en este asunto de los salarios mínimos.

Hablamos de entrarle duro a la propuesta y a la discusión para que se tenga claridad plena de lo que es la diferenciación estratégica entre lo que es el ritual insulso, el ceremonial teatral que representa el proceso de la fijación rutinaria, ordinaria, semestral, por costo de vida; en contraposición a una subida general del actual nivel de los salarios mínimos a partir de la cual se hagan las nuevas fijaciones semestrales ordinarias subsiguientes.

En próximas horas, pues, constataremos la realidad del comportamiento gubernamental en un tema de tanta sensibilidad para la clase trabajadora asalariada del sector Privado. Y depende de lo que resuelva el gobierno del Presidente Solís Rivera, quienes laboran para el sector Público deberán tomar nota de lo que les podría esperar en cuanto a su propio reajuste del segundo semestre del presente año 2014.

Ha anunciado el Gobierno, por intermedio de su Ministro de Hacienda (también, Primer Vicepresidente de la República), don Helio Fallas Venegas, que están alistando un proyecto de ley contra la evasión fiscal, una “ley anti evasión”.

En principio, resulta una feliz iniciativa que debe generar un interés ciudadano de todas aquellas personas y empresas que en este país, pagan puntual y correctamente sus impuestos, que no se los roban.

Debemos insistir en que ya es oficial, por primera vez en muchos años, que un gobierno reconozca la cuantía general de la evasión tributaria que por múltiples mecanismos, todos ilegales, sufrimos en esta sociedad.

Nada más y nada menos que 5.8 del Producto Interno Bruto (PIB); recordándole a usted que cada punto porcentual de PIB, anda alrededor de los 265.000.000.000.oo (doscientos sesenta y cinco mil millones de colones). Ello quiere decir que el Estado, el fisco, deja de recibir, anualmente, de impuestos que están sustentados en leyes vigentes, unos 1.500.000.000.000 (Un billón, quinientos mil millones de colones).

Por otra parte, también hay datos reales y constatables en cuanto al monto de las exenciones y de las exoneraciones fiscales, mismas que también andan en una cifra cercana al 6% del PIB.

Es decir, otro billón quinientos mil millones de colones. Entonces, estamos ante una “locura” de cifras: hablamos de ¡TRES BILLONES DE COLONES!, un 12% de PIB que no llega a las arcas del Estado por diversas razones…

El volumen anual de la cifra de evasión y el monto al año de las exenciones-exoneraciones, hace que la prédica neoliberal contra los pluses salariales de la clase trabajadora del sector Público, sea “pecata minuta”, aunque moleste hablar así a los abanderados neoliberales enemigos del empleo público. Dicho de otra forma, no son los pluses salariales del sector Público los responsables del déficit fiscal.

Es necesario recalcar que quienes viven de un salario, tanto en el sector público como en el privado, no roban impuestos. Los pagan puntualmente, ya sea porque le rebajan renta cuando corresponde por la cifra salarial recibida; y, en todos los casos, sin excepción, cuando se debe pagar, en la caja, el impuesto sobre las ventas, al instante mismo de la compra.

Arreglar el problema fiscal del país debería comprender una secuencia de procesos políticos, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

Primero, la “ley anti evasión”. Segundo, el ataque al sistema pernicioso de exenciones-exoneraciones, propiciando las modificaciones de ley. Tercero: Aprobar el proyecto de ley “Pensión-Consumo”, mismo que (además de universalizar el derecho a la pensión), coloca a los ciudadanos y ciudadanas como auditores del pago del impuesto de ventas, quienes velarán diariamente para que los recaudadores entreguen los impuestos al fisco. Cuarto: Elevar la carga tributaria con respecto al PIB pero del lado de las grandes rentas, de las fortunas exorbitantes y/o de dudosa procedencia. Aquí habría tres grandes ámbitos para legislar: a) establecer la renta mundial o universal; b) establecer la renta global; c) establecer el impuesto “Robin Hood” o Tasa Tobin.

Como habrán notado, no incluimos en esta “ruta tributaria” hacia la progresividad, la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), toda vez que éste es el impuesto más injusto de todos porque afecta más a quienes menos tienen; y porque considerando el grave problema de evasión fiscal, los que se roban los impuestos que el pueblo paga, tendrán más posibilidades de robar más, si no corregimos esta situación social tan grave como lo es la evasión fiscal.

En el caso de la “ley anti evasión” y desde la perspectiva sociosindical en la que venimos hablando del tema desde hace ya algún tiempo, el tema quedó comprendido dentro de la propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, elaborada con muchísimo tiempo de antelación y sin el más mínimo pronóstico ni cálculo sobre el desarrollo del proceso electoral nacional que tuvo lugar en este año 2014.

En el apartado IV de este documento, “Elementos para un plan nacional de prevención y combate a la evasión, el contrabando, el fraude fiscal y el lavado de capitales”, se pueden encontrar valiosos aportes para esta “ley anti evasión”. Veamos algunos.

“Proceso penal tributario. Incrementar el umbral de punibilidad para que solamente los casos muy calificados lleguen a la instancia judicial, establecer tarifas aplicables a los ‘grupos de interés económico’; castigo a la no retención dolosa de tributos; fortalecer la coordinación interinstitucional para que incluya protocolos de actuación, plan de capacitación y un sistema mancomunado de información; dotar de mayores recursos a las agencias de la justicia penal”.

“Contra el blanqueo de capitales. Potenciar la función de investigación del fraude fiscal; establecer un sistema de inteligencia fiscal; crear una oficina especializada en la investigación del fraude fiscal y el blanqueo de capitales; fortalecer la policía fiscal; crear la figura del comisionado fiscal; modificar la regulación penal de los delitos contra la Hacienda Pública, incluyendo las actividades preparatorias y la organización del fraude; fortalecer la especialización judicial frente a los delitos económicos; impulsar la coordinación internacional; potenciar la colaboración social y la cooperación institucional”.

“Educación tributaria y fiscal. Elaborar y poner en marcha un plan nacional de educación tributaria y fiscal, que incluya al MEP, al Ministerio de Hacienda y a las universidades públicas y privadas”.

Solamente hemos citado una pequeña parte, en este caso en el ámbito del robo de impuestos, de los contenidos de la propuesta social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, sobre la cual seguiremos insistiendo. Esta propuesta es el más grande esfuerzo de propuesta alternativa, desde la perspectiva sindical en materia tributario-fiscal, jamás realizado antes.

Como ven ustedes, así concebimos lo que en otros artículos hemos denominado como la Transformación Tributaria Estructural que ocupa nuestra patria para enfrentar con sentido estratégico y visión de futuro el problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad. Indudablemente que es un reto mayúsculo que debe implicar mucha acción social y gran movilización ciudadana.

La gravedad del cruce de acusaciones entre la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda y el periódico La Nación, debido a una disputa tributaria que este emporio mediático tiene con el Estado, el cual le demanda el pago de unos 2 mil millones de colones, no debiera ser un asunto meramente circunstancial; tratándose de la naturaleza astronómica de la cuantía anual del robo de impuestos en nuestro país, en todas sus formas.

El asunto salió a flote luego de lo que consideramos como la decisión más errónea del primer mes de gestión gubernativa del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera: eliminar la directriz 030-P emitida por la exmandataria para procurar que la mayoría de los presuntos delitos tributarios por robo de impuestos terminaran en los despachos judiciales; pretendiendo lograrse no solamente la recuperación (más multas) de lo evadido, sino que quienes cometieron tal crimen social obtuvieran cárcel por su delito. A la fecha, tenemos confusión sobre si realmente se echó marcha atrás y convendría que se aclarara con contundencia que no habrá conciliación con los grandes evasores de impuestos.

Entendemos que el sentido de tal directriz estaba relacionado con la necesidad de dar un potente escarmiento y generar un gran desestímulo a la tentación de evasión fiscal; y que la política pública de combate al robo de impuestos dejados de pagar llegase hasta las últimas consecuencias; es decir, hasta la condena judicial con pena de cárcel para los eventuales culpables, sean quienes fueren y sin importar el tiempo que durase el respectivo proceso penal.

Tal acción ejemplarizante tendría unas repercusiones más profundas y más impactantes si quienes fueren condenados con pena de cárcel por evadir impuestos, fuesen personas representantes de poderosos consorcios de diverso orden del mundo empresarial de los grandes negocios (entre ellos, los de corte mediático).

En este y en similar sentido, la directriz emitida por la entonces mandataria Chinchilla Miranda tenía un carácter políticamente correcto y, por ende, la conciliación no procedía bajo ninguna circunstancia, con ese marco de lógica gubernativa para combatir el fraude fiscal que es, como venimos diciendo, monumental en el amplio sentido del término.

Ahora resulta que la exmandataria afirma que por haber sido emitida tal directriz, el periódico La Nación la “castigó” imponiendo una línea informativa sobre su gestión gubernativa con signo totalmente negativo para desprestigiarla, insistiendo ella en que tal directriz no tenía ninguna intencionalidad subjetiva, es decir, “sin nombre ni apellidos”.

Por el contrario, La Nación la acusa de que fue más bien ella quien “se sacó el clavo” con este periódico, pues éste le sacó que el entonces Ministro de Hacienda, con Fernando Herrero Acosta, estaba metido en un lío tributario, desde hacía bastante tiempo; al punto de quedar tan desautorizado por abogar a favor de un paquete fiscal que el gobierno Chinchilla Miranda estaba promoviendo, que tuvo que renunciar al cargo. ¿Cuál de las dos partes dice la verdad? ¿Quién estuvo, políticamente, “extorsionando” a quién?

El Grupo Nación, como supuesto gran contribuyente en materia de impuestos, tiene una larga controversia con el Estado el cual le reclama unos 2 mil millones de colones por una supuesta transacción mercantil irregular.

Según registra el periódico electrónico crhoy.com, en nota del sábado 7 de junio de 2014, “La Nación S. A. representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría, habría simulado la venta de dos rotativas ya depreciadas a Capital Leasing Corporation, sociedad constituida por su primo hermano Carlos González Jiménez, por un monto de $2 millones.

A su vez, Capital Leasing Corporation de Belice habría simulado la venta de las mismas rotativas a Arrendadora Interfin, S. A. de la cual Luis Liberman era Vicepresidente. Esa nueva venta fue por la suma de $5 millones, generando una ganancia a la compañía de Belice de $3 millones, que aparentemente pierden los demás accionistas de La Nación y el Ministerio de Hacienda, por la proporción de los impuestos no pagados sobre la utilidad generada. Arrendadora Interfin, S. A. alquiló entonces las rotativas a La Nación en poco más de $80 mil mensuales.

De acuerdo con la Dirección de Tributación, ese fue “un medio idóneo de engaño dirigido a lesionar a la Hacienda Pública” que, a primera vista y según el informe de la DGT, mostraba un ocultamiento de ingresos por los cuales La Nación debió de haber pagado impuestos. Cabe resaltar que la maquinaria de la cual se habla en esta nota nunca abandonó las instalaciones de La Nación, ubicadas en Llorente de Tibás.

A 2002, el monto del perjuicio, según cálculos de la Dirección General de Tributación Directa (DGT), superaba los 450 millones de colones y a lo largo del tiempo han generado intereses, multas y un daño social calculado en más de 1900 millones de colones”.

La presunción de inocencia es un sagrado derecho constitucional que debe respetársele a todo el mundo en este país, ya sea persona física o persona jurídica. Nadie debe ser señalado como culpable, como criminal, si no hay de por medio una sentencia judicial en firme.

Es evidente que si en esta controversial disputa tributaria, al final del largo y sinuoso camino que está transitando y que no ha terminado, y que podría durar mucho tiempo más, si este grupo mediático-empresarial saliera condenado por robo de impuestos, resultaría un acontecimiento demoledor para su prestigio, para su credibilidad, aspectos de su quehacer sumamente reconocidos en amplios sectores ciudadanos.

Ello le restaría mucha autoridad ante el sistema político pues para nadie es un secreto que dentro del conjunto de factores del poder real en nuestra sociedad, La Nación tiene el propio. En este eventual escenario, resultaría mejor la conciliación para salvar el honor y seguir “jugando en las grandes ligas” de la política nacional.

Pero además, ¿cuáles otros consorcios corporativos podrían estar en la misma situación? En otra publicación del mencionado periódico electrónico, se habló de unos diez, cuyas deudas juntadas con el fisco rondarían los 5 mil millones de colones. ¿Habrá más?…

Nosotros discrepamos que en estos casos la conciliación sea la resolución final. Nosotros creemos en una especie de “santa cruzada” contra la evasión fiscal en todas sus formas. Institucionalizar la conciliación en estos casos y aún en otros de menor impacto, es enviar a los ladrones de impuestos un mensaje, en sentido figurado, como éste: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de los impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar, conciliaremos… nada más nos pagan la multa y ¡ya!”.

Es que es de tal calibre la suma anual de robo de impuestos que como sociedad debemos ser implacables. Hablamos de 5.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), ahora reconocido oficialmente. Según las proyecciones del programa monetario del Banco Central de Costa Rica (BCCR), un 1 % de PIB equivale a unos 265 mil millones de colones (265.000.000.000.oo). Nos quedamos cortos en nuestro propio cálculo que indicaba 250 mil millones de colones. Entonces, el robo de impuestos es de ¡un billón, 537 mil millones de colones! (1.537.000.000.000.oo). Semejante robo, semejante crimen social, solo merece la cárcel.

Con ese título, un grupo de buenos costarricenses encabezados por el Dr. Wálter Coto Molina, por nuestro afiliado a la ANEP y amigo, el Dr. Hugo Quesada Monge y otros compatriotas, han venido desde hace 12 años dando forma, contenido y divulgando el concepto y proyecto social PENSION-CONSUMO, en diferentes ámbitos nacionales.

En mayo de 2011, la ANEP recibió en su junta directiva nacional a don Wálter y a su equipo, quienes expusieron ampliamente este proyecto social, PENSIÓN-CONSUMO. Desde entonces hemos incorporado este proyecto en nuestra agenda social de trabajo, por cuanto coincide con la idea de política de inclusión social que la ANEP ha venido promoviendo en sus últimos 20 años. Queremos hoy, pues, llevar a la ciudadanía este mensaje e invitarle a apoyar las gestiones que de forma desprendida realiza este grupo de costarricenses.

PENSION-CONSUMO es la creación de un financiamiento para las pensiones, basado en el consumo a través de la derivación de una parte del impuesto de ventas, para que se constituya en una contribución social de ahorro para las pensiones; misma que vendría a sumarse, de manera complementaria, a otros financiamientos pero, a la vez, a completar la universalización de las pensiones con aquellas poblaciones que no tienen ni tendrán ninguna capacidad contributiva al Régimen IVM-CCSS.

Es una propuesta muy visionaria, novedosa, factible y necesaria, que vendría a colocar a Costa Rica a la delantera de la universalización de las pensiones en América Latina; al mismo tiempo que permitiría bajar el nivel de compromisos futuros del sistema de pensiones en su conjunto (incluido el IVM y el régimen no contributivo RNC).

Es decir, es un proyecto que, además de universalizar el derecho a la pensión, contribuirá a la sostenibilidad fiscal de largo plazo de las pensiones. Otra de las ventajas de este proyecto es que coloca a los ciudadanos como auditores del pago del impuesto de ventas, quienes velarán diariamente para que los recaudadores entreguen los impuestos al fisco. Detallamos un resumen del documento de presentación y motivación que sus promotores nos remitieron:

“En Costa Rica hay aproximadamente 145.000 personas mayores de 65 años que no tienen pensión, ni probablemente la tendrán con los sistemas actuales. Tenemos, además, 775.000 costarricenses que trabajan en la economía informal y que no cotizan. A esos miles de costarricenses adultos mayores, nadie les da trabajo, pocos reciben pensión del régimen no contributivo, que apenas llega al 35% de la población meta, y por tanto, la mayoría de ellos viven en pobreza, a expensas de la caridad o de la solidaridad de organizaciones y familiares. Además resultan claras la tendencias en Costa Rica de la disminución de la tasa de natalidad (1.76 por familia), y al mismo tiempo, del envejecimiento de la población, con las consecuencias que ambas tendencias tienen, por ejemplo, para el tema de las pensiones.

Por otra parte, el impuesto de ventas representa en Costa Rica, según datos del Ministerio de Hacienda, un 34% de los ingresos tributarios. Los ingresos por ese tributo esperados para el 2014 son de ¢1.268.000.000 millones de colones, es decir poco más de $2.500 millones de dólares. Empero, la evasión del impuesto ventas es, aproximadamente, un 30%, lo que representa una evasión de unos ¢ 380.000.00 millones de colones anuales, o sea, más de $760 millones de dólares.

La propuesta de Pensión-Consumo el instrumento, pretende resolver tres objetivos: la necesidad de universalizar el régimen de pensiones de vejez, mejorar la recaudación del impuesto de ventas, reduciendo la evasión y ejercer el control de la ciudadanía sobre el pago efectivo de ese tributo; ello sin que el Estado, patronos y trabajadores tengan que contribuir con suma alguna.

La idea está sustentada sobre un elemento innovador de financiamiento, que es el consumo, lo más universal que existe. Las cuentas individuales se nutren no del ahorro individual (miles y miles no pueden ahorrar), ni del presupuesto nacional; sino del consumo que realizan las personas, con mecanismos re-distributivos para los costarricenses de ingresos más pobres de la población, que por esa condición consumen menos.

Cada vez que el consumidor compra y paga un 13% (en Costa Rica) del impuesto de ventas, una fracción de un 3% de ese porcentaje, escalonado un 1% el primer año, el segundo un 2% y a partir del tercer año un 3%, se deposita en una cuenta individual en el sistema financiero, administrado por una operadora de pensiones, para crear una renta a su favor, que le permita recibir a partir de los 65 años una pensión, que sería complementaria para los que gozan de otros regímenes, o única para quienes no tienen otras rentas.

El sistema funciona operativamente con la tecnología que ya existe en el país, y con la introducción obligatoria de la factura electrónica, herramienta fundamental para mejorar la recaudación de los tributos.

Esta idea colocaría a Costa Rica en la vanguardia de crear un sistema de pensiones de vejez sobre la base del consumo. Sin lugar a dudas, sería espectacular el logro que a un niño y a una niña antes de nacer se le garantice que cuando sea persona adulta mayor, tendrá una pensión por el consumo que haya tenido durante su vida.

Además la propuesta tiene otros beneficios, entre ellos los siguientes: ataca la pobreza y redistribuye riqueza, crea un enorme ahorro nacional para emplear en el desarrollo, facilita el cruce de información para controlar el pago de la renta de los contribuyentes, crea cultura tributaria, formaliza y bancariza la economía, crea participación y control efectivo de los ciudadanos en el pago de los tributos”.

Invitamos e instamos al nuevo Gobierno que encabeza el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera; a los señores diputados y a las señoras diputadas, así como a los demás poderes, a apoyar el proyecto del proyecto de ley, expediente legislativo No. 18495 denominado “PROYECTO DE LEY DE PENSIÓN CONSUMO”, inserto ya en la corriente parlamentaria, y conformar una comisión interinstitucional de altísimo nivel que lo promueve y lo lleve adelante en este período gubernativo. Desde ANEP nos ponemos a sus órdenes.

Poco antes de ingresar a gestionar el Ministerio de Hacienda, don Helio Fallas Venegas (quien aparte de ministro de Estado en esta cartera, es el Primer Vicepresidente de la República), fue enfático en indicar que el problema fiscal número uno de nuestro país, es la evasión tributaria en sus más diversas manifestaciones.

Fue más puntual indicando que el robo de impuestos en el país anda por el orden de casi 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); 5.8 % para ser exactos.

Según los entendidos un punto porcentual de PIB podría estar equivaliendo en estos momentos a unos 250 mil millones de colones (en números: 250.000.000.000.oo).

Entonces, si el robo de impuestos anda ahorita en 6 % PIB, quienes evaden dejan de pagar 6 veces esa gigantesca cantidad: ¡Un billón quinientos mil millones de colones, al año! En cifras: 1.500.000.000.000.oo.

Sinceramente, no nos alcanza nuestra propia materia gris para imaginar semejante cantidad de plata que deja de llegar a las arcas públicas por todas esas formas de evasión fiscal y tributaria.

Realmente se podría afirmar que no se ocupa un solo impuesto más, pese a que hay que acometer la tarea histórica de una Transformación Tributaria Estructural en el país cuyo destino final es la plena progresividad fiscal.

Resulta interesante, en consecuencia, este planteamiento del nuevo gobierno en lo que respecta a la cuestión fiscal, señalando que es el robo de impuestos el problema central de la misma.

Podríamos estar en presencia de una variación de corte estratégico en el enfoque del déficit fiscal, desde la perspectiva del empleo público. Es decir, como siempre lo estuvimos señalando en administraciones anteriores, es una falacia culpar a las remuneraciones salariales que perciben quienes laboran para el sector público, del llevado y traído déficit fiscal; especialmente, cuando se ha satanizado una parte de las mismas conocidas como “pluses”.

Y esto es más llamativo todavía por cuanto el tema no fue incluido en los contenidos del mensaje presidencial del 8 de mayo anterior; como sí lo fue el tema del robo de impuestos en todas sus dimensiones.

Lo que correspondería ahora es que el Poder Ejecutivo “se arrolle las mangas” y con la buena voluntad colaborativa de organizaciones de la sociedad civil inspiradas en su quehacer porque nuestra patria retome la senda del bien común; proceda a la promoción de un proceso de política pública con sentido estratégico, intermediando el diálogo social, para combatir la evasión tributaria como nunca antes gobierno alguno lo hizo.

Las visiones ortodoxas, fundamentalistas, “clásicas”, de corte neoliberal, que han venido pretendiendo explicar el problema fiscal del país, a partir de estas premisas falsas de empleo y salarios; quedan completamente desacreditadas ante la contundente e incuestionable magnitud de la cifra de robo de impuestos en nuestro país.

Repetimos: ¡Un billón 500 mil millones de colones!, si consideramos que un punto porcentual de PIB, anda por los 250 mil millones de colones.

Y aunque ese punto porcentual PIB fuera menos de esta cifra, la cantidad de plata que se roban los ladrones de impuestos seguiría siendo espeluznante.

Se “aterran” los neoliberales de que el déficit fiscal del país llegue a la “trágica” cifra del 6 % PIB; sin embargo, lo que debería espantar es la cifra PIB de robo de impuestos. Y si el presente gobierno sigue este camino, es decir, convertir en política pública de corte estratégico el combate a la evasión de impuestos, debemos respaldarle.

Al acercarse las fijaciones de incremento salarial por costo de vida correspondientes al segundo semestre del presente año 2014; fijaciones que serán las primeras de la administración gubernativa del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, el tema del déficit fiscal emergerá como argumento central a considerar en esas fijaciones; tanto para las del sector Público (como es lógico suponer), como para las del sector Privado (salarios mínimos).

No puede ser sostenible la argumentación fiscalista del déficit para preservar un camino de deterioro del poder adquisitivo del salario para las personas trabajadoras del sector Público; si seguimos tolerando los siderales montos de evasión tributaria ya reconocidos, oficialmente, por el distinguido señor Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, que es lo mismo que decir ya reconocidos por el actual gobierno.

Ni el empleo público, ni las remuneraciones salariales de quienes laboran para el Estado, ni los satanizados pluses, son las causas del déficit fiscal. Este tiene su esencia, su fundamento central, su causa principal, en el robo de impuestos en todas sus formas, legales e ilegales.

Es con base en tal perspectiva que una serie de organizaciones sociales y sindicales venimos procurando un posicionamiento alternativo al tema del déficit fiscal, radicalmente distinto hasta el ahora dominante.

Por ello debemos insistir en la existencia de la propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, la cual contempla, a su vez, el reto de la formulación de un “Plan Nacional de Combate a la Evasión”.

Este “Plan Nacional de Combate a la Evasión” busca (entre otros objetivos), “identificar y analizar las modalidades más significativas del fraude fiscal, sus causas y sus efectos”. Además, “evaluar las normas legales disponibles para la prevención y el castigo del fraude, así como identificar las omisiones y debilidades que restan efectividad a la lucha contra la evasión”.

En Costa Rica el robo de impuestos debería ser un crimen social de tanta persecución y castigo como lo es en los Estados Unidos.

En una sociedad tan desigualdad como la nuestra, tenemos pendiente el relanzamiento de una serie de políticas públicas cuyo origen fue el bien común, la integración y la movilidad sociales. Esto requiere de recursos frescos y estos recursos frescos son los del robo de impuestos.

Recordamos que, en términos generales, la clase trabajadora (especialmente, la que tiene empleo formal y salario fijo), no roba impuestos. Si percibe un salario susceptible de aplicarle impuesto sobre la renta, éste se le rebaja de planilla. Y si se trata del impuesto sobre las ventas, hay que pagarlo en la caja, inmediatamente al momento de la compra. Por este “lado de la acera” entonces, no está el robo de impuestos. Es por el “otro”: el de las redes de poder de la corrupción; el de las mafias coludidas de malos costarricenses ubicados tanto en el sector público como en el privado; el de profesionales inescrupulosos que le dicen al cliente “¿cuánto quiere declarar este año?”… ¡Entrémosle al combate a la evasión tributaria!

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, recibió en su despacho a los representantes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), poderoso gremio corporativo-empresarial en cuyo seno se han integrado los mismos bancos del Estado que, en buena parte, comparten los “ideales” de los banqueros “naturales”: la máxima reproducción del capital posible sin consideraciones de orden social ni de integración y movilidad sociales.

Los banqueros de la ABC le “ofrecieron” al nuevo Gobierno, para empezar (porque podría ser más plata), ¡500 millones de dólares!: casi 300 mil millones de colones; poco más de un 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta gigantesca cantidad de dinero que le ofrecen prestar al Gobierno para que éste lleve a cabo sus buenas intenciones en materia de construcción de obra pública (como escuelas) y en reparación y restauración de diversa infraestructura vial; nos motiva para lanzar varias reflexiones e interrogantes:

Los banqueros han venido siendo objeto de grandes privilegios fiscales-tributarios en los últimos tiempos del fundamentalismo macroeconómico de sesgo neoliberal. Si tienen para prestar, “en dos toques” (como diría nuestro pueblo), 500 millones de dólares, o más; entonces; ¿de qué naturaleza ha sido el tratamiento fiscal-tributario para que se diera semejante acumulación de capital durante los gobiernos neoliberales del PLUSC?…

Hace un tiempo, el destacado economista de derecha, don Jorge Guardia Quirós, se dejó decir en su columna de opinión que gente de este gremio bancario “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”. (La Nación, 18 de noviembre de 2009).

Don Jorge Guardia no se anduvo con “pelos en la lengua” y dijo en aquel momento lo siguiente sobre este tipo de banqueros: “…lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta los intereses (8 %), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15 %, 25 % y hasta un 30%…”.

Para don Jorge Guardia Quirós estos banqueros “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Todo una vida hicieron plata exente por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”.

¡Imagínense ustedes! ¿Es esta la clase de banqueros que recibió en su despacho el Presidente? ¿Tanta plata acumulada como para ofrecer 500 millones de dólares, no representa una especie de acumulación de capital financiero-bancario de corte ilegítimo? ¿No ve usted en toda esta maraña de negocio bancario una base fundamental del alto endeudamiento salarial que vive la clase trabajadora, especialmente su sector medio? ¡Qué va! Gran cantidad de preguntas nos vienen a la mente si relacionamos la visita de los banqueros al Presidente de la República y las graves acusaciones del señor Guardia Quirós, gran conocedor de todas las movidas al interior del sector financiero nacional.

Es evidente que tal acumulación de capital generada por el negocio financiero-bancario de las entidades integradas en la ABC, son la contracara (o, por lo menos, una de las principales), del doloroso proceso de crecimiento de la desigualdad, de la precariedad laboral, del crecimiento del empleo informal y de la prevalencia de un sistema tributaria absolutamente injusto: el regresivo, el que hace pagar más, proporcionalmente hablando, al que gana menos. Evidentemente, cada vez se nota el carácter de desafío estratégico para la lucha social y popular que significa cambiar el sistema tributario costarricense.

Cabe preguntarse: ¿No habrá llegado la hora de “darle vuelta a la tortilla” y poner a los banqueros a tributar en proporción progresiva a sus abultados ingresos, capitales y nuevas posibilidades de negocio que representa un préstamo de tal magnitud?

Por otra parte, ¿cómo se ha de manejar semejante cantidad de plata en manos de una institucionalidad pública, como la de los consejos del MOPT, altamente cuestionada e impregnada de gran opacidad? En lo específico y en materia de construcciones, se abren las posibilidades de nuevos y enormes negocios de insospechados beneficios rentistas, a favor de varias y poderosas empresas constructoras privadas que han venido funcionando como una especie de cártel oligopólico en materia de construcción privada de infraestructura vial pública pagada con fondos públicos.

La dimensión del reto gubernamental para transparentar este aspecto, se agiganta enormemente ante la posibilidad del uso de esos 500 millones de dólares que le ofrece la ABC al gobierno del Presidente Solís Rivera, en un marco de una institucionalidad que no ha cambiado.

Finalmente, lo que debe ocurrir con una recuperación nacional del papel de la banca pública en un escenario de “cambio” como el que se nos viene indicando, debe ser una preocupación de todos los sectores políticos y sociales que vemos en el crecimiento de la desigualdad un grave problema de estabilidad democrática.

Al menos, en lo que a esta organización respecta, la tarea histórica es obligar a los bancos estatales a volver a sus postulados originales, los de la nacionalización bancaria de 1949, decretada con don José Figueres Ferrer (“Don Pepe”). Este podría ser uno de los ámbitos donde el “cambio” alcance a más gente, tanto como la enorme cantidad de ciudadanía que tiene confianza en la acción gubernativa del Presidente Solís Rivera.

¿No será que llegó el momento de que a la banca pública se le ordene dejar de andar con “malas juntas”? Además, es preciso saber cuánta plata de esos 500 millones de dólares los aportan los bancos del Estado; para, al menos en este ámbito, intentar averiguar por qué razón les ha estado “sobrando” tanta plata en medio de tanta desesperanza y sufrimiento social de grandes segmentos de compatriotas, especialmente la agobiada y estrujada clase media.

Al asumir el mando gubernativo del país, don Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, pronunció su mensaje inaugural, el pasado 8 de mayo, como es lo tradicional.

Dicho discurso está lleno de importantes contenidos que, compártanse a o no, en todo o en parte; da base para mucha comentarios desde diversos ángulos.

Desde la perspectiva laboral-social que impregna los escritos semanales de esta columna, haremos algunos pequeños comentarios.

Ya es de pleno consenso nacional que el proceso electoral pasado fue inédito de principio a fin, lleno de sorpresas. Y que al final del mismo, la tesis del “cambio” fue la que arrasó en las urnas electorales.

Nos convoca el nuevo mandatario a “contribuir, de forma creativa y permanente, a superar las contradicciones que han impedido que Costa Rica cambie de lugar, estancándola”.

Nos apunta el señor Presidente que “la principal de esas contradicciones es, sin duda, la producida por una economía sustentada en un modelo que genera crecimiento, pero que, al mismo tiempo y paradójicamente, concentra la riqueza en pocas manos, creando condiciones de desigualdad y pobreza ajenas a la visión de bienestar que por décadas orientó a las políticas públicas de nuestro país”.

Para quienes desde la lucha social hemos asumido, desde hace bastante tiempo, este asunto como un punto estratégico de nuestro accionar, resulta imposible dejar pasar desapercibido este contenido del mensaje presidencial del 8 de mayo.

En cuanto al llamado a “contribuir”, el señor Presidente conoce la voluntad al respecto de una importante cantidad de organizaciones sociales diversas (incluida las de la corriente sindical en la cual militamos), expresada en el documento “Manos a la obra: Por una Costa Rica inclusiva y solidaria”.

Ahora bien, que hay crecimiento por un lado y que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos, mucha gente y muchas entidades de la más diversa naturaleza, lo vienen diciendo también y desde hace tiempo.

Pero que lo diga el nuevo Presidente de la República en su mensaje inaugural, es como un indicativo de imperio para toda la política pública de su gobierno. Al menos, esa es nuestra interpretación.

Nosotros pensamos que ese desafío, desde una perspectiva sociolaboral, tiene diversos escenarios: el tributario, el del trabajo decente, el de la Caja, el del sector agrícola, el de la economía social solidaria, el del ambiente y la Ecología.

Para citar algunos de los más sensibles a fin de, por un lado, distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico; y, por otro, desacelerar (al menos), el proceso concentrador de riqueza, resaltamos lo siguiente.

Para el tributario, hay una sólida propuesta social: “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”. Varios y fuertes puntos de la misma, empatan con el mensaje presidencial de que “La nueva administración no dará tregua a la evasión tributaria en todas sus manifestaciones. Esto resulta obligado por razones tanto éticas como prácticas”.

Aunque en campaña el señor Presidente indicó que no le preocupaba vivir con un déficit del 6% PIB, según le aconsejaron varios de sus brillantes asesores; tal cifra en el mensaje presidencial se ve de otro modo: “…pone en grave riesgo la estabilidad de la Hacienda Pública. Esto obliga a todas las fuerzas políticas y sociales a actuar con absoluta responsabilidad”. Sí, hay que admitirlo. Hay razón para esta preocupación. Nosotros también la tenemos.

Es por ese sentido de la responsabilidad, señor Presidente, que se le ha puesto en sus manos la indicada propuesta “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”; precisamente porque hemos luchado contra la corriente económica hegemónica dominante que ha intentado subvertir las conciencias ciudadanas de que son las personas trabajadoras del sector Público, las culpables de tal déficit.

Abonamos a favor del señor Presidente que en este asunto fiscal se fijó en el “bosque” (el tamaño del robo de impuestos en todas sus formas); y no en el “árbol” (la satanización fundamentalista de los “pluses”).

Para lo de la CCSS, tiene él a su disposición, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”. Y aquí, también, el discurso presidencial resulta provocador para el aporte constructivo cuando afirma: “También resulta estratégico asegurar la estabilidad financiera y el mejoramiento de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, tarea prioritaria de esta nueva Administración”.

Dijo el señor Presidente que su elección representó un “clamor”; “…un clamor que no quiere dádivas, sino empleos decentes;…”. ¡Qué montón de cosas se pueden hacer en esto de empleos decentes que tanto se necesitan para atajar el crecimiento de la desigualdad.

La base de partida, señor Presidente, en este clamor por usted reconocido de que se demandan empleos decentes es ésta: Cambiar la dolorosa realidad de que solamente 4 de cada 10 trabajadores, obtiene respeto pleno en cuanto a los derechos laborales fundamentales consagrados en nuestra legislación.

El “cambio” aquí, señor Presidente, es abrir la posibilidad para que los otros 6, tengan respeto pleno a esos derechos. ¿La herramienta para ello?: ¡Quítele el veto a la Reforma Procesal Laboral!, tan maliciosa y perversamente impuesto por al gobierno anterior, cuya presidenta dijo sentirse “desahogada” al dejar el mando.

Pareciera que al mercado interno le ha de esperar mejor suerte en el gobierno que acaba de comenzar. A lo largo de los últimos años, serios especialistas en varias disciplinas nos indican que la economía costarricense, al compararla con un avión en vuelo, ha estado viajando con únicamente un motor encendido: el del mercado externo (la atracción de inversiones, algunas bastante controversiales por su casi ausencia de encadenamientos internos).

Pues bien, parece que ahora se encenderá el otro motor, el del mercado interno, a fin de que el avión estabilice su vuelo y no se estrelle en el precipicio de la irreversible desigualdad social total.

Esta aspiración presidencial empata con las propuestas diversas para una política de Estado en materia de Economía Social Solidaria y es un acierto darle rango ministerial a la misma.

Pero faltó algo esencial en el discurso presidencial. Sin plata, sin liquidez, no se puede comprar más que lo necesario (si se tiene suerte, por cierto, de tener un empleo formal).

Faltó posicionamiento sobre la política salarial del Gobierno acabado de iniciar; especialmente en materia de salarios mínimos, precariedad salarial y pauperización en la escala de los puestos públicos más bajos, afectados por el “enganche” salarial médico.

Ojalá se pudiera constatar que esta “ausencia de mención”, está bajo contenidos implícitos en otros ámbitos del discurso presidencial, relacionados con la política pública que se nos anuncia contra el crecimiento de la desigualdad.

Atinadamente el mensaje presidencial indicó: “Pasar de la democracia formal a la democracia real. Esa es la consigna de nuestro pueblo; ese, el espíritu de nuestros tiempos”. Reto “macro-mayúsculo”, decimos nosotros.

Si esa es la ruta estratégica, transitarla requerirá mucho apoyo social y mucho diálogo, pero con negociación efectiva y verificación de cumplimiento de acuerdos. Y si es en medio de una total y sincera transparencia, en lo que también fue enfático el mensaje presidencial, habrá gran éxito en la gestión gubernativa para beneficio del bien común. Ojalá sea así.

Mañana es 8 de mayo, un día especial para nosotros y la alegría que sentimos la queremos compartir con ustedes, las personas ciudadanas que semana a semana nos dan el inmenso honor de leernos aunque no compartan nuestro pensamiento.

Mañana llegamos a los 12 años de escribir, ininterrumpidamente, cada miércoles de todo este tiempo, esta columna. Honramos la memoria y evocamos a ese gran costarricense, don William Gómez Vargas, fundador-propietario de Diario Extra, quien nos otorgó tan inconmensurable honor de escribir para el periódico de mayor circulación, el más democrático y el más popular de nuestro país.

Expresamos nuestra gratitud a su actual gerente general de todo el Grupo Extra, la distinguida ciudadana doña Iary Gómez Quesada, hija de quien algún día habrá de ser declarado Benemérito de la Patria, por mantener la misma actitud de su padre, don William, en la interpretación correctamente ética y profesionalmente democrática de lo que significa la aplicación práctica, en el día a día, de ese Derecho Humano fundamental que es la Libertad de Expresión. Con base en este gran postulado que anima a Diario Extra (y a sus medios hermanos, La Prensa Libre, Extra TV 42 y Radio América), es que llegamos a los 12 años de escribir en este espacio.

Ahora entremos en materia. Honorable señor, don Luis Guillermo Solís Rivera: Mañana jueves 8 de mayo usted se juramentará como el nuevo Presidente de la República. Usted ya conoce este pensamiento, mismo que ahora compartimos (aunque sea algunas partes), con la honorable ciudadanía lectora de esta columna.(Mensaje completo en www.anep.cr)

Se lo expresamos a usted con motivo del evento de presentación de la Agenda Social al nuevo Gobierno de la República, realizado el pasado lunes 5 por parte del “Grupo de las 10 medidas y de la Economía Social Solidaria” propuesta denominada “Manos a la obra: Por una Costa Rica inclusiva y solidaria”.

Le indicamos que “Dos son las nobles finalidades que nos animan a quienes llevamos ya varios años en este caminar: 1) que nuestra amada Costa Rica recupere la senda del bien común, por un lado; y, 2) que se puedan impulsar diversas políticas públicas para, por lo menos, atajar el crecimiento de la desigualdad y desacelerar el violento crecimiento de la brecha entre ricos y pobres que está carcomiendo la institucionalidad republicana”.

Le hicimos la aclaración de que hace cuatro años, y para ser exactos el día 5 de marzo de 2010, la entonces en ese momento Presidenta electa, doña Laura Chinchilla Miranda, prácticamente a un mes de su elección, recibió de parte de una serie de organizaciones sindicales, serias y responsables como las nuestras, una propuesta de Diálogo Social con objetivos y contenidos en la misma dirección a la que en minutos se va a exponer en este evento.

Por supuesto y como es fácil concluir, la ya casi exmandataria mandó al cajón de la basura todo el esfuerzo de propuesta acumulado a ese momento.

Apuntamos que la corriente sindical en la cual nos inscribimos cree en el Diálogo Social, pero con Negociación Efectiva y con verificación de cumplimiento de acuerdos, señor Presidente electo. La propuesta “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”, aspira a no quedar en el cajón de la basura.

Le expresamos que “Ha sido muy difícil posicionar en el escenario nacional nuestro pensamiento sindical, tratando de ir liberándonos de esas satanizaciones de bipolaridad ideológica, basadas en el panfleto, la vagancia intelectual y la sequedad que deja en la interpretación de los fenómenos sociales, el atrincheramiento corporativista de sesgo gremial y egoísta”.

Además apuntamos que “Como organizaciones sindicales conformantes del “Grupo de las 10 medidas y de la Economía Social Solidaria”; hemos entendido que nuestras responsabilidades van más allá de lo que el Código de Trabajo y las leyes laborales le asignan a los sindicatos, lo cual, lógicamente, sigue siendo el pilar de nuestro quehacer del día a día”.

Fuimos sinceros al señalar que “Comprendimos que tenemos un fuerte entorno de exclusión social creciente y que, por tanto, la defensa de la institucionalidad pública para el bien común se volvió estratégica en nuestro accionar sindical para juntarnos, luchando pero proponiendo; con otras entidades que tienen otras bases jurídicas específicas y una cultura organizacional distinta a la nuestra”.

Estando usted presente, resaltamos que “Su elección, señor Presidente, como fenómeno político que es y en medio de un proceso electoral, sorpresivo e inédito de principio a fin; también se nutrió de un terreno abonado de lucha social sostenida por el pueblo costarricense y sus distintas organizaciones, incluidas los sindicatos; especialmente en los años más duros del ataque neoliberal contra la institucionalidad político-social y el Estado Social de Derecho que nos fuera heredado (décadas de los años 90 y del 2000). Tal ataque no ha terminado pese a la constatación del fracaso de las políticas neoliberales por todo el planeta”.

Sin arrogancias excluyentes y sin reclamar una representatividad absoluta que no tememos, le indicamos que “Hemos estado en la calle defendiendo las mejores herencias de los procesos político-sociales de los años 40 del siglo pasado (y más atrás todavía, defendiendo una herencia a partir de la magna obra silenciada del más grande de los presidentes de toda nuestra historia patria, don Juan Rafael Mora Porras, don “Juanito Mora”).

Junto a miles de compatriotas, también nosotros, “Hemos estado defendiendo lo mejor de la herencia de los procesos políticos liderados por extraordinarios ciudadanos como monseñor Víctor Manuel, Sanabria Martínez, don Rafael Ángel Calderón Guardia, don Manuel Mora Valverde, don José Figueres Ferrer (“Don Pepe”) entre otros. En las calles y con propuestas, señor Presidente y durante todos estos años, hemos estado defendiendo esa herencia”.

Estamos últimas referencias fue para expresarle que usted, señor Presidente, “ha pasado a un nuevo episodio de su vida, de enorme significado para miles y miles de compatriotas. Usted también ha sido conocedor pleno de estos esfuerzos y su sensibilidad de intelectual comprometido con las mismas causas, nos hizo contar con sus valiosos aportes en coyunturas, circunstancias y temas de este largo proceso de articulación multisectorial con propuesta social que hoy le presentamos”.

Le deseamos suerte, señor Presidente. Lo mismo para todas las personas por usted designadas para acompañarle en la gestión gubernativa al más alto nivel en el día a día.