Con ese título, un grupo de buenos costarricenses encabezados por el Dr. Wálter Coto Molina, por nuestro afiliado a la ANEP y amigo, el Dr. Hugo Quesada Monge y otros compatriotas, han venido desde hace 12 años dando forma, contenido y divulgando el concepto y proyecto social PENSION-CONSUMO, en diferentes ámbitos nacionales.
En mayo de 2011, la ANEP recibió en su junta directiva nacional a don Wálter y a su equipo, quienes expusieron ampliamente este proyecto social, PENSIÓN-CONSUMO. Desde entonces hemos incorporado este proyecto en nuestra agenda social de trabajo, por cuanto coincide con la idea de política de inclusión social que la ANEP ha venido promoviendo en sus últimos 20 años. Queremos hoy, pues, llevar a la ciudadanía este mensaje e invitarle a apoyar las gestiones que de forma desprendida realiza este grupo de costarricenses.
PENSION-CONSUMO es la creación de un financiamiento para las pensiones, basado en el consumo a través de la derivación de una parte del impuesto de ventas, para que se constituya en una contribución social de ahorro para las pensiones; misma que vendría a sumarse, de manera complementaria, a otros financiamientos pero, a la vez, a completar la universalización de las pensiones con aquellas poblaciones que no tienen ni tendrán ninguna capacidad contributiva al Régimen IVM-CCSS.
Es una propuesta muy visionaria, novedosa, factible y necesaria, que vendría a colocar a Costa Rica a la delantera de la universalización de las pensiones en América Latina; al mismo tiempo que permitiría bajar el nivel de compromisos futuros del sistema de pensiones en su conjunto (incluido el IVM y el régimen no contributivo RNC).
Es decir, es un proyecto que, además de universalizar el derecho a la pensión, contribuirá a la sostenibilidad fiscal de largo plazo de las pensiones. Otra de las ventajas de este proyecto es que coloca a los ciudadanos como auditores del pago del impuesto de ventas, quienes velarán diariamente para que los recaudadores entreguen los impuestos al fisco. Detallamos un resumen del documento de presentación y motivación que sus promotores nos remitieron:
“En Costa Rica hay aproximadamente 145.000 personas mayores de 65 años que no tienen pensión, ni probablemente la tendrán con los sistemas actuales. Tenemos, además, 775.000 costarricenses que trabajan en la economía informal y que no cotizan. A esos miles de costarricenses adultos mayores, nadie les da trabajo, pocos reciben pensión del régimen no contributivo, que apenas llega al 35% de la población meta, y por tanto, la mayoría de ellos viven en pobreza, a expensas de la caridad o de la solidaridad de organizaciones y familiares. Además resultan claras la tendencias en Costa Rica de la disminución de la tasa de natalidad (1.76 por familia), y al mismo tiempo, del envejecimiento de la población, con las consecuencias que ambas tendencias tienen, por ejemplo, para el tema de las pensiones.
Por otra parte, el impuesto de ventas representa en Costa Rica, según datos del Ministerio de Hacienda, un 34% de los ingresos tributarios. Los ingresos por ese tributo esperados para el 2014 son de ¢1.268.000.000 millones de colones, es decir poco más de $2.500 millones de dólares. Empero, la evasión del impuesto ventas es, aproximadamente, un 30%, lo que representa una evasión de unos ¢ 380.000.00 millones de colones anuales, o sea, más de $760 millones de dólares.
La propuesta de Pensión-Consumo el instrumento, pretende resolver tres objetivos: la necesidad de universalizar el régimen de pensiones de vejez, mejorar la recaudación del impuesto de ventas, reduciendo la evasión y ejercer el control de la ciudadanía sobre el pago efectivo de ese tributo; ello sin que el Estado, patronos y trabajadores tengan que contribuir con suma alguna.
La idea está sustentada sobre un elemento innovador de financiamiento, que es el consumo, lo más universal que existe. Las cuentas individuales se nutren no del ahorro individual (miles y miles no pueden ahorrar), ni del presupuesto nacional; sino del consumo que realizan las personas, con mecanismos re-distributivos para los costarricenses de ingresos más pobres de la población, que por esa condición consumen menos.
Cada vez que el consumidor compra y paga un 13% (en Costa Rica) del impuesto de ventas, una fracción de un 3% de ese porcentaje, escalonado un 1% el primer año, el segundo un 2% y a partir del tercer año un 3%, se deposita en una cuenta individual en el sistema financiero, administrado por una operadora de pensiones, para crear una renta a su favor, que le permita recibir a partir de los 65 años una pensión, que sería complementaria para los que gozan de otros regímenes, o única para quienes no tienen otras rentas.
El sistema funciona operativamente con la tecnología que ya existe en el país, y con la introducción obligatoria de la factura electrónica, herramienta fundamental para mejorar la recaudación de los tributos.
Esta idea colocaría a Costa Rica en la vanguardia de crear un sistema de pensiones de vejez sobre la base del consumo. Sin lugar a dudas, sería espectacular el logro que a un niño y a una niña antes de nacer se le garantice que cuando sea persona adulta mayor, tendrá una pensión por el consumo que haya tenido durante su vida.
Además la propuesta tiene otros beneficios, entre ellos los siguientes: ataca la pobreza y redistribuye riqueza, crea un enorme ahorro nacional para emplear en el desarrollo, facilita el cruce de información para controlar el pago de la renta de los contribuyentes, crea cultura tributaria, formaliza y bancariza la economía, crea participación y control efectivo de los ciudadanos en el pago de los tributos”.
Invitamos e instamos al nuevo Gobierno que encabeza el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera; a los señores diputados y a las señoras diputadas, así como a los demás poderes, a apoyar el proyecto del proyecto de ley, expediente legislativo No. 18495 denominado “PROYECTO DE LEY DE PENSIÓN CONSUMO”, inserto ya en la corriente parlamentaria, y conformar una comisión interinstitucional de altísimo nivel que lo promueve y lo lleve adelante en este período gubernativo. Desde ANEP nos ponemos a sus órdenes.
Victor dice:
Desde hace tiempo le he venido tomando el pulso a este proyecto, que considero excelente, pero pareciera que se ha quedado estancado en la Asamblea Legislativa, como otros muchos. Lo que si creo es que a lo mejor hasta podría permitir pensar en la viabilidad de bajar la edad para pensionarse, 65 años es demasiado. Suponiendo que una persona comience a trabajar a los 20 años, deberá cotizar durante 45 años, para “disfrutar” de su pensión a lo sumo la 3ra parte de los años que cotizó, o sea 15 años, considerando que la expectativa de vida en Costa Rica anda por unos 78 años en varones y 82 en las mujeres. Estas son las distorsiones odiosas en nuestros sistemas de pensiones. Si bien es cierto los afiliados al sistema de pensiones del Poder Judicial y de algunos bancos como el BCR cotizan un poco más que los del IVM, la desproporcionalidad es indignante, ya que mientras unos se pensionan a los 50 años de edad con 30 de cotizar, con el 100% de su salario, los del IVM lo tenemos que hacer con 65 de edad, más o menos 45 de cotizar, y con un 60% del salario, y amenazan con reducirlo aún más. Mientras unos se retiran a una excelente edad para iniciar o continuar proyectos, disfrutar de su familia, tener calidad de vida, etc., otros lo hacemos sólo para tratar de sobrevivir y esperar la muerte.