Categoría: Opinión

El señor Presidente electo de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha anunciado los primeros nombres de los y de las integrantes de su equipo de gobierno más “íntimo”, políticamente hablando. Es decir, las personas que dependerán directamente de él, en el día a día de su administración próxima a iniciarse.

Estas primeras 21 designaciones (13 hombres y 8 mujeres), nos permiten compartir con usted algunas conclusiones que sin presunción de verdad, se derivan desde la perspectiva con que miramos las cosas del país en nuestro diario quehacer.

Algunos de esos 21 rostros muestran personas que en una de las coyunturas sociopolíticas más dramáticas de la historia contemporánea del país, la del TLC con Estados Unidos, estuvieron en el “No” ó estuvieron en el “Sí”; otras caras de esas 21, no recordamos si tuvieron posición al respecto o no se supo cómo actuaron en ese entonces.

En todo caso, si lo que se pudiera colegir de estas 21 primeras designaciones que ha hecho el nuevo gobernante, es mandar un mensaje acerca de una especie de “reencuentro” en una sociedad que como la costarricense ha estado fragmentándose; entonces no habrá terreno ni espacio más claro para ese “reencuentro” que la conjunción de los más diversos esfuerzos multisectoriales, político-partidistas y sociales, que el del combate al crecimiento de la desigualdad en todas sus perniciosas manifestaciones.

Vea usted, además, si se fija bien, prácticamente esas primeras 21 personas que junto al Presidente electo serán la cabeza colectiva del ejecutivo del país para los próximos 4 años, pertenecen (de una u otra manera), a las capas medidas de la sociedad, a la clase media en sus diversos estratos pero clase media al fin.

Aquí se pudiera estar mandando otro mensaje que interpretaríamos como que el tema de la creciente desigualdad que nos aqueja será de alta prioridad; y que, por tanto, la política pública por venir en su amplitud interventora, tendría como guía la recuperación del bien común y el retorno del país al tránsito por la ruta de la equidad social; ya de por sí aspectos extractables de las promesas de campaña según los documentos que fueron emitidos por el partido del señor Solís Rivera.

Por otra parte, varias de esas primeras 21 designaciones de gabinete, abren potencialidades de exploración de diálogo social con negociación efectiva que hasta la fecha han resultado falsas, insustanciales y/o fracasadas.

La circunstancia de que el señor Melvin Jiménez Marín, obispo de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), sea el Ministro de la Presidencia, podría posibilitar la concreción de una serie de políticas públicas generadas desde una amplia gama de sectores sociales que él conoce muy bien; y que con él, en su calidad de máximo jerarca eclesial de la ILCO, vieron la luz en el ámbito de la propuesta alternativa al modelo neoliberal, en planteamientos-país como: “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, 2010; “Aportes para una nueva Cosa Rica inclusiva y solidaria”, 2006; y, “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, 2013.

La designación de don Helio Fallas Venegas, Segundo Vicepresidente de la República y ahora con el recargo de ser Ministro de Hacienda, abre posibilidades, también, de diálogo social con negociación efectiva, pues en palabras de él, “La evasión de impuestos es el principal problema fiscal del país”; tesis ésta que coincide con nuestras posiciones al respecto, formuladas ya desde hace bastante tiempo y que también están plasmadas en la más reciente producción social sobre el tema, con la propuesta (de la que formamos parte), “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.

Por ejemplo, la cifra del robo de impuestos en sus diversas formas citada en este documento, de un 5.8 % del PIB, es la misma, prácticamente hablando, que maneja el nuevo Ministro de Hacienda. Sin duda, un buen punto de vista compartido para un diálogo social al efecto.

La cartera de Trabajo y Seguridad Social representa un gigantesco desafío para su jerarca (que ya pasó por ella con otra bandera partidaria), don Víctor Morales Mora; desafío que se centra, fundamentalmente, en darle un rol preponderante y de fortalecimiento pues si, finalmente, la Reforma Procesal Laboral (RPL), surge a plenitud de la vida jurídica, gran tarea le espera a este ministerio, al potenciarse su rol guardián de la ley laboral. Por eso sería apropiado que el nuevo jerarca del MTSS hable sin ambages de su posición en cuanto a la RPL y de cómo incidirá para que su jefe, el ahora Presidente Electo, comprenda la importancia de quitarle el injusto veto que le interpusiera el gobierno saliente.

El señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, ha dejado pendiente para un segundo momento otras designaciones igual de relevantes, como por ejemplo: Caja, MAG y Justicia. En el primer caso, la propuesta social denominada “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, tuvo aportes del próximo primer mandatario, en su anterior rol de intelectual académico acompañante de sectores sociales con vocación propositiva; de manera que esperaríamos que la Caja la dirija alguien afín al pensamiento presidencial en la materia plasmado en tal documento.

En el caso del MAG, la esperanza es mayúscula, toda vez que se espera que la nueva jerarquía rectora del sector agropecuario que el Presidente electo ha de designar, responda a una relanzamiento de la producción para el mercado interno, bajo los preceptos de la soberanía y de la seguridad alimentarias.

La crisis del Sistema Penitenciario Nacional obliga a que en la jerarquía ministerial de la cartera de Justicia y Gracia se ponga a una persona con una gran capacidad de articular esfuerzos multisectoriales, tanto intra como extramuros carcelarios. Primero, para que la preocupación de la política pública de los últimos años, en el sentido de que a la población privada de libertad se le respeten, a plenitud, sus Derechos Humanos; también abra espacios de similar preocupación para los Derechos Humanos del personal penitenciario.

En segundo lugar, encontrar nuevos derroteros de abordaje criminológico intracarcelario en cuanto a los desafíos del reto delincuencial de nuevo tipo (como el del crimen organizado, el cibernético, el narcotráfico y los delitos derivados de la corrupción); con las consecuencias de una sociedad de exclusión, de desempleo y de desigualdad que lanza a muchos de sus ciudadanos a delinquir por hambre y por pobreza.

Esperaremos a la designación total global de las nuevas jerarquías del Poder Ejecutivo para una mejor comprensión de la propuesta de “cambio” que se le formulara al electorado; “cambio” que, obvio es, nada sistémico podría ser; sin embargo, el músculo obtenido en las urnas electorales de segunda ronda, da base para propiciar mucha cosa nueva en aras del bien común, de la justicia tributaria y de la inclusión y movilidad sociales.

Debemos felicitar a don Luis Guillermo Solís Rivera por su elección como el nuevo Presidente de la República, según una histórica votación a su favor en las urnas, durante el pasado domingo 6 de abril de 2014. Culmina así lo que muchos especialistas determinan como el proceso electoral más inédito, más atípico, más impactante desde la instauración de la Segunda República, en 1949. De sorpresa en sorpresa, así transcurrieron estas elecciones.

No hay duda de que la gran sorpresa, el fenómeno político más destacable es el ascenso sostenido hasta la primera magistratura del país, del señor Solís Rivera. Digamos que empezó de “lo menos, menos”; hasta alcanzar lo máximo que no era esperado.

Ya habrá tiempo para que esos mismos especialistas y otras personas que analizan estas circunstancias sociohistóricas, hagan sus planteamientos tratando de explicar cuáles fueron las situaciones que se conjuntaron para esta victoria electoral del indicado ciudadano; o lo que es su contracara, la derrota más estrepitosa de toda la historia del Partido Liberación Nacional (PLN).

Dentro de este conjunto de cosas que estarían por analizarse con más detalle y pausa, percibimos que la palabra, el concepto, o más “sofisticadamente”, la categoría sociopolítica de “Cambio”, empleada como eje central de la propaganda del señor Solís Rivera, caló profundamente en grandes segmentos ciudadanos más allá de las fronteras de su propio Partido Acción Ciudadana (PAC). Es más, la recolección de votos que captó la propuesta electoral ganadora, tiene procedencia multipartidista de casi todas las opciones que estuvieron en la papeleta presidencial original.

Ahora bien. Dos cosas parecen de atención inmediata. La naturaleza del “Cambio” que se promocionó por parte del señor Solís Rivera, es de tal calibre que las expectativas parecen ser demasiadas, en diversos aspectos y esperanzadoras para múltiples sectores; especialmente, en los de la “gente de abajo”, incluyendo esos sectores medios golpeados económicamente que se resisten a una mayor intensidad en su proceso de empobrecimiento paulatino y que, por ejemplo, presentan altísimos niveles de endeudamiento.

Es evidente que en este ámbito, el nuevo Gobierno deberá considerar cómo ha de responder a tal desafío.

La segunda cuestión tiene que ver con ese tipo de señales del “Cambio”, inmediato, que el nuevo mandatario puede enviar a través de sus primeras decisiones, luego de las 12 del día del próximo 8 de mayo. Aquí, con el debido respeto, puntualizamos algunas de esas señales del “Cambio” en lo concreto-inmediato que pudieran indicar que, en realidad, no se trató de un vano “slogan” publicitario “novedoso” para obtener el triunfo.

La semana pasada y en este mismo espacio, planteamos ámbitos de posible decisión de “Cambio”, pero son asuntos de mayor calado que ameritarían procesos complejos para que se pudieran concretar. Así que pueden haber otros cambios inmediatos que son de decisión directa del nuevo inquilino de la Casa Presidencial, mediando su intervención directa y/o orientando por medio de directrices, como por ejemplo los siguientes:

Que quienes van a integrar su gabinete directo, como ministros y ministras de Estado, hagan pública su situación individual-personal de ingresos: rentas, alquileres, acciones, propiedades, deudas, bonos de inversión, etc.; de forma tal que, en congruencia con uno de los pilares éticos que pregona el PAC, la ciudadanía pueda saber con cuánta plata cuenta cada jerarca al llegar al gobierno; y, luego lo difunda de nuevo cuando se tenga que ir del mismo por cualquier razón.

Esto es muy distinto a la declaración de bienes de ley que debe presentarse a la Contraloría General de la República (CGR), pues éstas son guardadas “bajo llave” y nadie tiene acceso a las mismas. ¡Transparencia total! Igual para otros cargos de alta jerarquía política como las presidencias ejecutivas.

Que se establezcan los tres turnos de atención por parte del personal médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en todos sus hospitales; de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a las 10 de la noche, y de 10 de la noche a las 6 de la mañana; con lo cual, por ejemplo, los quirófanos estarían funcionando las 24 horas. Con este sistema labora todo el personal de Enfermería de la Caja y, prácticamente, el resto del personal no médico de la institución que brinda atención directa al paciente. Se aumentarían las horas médicas para atender al pueblo; se reduciría la presa de cirugías y otras intervenciones médicas necesarias para una eficiente y eficaz atención de salud pública; amén de que se reduciría el monto por remuneraciones y guardias.

Los sistemas de reconocimiento por recargo no mermarían los ingresos salariales del personal que debería trabajar con la nueva modalidad.

Que se instale una comisión nacional de análisis de las exenciones y de las exoneraciones tributarias, todas las cuales andan en un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del propio Ministerio de Hacienda. En un plazo de seis meses se puede tener un informe para que se dé una reducción, que podría ser paulatina, de hasta 3 puntos de PIB. Así, las voces histéricas de corte neoliberal sobre el “apocalíptico” déficit fiscal, tendrían que inventarse otros argumentos para seguir con esta fijación macroeconómica patológica que padecen.

En esto del déficit, ¿por qué no abocarse a diseñar una nueva metodología del cálculo del mismo, integrando toda la totalidad del sector Público y no solo el Gobierno Central, con las excepciones de rigor y sin afectar grandes proyectos de infraestructura y similares? Aquí el Presidente puede integrar una comisión de gente especializada, afín a su pensamiento, que la hay en gran cantidad y calidad.

Que el nuevo Presidente retire el ingrato veto que la mandataria saliente le interpuso a la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico proyecto de ley que recibió en el parlamento por terminar, los dos debates constitucionales obligados y en ambos con lujosas mayorías. Por ejemplo, la oralidad que se introduciría en los procesos laborales judiciales abaratará los costos de los mismos para todas las partes: Poder Judicial, patronos y trabajadores; y éstos podrían recibir justicia más rápida y no esa tortura de hoy, de años y años, para recibir restauración de sus derechos laborales lesionados.

Como vemos, este es un “menú” de medidas de “Cambio” real, constatable, inmediato; medidas que la ciudadanía toda, hasta la abstencionista, le abonará como refuerzo de credibilidad presidencial; medidas que, además, tienen espacio para ser implementadas a partir del contundente mandato recibido en las urnas y que le dan el necesario músculo político para emitirlas desde la Casa Presidencial y desde el mismo 8 de mayo, luego del mediodía.

El Gobierno saliente, por boca de su Ministro de Planificación, don Roberto Gallardo Núñez, se ha “preocupado” mucho por analizar los programas de gobierno que le han presentado al electorado, los dos partidos que, finalmente, “se verán las caras” (así entrecomillado porque uno de los dos candidatos, dizque “tiró la toalla”), en segunda ronda electoral presidencial, este próximo domingo 6 de abril.

El Ministro Gallardo Núñez se ha esforzado muchísimo para indicar que entre ambas propuestas, “No hay diferencias dramáticas” (Diario Extra, martes 1 de abril de 2014, página 16, sección especial “Decisión 2014”).

Pareciera que el Ministro Gallardo actúa como el heraldo más “acreditado” para que la hegemonía del capital que controla la cosa política de nuestro país, no tenga nada de qué preocuparse con relación a quién saldrá electo presidente este domingo 6; especialmente, para esa parte de tal hegemonía, la del capital financiero-bancario neoliberal que es la que, realmente, tiene “la sartén por el mango” en las últimas administraciones. En síntesis, la esencia de tal mensaje es éste: ¡Hey, tranquilidad, tranquilidad!… Todo sigue igual”.

Con el pomposo nombre de “Sistematización del Programa de Gobierno”, Mideplan analizó los programas del PLN y del PAC, pero los tiene escondidos, sí, ¡escondidos! Al momento de escribir este artículo, ayer martes por la mañana, llamamos al despacho del Ministro Gallardo y ante nuestra solicitud de tener acceso a ambos documentos, se nos dijo: a) no están disponibles en físico, en papel; 2) se subirán a la página web de Mideplan, “un día de estos, tal vez antes de Semana Santa”.

Nos preguntamos, ¿para quién los preparó Mideplan?… ¿para varias de las más poderosas cámaras empresariales del país?… ¿para la embajadas gringa, china y/o de la Unión Europea? Porque, repetimos, la esencia de nuestro cuestionamiento: ¿a quién se quiso tranquilizar de que en las votaciones de segunda ronda del domingo venidero, “da lo mismo Juana que Chana”? (refrán popular para enfatizar en que “da lo mismo una u otra opción”).

Si el triunfador, como muchos lo auguran, es el señor Luis Guillermo Solís Rivera, ¡menuda tarea le espera! en el sentido de que su prédica de “cambio”, si bien no implicaría una ruptura sistémica estructural, deberá impulsar una serie de acciones en varios órdenes, de forma tal que el mencionado “cambio” pudiera ser percibido por la mayoría ciudadana en un mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida; en un salto cualitativo en contra de la corrupción (pública y privada); en decisiones políticas de alto calibre para mejorar la redistribución de la riqueza; en el desarrollo de reales mecanismos de participación ciudadana que no estén contaminados de la “seminaritis light”; y de que, efectivamente, esa hegemonía del capital, especialmente la del capital neoliberal, empiece a sentir que la intensidad de su control de la cosa política del país podría haber comenzado a transitar una pendiente en descenso.

Estamos absolutamente convencidos de que es tal férreo control que ejerce la hegemonía del capital, que algunas intenciones sanas de un eventual gobierno del señor Solís Rivera, para impulsar directrices, decretos y hasta legislación que apunte hacia la restauración del bien común como eje central de toda la política pública (y todavía más fuerte, hacia la integración y la movilidad sociales); deberá concitar un apoyo multisectorial desde la sociedad civil organizada de los grupos de la “gente de abajo”, porque será feroz la resistencia de esa hegemonía del capital, la de la “gente de arriba”… y si se da la circunstancia de que él, ya Presidente, decida enfrentar a la misma.

Varios escenarios de confrontación se avecinan si se trata de potenciar decisiones en esta línea, hacia “los y las de abajo”, que es la abrumadora mayoría y que es la que está sufriendo en carne propia la gravedad del problema más grande que nos dejan los tiempos de TLC’s, los gobiernos de la tecnocracia financiera del capital neoliberal, los dos últimos gobiernos neoliberales liberacionistas: el sistemático crecimiento de la desigualdad, el ensanchamiento de la brecha social, con sustanciales incrementos en violencia, corrupción, crimen organizado y narcotráfico.

Además, según esa hegemonía política dominante, se nos deja con un “altísimo” déficit fiscal cuya naturaleza “perversa” (según ellos), es culpa de las remuneraciones salariales de quienes laboran para el sector Público; convirtiendo a la clase trabajadora del Estado en una especie de “criminales sociales”, implantando en la sociedad una generalización injusta que iguala el miserable salario de un señor que vigila las instalaciones educativas públicas, con el de un alto gerente bancario-estatal.

Pueden ser varias las áreas sensibles para el desafío al status quo sistémico vigente, sobre el cual Mideplan afirma que nada tiene que temer el mismo, porque “no hay diferencias dramáticas” entre el PAC y el PLN.

Pese a lo que diga el Ministro Gallardo Núñez, si el señor Solís Rivera, de ganar la Presidencia, ¿se animará a impulsar una recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero?, como para que se perciba el “cambio”. ¿Se animará él a tomar decisiones para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario; mediando iniciativas presidenciales para el fomento productivo y comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos?… Esto sí sería “cambio”.

O, veamos este otro “cambio”: impulsar una legislación para un establecimiento gradual de la prohibición del ejercicio privado de la profesión médica en lo privado si, a la vez, se trabaja para la Caja. Otro “cambio” ¿Se propiciaría una legislación para que todas las intervenciones quirúrgicas en seres humanos, tanto las que se hacen en la Caja como en los hospitales privados, se tengan que registrar y acreditar ante, por ejemplo, el Ministerio de Salud?…

O, este otro elemento de “cambio”: Modificar la ley para que a los alquileres sólo se les aumente la inflación anual y no el 15 % como sucede ahora; o, la regulación de las tarjetas de crédito. O, también, un impuesto a las transacciones financieras cotidianas luego de cierto monto para no afectar a los sectores de la clase media, para “reducir” el llevado y traído déficit fiscal sin golpear más los servicios públicos sociales… Esto sí sería “cambio”.

No puede interpretarse nuestro comentario desde una perspectiva decisoria electoral personal. Por el contrario, es que la naturaleza de las tareas que implica haber convertido como eje central de campaña presidencial, el tema “cambio”, implica una serie de desafíos estratégicos que si, en verdad, habrá “cambio”, provocarán la furia de esos poderosísimos intereses del capital hegemónico en nuestra sociedad; mismos que son los culpables de la crisis más profunda de toda su historia del otrora socialdemócrata PLN. Esa furia necesita del debido contrapeso. He aquí la dimensión de la construcción del mismo… si es verdad que el domingo “habrá cambio”.

Las recientes manifestaciones de calle concretadas a partir de convocatorias estrictamente de carácter sindical (la del martes 25 de febrero y la del jueves 20 de marzo), nos permiten compartir con usted, respetabilísima persona lectora, los principales elementos inspiradores de la acción sindical en la cual creemos y practicamos; sin que por ello nos creamos dueños de la verdad, ni pretendamos imponer una visión totalitarista de la práctica organizacional en defensa de los derechos económico-sociales y político-ciudadanos de la clase trabajadora costarricense, especialmente. Somos una corriente sindical que ha venido construyéndose en el tiempo y que fijamos nuestra “fecha de nacimiento” luego de la caída del Muro de Berlín, pues impulsamos este tipo de sindicalismo desde el año 1990 a la fecha.

Una ciudadana trabajadora costarricense, Marielos Jiménez Araya, expresó este maravillo pensamiento inspirador: “El verdadero sindicalista es aquel hombre o mujer, cuya altura no está dada por su estatura física, sino por la dimensión de sus sueños; y sus horizontes no lo marcan las montañas sino la fe en sí mismos”. Era el año 1995 y ella laboraba en ese entonces para el Hospital Nacional Psiquiátrico. Desde que lo leímos por vez primera, siempre hemos tratado de tener presente este pensamiento en nuestra mente y corazón.

Nuestro ideal sindical fundamental está marcado por el contenido del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que fue proclamada con ocasión de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1948 y luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Tal artículo indica: “1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Nuestro ideal sindical fundamental está marcado por pensamientos provenientes, de corte filosófico-político, del Socialismo Científico, del Humanismo Cristiano (la Doctrina Social de la Iglesia Católica), así como de la Socialdemocracia clásica.

Nuestro ideal sindical fundamental, hoy en día, está marcado por el impacto que en nosotros ha generado, “redescubrir” la figura, el pensamiento y la acción del más importante Presidente de la República que Costa Rica ha tenido en toda su historia independiente hasta la fecha: don Juan Rafael Mora Porras, “don Juanito”. Soñamos que muchos trabajadores y muchas trabajadoras, especialmente dirigentes sindicales, tuvieran la extraordinaria oportunidad de redimensionar la obra de este ilustre costarricense, fusilado en 1860 por el equivalente hoy de lo que denominamos como “derecha neoliberal”.

El pensamiento de “don Juanito”, centrado en tres elementos fundamentales: Soberanía, Justicia Social y Paz, representan un alimento vivificador para una acción sindical que quisiera renovarse, relanzarse, relegitimarse; abandonando la vagancia intelectual que implica refugiarse en la consigna panfletoide de “derribar el modelo neoliberal”, sin decir cómo.

Nuestro ideal sindical está marcado por las motivadoras y ejemplarizantes vidas de costarricenses de antaño que nos legaron una tradición de lucha en pro del bien común, por la justicia social, por la integración y la movilidad sociales. A riesgo de cometer graves e imperdonables omisiones, citamos los legados eternos aunque olvidados y empolvados por la ideológica sistémica de la hegemonía política dominante, de ticos y ticas presentes por siempre: Félix Arcadio Montero Monge, Jorge Volio Jiménez, Manuel Mora Valverde, Monseñor Sanabria Martínez, Vicente Sáenz Llorente, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Luisa González Gutiérrez, Omar Dengo Guerrero, Carlos Luis Fallas Sibaja, Rodrigo Facio Brenes, José Figueres Ferrer… y el más reciente de todos en esta honrosísima lista: el periodista y empresario mediático don William Gómez Vargas. Por supuesto que hay más patricios y patricias, costarricenses insignes de tal calibre que lo mejor de sus ideas nutren un sindicalismo de clase, autóctono, que pueda permitir atraer no alejar.

Nuestro ideal sindical fundamental está marcado por un modesto planteamiento nuestro denominado “Sindicalismo Ciudadano”, mismo que nos dice que es “el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas integrantes de la organización sindical que se insertan en la vida social activa de sus comunidades”; “…a lo interno de sus diversas expresiones organizativas ya creadas (o fomentando su creación)”; para “la construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos imprescindibles para el bienestar colectivo”. A la vez, “incentivando, desde la perspectiva sindical, la acción ciudadana para mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales”; y, finalmente, “aportando así para la construcción de la nueva hegemonía política restauradora de la promoción del bien común como norma fundamental de la convivencia social”.

Nuestro ideal sindical fundamental está marcado por unos 15 años de lucha sostenida de los problemas nacionales bajo una óptica sindical-laboral, apelando a aportes intelectuales y junto a sectores organizados no sindicales de gran sensibilidad social y de diferentes procedencias político-ideológicas, pero centrados todos en la búsqueda y en la promoción de la movilidad y la integración sociales. Hablamos de una acción sindical propositiva y nos inspiramos en esfuerzos como: “Costa Rica: Hacia la Tercera República. Frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”; “Aportes para una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta “Crisol”); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; además, nuestros planteamientos en torno a la tesis de una Transformación Tributaria Estructural y la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Nuestro ideal sindical fundamental no nos lleva a alterar fotografías para fanfarronear con “manifestaciones multitudinarias” que nunca ocurrieron; nuestro ideal sindical fundamental no se genera en el “comité central” de partido político alguno; nuestro ideal sindical fundamental está nutrido de pensamiento latinoamericanista y no responde a “internacionales” de ninguna denominación, mucho menos a las sectario-dogmáticas que basan su accionar político-sindical en la injuria, en la calumnia y en la difamación; pretendiendo tener el “monopolio” de llamarse “sindicalismo clasista y combativo”, acartonado en una vieja “izquierda” de rancio corporativismo que le aleja de las mayorías ciudadanas.

Don Luis Guillermo Solís Rivera, candidato presidencial para la segunda ronda electoral por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha indicado que un déficit fiscal del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), no le asusta; como tampoco le parece el planteamiento fundamentalista de déficit cero según una de las más fuertes creencias del extremismo neoliberal. El señor Solís está en lo correcto, según nuestra propia perspectiva.

Este asunto del déficit es sumamente complejo y no debe verse como un asunto “´técnico”. Por el contrario, es profundamente ideológico según la perspectiva que se tenga desde un punto de vista de clase.

Por ejemplo, según el principal latifundio mediático del capital neoliberal, el déficit es culpa de los pluses salariales que devengan diversos sectores laborales de la Administración Pública; un “refrito” periodístico publicado la semana pasada y con evidentes intenciones de manipulación de la opinión pública, a lo cual se presta, lamentablemente, la propia Dirección General de Servicio Civil.

Los pluses en el sector Público tienen diversos orígenes y surgen, esencialmente, en el ambiente más tenso de las políticas de ajuste estructural en sus primeros momentos, cuando las fuertes restricciones en materia de incrementos salariales en el sector Público hizo difícil la retención de cerebros; hizo necesario implementarlos para labores de riesgo y peligro ante bajos salarios; e, incluso, para garantizar la transparencia en la gestión, como la prohibición y la dedicación exclusiva.

Otra cosa muy distinta es el tema del “enganche” de la ley salarial médica con relación a diversos puestos de la estructura salarial del Gobierno Central que estableció una fórmula matemática de orden salarial ascendente, a beneficio de un gremio en detrimento de otros. Pero esto es “harina de otro costal” y será tema de notoriedad pública próximamente.

De cara al criterio del señor Solís Rivera, es preciso puntualizar lo siguiente.

Vivir con déficit no es una cuestión apocalíptica, en primer lugar. Él lo acepta sin ambages. Segundo: los responsables del déficit no son los salarios de los empleados públicos, ni mucho menos, los pluses necesarios que tienen diversos sectores laborales estatales. Este segmento de la clase trabajadora asalariada no roba impuestos: si tiene un nivel salarial como para tributar renta, ésta le es rebajada de manera puntual del salario; y si se trata del impuesto sobre las ventas, éste se paga inmediatísimamente al momento de la compra. (Igual sucede, según sea el caso, de las personas trabajadoras asalariadas del sector Privado).

Tercero: Las causas del déficit andan por otro lado. Es la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: proporcionalmente hablando pagan más los que menos tienen (priva la regresividad en vez de lo que debería ser: la progresividad). Y los que más tienen, pagan menos (cuando pagan), amén de que es por este lado de la acera donde se dan las más escandalosas evasiones y elusiones tributarias. Cuarto: El sistema de exenciones y de exoneraciones actualmente vigente, amerita una intervención política de alto nivel y de fuerte decisión. Se calcula en casi un 6 % del PIB lo que el Estado deja de recaudar por tanta exención y por tanta exoneración. Este 6 % de PIB en esta materia, es igual al 6 % de déficit fiscal que violenta el catecismo neoliberal extremista; por tanto, si quieren “entrarle” duro al déficit fiscal, empiecen por aquí. Jamás será igual el 6 % de PIB por exenciones y por exoneraciones, a la suma de todas las dedicaciones exclusivas, de todas las prohibiciones, de todos los riesgos que, por ejemplo, se pagan a los empleados públicos del Gobierno Central.

Ahora bien, si don Luis Guillermo Solís Rivera está indicando que no le asusta un déficit fiscal del 6 %, necesariamente deberá colocar en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), a personas completamente afines a esta tesis. En primer lugar, el BCCR debe ser controlado desde la Casa Presidencial y no desde los grupos financieros-neoliberales de la bolsa de valores; y, en el caso del Ministerio de Hacienda, su orientación fundamental ha de ser el combate frontal a la evasión y a la elusión tributarias y no cómo eliminar los pluses salariales de los empleados públicos.

Además, deberá proponer cuáles exenciones y exoneraciones deberán ser eliminadas o redimensionadas para que el Estado tenga recursos frescos por el orden de, al menos, el 3 % de PIB, la mitad de lo que hoy en día representan tales privilegios fiscales (6 %).

Pensamos que la gritería del gran empresariado neoliberal por saber quién dirigirá el BCCR y/o el Ministerio de Hacienda, es un chantaje que no debe ser aceptado por el ciudadano Solís Rivera; y, por el contrario, debe repararse en que el cambio que quiere la gente es de tal magnitud que ni “los Lizano Fait”, ni “los de Paula Gutiérrez”, ni nada que huela a estos sectores, deben volver a controlar la política macroeconómica, fiscal, monetaria y hacendaria del país.

Debe el señor Solís Rivera tener presente que el principal reto que ha de enfrentar, de ganar la segunda ronda el próximo seis de abril, es demostrarle a las mayorías que el “cambio” es concreto.

Se trata de realizar una serie de nombramientos y de emisión de directrices en una misma dirección: enfrentar el primer problema nacional, cual es el crecimiento de la desigualdad.

La Presidenta Chinchilla terminará su mandato dejándonos esta deshonrosa distinción: Costa Rica ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto al crecimiento de la desigualdad.

El señor Solís Rivera tiene pleno conocimiento de que este desafío nacional de combatir el crecimiento de la desigualdad y empezar a revertirlo, ha sido formulado de manera sistemática por varios y relevantes sectores sociales organizados como la corriente sindical en la cual militamos.

La propuesta “Aportes para una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta “Crisol”), no le es desconocida a él. Como intelectual y académico solidario, él nos dio brillantes ideas al respecto, junto a otros destacados pensadores de diversa procedencia política.

La esencia de la propuesta “Crisol” (para solamente dar un ejemplo de varios esfuerzos propositivos de carácter alternativo al modelo neoliberal), es contraria, radicalmente hablando, a lo que piensan “los Lizano Fait”, “los de Paula Gutiérrez” y similares. Ésta ha de ser la primera “prueba de fuego” para el señor Solís Rivera, en caso de ganar el 6 de abril: Retomar el control político del Banco Central para ponerlo al servicio de políticas en pro del bien común. Señal crucial tanto como lo ha de ser la designación en el Ministerio de Hacienda.

Ambas entidades, Hacienda y Banco Central, son el corazón de lo que suelen llamar el “equipo económico” de un gobierno; y, en todos los gobiernos del alicaído bipartidismo tradicional de las últimas administraciones, los economistas neoliberales han tenido el control de cada “equipo económico”, desde 1984 a la fecha.

El país sigue conmocionándose, como nunca antes en un proceso electoral nacional. Hemos estado presenciando diversos episodios de una campaña para la designación del nuevo Presidente de la República y la nueva conformación del parlamento, nunca antes vistos. Creímos que, en tal sentido, las sorpresas habían terminado con el resultado de la primera ronda electoral. No fue así. Don Johnny Araya Monge, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), salió en carrera, “abandonó el barco”, dejó botado a sus militantes, “se quebró” (como lo indicó el titular de primera página de La Prensa Libre), y destapó la crisis interna que ya se veía venir al otrora partido socialdemócrata costarricense, fundado por esa figura legendaria de la historia patria, que fue “Don Pepe”.

Y ahora, la nueva sorpresa: La valiente denuncia que al país hizo el Grupo Extra (específicamente, el periódico de mayor circulación de Costa Rica, el Diario Extra y Extra TV 42), acerca de la circulación pública antes de las elecciones de segunda ronda, de ejemplares auténticos de las papeletas para las votaciones del 6 de abril, lo cual nos deja más que asombrados, indignados pero asustados. ¿Habrá más papeletas originales en la calle?… Bueno, este es un asunto realmente peligroso y que merece más análisis y planteamientos. Pero volvamos al tema original de nuestro comentario de hoy: Don Johnny “abandonó el barco”, porque la gente quiere cambio… Pero, ¿cuál cambio?

El pasado jueves 13 de febrero, el señor Luis Guillermo Solís Rivera, candidato presidencial de Partido Acción Ciudadana (PAC), recibió de parte de un grupo muy representativo de organizaciones sociales de diversa naturaleza, un serio planteamiento sobre el cambio de una serie de políticas públicas para hacer realidad “…una Costa Rica inclusiva y solidaria, capaz de retomar el camino de la igualación social y económica de sus habitantes”.

Así lo indica el documento “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”, entregado en las propias manos del señor Solís; señalándosele a él que “las brechas se han profundizado y se expresan despiadadamente en los diferentes ámbitos de la sociedad: en la exclusión social, en el sector productivo, en el ámbito laboral, en la discriminación de colectivos diversos, en la degradación ecológica, en el sistema educativo, el tributario, energético, del transporte, en la infraestructura y en los conflictos de interés de la CCSS, entre muchos otros ámbitos”.

Si el señor Solís llega a la Presidencia de la República (como pareciera que ha de ocurrir), el concepto “cambio” le ha de perseguir todos los días de su probable gestión gubernativa. En realidad, nosotros pensamos que el “cambio” no solamente es que salga el PLN para que entre el PAC al Poder Ejecutivo. No se trata de un “quítese usted porque voy yo”.

El “cambio” es de desafío transformador y de conmoción en algunas estructuras del poder hegemónico real en nuestra sociedad (comúnmente designado con el calificativo de neoliberal); poder que, por lo general, mueve sus hilos a la sombra de la institucionalidad para acomodar ésta a sus verdaderos intereses de acumulación desenfrenada a costas de bien común.

Por eso ha de resultar sumamente esclarecedor a quién pondría el señor Solís Rivera, de ganar la segunda ronda el próximo 6 de abril, dirigiendo instituciones claves para generar ese “cambio”, como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el COMEX, el MAG, la Caja, el ICE, el INS, el A y A, el MEIC, el MTSS y otras cuyas decisiones tienen gran impacto en las mayorías ciudadanas de nuestro país que, en esencia, es su clase trabajadora y las diferentes modalidades de la misma.

Es por eso que mediando un gran esfuerzo, sistemático y sumamente responsable, durante bastante tiempo de desarrollo en su formulación, la propuesta social “Manos a la Obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”, expresa un reto (en el sentido respetuoso del concepto), para que el probable nuevo gobernante y su equipo matriz en la conducción ejecutiva del país, lo asuma y lo discuta a través de la más oportuna vía que hay en la actualidad en una Costa Rica que no termina de conmocionarse por la situación política en desarrollo. Esa vía es la del Diálogo Social con Negociación Efectiva, más cumplimiento y verificación de acuerdos.

Para el conjunto de entidades firmantes del documento “Manos a la Obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”, el país “…exige que la definición, construcción y ejecución de la política pública no sólo sea transparente, sino que sea producto de un profundo diálogo social”. Desde tal perspectiva social, son cinco los ejes temáticos para iniciar una política basada en el diálogo social: Energía, CCSS, Fomento Productivo, Trabajo y Empleo Decente, y Reforma Fiscal (como el eje transversal).

En este caso de la Reforma Fiscal como eje transversal de esta propuesta, se pone como base de discusión el documento “Hacia una reforma fiscal para el Desarrollo y la Reactivación del Empleo”; destacándose que en este sensible y delicado tema, ya hubo una experiencia de diálogo social exitosa, la Ley de Contingencia Fiscal, en la Administración Pacheco de la Espriella.

La propuesta “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”, es tan solamente eso: una propuesta elaborada con base en un estudio sostenido de la realidad nacional y del tema de la desigualdad en sus distintas manifestaciones; pero con base en una visión intergremial e intersectorial del problema apuntado, generándose un esfuerzo de articulación desde la sociedad civil pocas veces visto en la historia reciente del país.

Importantes y sólidas cooperativas, sindicatos de renombre en la sociedad, históricas agrupaciones de productores agrícolas, con el apoyo de notables intelectuales, llevan ya varios años en unidad de pensamiento para el cambio urgente de una serie de políticas públicas para pasar a otras que estén inspiradas en la promoción del bien común y en iniciar la reversión del peligroso camino que nos han forzado a transitar: el de la desigualdad.

Como vemos, si don Johnny “salió en carrera” y “abandonó el barco”, explicando que la gente quiere un “cambio”, evidentemente que el reto de don Luis Guillermo se ha agigantado porque él tendría que demostrar que el “cambio” es real, palpable, constatable; cambio para el bien común, cambio para las mayorías.

La reciente muerte de un bebé recién nacido en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, nos ha conmovido profundamente por las circunstancias en que se dio, mismas que para el abogado del padre y de la madre de este niño, podrían ser catalogadas como “homicidio culposo”.

Se ha denunciado que tal fallecimiento ocurrió porque el profesional médico que estaba operando a ese bebé, de un problema cardíaco, habría abandonado, súbitamente, el quirófano del Hospital Nacional de Niños (hospital público), para irse, sin terminar esta intervención quirúrgica, a un quirófano de un hospital privado y operar, presuntamente, a otro niño con un padecimiento de apendicitis. Hay una investigación en desarrollo y hasta, seguramente, habrá un proceso penal. Las más recientes revelaciones indican que podría estarse dando una especie de acciones coordinadas internas para “tapar la torta”. ¡Esto no puede suceder!

Hemos venido sosteniendo que para el pueblo trabajador, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no solamente es la institución más querida, sino que es la vida misma, que es como el aire que respiramos. Sin ella no podríamos existir. Y dentro de la CCSS, el Hospital Nacional de Niños (HNN), es el más querido; es como su corazoncito, es casi que la parte fundamental del alma de la institucionalidad de nuestro sistema de Seguridad Social.

Por eso duele mucho lo que pasó y por eso queremos dejar pública nuestra más sincera muestra de solidaridad con el papá y con la mamá del bebé fallecido. Evidentemente, hablar de esto nos va a traer más problemas de los que ya tenemos que afrontar por nuestras posiciones que están rompiendo tabúes en un “mundillo” sindical aferradísimo, con honrosísimas excepciones, al corporativismo gremial más insensible. No importa. A final de cuentas no nos debemos a ningún partido político, ni tampoco somos rehenes mentales de trasnochados planteamientos ideológicos.

El caso en cuestión es una muestra fundamental de uno de los tres conflictos que carcomen a la Caja. En este caso, el choque entre el interés público del servicio de salud con el negocio privado de la misma para el lucro personal. Más específico, estamos de cara a un episodio de codicia médica que se llevó una vida no más naciendo. Este incidente no debe prestarse para generalizaciones, odiosas e injustas. Las glorias del Hospital Nacional de Niños tienen su base fundamental en la mayoría honesta de su cuerpo médico. El reconocimiento social es innegable y a él nos unimos.

Sin embargo, a raíz de este asunto y tratándose de una muerte asociada a un mal infantil cardíaco, hay algunas cosas que, en nuestro criterio, no se han ventilado, de manera pública, con más intensidad. Tiene que ver con lo que la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denominó “Atención a los problemas planteados sobre los resultados del Programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica que se desarrolla en el Hospital Nacional de Niños”; mediante un informe firmado por el MBa. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno de la Caja, fechado 24 de marzo de 2011 (AD-ASS-17558-2011), que fuera entregado a la Dra. Rosa Climent Martín, Gerente Médica en ese momento; así como al “famoso” fugaz político, el Dr. Rodolfo Hernández Gómez, Director General del Hospital Nacional de Niños. ¿Podría algún respetado o respetada profesional del periodismo interesarse en esto?; es decir, preguntarle a ambas autoridades que hicieron luego de este informe, precisamente generado a raíz de la alta mortalidad infantil que se ha estado presentando en el “Programa de Cirugía Cardiovascular” del HNN.

¿Y qué podrían decirnos desde la Defensoría de los Habitantes de la República con relación a este caso? Tan prestigiosa entidad emitió, con fecha lunes 7 de noviembre de 2011, el oficio No. 13112-2011-DHR, producto del expediente No. 81712-2011-SI; luego de que hiciera una investigación de oficio “…para analizar y determinar los motivos que median en el porcentaje de mortalidad por cirugías cardíacas y mortalidad quirúrgica de las y los pacientes menores de edad a los cuales se les diagnosticó y se les realizó una cirugía cardíaca (a corazón abierto o a corazón cerrado), en el 2009-2010, producto de una afectación por una cardiopatía congénita en el Hospital Nacional de Niños. La finalidad es concluir y recomendar aspectos técnicos y administrativos a considerar por la administración, para mejorar las condiciones de gestión en que se operan los niños y niñas en dicho Hospital”. Entre otras autoridades, este informe le fue dirigido a la señora Presidenta de la Caja, Ileana Balmaceda Arias; a la distinguida doctora Daisy Corrales Díaz, Ministra de Salud; y, al ya citado Dr. Rodolfo Hernández Gómez. ¿Qué paso luego de este informe? ¿Se podría generar alguna información periodística al respecto?

Al parecer, desde el exterior, ya habían sido detectados los problemas apuntados que señala, tanto el informe auditor aquí comentado, como lo que determinó la Defensoría en su investigación de oficio. Este documento, también nuestras manos, se denomina, en idioma inglés, “Cardiovascular Surgical Care at the National Children’s Hospital, “Dr. Carlos Sáenz Herrera”: Report of a working group from the University of Texas Southwstern Medical Center”/Children’s Medical Center; Dallas, Texas, USA.

A lo mejor, la dolorosa muerte del bebé que comentamos no guarda relación directa con el tema de “…los problemas planteados sobre los resultados del Programa de Cirugía Cardiovascular Pediátrica”, según el informe del auditor interno de la Caja; sin embargo, que estas situaciones no pasen “desapercibidas” debe ser un asunto de primerísimo orden para todos cuantos dependemos de la Caja para nuestra propia vida y la de nuestras familias.

Desde el espacio sindical en el cual desarrollamos nuestra lucha social, venimos planteando una serie de medidas para comenzar a ordenar la Caja. Hoy, con más firmeza que nunca, no solamente las encontramos válidas sino que imprescindibles, pese a la gritería corporativista de signo gremial (incluso alguna que juega de “revolucionaria”), intra y extramuros de la CCSS.

Hace tiempo que nos convencimos de que la Caja está secuestrada por poderosos grupos corporativos, internos y externos y que la tarea de liberarla es fundamental para nuestras propias vidas, las de la clase trabajadora fundamentalmente. Además, la Caja no es de los sindicatos… es del pueblo trabajador.

Una enorme cantidad, varios miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público se manifestaron en las calles capitalinas contra el más reciente decretazo salarial de la Administración Chinchilla Miranda, en lo que podría ser la última decisión de este tipo de su gestión gubernativa.

El decretazo del 0.43 % ha generado tal nivel de indignación en los sectores laborales bajos y medios, salarialmente hablando, de la Administración Pública que la protesta podría adquirir mayores dimensiones de las que se notaron el pasado martes 25 de febrero de 2014.

Desde nuestra perspectiva de lucha sindical y como parte de una de las principales organizaciones convocantes al evento del pasado martes 25, estamos en la obligación de indicarle, tanto a los empleados públicos como a las empleadas públicas que tienen un gran enojo e indignación por la situación planteada, así como a la opinión pública; que el tema de las remuneraciones salariales en el seno del Estado va más allá de lo mero reivindicativo para convertirse en un problema político ideológico.

La naturaleza del sistema tributario costarricense está en el centro de todo este problema. No puede la sociedad seguir ya no solamente tolerando un sistema tributario de carácter regresivo, sino que es fundamentalmente urgente propiciar variaciones estructurales para llevarlo a la progresividad.

Por eso llevamos bastante tiempo abordando este tema que hemos dado en llamar como “Transformación Tributaria Estructural”, contra viento y marea y asumiendo delicados riesgos hasta de integridad física.

Las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que no están integradas a la lógica hegemónica de la gestión del Estado en sus niveles de alta tecnocracia político-cupular, deben entender que tienen una tarea histórica por delante cual es, en esencia, impulsar esa Transformación Tributaria Estructural; misma que queda ya asociada a la preservación de sus propios empleos, más allá de la lucha salarial semestral o de corte gremial.

Y no se trata de que esa Transformación Tributaria Estructural sea para hacerle llegar al erario público más recursos para más salarios o para más pluses. Todo lo contrario. Es que hay una multiplicidad de servicios públicos, estratégicos y fundamentales para el bien común, en los cuales su único presupuesto es de la planilla; brindándose los mismos en crecientes condiciones de precariedad y de gran insatisfacción de la población usuaria de los mismos, por lo general, proveniente ésta de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Asumiendo grandes costos políticos dentro del conglomerado sindical nacional, nos ha tocado hacer evidente situaciones controversiales en este asunto de las remuneraciones estatales, como la cuestión de la ley salarial médica y su “enganche” con los salarios base de varios de los más importantes puestos del Gobierno central pero con más baja asignación salarial base: los policías, los guardas de escuelas y colegios, los técnicos en Salud, el personal de los CEN-CINAI, los cocineros de las cárceles; oficinistas, secretarias, choferes, agentes de seguridad, personal no médico y asistencial de la Caja, y otros de similar naturaleza.

También hemos estado insistiendo en conocer el listado de esos 1.600 puestos del Estado que tienen salarios de 5 millones de colones mensuales o más y hasta de 35 millones. Esta circunstancia debe ser producto de un caos salarial en la Administración Pública del Estado generado desde hace décadas y que ahora resulta difícil corregir.

Sin embargo, lo que sí es urgente corregir es, precisamente, el sentido de nuestra lucha en el campo salarial y en tiempo reciente: la precarización de las condiciones de empleo, de trabajo y de salarios en los puestos de menor asignación salarial de la estructura estatal, especialmente el Gobierno Central, entidades que aplican el sistema de Servicio Civil (“enganche” incluido) y las municipalidades.

Tenemos que recalcar los tres conceptos fundamentales que nos motivaron a convocar para la manifestación del martes pasado. Nosotros queremos que todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, especialmente quienes están en los niveles bajos y medios, salarialmente hablando, del aparato estatal interioricen lo siguiente: 1) Los empleados públicos no son los responsables del déficit fiscal. 2) Los salarios de los empleados públicos no son la causa del crecimiento de la desigualdad. 3) La afirmación de que los empleados públicos ganan el doble de lo que ganan sus homólogos en el sector privado, es malintencionadamente perversa y tiene una gran profundidad ideológica de corte neoliberal: homologar el sistema salarial costarricense entre ambos sectores pero hacia abajo. 4) En tal sentido, es de esperar aumentos por costo de vida en el sector Público cada vez más insuficientes e indignos, congelamiento salarial, salario único, reducciones salariales. Es importante que las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, que laboran para la sociedad, tengan plena claridad de lo que está en juego en manifestaciones como la del pasado martes y que se dispongan a involucrar a sus propias familias en la movilización que debe generar su propia autodefensa salarial, laboral, social y ciudadana.

Finalmente, el más grande desafío del sector laboral costarricense, integralmente concebido es el de la Transformación Tributaria Estructural para tener un sector Público revitalizado, con personal digna y decentemente pagado y con servicios públicos en condiciones de alta eficiencia, sólida eficacia y positiva oportunidad en su prestación. Del otro lado de la acera, la del gran capital y su latifundio mediático oficial, se quiere todo lo contrario. Evidentemente que este asunto de una Transformación Tributaria Estructural al ser político-ideológico tiene un fuerte contenido de conflicto de clases.

Como lo hemos venido señalando y en referencia a otros ámbitos sensibles de la política pública destinada a la promoción del bien común y de la inclusión social en la acongojante situación nacional del crecimiento de la desigualdad (el problema número 1 de nuestra realidad nacional actual); la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue estando asechada por poderosas fuerzas del poder económico dominante, ese que pese a las elecciones sigue teniendo el control del real poder político-hegemónico en el país. La primera privatización abierta y sin tapujos de los EBAIS entregados al consorcio empresarial-mercantil Unibe, no deja la menor duda de la envergadura de la amenaza contra institucionalidad pública de la Caja.

En la misma línea, la privatización del principal régimen de pensiones de Costa Rica, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja, tiene un lugar preferencial dentro de la agenda inmediata de ese gran poder.

Con diversa información en nuestras manos hemos venido constatando que la intencionalidad estratégica en el caso del IVM-CCSS es “convencernos”, especialmente a la clase trabajadora que cotiza para el mismo, de que éste está “quebrado”. Si esto resultara “técnicamente” demostrable, entonces será muy fácil de introducirle reformas de corte privatizador.

En tal sentido nos ha llamado poderosamente la atención la carta que ha firmado el señor M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe del Área Actuarial, de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social; oficio DAE-121-2014, fechado 13 de febrero de 2014, bajo el siguiente asunto: “Sobre la eventual contratación del oferente Eduardo Melinsky, para realizar la valuación actuarial externa del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS”.

Don Cristian Torres Jiménez se dirigió a la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la Caja; así como los jerarcas de la misma, licenciados José Luis Quesada Martínez, Gerente de Pensiones; Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero; Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico; y, Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno; para indicarles que “surgieron serias dudas acerca de uno de los oferentes, concretamente, del Dr. Eduardo Melinsky. Lo anterior luego de revisar y analizar el estudio actuarial que el Sr. Melinsky realizara del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. En un primer momento, las dudas fueron compartidas por la misma Supen, lo cual generó un primer criterio consensuado, de donde se desprendía que existían riesgos de contratar al oferente Eduardo Melinsky”.

Más adelante en la nota en mención leemos: “…, es mi deber externar y hacer de su conocimiento, sobre la existencia de un riesgo de que no se alcance el objetivo general de la licitación internacional que dio lugar a todo este proceso, cual era de contar con una valuación actuarial independiente del más alto nivel y de calidad, instrumento sobre el cual trabajó tanto la Caja como la Supen, de forma conjunta. La contratación del oferente Eduardo Melinsky, pareciera más bien un contratar por contratar, y no contratar porque resulte la mejor opción”.

En esto de la licitación internacional para saber cuál es la realidad del mayor sistema de pensiones del país, el IVM-CCSS, resalta el pleito entre la Caja y la Supen que se dio en el camino hacia la selección de la firma consultora del señor Eduardo Melinsky. Al principio, tanto la Caja como la Supen indicaron que contratarle a él para tal estudio era un “riesgo”; sin embargo, al final la Supen se desdijo pero la Dirección Actuarial de la Caja mantiene la tesis del “riesgo”. ¿Qué pasó?

En el ambiente latinoamericano donde se tratan temas de la Seguridad Social, a la firma del señor Melinsky se le vincula con organismos que internacionalmente promueven la privatización de la Seguridad Social; y, ahora en el caso costarricense, la Dirección Actuarial de la Caja duda de la objetividad con que tal firma realizó el estudio actuarial del fondo de pensiones del Poder Judicial a cual se le diagnosticó un estado “catastrófico”, partiendo de las proyecciones financieras del estudio que al mismo le practicó el señor Melinsky.

Para el jerarca de la Caja que firma la carta que venimos comentando, el estudio que hizo este señor sobre el fondo de pensiones del Poder Judicial “resulta totalmente irrazonable y genera serias distorsiones, tanto en los momentos críticos, como en el nivel en el cual, se supone, debe estar la prima de cotización para que el sistema sea sostenible”.

¿Qué está pasando? Lo primero que debería hacerse es parar esa licitación internacional y dejar el asunto en manos del nuevo gobierno, sea cual sea. Para nadie es un secreto que la Superintendencia de Pensiones (Supen), “se la tiene jurada” al sistema de pensiones IVM-CCSS y hace tiempo está en una especie de “santa cruzada” para desacreditarlo cada vez que puede, intentando sembrar una desconfianza sobre su sostenibilidad financiera futura, en el corto y en el mediano plazo.

Tanto ha avanzado la Supen en su afán privatizador del sistema de pensiones IVM-CCSS que ha forzado que se gasten varios millones de dólares para esa licitación internacional a fin de que se lleve a cabo esa “valuación actuarial externa del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS”.

Si la ideología del señor Melinsky es similar a la de la Supen y si ésta lo que quiere es que alguien “objetivo” le certifique de la “inminente quiebra” del sistema de pensiones IVM-CCSS; pues, entonces, nada resultaría más apropiado que sea la firma del señor Melinsky la que haga esa “valuación actuarial externa”; pese a que, como se ha indicado, existen serias dudas de la transparencia con que se hizo la valuación actuarial del fondo de Pensiones del Poder Judicial; tanto así como para que la propia Dirección Actuarial de la Caja le indique a sus máximas jerarquías que contratar a la firma del señor Melinsky es un “riesgo”.

Nosotros pensamos que ante la duda razonable que expresa el señor MSc. Cristian Torres Jiménez, en su calidad del Jefe del Área Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, no debe la actual Junta Directiva de la misma contratar al señor Melinsky. No se debe ceder a las presiones de la Supen cuyas intenciones de que se privatice el sistema de pensiones IVM-CCSS, pasan por desacreditarlo completamente ante la opinión pública del país y, en especial, ante la clase trabajadora cotizante del mismo. No se debe ceder a las presiones de la Supen, uno de los bastiones de la hegemonía política imperante en nuestro país, la del capital financiero-bancario de corte neoliberal. Con respeto pero con vehemencia y desde esta columna, solicitamos a la Junta Directiva de la Caja y a la Presidencia Ejecutiva de la misma, amplias explicaciones a la ciudadanía trabajadora cotizante del IVM-CCSS.