Categoría: Opinión

A las 11 horas con 11 minutos del pasado martes 3 de diciembre de 2010, enviamos, oficialmente y a nombre de la organización a la cual nos debemos y representamos, un correo electrónico dirigido al Ministerio de Comercio Exterior (Comex); solicitando información acerca de la participación de nuestro país, de las valoraciones político-comerciales que al respecto se han elaborado y acerca del estado actual de una eventual negociación-tramitación por parte de Costa Rica, de lo que se está conociendo como el “Acuerdo de Asociación Transpacífico” (TPP, por sus siglas en inglés: Trans-Pacific Partnership); pues éste consiste, a juicio de muchas entidades expertas del exterior, un pacto ultrasecreto (entre 12 países, inicialmente), que otorgaría a las grandes corporaciones un poder sin precedentes.

Tres días después de nuestra solicitud, concretamente el día viernes 6 de diciembre, el Comex nos respondió que requieren de “unos días adicionales a fin de recopilar la información solicitada, por lo que estaremos remitiéndole la respuesta en los primeros días de la próxima semana”.

Este comentario está escrito en la tarde del pasado lunes 9, sin que conozcamos el contenido la respuesta ofrecida que está por ser enviada en estos días. Lo que sorprende es que necesiten unos “días adicionales”, para “recopilar la información solicitada”, cuando se supone que dada la “sacrosanta competitividad” que el Comex defiende, los datos que estamos pidiendo con relación al TPP y Costa Rica, deben estar disponibles con solamente hacer un “clic” en la computadora.

Según el Comex, en el caso del TPP, “Costa Rica ha manifestado su interés de integrarse a este proceso por considerarlo un elemento estratégico para incrementar su competitividad, la integración regional y la participación en las cadenas globales de valor, elementos todos centrales de este acuerdo”.

Ahora bien, según las amistades sociopolíticas del exterior con las cuales nos relacionamos y que representan a prestigiosas entidades preocupadas por la igualdad social, por los Derechos Humanos, por la vida futura del planeta y de los seres que lo habitan, por la paz y por la Democracia; el TPP representa un peligro para todos estos valores humanistas.

Se están escribiendo cosas tan graves sobre el TPP tales como que ni el propio parlamento europeo conoce, en detalle, los contenidos de este acuerdo. De ahí, entre otros elementos, la preocupación e inquietud que tenemos.

Se está afirmando que con el TPP, las compañías transnacionales podrán usar un nuevo tipo de tribunales globales para demandar a nuestros gobiernos si éstos emiten leyes, decretos, reglamentos y normas que puedan hacer peligrar los beneficios empresariales, aunque de por medio esté la salud y la vida de las personas.

Se denuncia en este aspecto que con el TPP podríamos ver la irracionalidad de las irracionalidades: En aras de proteger la libertad de empresa, las compañías tabacaleras podrían demandar a los gobiernos si éstos en el dictado de sus normas de salud para combatir el fumado, amenazan los beneficios financieros que tales compañías esperaban recibir.

El TPP toca todos los ámbitos imaginables. Gracias a que Wikileaks ha filtrado documentación secreta del mismo, desde el etiquetado de los alimentos transgénicos hasta el derecho a una internet libre, van a estar controlados por la normativa del TPP.

Compilando más información sobre el TPP, la profunda opacidad y el más absoluto secreto que ha marcado su corta existencia, llevó a que, incluso, en el mismísimo congreso gringo, una inicial moción para tramitarlo vía “fast track” fue rechazada; habida cuenta de que tiene polémicos acuerdos de patentes y de derechos de autor que, al parecer, ni los mismos legisladores estadounidenses están dispuestos a aceptarlo.

Según se nos comentan en los textos que hemos recibido, el TPP limitaría el acceso a música, películas, libros y conocimiento en general; pues se desea aumentar el plazo de protección a 90 años, con lo que se tendrá que esperar muchísimo más tiempo que ahora para usar esos productos de la cultura sin pedir o pagar derechos de autor.

Esto es así porque el TPP endurece las normas de propiedad intelectual; amén de que se mete con el comercio electrónico, las empresas estatales, las telecomunicaciones y compras gubernamentales.

Una de las publicaciones consultadas para este comentario que usted lee, proviene del diario mexicano “La Jornada”, que goza de muy buen prestigio y credibilidad. Nos indica este medio que el TPP “es la más importante ofensiva que el capital transnacional ha emprendido en décadas en contra de la soberanía de las naciones y los derechos de los trabajadores, los ciudadanos y los consumidores”. (Artículo de Pedro Miguel, 13 de noviembre de 2013).

Dicho en otros términos, el TPP no será más que un “acuerdo de expansión del proteccionismo a las corporaciones”; y, específicamente, en el caso de los medicamentos, para las compañías farmacéuticas se vuelve más fácil la extensión de sus patentes por más años, “además de la capacidad de negar información de las mismas para la investigación científica en el desarrollo de nuevas medicinas”. Así leemos en otros de los documentos que nos fueran suministrados desde el exterior.

Nosotros somos del criterio (y esto es compartido por mucha gente en este país), de que el Comex es el “amo y señor” de la política comercial del país, independientemente de qué partido esté en el gobierno; por tanto, debemos estar muy atentos a lo que nos diga con base en la información solicitada.

Y, además, como el funcionamiento político-operativo del Comex en materia de tratados comerciales internacionales, es a nivel de una “república independiente”, o bien, a nivel de un “Estado dentro de un Estado”, razón de más para pedir el auxilio por esta vía de aquellas personas expertas en el tema de las relaciones comerciales internacionales pero que ostentan una visión crítica y patriótica, para que nos ayuden a difundir más la otra cara del tema TPP y Costa Rica, que no sea la del Comex.

En plena campaña electoral, ¡qué bueno sería que los candidatos presidenciales nos dijeran a quién pondrían en el despacho ministerial del Comex!; despacho éste desde donde se toman medidas sobre nuestras vidas y las de las generaciones futuras por parte de personas que no llegaron a esas delicadas posiciones de adoptar enormes decisiones sin que fueran electas como para considerar a la integralidad de la sociedad.

Hoy constatamos como los TLC’s de doña Anabelle y su “combo neoliberal”, nos tiene como nos tiene: con población trabajadora con trabajo esclavo; con casi un 62% de clase trabajadora con violaciones a sus derechos laborales básicos; con la desigualdad más profunda del último cuarto de siglo; con alto desempleo y precariedad salarial para las grandes mayorías trabajadoras; y lo más cruel y duro: casi un 10% de nuestros compatriotas con hambre. ¿Y ahora nos quieren imponer el TPP?… Realizaremos un esfuerzo para comentarles más sobre el tema en fechas próximas.

Aunque no creemos en las encuestas (la amarga experiencia vivida con ellas en el caso del “frauduréndum” sobre el TLC, en el 2007, nos enseñó a desconfiar del resultado que arroja ese instrumento), pareciera existir cierta coincidencia en estas mediciones de que la ciudadanía convocada para elegir al nuevo Presidente de la República, está dividida en tres pedazos.

El de quienes no votarán definitivamente y nada los moverá de esa posición; el de quienes lo están pensando y no tienen ninguna preferencia ahora y que se supone se van a decidir al final; y el de quienes sí ya están bien matriculados con un determinado candidato.

Dicho de otra forma, en estos momentos solamente una persona electora de cada tres, tiene candidato; las otras dos, no.

Dado el ámbito sociolaboral de nuestro desempeño cotidiano podemos afirmar que un gran desencanto con la cosa político-electoral ha ido cogiendo fuerza en la ciudadanía en estos últimos años, como para dar un aporte que explique el cuadro anterior.

No somos dueños de la verdad, no pretendemos sentar cátedra política y tampoco tenemos definido si vamos a ir a votar y si lo haremos, por quién lo haremos.

Ahora bien, considerando el gigantesco honor que significa escribir desde Diario Extra, sí queremos compartir con usted algunas reflexiones sobre todo esto.

Un gran segmento de nuestra ciudadanía sigue añorando aquella Costa Rica de la integración y de la movilidad social ascendente; aquella Costa Rica de grandes sectores medios en distintos estratos; aquella Costa Rica en la cual la vida parecía segura, de la cuna a la tumba: salud, educación, servicios sociales, fuerte desarrollo de la economía social, preocupación estratégica por la micro y la pequeña empresa, desarrollo vial exitoso y sin corruptelas, importancia al mercado interno, banca estatal para el desarrollo y la promoción social, seguros realmente solidarios, empresas públicas exitosas envidiadas en otros países, agricultores con buen nivel de vida, pueblos rurales emblemas de capas medidas, etc.; y, aunque siempre hubo pobres muy pobres y ricos muy ricos, lo real es que fuimos una exitosa sociedad de sectores y capas medias.

Dentro de este grupo pueden estar muchas personas que tienen 35 años o más; mismas que comprobaron la magnitud de lo que nos fue heredado por las generaciones anteriores y que ahora constatan que todo eso se nos está yendo como agua entre los dedos y parece que no lo podemos detener.

Otro gran segmento ciudadano desencantado es la población joven; la que no termina la secundaria, la que no puede ingresar a la universidad (ni a la pública ni a la privada); la que aun lográndolo y consiga graduarse, tiene grandes problemas para encontrar un empleo digno, algo más que un “call center”; la que es “ni-ni” (ni trabaja, ni estudia), por tanto, en grave riesgo de caer en la criminalidad, en la drogadicción y en las redes del narcotráfico.

Toda esta juventud está completamente intoxicada por la tentación del consumismo, la vida fácil y la lógica perversa del mercado neoliberal que estableció la dictadura psicosocial de que para ser alguien hay que tener y si no tenés no existís…

Pero, ¿cuándo empezó Costa Rica a desviarse del camino de la integración social que traía y que, relativamente, fue exitoso? En 1984, hace casi treinta años y, duélale a quien le duela, en un gobierno del Partido Liberación Nacional (PLN), siendo Presidente de la República, don Luis Alberto Monge Álvarez, cuando él trajo a Costa Rica el primer PAE (Programa de Ajuste Estructural).

Esto representó el “nacimiento” de la incidencia político-económica que luego se volvería hegemónica, la del neoliberalismo: privatización, concesiones corruptas, apertura comercial irrestricta, deterioro del agro nacional, relegamiento de la producción para el mercado interno, desnaturalización ideológica de la banca estatal, déficit fiscal, precarización de empleo, robo de impuestos y evasión tributaria descomunal, graves violaciones a los derechos laborales, concentración de la riqueza, corrupción desenfrenada, narco y crimen organizado asentándose en serio en el territorio nacional… Y, ¿adónde nos ha llevado todo esto?: A una Costa Rica en crecimiento acelerado de la desigualdad; a una Costa Rica donde hay trabajo “esclavo”; a una Costa Rica en ruta casi que irreversible hacia la polarización social agresiva desde la perspectiva de la concentración del ingreso…

Entonces, no ocupa mucho ejercicio intelectual ni grandes análisis políticos, explicarse la circunstancia de que el candidato presidencial oficialista esté en descenso en las encuestas, si éste no ha dado ninguna señal estratégica de que está dispuesto a romper con la herencia perversa que le dejó la traición de su partido a los ideales socialdemócratas reales y constructores de esa Costa Rica social; como tampoco es necesario quemar muchas neuronas, tratando de explicar las razones por las cuales una propuesta progresista u otras de similar naturaleza, pudieran estar concitando ilusión y esperanza, aunque no se tenga claro con qué gente se materializaría si ganara la elección venidera.

En uno o en otro caso, existe algún segmento de ese gran conglomerado electoral que está esperando más señales para definirse.

Nosotros hemos notado que si vamos a una elección “cerrada”, o bien, a una segunda ronda, hay que insistir en qué clase de personas, estas opciones electorales presuntamente ganadoras, van a poner en los cargos ministeriales y ejecutivos de mayor relevancia, para poner en práctica sus propuestas e ideas.

El electorado debería saber a qué se atiene votando por fulano o por sutano, según la clase de personas que éste elija para su gobierno, pero que lo digan con antelación al día de la elección.

Por otra parte, es repudiable la circunstancia de pensar que el electorado está compuesto por personas estúpidas, manipulables, tontas o imbéciles, como para intentar ganar votos descalificando al otro, con muletillas desgastadas, frases huecas, epítetos malintencionados o calificativos despectivos que no guardan relación alguna con la realidad nacional.

O bien, creyéndonos idiotas, reciclando la vulgar proposición de los 500 mil empleos que nos daría el famoso TLC con los Estados Unidos de América; algo cuya falsedad es de tal calibre como lo constata la cruel y dolorosa realidad de miles de compatriotas que no encuentran empleo alguno.

Todo esto es muy dado a emplear en los círculos neoliberales clásicos y en los de la hegemonía político-financiera en el poder; esa misma que llama “populista” a una propuesta de contenido integrador y social; o bien, que gusta “desclasar” a la población trabajadora asalariada, llamando a los trabajadores y trabajadoras, como “colaboradores”.

Como vemos, todavía faltan muchos días para la elección del 2 de febrero; falta mucho tiempo político y faltamos muchos por decidirnos.

Llamó mucho la atención un campo pagado publicado en este prestigioso Diario Extra (el más leído del país), el pasado martes 19 de noviembre de 2013, sobre el régimen de disponibilidad de los trabajadores y de las trabajadoras de lo que oficialmente se denomina la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, más conocida como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Hablamos de un espacio pagado que probablemente fue financiado con fondos provenientes de las arcas públicas asignadas a esta entidad.

Además, se podría suponer que el costo de esta publicación utilizó fondos que no fueron previstos para esos fines.

Se hace necesaria una respuesta laboral a la posición oficial de la CNE, para compartirla con usted por esta vía; toda vez que esta entidad es más que estratégica para el bienestar de toda la población del país, especialmente para sus sectores de mayor vulnerabilidad ante los embates de la naturaleza que estamos presenciando; y ante un pernicioso entorno de cambio climático que está generando enormes desastres y grandes tragedias humanas.

La prevención de los riesgos y la atención misma de las emergencias se tornan, actualmente, en cuestiones esenciales para la vida; por tanto, y tal como lo señala el titular de este comentario, nos preguntamos: ¿qué quieren hacer con la CNE?

En términos generales, el personal de la CNE es sumamente especializado, tanto técnica como profesionalmente. Incluso, desde el ámbito administrativo se despliegan una serie de funciones y de procedimientos que requieren de una particular acumulación de capacitación y de experiencia, para la mayor agilidad de gestión gerencial en los casos que ameritan de oportunísimas y más que eficaces intervenciones.

Hasta la llegada de la controversia que nos ocupa, entendíamos que la política pública del país, la decisión de la sociedad, estaba centrada en repotenciar todavía más, la función social de la CNE; en un entorno de degradación ecológica y, por tanto, de incremento en las posibilidades de mayores y más cantidad de riesgos de desastres naturales en contra de la vida humana.

Con base en esa decisión-país, quien aceptó brindar sus servicios para la CNE, en condición asalariada, también aceptó ceder, sino toda, gran parte de su vida personal y de su propia privacidad, para estar siempre expectante, siempre disponible ante cualquier eventualidad, en grado de prevención de riesgo o para la atención del mismo ya en desarrollo, en su fase de emergencia.

A cambio, la política pública decidió que ese sacrificio de vida personal, conocido en la terminología del régimen de empleo público, como Disponibilidad, tenía un valor salarial fijado en montos específicos según circunstancias ocupacionales y de intensidad en la respuesta ante la eventualidad.

El país, la sociedad, el pueblo, logró tener así a un conjunto de personas servidoras públicas de muchísima especialización, muchos de ellos y de ellas con una trayectoria de formación académica universitaria y técnica, en el ámbito de la particular naturaleza institucional de la CNE.

Ello generó un altísimo nivel de eficiencia, de eficacia y de oportunidad de respuesta en materia de emergencias y todo lo asociado a ellas.

Hemos recabado el aporte laboral desde una perspectiva sindical de toda esta problemática para compartirla con usted que nos hace el gran honor de leernos semana a semana.

Nosotros pensamos que se está cometiendo un grave error de la actual jerarquía político-institucional de la CNE; error que merece ser ventilado públicamente porque la sociedad debe saber a qué atenerse, de ahora en adelante, ante las eventualidades de los vaivenes de una naturaleza inestable que, en cualquier momento, nos puede pasar una alta factura.

Primero: Una fría decisión tecnocrática, de sesgo leguleyesco, ese que ha venido atrofiando la cosa pública llevando a extremos absurdos la “judicialización de la política”, ha determinado que los valores que se venían pagando al especializado personal de la CNE, ya no serán “x”, sino serán “y”.

Se desconoce la naturaleza de la “rigurosidad científica” y de la “excepcional metodología” que determinó que en vez 20%, ahora sea 10% y así sucesivamente. Caricaturizamos así la “magistral” decisión de política pública que determina bajar la intensidad expectante ante la inminencia del riesgo de tragedia natural del servidor público de la CNE; precisamente obligado a esa actitud expectante, de día y/o de noche, los 365 días del año.

Segundo: Es evidente la presencia de un sesgo fiscalista de reducir el monto de la planilla institucional de la CNE, modificando el decreto sobre pago de disponibilidad, acatando, muy probablemente, directrices hacendarias, a modo de ensayo de lo que vendrá: la reducción y/o eliminación del pago de disponibilidad a nivel de todo el sector Público.

No podemos dejar de fijarnos en este contexto fiscal, pese a que en algunos casos de jerarquía, les irá mejor ahora que antes en ese pago de disponibilidad.

Tercero: A nuestro juicio el otro elemento involucrado en esta discusión es más delicado todavía. Pensamos que es el inicio del cambio del carácter histórico-estratégico de la prestación de servicios por parte de la CNE, pasando de una intervención directa a una de corte “asesor”, asistencialista, de “segundo piso”.

Cuarto: Otra circunstancia no menos delicada que las anteriores, es la certificación, la constatación, la comprobación una vez más, de que nuestra clase tradicional gobernante y sus cuadros jerárquico-tecnocráticos, siguen potenciando la ingobernabilidad; en este caso, al deshonrar lo que se firma, al actuar con doble discurso y al accionar político en doble vía.

La legítima representación laboral de la CNE, constituida precisamente por servidores públicos y servidoras públicas de la misma con suficiente conocimiento de los desafíos institucionales, dada su larga trayectoria y su aquilato bagaje en esto de la prevención de los riesgos y la atención de emergencias; creyó que la vía del diálogo y de la negociación constituían el camino más acorde para enfrentar, de manera compartida, la actualización de la naturaleza de las responsabilidades de servicio público de la CNE en estos tiempos de cambio climático y de deterioro ecológico; siendo el tema de la disponibilidad tan sólo un punto de una agenda integral.

La sorpresa laboral fue constatar que, prácticamente, al mismo tiempo que se abría un espacio bipartito al respecto con la venia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en otro lado del mismo Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Presidencia, se daba el zarpazo fiscalista, reduccionista, oficinesco, improvisado y aventurero de iniciar el cambio de rumbo de la CNE hacia la atención y prevención de los riesgos por intermedio de un “segundo piso”, indirectamente; trasladándose la histórica responsabilidad de la política pública en esta materia a las propias comunidades, para abaratar costos de operación institucional de la CNE. Avisados quedamos que este conflicto laboral está en desarrollo.

Muy conmovidos estamos por la constatación objetiva e inobjetable de la naturaleza del estado actual de las cosas en este país, que en nada favorece la situación socioeconómica de las grandes mayorías del pueblo costarricense, especialmente su clase trabajadora.

Todo el mundo le da una gran credibilidad a los señalamientos que, año con año, viene haciendo el grupo de especialistas de alto nivel que conforman el proyecto “Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible”, el “think tank” tico por excelencia.

Estas personas se han ganado un gran prestigio y una legitimidad reconocida en las más diversas esferas de la convivencia nacional, por su auscultación profunda y de gran rigurosidad científico-académica, de varios de los aspectos de mayor relevancia y de más fuerte impacto en la vida de los y las habitantes de este país, en los tiempos que estamos viviendo.

Por decimonovena ocasión consecutiva han dado a conocer al país sus conclusiones centrales, su “Informe del Estado de la Nación” que, sin duda alguna, merece comentarse al máximo desde distintos ámbitos. En el caso nuestro lo haremos desde la perspectiva de la lucha social y sindical en la que estamos inmersos desde ya hace bastante tiempo.

En el plano de lo laboral debemos confesar nuestra estupefacción por dos datos impresionantes que nos arroja la XIX entrega del “Informe del Estado de la Nación”.

En la Costa Rica del siglo XXI, al 6.5% de su clase trabajadora se le irrespetan todos, absolutamente todos, los derechos laborales que consagra nuestra legislación en la materia.

Es decir, hay poco más de 107 mil personas a las que ni uno solo de los derechos laborales vigentes les son reconocidos, aplicados, respetados. Es decir, prácticamente, estos seres humanos están bajo una especie de trabajo “esclavo”, por más fuerte que suene esta frase. O dicho de otra manera, estas personas venden su fuerza de trabajo casi que por hambre, pues se les contrata en condiciones totalmente indignas por parte de patronos inescrupulosos.

En este ámbito de lo laboral, el otro dato que nos impresiona es el de que no llega al 40% la cantidad de personas trabajadoras asalariadas a las cuales se les respetan, plenamente, todos los derechos laborales que establece nuestro Código de Trabajo. Dicho a la inversa, tenemos un 60% de la masa obrera a la cual se le violenta, mínimamente, algún derecho.

En nuestro caso personalísimo, si finalmente decidimos ir a votar en febrero próximo, nos servirá para considerar a quién se lo daríamos, su conocimiento de los conceptos de Trabajo Decente que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la naturaleza objetiva, constatable, comprobable y verificable de que si llega al Gobierno se comprometerá seriamente al respecto. “¡Qué fe!”…

Esta dolorosa constatación de la naturaleza violenta de las relaciones obrero-patronales en la Costa Rica de hoy, nos conecta directamente con la realidad macrosocial que nos dice el indicado informe, en el plano de la desigualdad.

Como bien se sabe, son ya bastantes años de una denuncia sostenida de parte del conjunto de entidades sindicales y sociales a las cuales nos debemos en nuestro diario accionar, acerca de que el problema número uno de la sociedad costarricense actual es el crecimiento sostenido de la desigualdad.

De alguna manera, los fuertes señalamientos del décimonoveno Informe del Estado de la Nación en esto de la desigualdad representan un fortalecimiento de nuestra prédica al respecto de todo este tiempo atrás, amén de motivarnos para insistir en el punto.

Lo que más nos interesa en esta ocasión compartir con usted al respecto, es que al pueblo costarricense, los dominantes sectores neoliberales que todavía siguen controlando el poder real en nuestra sociedad de hoy, nos han metido el cuento de que la desigualdad es un problema “mundial”; y que, por tanto, debemos resignarnos a que los ricos sigan siendo más ricos aunque cada vez sean menos cantidad de gente; y que, por el contrario, que los pobres seamos más y más cada día y cada vez más pobres. Algo así como que “los y las de abajo” entendamos que esto de la concentración de la riqueza es “el estado natural de las cosas”.

La más notable virtud del Informe del Estado de la Nación que acaba de ser dado a conocer, es la de, magistralmente, resumirnos la situación actual del país, señalando 13 mitos sobre Costa Rica. Precisamente, el mito 5 dice que “La creciente desigualdad de ingresos en Costa Rica es producto de una tendencia mundial”. Pues este cuento se acabó. ¡Ya no nos tomen más el pelo!, señores de la clase dominante.

La realidad, a juicio del Informe del Estado de la Nación es que 18 países de Latinoamérica mejoraron la distribución del ingreso y bajaron la desigualdad, en comparación con los 20 años anteriores. Costa Rica, por el contrario, caminó en sentido inverso y es el único país de ese grupo en donde la desigualdad aumentó en los últimos 20 años.

Sencillamente, ¡increíble! Somos el país de la América Latina de mayor crecimiento de la desigualdad. Somos el país donde la velocidad de la concentración de la riqueza es mayor.

Y somos un país en el que la violación de los Derechos Humanos en el campo de los Derechos Laborales es cosa de todos los días.

Ahora se puede entender cuál es la naturaleza legítima de la protesta callejera y el engrandecimiento de nuestro concepto de la “Democracia de la Calle”.

La gente, la ciudadanía, el pueblo trabajador ha decidido que es en la calle donde se debe pelear la reversión de derechos que vive el país, enfrentar la involución social a la que nos conduce la codicia neoliberal desenfrenada y la corrupción desenfrenada con la institucionalidad pública.

Ésta se ha degenerado por las políticas neoliberales, ha perdido credibilidad y por eso un 47% de la ciudadanía no quiere ir a votar. Pareciera que va cogiendo más fuerza la calle que la urna.

El mismo XIX Informe del Estado de la Nación señaló que es tal el nivel de agravamiento de la conflictividad civil por la exclusión social, que en el actual gobierno de la presidenta Chinchilla Miranda, el promedio mensual de acciones de calle de todo tipo es de 68, cuando era de 32 unos diez años antes.

Imaginemos por un instante todo ese poder de la calle, actuando de manera concertada y con sentido estratégico: en lucha abierta y ciudadana contra la desigualdad, ¡cuánto lograríamos para el bien común!

Este es el gran reto: la construcción de un nuevo sujeto político a partir de las grandes diversidades que nos convocan en una sola dirección: el desafío al orden sistémico excluyente para el cambio social transformador.

Con mucha sinceridad y gracias al honroso privilegio de escribir en este medio de comunicación colectiva, Diario Extra, el de mayor circulación en el país en su ámbito de prensa escrita, dejamos constancia de un sincero reconocimiento y de una calurosa felicitación a todas y cada una de las personas trabajadoras y ciudadanas que el pasado lunes 11 de noviembre de 2013, se lanzaron a las calles en diferentes puntos de este país.

Quienes salieron a las calles han dejado constancia, nuevamente, de un sistemático malestar social por un estado de cosas que, sin duda alguna, ha sido impuesto a favor del bienestar de los pequeños grupos político-económicos y financieros detentadores del poder real en esta sociedad en los actuales momentos.

Esos grupos, por lo general, están detrás de las candidaturas presidenciales y diputadiles funcionalmente sistémicas para la perpetuación de ese estado de cosas excluyente de la justa distribución de los beneficios del crecimiento económico y de la riqueza generada por toda la sociedad. A esto es a lo que nosotros llamamos la hegemonía dominante, el poder actual, el de la minoría; o, más claro, “el de los de arriba”.

Éste tiene un profundo miedo ante la posibilidad de que otro poder, “el de los de abajo”, el de la mayoría, el de la gente, el de la ciudadanía, se articule con sentido estratégico y dé un zarpazo que le arrebate su actual hegemonía; misma que, pese a las distintas administraciones gubernativas de los últimos cuatrienios, sigue propiciando la concentración de la riqueza, potenciando la corrupción, entronizando el cinismo político y hasta creando condiciones para que el narcotráfico se asiente, definitivamente, en el país, como ya lo estamos viendo.

Es evidentemente claro que para abrir un sendero seguro para la instauración de una nueva hegemonía en la gestión político-estratégica del país, todavía son muchos los obstáculos a vencer. En especial, están los de carácter subjetivo. En este ámbito, la competencia por el protagonismo político-personalista y gremial-corporativo sigue teniendo un fuerte peso que juega a favor de la hegemonía dominante.

Por el contrario, el espacio para la articulación objetiva de la demanda social con carácter de construcción para un nuevo sujeto histórico, ofrece un importante “menú” político-social de agregación de luchas de un impensado potencial.

Tal ámbito de objetividad para la disputa por la instauración de otra hegemonía que desplace a la vigente, viene quedando en evidencia, paradójicamente, con investigaciones sociales a las cuales se les otorga prestigio y credibilidad por parte de esa hegemonía vigente.

La más reciente edición de la encuesta regional Latinobarómetro arroja cinco datos impresionantes para el caso costarricense: 1) solamente el 35% de la gente está satisfecha con el estado actual de las cosas que presenta nuestra democracia; 2) 85% de la población considera que en nuestro país la distribución de la riqueza es injusta; 3) 83% de la ciudadanía tica estima que no se gobierna para bien de todo el pueblo; 4) solamente un 15% de la gente estima que el país “progresa”; y 5) un 74% no tiene confianza en la presidenta Chinchilla ni en su gobierno.

Y aquí, en este último aspecto, la contundencia de que nadie cree en ella, está dada por otra entidad afín a la hegemonía dominante: la encuestadora CID-Gallup. Dice esta firma que en una escala de 1 a 10, en la cual el 10 es la máxima confianza, la mandataria Chinchilla apenas tiene un 1.5; es decir, prácticamente, cero confianza.

Los datos anteriores indican, sin duda alguna, la crisis que vive la hegemonía dominante. Es claro que ésta se encuentra en decadencia. Pero la hegemonía sustituta no se ve venir con plenitud de seguridad a pesar de varios episodios desafiantes generados desde la Calle, así en mayúscula, en los últimos veinte años.

Aún así, cuando se apela a la acción de la Calle para manifestar una molestia social que es creciente, pese a las dificultades de articulación y de organización, esa hegemonía dominante en decadencia reacciona con furia, se muestra amenazante y la prensa que le es afín descalifica, minimiza, ridiculiza, invisibiliza y confronta a las entidades convocantes de la protesta en la Calle.

Esta hegemonía dominante sabe que es cuestión de tiempo para que se le desplace, habida cuenta de que son ya varias las ocasiones en que la otra hegemonía, la que va a surgir, se avizora en el horizonte.

Cuando la desacreditada presidenta Chinchilla Miranda amenaza a los y a las manifestantes del pasado lunes, ella está siendo la voz física de la hegemonía dominante en decadencia que necesita intimidar para sentar algún “precedente ejemplarizante” que desestimule nuevas acciones de calle.

Pero vean ustedes la doble moral de esta señora: Sus “amigotes” de la Cámara Nacional de Autobuseros hicieron recientemente un bloqueo de calle, en la ruta 27, por una demanda que querían que les atendiera la Aresep. Ella no dijo esta boca es mía para criticarles, para amenazarles, para censurarles. Tampoco abrieron su boca sus lugartenientes ministros Carlos Roverssi Rojas, de “Comunicación” y Carlos Ricardo Benavides Jiménez, de Presidencia (por demás, el mejor amigo de los grandes empresarios bananeros y piñeros). Ninguno de los tres abrió la boca porque, precisamente, esos autobuseros y ellos mismos son parte de la hegemonía en decadencia pero, lamentablemente, todavía dominante.

Por cierto que esos empresarios autobuseros, que forman parte del minoritario segmento de “los de arriba”, no manejaron sus propias unidades en su protesta de calle y pusieron a sus explotados choferes a manejarlas, ilustres integrantes del mayoritario segmento de “los de abajo”.

Además es bueno que usted sepa que el ministro Roverssi Rojas le tuvo miedo a un debate en televisión, en vivo y con el suscrito, en el seno de un respetadísimo programa televisivo de análisis e investigación,“7 días” del periodista Rodolfo González), previsto para la noche del mismo día de la protesta. El señor Roverssi expresa así su pobreza argumental para defender un estado actual de las cosas que la mayoría ciudadana repudia pese a que ésta, todavía, en expresión estratégica de acción de calle, aún no muestra su potencial de cambio transformador. Y eso que en nuestro caso personalísimo no somos ninguna luminaria ni la “voz oficial” de esa nueva hegemonía en gestación, dado que desde este ámbito hay personas ciudadanas de impresionantes quilates intelectuales y de enormes atributos de lucha social como para despedazar mejor que este tipo de voces oficiales.

Ojalá podamos alcanzar estadios superiores de unidad ciudadana para la movilización estratégica con real y poderoso sentido transformador. Nuestros modestos esfuerzos seguirán apuntando en esta dirección.

El pasado lunes 4 de noviembre de 2013, una pequeña delegación de dirigentes sindicales de las agrupaciones Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hicimos una visita, en formato de mitín, a las “modernas” instalaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ubicadas en la exclusiva zona de Guachipelín de Escazú, ocupando parte de un gran edificio muy a tono con la lógica globalizadora neoliberal de los entornos de negocios, altamente cerrados y herméticos, con seguridad humana y tecnológica.

No habíamos tenido el “placer” de conocer el nuevo edificio de la Aresep (para darnos cuenta luego de que colinda, prácticamente, con las instalaciones, no menos “modernas”, de la Superintendencia de Telecomunicaciones Sutel).

Ambas entidades, de inobjetable carácter de servicio público, se ubican compartiendo espacio (globalizado) con entes de negocios financieros privados de altos quilates y en diversas manifestaciones. ¡Ay carajo!

Nuestra visita se dio en el marco del evento de calle que las mencionadas agrupaciones sindicales y otras entidades sociales, venimos convocando para este próximo lunes 11 de noviembre de 2013.

Como ya sabemos, hay un clamor generalizado de rechazo a la pretensión que la Aresep tramita, para que pasen a aumentar los recibos de luz de nuestras casas, en porcentajes del 11% o más; pues se tiene que reponer la astronómica cantidad de 65 mil millones de colones que los grandes consumidores de electricidad no quieren seguir pagando, dado que están pidiendo que les rebajen sus corporativos recibos de luz hasta en un 39%, pese a que ya vienen disfrutando de tarifas “preferenciales” desde hace bastante tiempo.

Según los entendidos en la materia y por esas tarifas “preferenciales”, proporcionalmente hablando, el kilovatio-hora que se nos cobra en el recibo de la luz, le sale más barato a uno de esos grandes consorcios corporativo-empresariales, que lo que vale para los vecinos de Hatillo o de otras populosas comunidades urbanas y rurales.

La visita a la Aresep, que inútilmente se pretendió que no la materializáramos al impedírsenos el acceso grupal, fue para dejar muestra cívica de esa gran molestia ciudadana que esperamos sea apoyada por usted.

Tomemos en cuenta que la desigualdad tiene muchas manifestaciones y dentro de éstas, la posibilidad de que el pueblo tenga acceso a los diversos servicios públicos, viene deteriorándose al punto de que, es bien cierto que en los hogares de la clase trabajadora, en el día a día, se generan controversias familiares para recudir el alto costo de la luz.

Discusiones por un bombillo que quedó encendido, por la ducha de agua caliente, por encender dos discos o solamente uno en vez de que usen los tres de la cocina a la vez, por la luz del corredor que quedó prendida, etc., etc.

Usted sabe de qué estamos hablando al mencionar estas circunstancias, pues hay preocupación constante de que no se gaste más en luz.

En verdad, la Aresep no debería estar en Guachipelín de Escazú, hoy por hoy una zona que refleja el crecimiento de la desigualdad en el país y donde personas y entidades adineradas han venido perfilando un estilo de vida que muestra el camino de la exclusión que el país viene transitando, por el proceso sistemático de concentración de la riqueza en desarrollo.

Tómese en cuenta que las decisiones de la Aresep producen serios impactos económicos y financieros en los hogares de toda la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, de ingresos medios y bajos y de cero ingresos.

Cuando la Aresep aumenta el agua, la luz, el pasaje de bus, los combustibles, golpea los bolsillos de la inmensa mayoría de la población, cuyos ingresos no crecen en proporciones reales como para no sentir impactos negativos en las finanzas hogareñas.

La Aresep debería estar en un lugar de fácil acceso a los sectores populares y a sus representantes civiles.

La han ubicado en un lugar de “high class”, como para que la gente pobre desista de ir hasta su sede y acepte dócilmente los aumentos de tarifas que la Aresep continuamente nos receta.

La visita que realizamos a la Aresep se concibe dentro del concepto de la Democracia de la Calle. Hoy por hoy, ante el descrédito ciudadano creciente por una institucionalidad pervertida debido a las políticas de ataque a las mayorías, la Calle, así en mayúscula, viene a ser un escenario más que perfecto y legítimo para encontrar alternativas democráticas de participación ciudadana activa en pro de la recuperación estratégica de la cosa pública para el bien común.

Este lunes 11 de noviembre, no importa que en la Calle estemos diez, que estemos cien, que estemos mil, que estemos diez mil… En la Calle nos hemos sentir en una verdadera audiencia pública de cara a la Aresep y su lejanía, física e institucional, del sentir del pueblo; más que exhausto por lo cara que está la luz y otros servicios públicos que la Aresep “regula” (más bien, aumenta) todo el tiempo.

En este caso de las tarifas de luz que nos quieren subir, tenemos este lunes 11 nuestra propia audiencia, la audiencia de la Calle, para que la Aresep nos escuche allá, desde el Olimpo de su ubicación selecta.

Qué qué?… ¿Que me van aumentar la luz en un 11%? Efectivamente. En nuestras casas, el recibo de luz aumentará un 11% o más, porque tendremos que reponer la plata que dejarán de pagar los grandes consorcios empresariales y corporativos, nacionales y transnacionales, que quieren una rebaja en el precio de la electricidad que consumen.

Esta situación es tan grave que la Defensoría de los Habitantes de la República, ha actuado con gran diligencia y la está pidiendo a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las explicaciones del caso.

La Defensoría atendió así una petición formulada por el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), y por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Dejamos constancia pública de nuestro reconocimiento y agradecimiento para la señora Defensora, doña Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, por la respuesta tan rápida que hizo a la petición del FIT-ICE y de la ANEP.

En la Defensoría se tiene plena conciencia de que, desafortunadamente, estos son tiempos de desigualdad en el país y que si la luz en los hogares de la clase trabajadora sube en un 11% o más; habrá más estrechez económica, más discusiones intrafamiliares por el alto precio de la electricidad, más empobrecimiento y menos plata para pagar la comedera, ya de por sí también cara.

La señora Defensora reconoce que actualmente la tarifa eléctrica residencial está muy elevada; mientras que las grandes “empresotas” que quieren esa rebaja, ya vienen disfrutando, de por sí, de tarifas “diferenciadas”; proporcionalmente más baratas que las que nos cobran en nuestras casas.

Es por ello que estas dos agrupaciones laborales, FIT-ICE y ANEP, junto a otro grupo importante de organizaciones sindicales y sociales, estamos llamando a una Gran Acción Ciudadana de Calle, una gran manifestación, un paro laboral, una huelga, para el próximo lunes 11 de noviembre. ¡¡¡Salgamos a las calles!!!

La Defensoría es tajante y denuncia que la Aresep, en los últimos 15 años, “…ha estado poniendo en práctica procesos de rebalanceo tarifario eliminación de subsidios sin noticia previa, oficiosamente y creando un entorno de inseguridad jurídica”.

En palabras nuestras, la Aresep, prácticamente, ha aumentado la tarifa de luz de nuestras casas, a escondidas, a nuestras espaldas.

El “rebalanceo tarifario” es un proceso que ha venido eliminando los subsidios cruzados de las tarifas de luz que han venido pagando los diferentes sectores.

Por ejemplo, el comercial y el industrial han venido pagando más para que el residencial (nuestras casas), pague menos.

Esto es lo que han venido quitando, poco a poco; pero, ahora, vendría el golpe final, con la pretensión de lo que se llama la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (Acograce), para que lo que a ellos les rebajen (hasta un 30% menos de lo que pagan ahora), lo repongamos nosotros, lo cual haría que nuestro recibo de la luz subiría hasta en un 11%, sino más. Igualmente, se trepará el valor de la electricidad para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. ¡Esto es inadmisible!

La Defensoría le indica a la Aresep que es necesario “que las políticas públicas en materia de regulación incorporen el principio de solidaridad, en especial, en el suministro de servicios públicos esenciales como es el caso de la electricidad, entre otros”.

Desde nuestra perspectiva, la Aresep favorece al gran empresariado y tiembla cuando éste le “jala las orejas”, por no acceder a sus peticiones.

Si no, fíjense ustedes en la más reciente protesta de los dueños de buses, realizada “en las narices” de la Aresep y ésta, “en dos toques”, aflojó.

Por el contrario, la actitud de la Defensoría es de un gran corte humanista, al indicarle a la Aresep que la propuesta de rebaja que formulan los grandes consumidores de luz, supone “un peligro para el modelo solidario puesto en práctica por el ICE desde varias décadas atrás y también si no se efectuara el incremento en las otras tarifas se afectarían los recursos disponibles para inversiones lo cual puede ocasionar un colapso del sistema eléctrico nacional”.

Es decir, que si esa rebaja se da, obligadamente, en nuestras casas tendrán que subirnos el recibo de la luz; pues la plata que dejarán de pagar los “grandotes” (unos ¡65 mil millones de colones!), debe reponerse pues si no se repone, se vendrá abajo el sistema eléctrico del país…

El ICE tendrá que “sacarnos” del bolsillo, 39 mil millones de colones. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, deberá reponer unos 15 mil millones.

Las empresas públicas distribuidoras de electricidad, como Jasec y ESPH, junto a las cooperativas eléctricas, el resto, para un gran total a reponer de, ¡65 mil millones de colones!

Definitivamente, ¡vámonos a la calle, a manifestarnos cívica y pacíficamente, el próximo lunes 11 de noviembre!

Ya venció el término de ley para la inscripción de las candidaturas presidenciales correspondientes a las elecciones de febrero entrante. Todavía no tenemos claro cuántos serán los rostros que, definitivamente, aparecerán en la respectiva papeleta. No menos de diez, creemos. Ellos, todos varones, ya están pidiendo nuestro voto.

Además, en cada caso ya escogieron a las personas que les acompañarán en la “fórmula” presidencial: las candidaturas de la primera y segunda vicepresidencias. El “star system” de nuestro sistema político-electoral empieza a mostrar todo su “brillo”. Pero aquí algo hace falta. Como vamos a ser deslumbrados por los “spots” televisivos, por las cuñas radiales, por las visitas a mercados, ferias, parques y comunidades, algo está haciendo falta en nuestra fauna política de la época electoral. Bueno, eso pensamos nosotros.

¿Los programas de Gobierno? ¡Claro! Esto es importante. Pero como el papel aguanta lo que le pongan, muchos pensamos que esto es “pura paja”. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces la gente ha sido estafada, políticamente hablando, en este tipo de procesos electorales. En campaña se dice una cosa… En el Gobierno se hace otra. Este es el pensamiento generalizado entre la “gente de abajo”. La verdad es que es cierto.

Pero veamos, ¿a quién le damos el voto? Si ya sabemos quiénes se están candidateando; si ya sabemos que llevan a “fulanito” y a “sutanita” en las candidaturas vicepresidenciales; y si ya sabemos que los programas de Gobierno son, pura y simplemente, papeles; entonces, ¿será esto suficiente (si hay intención real de votar), para decidirse por una de estas “fórmulas”? ¿Será suficiente con los bonitos mensajes de campaña, las sonrisas de presentadora de televisión, los apretones de mano y las caricias a los chiquitos?

Algunos “malamansados” (empleando sin autorización un concepto comunicacional de estimables amigos nuestros), no nos conformamos con toda esa “carajada” para decidirnos a votar por alguien… si es que, en verdad, hemos de ir a las urnas en febrero entrante, porque a estas alturas del partido, formamos parte del duro abstencionismo potencial.

A nosotros nos ayudaría muchísimo decidirnos por aquel candidato que le dijera al pueblo, claramente, los nombres de las personas que le apoyarían en su gestión gubernativa si gana las elecciones presidenciales; por lo menos, los nombres de quienes irían a ocupar los principales puestos jerárquico-ejecutivos de alto impacto en nuestras vidas comunes y silvestres.

Y es que siendo las vicepresidencias de la República, puestos de “mantequilla” según el sistema jurídico-republicano vigente, a la hora de gobernar mandan más (incluso que el propio Presidente), personas que son colocadas en puestos claves; y que, en no pocos casos, representan intereses corporativos que no fueron a las elecciones expresamente.

Así ha sido el caso de los intereses financiero-bancarios de signo neoliberal, de gran influencia en los últimos gobiernos y que, por supuesto, no se conocen en las urnas electorales pues actúan en la sombra, entre bambalinas y desde ahí ejercen un poder real.

Nosotros deberíamos exigir que cada candidato (al menos los que, seriamente, se postulan), nos dijeran cuál es la persona que va a estar en la presidencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR), verdadera “república independiente” y cuyas decisiones inciden mucho, por ejemplo, sobre el poder adquisitivo de los salarios.

¿A quién nombrarían, señores candidatos, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); una entidad a la que los últimos gobiernos le han reducido papel político-protagónico, le han desfinanciado, cuando en escenario de desigualdad social como el presente, debería tener un rol estratégico, por ejemplo, atacando con fuerza y contundencia, las violaciones a los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora?

¿Y sacarían del Comex al grupo de la señora Anabel González, pues este ministerio tiene un funcionamiento “soberanista” y “autónomo” de Zapote y es el precursor de esos TLC’s que nos tienen con más desempleo, con más desigualdad, con más concentración de la riqueza, con más corrupción… ¿A quién le darían el Comex?

¿Y quién sería la cabeza del Ministerio de Economía, entidad ésta más que estratégica si queremos “encender el motor” del mercado interno y fortalecer, pero de verdad, las micro, las pequeñas y las medianas empresas?…

Pensemos en el gran drama de los pocos productores y productoras agrícolas que quedan en el país. ¿Quién sería la persona a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Podría la ciudadanía del campo costarricense votar por un candidato presidencial que se haría acompañar, si llega al gobierno, por el ciudadano tal o la ciudadana tal que se encargaría del MAG, conociendo con antelación a la elección de quién se trata esta persona?

¿Tendría un candidato presidencial las agallas suficientes para decirle al electorado que combatirá el desempleo, especialmente el desempleo juvenil, cuáles son esas determinadas personas comisionadas para tal fin y que podamos identificarlas antes de votar?

¿Y qué nos dicen del ICE?; ¿por qué no nos dan la opción de saber a quién colocarán frente a tan estratégica entidad en momentos en los cuales su futuro está más que amenazado?

¿Y en la cartera ministerial de Salud a quien colocarían, ahora que el dengue, la malaria y hasta el cólera amenazan seriamente con acabar lo poco que nos queda de lo que en otras épocas fuera nuestro “trapito de dominguear” en materia de Salud Pública: la Salud Preventiva?

¿Y, en la Caja, quién? La CCSS está en la situación más difícil de toda su historia, especialmente porque en su seno el cáncer de la corrupción pareciera irrefrenable. ¿A quién le darán semejante rol de enfrentar el “poder médico” y los tres conflictos de interés que la tienen postrada (el político-partidista, el corporativo-gremial y el del negocio privado con la salud pública)?

¿Le seguirían dando el control del Ministerio de Hacienda a personas ligadas con los organismos financieros internacionales, con el poderoso grupo de poder financiero-bancario? ¿Cuál es el rosto de la persona que desde esta entidad se enfrentaría a la mafia corrupta evasora de impuestos, mucha de la cual tiene en exjerarcas tributarios poderosos “aliados”?

¿Cuál es el fulano o la fulana que ustedes colocarían en el MOPT, para muchos, una de las entidades públicas más corruptas con esa perversa “descentralizacionalitis aguda” de los consejos (sistema de concesiones incluido), verdaderos antros de tráfico de influencias de todo tipo?

¿A quién podrían en el INS? Literalmente hablando el INS “nada en plata” y podría profundizar una proclividad solidaria subsidiante para grupos sociales amenazados de fuerte exclusión, en vez de que su actual jerarquía “le lleve de compras” por Centroamérica. Nos gustaría saber cuál sería la persona que, por ejemplo, acepte que plata del INS vaya para el debilitado programa CEN-CINAI.

Como ven, señores candidatos presidenciales, algunos “malamansados” con esto de que nos lleven como “rebaño” a votar en febrero próximo, pensamos que conocer cuál es la gente con la que gobernarían en el día a día, si ganan las elecciones, es fundamental para decir nuestro voto.

Así de contundente. No debemos aceptar que en nuestras casas nos suban la tarifa de electricidad, el recibo de la luz, solamente porque los grandes consorcios corporativo-empresariales quieren pagar menos por su consumo de energía.

Tal parece que la “gente de arriba” no para en su loca y provocadora carrera de acumulación desenfrenada de la riqueza y éste es un nuevo episodio que nos lleva a escenarios más profundos de polarización y de confrontación social.

La Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (Acograce) ha tocado las puertas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), solicitando que le rebaje el precio de la electricidad a sus empresas afiliadas; muchas de ellas filiales de los grandes consorcios multinacionales que, por cierto, se caracterizan por sus estrategias de evasión y de elusión fiscal, llevándose la plata del país hacia paraísos fiscales donde nada de impuestos pagarán o lo hacen en sumas ridículas.

Como era de esperarse, la Acograce tiene el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), misma que no honra lo que firma y que, por supuesto y como es lógico suponer por su composición de clase, jamás piensa en los intereses de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa.

A estas unidades productivas, al igual que sucedería en nuestras casas, se les cargará, también y en sus respectivos recibos de luz, lo que dejarían de percibir por tal rebaja las entidades suministradoras y distribuidoras de electricidad, como el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, las empresas públicas como JASEC y ESPH y las cooperativas eléctricas.

Estas entidades públicas arriba mencionadas sufrirían impactos negativos muy graves en su situación financiera, si la indicada pretensión empresarial se concreta, de hasta un 30% menos de lo que pagan actualmente. En conjunto, tendrían una reducción de ingresos tarifarios por el orden de los 65 mil millones de colones anuales; cifra astronómica que deberá ser pagada por los hogares de la clase trabajadora, y por las micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las grandes empresas que quieren que el pueblo trabajador les pague por recibo de luz lo que quieren dejar de pagar, están Procter and Gamble, Amway, Vicesa, Boston Scientific, Hospira, Durman Esquivel, Pipasa, Yamber, Holcim, Durpanel, Numar, Cemex y otras.

Todo el mundo reconoce que nuestro país vive un acelerado proceso de concentración de la riqueza y crecimiento sostenido de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías ciudadanas. Esta situación se agravará si a las mismas se les obliga a desembolsar una cifra como la indicada, producto de la reducción tarifaria a los grandes consorcios de negocios. Recordemos que casi un 70% de la población trabajadora asalariada con empleo y salario fijo gana 310 mil o menos colones por mes.

Es imprescindible destacar que este tipo de gran empresariado, ya viene pagando un precio por KW/hora menor al que pagamos en nuestros hogares. En el caso de mediana tensión de provisión eléctrica, el precio del KW/hora para estas empresas arranca en 12 centavos de dólar. Por el contrario, una casa ubicada en Hatillo, por ejemplo y en un mismo marco de condiciones, ese mismo KW/hora parte de los 19 centavos de dólar.

En el caso del ICE, el impacto negativo de esta pretensión es de una mayor profundidad, considerando las gigantescas erogaciones a las que se ha visto obligado por un mayor uso de combustible, por demás, carísimo, dada la alta carga tributaria que los precios de la gasolina y el diesel sufren en Costa Rica.

Para que se note la magnitud del impacto negativo en sus finanzas, si la Aresep accediera a las mencionadas pretensiones corporativas de la Acograce, a los 110 mil millones de colones que implica la factura por consumo de combustible de este año que debe honrar el ICE, habría que agregarle 35 mil millones de colones producto de la reducción en la tarifa empresarial de la cual venimos hablando. En tal escenario financiero negativo, no le quedará más opción al ICE que solicitar aumentos en la tarifa de electricidad para esas grandes mayorías populares.

Revisando el sitio web de la Acograce, notamos que en la vicepresidencia de su junta directiva está el ciudadano Jack Liberman Ginsburg, hermano del actual segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg. Evidentemente no estamos ni insinuando ni afirmando nada que lesione el honor de tan distinguidas personas.

Pero el contexto actual es de gran desconfianza ciudadana en su clase gobernante tradicional y los episodios de tráfico de influencias, tanto abiertos como encubiertos, con ropaje legal o sin él, tanto en el presente gobierno como en los inmediatos anteriores, tienen en entredicho la institucionalidad republicana; considerando que los negocios privados con los servicios públicos, ha sido un pilar fundamental para que hoy estemos en situaciones de gran concentración de la riqueza y de indetenible proceso de crecimiento de la desigualdad.

¡Qué importante sería que los candidatos presidenciales hablaran, claramente, de esta situación! Especialmente, sería sumamente relevante que quienes de ellos están siendo más notables según lo determinan las fuerzas mediáticas dominantes, le dijeran a la gente a la cual le piden el voto, cómo ven las pretensiones de la Acograce y qué piensan de que sea el pueblo trabajador el que “pague los platos rotos” (como siempre suele suceder), en este caso de reducir las tarifas de electricidad para los grandes consumidores, hasta en un 30%. Algunos de estos candidatos están planteando su “preocupación” por el asunto de la desigualdad y esta pretensión del gran empresariado corporativo de la Acograce expresa un aspecto de desigualdad inobjetable.

Varias entidades sindicales y sociales están uniendo esfuerzos y están haciendo una convocatoria ciudadana para que protestemos por tal razón; actividad de calle prevista para el día lunes 4 de noviembre entrante.

Por otra parte, considérese que la Aresep está bastante desprestigiada ante un enorme y abrumador segmento de la población usuaria de los servicios públicos cuya tarifa y precio “regula” esta entidad. El sesgo pro-empresarial de la Aresep es más que evidente para una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Por lo general, sus audiencias son procesos “cosméticos”, dado que las decisiones están tomadas.

Es más, en nuestro propio caso, hace tiempo dejamos de confiar y de creer en la Aresep. En este caso, de las pretensiones de la Acograce, la audiencia por venir será de “mentirillas” y por eso estimamos que la mejor audiencia para esta situación, es la Audiencia de la Calle.

Nosotros creemos que todos, “los de abajo”, debemos apoyar esta causa con todas nuestras fuerzas para enfrentar este nuevo ataque a la estabilidad financiera de las familias del pueblo trabajador, ya de por sí bastante estrujada por el proceso de empobrecimiento y de crecimiento de la desigualdad que vive nuestra sociedad. Debemos apoyar la acción social de calle prevista para el lunes 4 de noviembre.

Hace ya bastante tiempo que muchas personas expertas con especialidad en varias de las ciencias sociales y políticas, han venido indicando que lo que se denomina “gobernabilidad”, se ha estado deteriorando en Costa Rica, sistemáticamente, a lo largo de los últimos gobiernos (los del famoso “PLUSC”, Liberación-Unidad).

En frases nuestras, pecando de ignorancia, podríamos traducir eso de “gobernabilidad” como la capacidad de “los y las de arriba” (digamos, el sistema político), de conducir (más bien controlar) los destinos de “los y las de abajo” (digamos, el pueblo trabajador, la ciudadanía popular).

Esta capacidad ha venido a menos en los últimos tiempos, al punto de que ha llevado a que muchos políticos de ese “PLUSC” (con sus derivados), mismo que ha estado conduciendo las últimas administraciones gubernativas, hablen de que vivimos tiempos de “ingobernabilidad”, de que Costa Rica es “ingobernable”.

Pensamos nosotros que esto no es ni más menos que la “gente de abajo” (sino del todo completamente), ha venido perdiendo, poco a poco, su credibilidad en la capacidad de gobernar de la “gente de arriba” (la del “PLUSC”, turecas y similares).

Y, la verdad sea dicha, esta “gente de arriba”, con sus figuras más connotadas (y algunas de “segunda división”), de lo que podríamos denominar como la “clase política tradicional”, se ha venido desprestigiando en grado sumo, al punto de que han generado una sensible pérdida de lo que tales personas expertas llaman “legitimidad” del sistema político costarricense.

Es decir, que las últimas administraciones gubernativas, que son las del “PLUSC” básicamente, han venido actuando de tan mala manera que han generado un deterioro de la “legitimidad” del sistema político actualmente vigente en el país. Es evidente que también han aportado para que tal “legitimidad” se vea disminuida, gente de otros partidos políticos que si bien no han estado en los gobiernos recientes, desde el mismo parlamento, han “aportado” lo suyo para tal deterioro paulatino de la “legitimidad” de “nuestro” sistema político.

Por supuesto que hay honrosas excepciones pero éstas no alcanzan como para que tal pérdida de “legitimidad” ya no pueda seguirse ocultando, disimulando, tergiversando, relativizando; por el contrario, amenaza con profundizarse.

Hasta tal punto ha llegado esto que desde el exterior ya son más que claras las “alertas” de entidades estudiosas de estas cosas de las sociedades democráticas. La más reciente investigación al respecto, viene desde la Universidad de Vanderbilt, ubicada en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

Varios indicadores de tal investigación son, sencillamente, impresionantes. Parece ser que en el estudio anterior de esta entidad, fechado en el 2006, Costa Rica tenía el cuarto lugar en el “ranking” de las Américas, en cuanto a la “legitimidad” del sistema político.

Ahora, en el estudio del 2012, el país cayó al lugar décimo. Cuando se tenía ese cuarto lugar, los tres países primeros eran, en su orden, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. Al estar ahora en el décimo lugar en cuanto a la “legitimidad” del sistema político, Nicaragua, El Salvador México y Venezuela están mejor ubicados que nuestro país. Y pareciera que esta “caída libre” no va a detenerse, si vemos otro indicador del estudio.

Ante la pregunta “¿siente que a los gobernantes les interesa lo que piensa gente como usted?”, Costa Rica se fue al “sótano”. Nuestro país está en el lugar 26 de los 26 países estudiados como base en esta pregunta. Dice tal estudio que solamente un 25% de la gente a la cual se le hizo tal pregunta, respondió afirmativamente. Es decir, actualmente, en Costa Rica, el 75% de la ciudadanía estima que lo que pensamos la “gente de abajo”, a la “gente de arriba” (la clase política tradicional), “le importa un pepino” (si nos dispensa usted, el uso de esta expresión popular muy propicia para lo que venimos comentando).

Seguramente en esto pensó el señor que manda en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando en la actividad de apertura de la campaña electoral para las votaciones nacionales de febrero de 2014, indicó que los partidos políticos en Costa Rica están “desconectados” de la gente, de la ciudadanía; y dado que son éstos los principales actores en las democracias, quienes sí son personas serias dentro del conglomerado de la “gente de arriba”, ¡deben estar bien preocupados!

Uno de los señores especialistas que hizo este estudio, don Mitchell Seligson, indicó que con base en lo que dijo la ciudadanía a la que se le aplicó la encuesta, “la gente ahora piensa que a ellos, los políticos, solo les interesa la cuenta bancaria, que solo están por su interés”. Nada más y nada menos que lo que uno oye en el bus, en el taxi, en la calle, en la feria, en la pulpería…

Este especialista indicó en la información de prensa que leímos que él siempre le decía a sus estudiantes que “Costa Rica era el mejor país del mundo; ahora pienso que no”.

Si para la “gente de arriba” los datos que indica este estudio, pasan desapercibidos, ¡allá ellos! Podría ser positivo para la “gente de abajo”. A lo mejor. Sí llama la atención que haya sido el diario emblema de la oligarquía neoliberal costarricense el que diera cuenta, periodísticamente hablando, de este estudio. (Se puede consultar este sitio web: www.vanderbilt.edu/lapop-espanol).

¡Gigante tarea le espera a las personas candidatas nacionales que están pidiendo el voto de los y de las costarricenses para febrero entrante! Hace algunos años indicamos que, por lo general, en estos procesos electorales, a la ciudadanía se la “estafa”, políticamente hablando. No puede uno dejar de interpretar que los datos de la gringa Universidad de Vanderbilt, no es más que una especie de “juicio político” a la tradicional clase política gobernante por sus engaños de las últimas administraciones.

Sobran los ejemplos de este deterioro de la “legitimidad” del sistema político costarricense. Analicemos solamente uno. El pasado lunes 7 de octubre, se cumplieron 6 años del “frauduréndum” del TLC con Estados Unidos. Recordamos aquella perversa mentira de que habría con ese tratado, hasta 500 mil nuevos empleos. Hoy, para el Gobierno el desempleo, está en un 10%; pero para la Universidad Nacional (UNA), en un 18%. Entre la juventud, el desempleo se acerca al 25%. Pero es claro que “en tiempos de TLC”, el desempleo creció.

Recordamos ahora al gobernante de ese momento quien decía que con ese TLC, la clase trabajadora “andaría en BMW”: don Óscar Arias Sánchez. Y ahora, ¿dónde está él?… “Calladito más bonito”, como dice el pueblo. Si esto no fue una de esas estafas políticas, entonces, ¿cómo hemos de llamarle? Se entiende, en consecuencia, plenamente, eso de la pérdida de “legitimidad” del sistema político. ¿Estaremos, de nuevo, en febrero entrante, ante una nueva estafa política? El título de este artículo está con signos de interrogación, de pregunta. Pero lo finalizamos afirmativamente: Está en caída libre “nuestro” sistema político.