Categoría: Pasar Factura

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Faltan 207 días para las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022. Los y las costarricenses mayores de edad tendremos la delicada responsabilidad de la designación en las urnas de la persona que ocupará el cargo presidencial para el período 2022-2026; así como las 57 personas que estarán en la Asamblea Legislativa para dicho periodo constitucional.

Las revelaciones periodísticas de las últimas semanas en relación  con el denominado caso Cochinilla son enfáticamente claras en indicarnos que el sistema democrático, republicano e institucional ha sido infestado por la corrupción política, prácticamente en todas las esferas estatales; a raíz de la colusión de la alianza público-privada para extraer de las arcas públicas la mayor cantidad de recursos posibles; utilizándose herramientas legales de diverso orden, los portillos dejados por éstas, el tráfico de influencias, la compra de conciencias, el amiguismo y el compadrazgos politiqueros, etc. 

Aquí, estamos hablando de una infestación de la institucionalidad a partir del marco legal vigente, mismo que ha sido podrido y torcido. La otra infestación, en pleno desarrollo, es la del crimen organizado, la del dinero sucio y la penetración del narcotráfico en el tejido social (por arriba y por abajo); con énfasis en la acción político-partidista.

No se puede desligar ese estado de cosas, que indican la gravedad de la enfermedad del sistema democrático costarricense, de las entidades político-partidistas que han sido Gobierno de la República (Poder Ejecutivo) en los años transcurridos de este siglo XXI; como tampoco es posible eximir de responsabilidades a los diversos parlamentos controlados, de un modo u otro, por esos partidos políticos.

Los partidos políticos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), en esencia, matriculados ideológicamente con los más que fracasados fundamentos extremistas del Consenso de Washington tienen gigantescas responsabilidades en cuanto a lo siguiente: 

a) Tienen ubicada a Costa Rica en el deshonroso grupo de los 10 países más desiguales del planeta. 

b) Nos tienen con un endeudamiento público monstruoso y con un pago de intereses diario que está estrangulando la endeble actividad económico-productiva nacional, así como deteriorando una importante cantidad de servicios públicos destinados, precisamente, a atajar la desigualdad y la vulnerabilidad social. 

c) A la clase trabajadora la han sometido con altos índices de desempleo y subempleo, precariedad y congelamiento salarial, altísimo endeudamiento y un elevado costo de vida por ser uno de los países más caros para vivir de la región. 

d) Un sistema tributario perversamente injusto y corrupto, generando las más altas cifras de evasión y de elusión fiscales de la historia. 

e) Le han quitado, le han robado, el futuro a las juventudes. 

f) Están dejando perder nuestro patrimonio ecológico. 

g) Han “logrado” que la ciudadanía pierda confianza en su sistema judicial, entronizando en él, el compadrazgo político y la componenda partidista en la elección de la alta magistratura. 

h) Están llegando a peligrosos niveles de “invitar” al dinero sucio, el del narcotráfico y del crimen organizado, a financiar candidaturas a puestos de elección popular. 

Podemos seguir…

Aunque puede ser cuestionable que la búsqueda y la promoción del bien común, en algún momento de sus propias historias, animaran la vida de dichos partidos políticos; lo real es que hoy han quedado totalmente desnudados en cuanto a la naturaleza de los intereses a los cuales responden: son los de la plutocracia, misma que ha sido el poder real en cada uno de los respectivos gobiernos del PUSC, del PLN y del PAC.

Y la verdad es que esos tres partidos no han estado “solos” en la generación de ese gran sufrimiento social de miles y miles de familias: han sido acompañados por partidos que, pese a su “ropaje religioso”, han resultado ser tan pro-plutocráticos como el PUSC, el PLN y el PAC.

En lo personal, como ciudadano, yo tengo un gran poder: el del voto. Lo voy a usar el domingo 6 de febrero de 2022. Yo voy a pasar factura. En mi entorno familiar, hay sufrimiento por la exclusión económica y hay gran estrés financiero debido a las políticas que los gobiernos de esos partidos han propiciado. 

Además, los últimos gobiernos de esos tres partidos desdibujaron completamente la Costa Rica de oportunidades en la cual crecí; y las oportunidades que yo tuve no las veo a disposición de cientos y cientos de jóvenes destinados, desde ahora, a esa exclusión económica y social. Definitivamente, yo sí voy a pasar factura el domingo 6 de febrero de 2022.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

La Costa Rica de la actualidad, ubicada en la deshonrosa posición de ser uno de los diez países más desiguales del planeta, sigue avanzando en la peligrosa senda de la polarización social extrema, vista desde la concentración de la riqueza y de la exclusión social y económica.

El grupo de gobierno de Carlos Alvarado Quesada, con la estafa política cometida entregándose a la plutocracia reinante, solamente ha agravado tal situación. La circunstancia de la crisis sanitaria de la pandemia llegó en un momento en el cual tal polarización se había vuelto inobjetable.

Con ocasión de las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero de 2022, vista esta circunstancia con lente obrero-social y sindical no alineado, surgen varios temas de gran profundidad para el impulso de políticas públicas en la dirección contraria que le ha impuesto al país esa plutocracia reinante, la alta tecnocracia de la institucionalidad que le es funcional, sus matrices mediáticas principales y las repetidoras sumisas; así como la acción ejecutiva del grupo gubernativo que encabeza Carlos Alvarado Quesada y los partidos representados en la actual Asamblea Legislativa: Liberación, Unidad, Acción Ciudadana y los “religiosos”.

De tales temas, hoy vamos a citar cinco (aunque hay más). El orden en que se exponen no indica prioridad de uno sobre otro; sino que, se conciben como articulaciones necesarias entre sí de política pública contrarias al orden ideológico-político y hegemónico que nos está imponiendo la plutocracia reinante.

Uno: Acabar con ese “sacrosanto” precepto neoliberal de la independencia del Banco Central. Hay que quitarle esa soberbia política de considerarse “república independiente”. Hasta un destacado economista que se define a sí mismo como socialdemócrata, don Guillermo Zúñiga Chaves, ligado al partido Liberación Nacional, es de la tesis de que al Banco Central se le deben dar estratégicas tareas como promocionar políticas de empleo.

Dos: Se requiere una revisión sustancial del concepto de salario mínimo, de forma tal que se introduzca en su fijación contenidos fundamentales que lo conciban como parte estratégica de una reactivación económica real; al tomar en cuenta que vivimos en un país cuyo costo de vida es altísimo, por un lado. Por otro, que la mayoría del parque productivo nacional está compuesto por micro-pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno. A éstas, en tal sentido, hay que darles un trato diferenciado en materia de responsabilidades tributarias y para con la Seguridad Social.

Tres: Proceder a impulsar transformaciones tributarias estructurales en dos sentidos. Atacando la naturaleza perversa del sistema tributario actual, el cual presenta dos problemas fundamentales: es regresivo y es corrupto. Se requieren impulsos desafiantes para que, en el seno de la plutocracia reinante, por ejemplo, se establezca un impuesto solidario a la riqueza exorbitante, un impuesto solidario a las zonas francas, así como un impuesto-tasa Tobin a las transacciones financiero-bancarias de diez o quince mil o más dólares, que no golpee a los sectores medios que todavía conservan cierto poder de ingreso. Además, hay que establecer la eliminación del secreto bancario y en sede administrativa, para combatir el delito del fraude tributario.

Cuatro: Atacar el obsceno y socialmente criminal pago diario de intereses de la deuda pública, el cual está ya en las escandalosas cantidades de 4 millones de colones por minuto, 242 millones de colones por hora; y, prácticamente, 6 mil millones de colones al día. Creemos que es imposible impulsar políticas públicas de reactivación económica con semejante carga fiscal. Pero, lo que es peor es que este pago diario está recayendo sobre las espaldas, mayoritariamente, de la gente que sí tributa pues no tiene “escapatoria” para no hacerlo: la clase trabajadora asalariada y no asalariada, tanto como el micro-pequeño y mediano empresariado (impuestos al valor agregado y rentas -especialmente, la salarial).

Cinco: Rechazar el convenio que Carlos Alvarado Quesada y su plutocracia reinante le quiere imponer al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI); convenio que Costa Rica no necesita y que, si se trata, en realidad, de ordenar las finanzas públicas, han surgido diversas alternativas, sólidamente fundamentadas. Otro economista, actualmente diputado oficialista pero que se define, también, como socialdemócrata, afirmó que “la agenda del FMI es una agenda injusta, inequitativa y recesiva desde la perspectiva económica». Aunque él, don Welmer Ramos González, lo indica de manera indirecta, es muy contundente que el costo del ajuste que impone ese convenio con FMI, no caerá sobre las espaldas de los sectores económicamente más fuertes que están ganando con la pandemia.

No vemos otra alternativa para que nuestro país restaure el imperio del bien común y de la inclusión social, en beneficio de la alicaída Democracia, que se desafíe el orden que la plutocracia reinante ha venido imponiendo mediando sus partidos políticos: Liberación, Unidad, PAC y los “religiosos”. A unos 256 días de las elecciones del 6 de febrero de 2002, estos temas buscan una candidatura presidencial que los asuma. En el entretanto, seguimos alentando nuestra campaña de PASAR FACTURA.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al considerar, por una parte, la magnitud de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada y su partido, al punto de que solamente un 15% de los y las costarricenses le da a su gestión una valoración positiva (la más reciente encuesta del CIEP-UCR); y, por otra, la coalición partidista que le ha dado oxígeno político para que sobreviva hasta el final de su pésimo mandato (8 de mayo de 2022), estamos impulsando la idea de que quienes se decidan ir a votar en las elecciones nacionales del domingo 6 de febrero de 2022, lo hagan de manera responsablemente seria y poderosamente crítica de lo que han sido las últimas administraciones gubernativas, incluyendo, muy especialmente, la actual.

PASAR FACTURA es el nombre, es el concepto político, es el sentimiento que queremos posicionar en las mentes de las personas trabajadoras votantes que en tal fecha tienen que ir a la urna electoral para votar por una persona que asuma la Presidencia de la República, así como por las dos personas que acompañen a ésta en las vicepresidencias, para el período de gestión 8 de mayo de 2022-8 de mayo de 2026.

También se tiene que resolver la integración de la Asamblea Legislativa 1 de mayo 2022-1 de mayo 2026, designando a las 57 personas diputadas que la conformarán.

A la hora de votar, PASAR FACTURA (si es que se está, finalmente, decidido a ir a la urna); yo pensaré, -para empezar mi análisis-, en la clase de gestión presidencial que se ha venido realizando. ¿Cómo ha impactado en mi diario vivir y el de mi familia, la presidencia del señor Carlos Alvarado Quesada, al cual hemos catalogado como el más grande estafador político de los últimos tiempos a nivel de personas políticas en Casa Presidencial?

Considere usted que, por tanto, una buena campaña PASAR FACTURA tiene un ámbito de incidencia de hasta un 85% del electorado, que ve negativamente lo que este señor ha impulsado desde la máxima posición ejecutiva del país.

Y, por supuesto, PASAR FACTURA, tratándose de la votación presidencial, abarca el análisis que, como potenciales personas electoras, hagamos acerca de las máximas jerarquías político-ejecutivas que han acompañado la desastrosa gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada (en ministerios, en instituciones, en empresas públicas): ¿cómo nos ha afectado estos señores y estas señoras en esos cargos?

PASAR FACTURA conduce,inevitablemente, a valorar las diversas candidaturas presidenciales con relación a las actuales diputaciones en cuanto al partido político que les es común.

La abrumadora mayoría de la población trabajadora de este país ha sufrido en carne propia las consecuencias de fuertes legislaciones anti-obreras, anti-sociales, anti-clase media, que han salido de la actual Asamblea Legislativa; misma que le ha dado a la gestión de Carlos Alvarado Quesada un amplio espacio político para impulsar la peligrosa senda de la desigualdad, de la exclusión social y económica, de la pauperización generalizada.

Las diferentes leyes depredadoras del bien común y de la inclusión social, que han sido emitidas por el actual parlamento, han contado, en esencia, con el binomio político Liberación Nacional y Acción Ciudadana, actuando ambos en una simbiosis ideológica impensada antes de la llegada del actual mandatario. El partido del actual presidente legislativo, Restauración; su ala disidente y la propia Unidad, no están exentos del fomento y respaldo al indicado tipo de legislación. Y también, no pocas personas le cuestionan al Frente Amplio su paso por la gestión de Alvarado Quesada.

PASAR FACTURA debe conducirnos al ejercicio individual interior de valoración cívica jamás realizado de cara a una votación presidencial y diputadil como la del domingo 6 de febrero de 2022.

Tenemos que tener presente que los poderes fácticos van a jugar en esta campaña electoral mucho más intensamente que en la del 2018. Ésta nos enseñó, de la manera más cruel, que una cosa es votar y otra cosa es elegir. La elección pasada se dio antes de que votáramos, básicamente mediante los titulares de las corporaciones plutocráticas del negocio de las noticias, tanto escritas, como televisivo-radiofónicas.

Vamos a ser agredidos y agredidas, de cara a los comicios del domingo 6 de febrero de 2022, nuevamente; de manera intensa por parte de la propaganda ideológica que financia la plutocracia gobernante en estos momentos, misma que pretenderá dar más impulso a los avances que la gestión de Alvarado Quesada y sus partidos en la Asamblea Legislativa, le han posibilitado en el presente cuatrienio constitucional.

PASAR FACTURA es el mejor mecanismo de defensa que tenemos a nuestra disposición para cobrarle a los partidos políticos que me arruinaron el negocito, que me obligaron a cerrarlo, que me forzaron a despedir; que me rebajaron el salario; que me despidieron del todo; que me quitaron derechos y que me los siguen arrebatando; que por sus decisiones se generó más pobreza en mi hogar y más conflictividad familiar; que le impusieron el IVA a la pequeña actividad micro-mediana empresarial, mientras aprobaban multimillonarias amnistías tributarias a gigantescas corporaciones privadas… Tengo pleno derecho a señalar con el dedo electoral acusador a esos partidos que me hicieron tanto daño, a mí y a mi familia. Es una buena idea, ésta, de PASAR FACTURA.