Ante la dura situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria del COVID-19, los integrantes de la seccional ANEP-Concesionarios del PIMA Cenada decidieron unirse para realizar un acto solidario con las personas afectadas por la pandemia
Por lo que se dieron a la tarea de realizar una campaña de recolección de víveres y artículos de primera necesidad en todo el complejo del PIMA-Cenada, con la intención de distribuirlos a familia de la Zona Sur, migrantes y organizaciones sociales que ayudan a personas en condición de indigencia y a personas de barrios marginales del país.
Los primeros beneficiados con este gesto, fueron poco más de mil familias del cantón de Corredores
La voz sobre este gesto y la organización de la seccional ANEP-Concesionarios del PIMA Cenada corrió rápido a lo interno del mercado, por lo que cada vez son más los concesionarios que aportan diversos productos.
Esto también permitió llevar donaciones a personas migrantes del pacifico central costarricense
Otras organizaciones sociales, las cuales ayudan a niños, personas en condición de indigencia y población en zonas marginales, también se han visto beneficiadas con los donativos.
Si usted desea contribuir con la seccional ANEP-Concesionarios del PIMA CENADA, puede comunicarse a los teléfonos: 88716304 con Gilberth Duarte Badilla ó al 83244316 con Grettel Cedeño Castro
Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.
El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.
Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).
Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.
La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.
El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.
Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.
Compartimos el documento «La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país»
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), respaldamos la iniciativa que ha formulado la diputada,
Franggi Nicolás Solano, al Gobierno de la República en favor de la situación
social y económica que desesperadamente están sufriendo miles de taxistas
costarricenses ante la emergencia sanitaria que vive el país.
Para la ANEP, la propuesta de cinco iniciativas
generada por la Diputada es completamente atinada, por lo que hace de conocimiento
público su apoyo, respaldo y felicitación.
“Felicitamos a la diputada Franggi Nicolás Solano
por esta atinada propuesta. Es importante reseñar, que la ANEP viene planteado
que se debe de considerar el establecimiento del Subsidio Social Solidario
(SSS), para más de las 375 mil familias, que inicialmente el Gobierno ha
definido como objeto de recibir ayuda solidaria mensual”, manifestó el Secretario
General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Para la ANEP, el subsidio también deberían
recibirlo estas familias taxistas en desesperación, ya sea que los abarque el
subsidio gubernamental en perspectiva o bien el Subsidio Social Solidario de
250 mil colones mensuales que propone la ANEP.
“Los taxistas son de los grupos sociales más
sufridos, en riesgo y más atormentados por la pandemia del Covid-19, a parte
fueron dejados en total indefensión por la llegada al país de otros sistemas de
transporte con plataforma digital, a lo cual el Gobierno nunca le dio la debida
atención”, dijo Vargas.
Ante este escenario, la ANEP solicita al Gobierno
de la República colocar como agenda prioritaria la propuesta de la diputada
Nicolás Solano, en favor del gremio de taxistas costarricenses.
La
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la intervención
de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
ante las constantes prácticas anti-sindicales y anti-obreras por parte de la
empresa autobusera TRACASA, está ultima encargada de prestar servicio en la zona
Caribe de nuestro país.
Según
la denuncia interpuesta por la ANEP ante la cartera de trabajo, la empresa
presenta un doble discurso mostrándose ante el MTSS respetuosa del Estado de
Derecho costarricense, sin embargo, en la practica la conducta es totalmente
opuesta.
“Dada
la valoración que hemos realizado, de último minuto, de la persistencia de
conductas anti-sindicales y anti-obreras en la empresa de buses TRACASA-Limón,
con antecedentes al respecto ante la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad
Social; precisamente porque en varias ocasiones la ANEP ha insistido en que
mediando el diálogo, se pueden resolver la controversia obrero-patronal
persistente en dicha empresa, la cual, lamentablemente, no parece o no quiere
trabajar con transparencia y buena fe en tal sentido, manteniendo un doble
discurso”, indica la denuncia dirigida a la Ministra de Trabajo, Geannina
Dinarte Romero.
Incluso
la ANEP, junto a su seccional en TRACASA, presentaron varios audios como prueba
que testimonian el grado de indignación por proceder de la empresa, donde se
escucha la voz de una trabajadora, que al parecer “tendría los días contados”.
Ante
esta situación, la ANEP, también dirigió la nota al Consejo de Transporte
Público (CTP) y al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), a fin de que
ambas entidades y en el ámbito de sus respectivas competencias intervengan lo
más rápidamente posible.
Con respecto a la solicitud ante el MTSS, la ANEP está solicitando que se convoque con urgencia a César López Solano y Luis Castillo Smith, personeros de la empresa en las oficinas centrales de la cartera de trabajo, al considerar que deben dar la cara ante esta circunstancia.
La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicitó, este
martes, al Consejo de Gobierno, que se les exima o exonere del pago del marcho
del año 2020, debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los
últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de
transporte de personas.
Para este grupo de taxistas, las congojas económicas de los taxistas
no ha sido culpa de los concesionarios, sino más bien del Gobierno por no hacer
cumplir la ley.
“La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta.
Algunas de las justificaciones para que se les exonere del pago del
marchamo es que desde el año 2009, la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP), no ha actualizado los datos que alimentan la tarifa
ordinaria de taxis, siendo omisa en realizar sus funciones básicas y obligando
a los taxistas a cobrar tarifas mal calculadas.
Y aunque, se supone, que los servicios ilegales de porteadores se
mantuvieron en el 2011, año en el que se aprobó la Ley 8955, para ponerle fin a
los porteadores del transporte público. Actualmente, pese a contar con esa ley,
se sigue practicando el “porteo” y el ministro de Transportes, haciendo poco o
nada por detener este servicio ilegal.
En el año 2015, aparece el servicio de transporte ilegal Uber y pese a
las solicitudes de los taxistas, el propio Gobierno, así como las diferentes
entidades involucradas en el tema, así como el mismísimo Presidente de la
República, se niegan a cumplir las leyes vigentes.
“Entre el 2015 y el 2017, el Instituto de Investigaciones en Ciencias
Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR) contratado por la
ARESEP , mediante contratación numero: 12-ARESEP-2015, realizó el estudio de
actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e
indicadores de rendimiento de los servicios de transporte remunerado de
personas modalidad taxi, (…) con dos años de estar operando ilegalmente en el
país realiza muchos de los viajes que deberían de realizar los taxistas provocando un
perjuicio económico a los
taxistas”, agrega la carta.
“De no poder o tener voluntad el Gobierno de eliminar este pago para
los concesionarios, les solicitamos que se autorice una línea de crédito en
cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, únicamente para los
concesionarios de taxis, con cero requisitos, y con cero tasas de interés y a
un plazo de seis meses contados a partir del mes de enero del 2020; pudiendo
hacer abonos sin un monto mínimo”, finaliza el documento entregado al Consejo
de Gobierno.
Un grupo de trabajadores de la empresa Transfeco vfueron despedidos luego de que se afiliaran al sindicato. Pero gracias a las acciones de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP tuvieron que ser reinstalados en el puesto.
La Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de
Taxistas), solicitó al Consejo de Gobierno que el pago del canon de ARESEP con
un costo de ¢113.000.oo, incluido en el cobro del marchamo, sea pagado por
tractos o bien, sólo se cobre la mitad del monto, tal y como se realizó el año anterior.
La solicitud realizada por la seccional, se une a la que presentaron el pasado 5 de diciembre ante el mismo ente, solicitando que se les exima o se les permita pagar en tractos el pago del marcho del año 2020. Esto debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.
“La situación
socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean
éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica,
provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad,
y pobreza en general”, indica la carta entregada el pasado 5 de diciembre.
La propuesta de la Seccional sobre el canon de la ARESEP, se debe a que hace una semana, el Consejo de Transporte Público (CTP), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el gremio de taxistas, acordaron pagar en tractos el canon del CTP el cual tiene un costo de ¢92 mil 411. Ese monto lo podrán cancelar de la siguiente forma: un primer pago de ¢55 mil 447, un segundo pago de ¢23 mil 103 y el último de ¢13 mil 861.
Compartimos el documento presentado por la Seccional ANEP-Taxistas (Asociación Nacional de Taxistas)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), da la bienvenida a su nueva seccional conformada por taxistas. La cual busca encontrar nuevas alternativas en defensa de su actividad.
Si desea contratar un servicio honesto y responsable puede comunicarse al número de WhatsApp 8369-9183 por medio de mensaje de texto o audio.
¡Esclavitud laboral!, eso es lo que viven diversos choferes de autobús
de la empresa Biusa, luego de que la Dirección Nacional de Inspección Laboral
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprobara mediante una
inspección a la empresa de transportes ante diversas denuncias de explotación
laboral, que algunos choferes deben de laborar hasta 19 horas diarias.
Así lo muestra el Acta Adicional de Inspección y Prevención del 6 de
noviembre del 2019, código #SJ-IF06988-19, en poder de la Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde se determina la violación al
Código de Trabajo por parte de la empresa autobusera que presta el servicio en
diversas rutas del país.
“Se logró demostrar en las
entrevistas y en los comprobantes de pago facilitado por el patrono que los
horarios cumplidos por los choferes superan las doce horas diarias, iniciando
con horarios desde las 4:00 a.m. y teniendo una hora de salida incierta,
laborando hasta 19 horas diarias en algunos de los casos”, indica el acta de
inspección.
Según el documento, la empresa estaría violentando el Artículo 140 del
Código de Trabajo, ya que la legislación laboral nacional establece que la
máxima jornada laboral es de doce horas, sumando la jornada ordinaria y la
extraordinaria; por lo que se debe de eliminar la práctica de hacer a los
trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las doce horas
diarias.
Para la ANEP esta situación no puede pasar desapercibida, ya que
resulta intolerable desde cualquier punto de vista y no tiene otro nombre que
esclavitud laboral.
“Se requiere una intervención política al más alto nivel de la cartera
ministerial de Trabajo y Seguridad Social, porque se tiene que sentar las
responsabilidades del caso. Sabemos que el empresariado de autobús tiene
muchísimo poder en este país, pero ello no los hace inmunes para irrespetar la
legislación laboral, incluso los mismos principios de los derechos humanos”,
expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas agregó que “hay un doble riesgo, no sólo la salud laboral del chofer si no también la seguridad de los usuarios del autobús, por eso hay que denunciar fuertemente, no basta con una inspección, el Ministerio de Trabajo debe sentar un precedente”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Pago de horas extraordinarias
Asimismo, la inspección realizada por la Dirección Regional determinó
que la empresa no realizó el pago correspondiente por las jornadas extraordinarias
laboradas por los choferes de autobús, violentado los Artículos 136 y 139 del
Código de Trabajo, por lo que los inspectores fueron tajantes al recordarle a
la empresa lo establecido por la ley sobre la remuneración por tiempo
extraordinario.
Debido a esto la Dirección Nacional de Inspección previno a la
compañía Biusa para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación,
corrija las infracciones registradas, cuyo cumplimiento quedará sujeto a una
nueva inspección. En caso de incumplimiento y de mantenerse las violaciones al
Código de Trabajo detectadas el caso se elevará a instancias judiciales.
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
