TLC va a eliminar más empleos de los que creará

Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com
Fotos Randall Sandoval

Un estudio realizado durante tres años por el abogado Mauricio Castro y la doctora en sociología Juliana Martínez, con base en los documentos oficiales de las instituciones y complementado con un estudio de la Cepal refleja que el TLC con Estados Unidos va a eliminar más empleos de los que creará.

Así lo expusieron durante su visita a DIARIO EXTRA, en la cual presentaron un estudio de la Cepal según el cual, de aprobarse el TLC solamente se crearían 18.750 empleos en 6 años, es decir, 3.125 empleos por año, cuando cada año salen a buscar trabajo entre 50 y 60 mil personas más.

-¿Por qué se crearían tan pocos empleos?
-Según explicaron los mismos negociadores del TLC con este acuerdo se logra asegurar las condiciones ya existentes, según las cuales el 98% de las exportaciones de Costa Rica hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles, de manera que un productor que exporta chayotes pagando cero aranceles hoy, igual pagará cero aranceles de aprobarse el TLC, entonces, no va a darse un aumento en la producción para exportar más aprovechando mejores condiciones, porque no van a haber mejores condiciones.

-Solo habrá mejoría en las condiciones de tres productos, el azúcar y el etanol, que indistintamente de que estén relacionadas con algunos políticos, es sabido que los ingenios modernos son intensivos en tecnología y no en empleo.

-El atún es otro de los pocos productos que sí sentirán una baja en los aranceles, pero Costa Rica no tiene flota atunera, de manera que estas condiciones vienen a beneficiar a barcos extranjeros que pagan muy poco por licencias y están acabando con las especies en zonas como la Isla del Coco.

-¿La inversión extranjera vendría a generar más empleos?
-Tampoco aumentará la inversión extranjera directa en mucho porque Costa Rica tiene 20 años de estar atrayendo esa inversión, dado que al escoger donde invertir se sopesan muchas condiciones, como costo de energía eléctrica, nivel de educación, y otros aspectos en los que Costa Rica está por encima de otros países, de manera que no habrá cambios significativos para que se incremente la inversión extranjera directa.

-Además, este tipo de inversión, porque Costa Rica lo escogió así hace mucho tiempo, cuando prefirió atraer empresas como Bactex o Intel que quería empresas diferentes a las maquilas, y estás empresas generan mucho menos empleo directo. Vea Intel, que representa el 23% de las exportaciones solo genera 2.200 empleos directos, mientras Dos Pinos que es menos del 0.5% de las exportaciones da empleo directo a 3.000 trabajadores y tiene 30 mil productores afiliados. De manera que la inversión extranjera tampoco vendrá a generar 500 mil empleos como se quiso decir al principio con una campaña que tuvieron que cambiar porque les demostramos que no era real, solo un ejemplo, del 90 al 2003 la inversión se ha triplicado, y el desempleo a aumentado está en un 7% el más alto desde la crisis de los 80, eso refleja que el aumento en la inversión no va directamente de la mano con la generación intensiva de empleo.

-¿Pero si el TLC no se aprueba sí tendría un efecto en disminución de empleos?
-No al contrario, con la aprobación del TLC se van a perder empleos, y los mismos notables lo dicen en su informe: “es de esperar que algunas empresas, independientemente de su tamaño con las condiciones de competencia generadas por el Tratado no sobrevivirían… la apertura propiciada por el Tratado podría significar contracciones o incluso, desaparición de actividades productivas y en esa medida de empleos existentes”.

-Va a pasar en muchas actividades lo que pasó hace 20 años cuando Arias como presidente aprobó el PL-480 que era un préstamo muy beneficioso al país con el único compromiso de que dedicaran el dinero a comprar maíz amarillo a Estados Unidos, eso provocó que los agricultores costarricenses dejaran de sembrar maíz amarillo y ahora estamos sufriendo las consecuencias, debido al alza mundial en el precio del maíz pagamos más caro el pollo, la leche, los huevos, el cerdo, todo porque escogimos desaparecer los cultivos de maíz para comprarlo más barato a Estados Unidos, pero no se pensó en las consecuencias a futuro.

-¿Cerrarían empresas para irse a otras partes si el TLC no se aprueba en Costa Rica?
-No, eso es falso, porque solo el 16% de las exportaciones a Estados Unidos se hacen por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que sería en el peor de los escenarios, lo que podríamos perder, si Estados Unidos enviara la Ley al Congreso para derogar esa Iniciativa, lo cual es poco viable. Pero en ese escenario, las exportaciones afectadas representan el 14% del total de exportaciones del país y las empresas que se verían afectadas por exportar bajo ese régimen son principalmente de compañías transnacionales como las piñeras, las meloneras, y desde William Walker se ha visto que Estados Unidos defiende a los suyos.

-Además, al pagar impuestos los productos que se exportan bajo ese régimen tendría un efecto de encarecimiento en productos de mucho consumo en Estados Unidos como son los Chayotes y las plantas tropicales, que ellos no pueden producir, y el jugo de naranja que lo necesitan porque no son autosuficientes, aunque ellos producen, pero no les alcanza para el consumo.

-¿Y el resto de las exportaciones también se verían afectadas?
-El restante 27% de las exportaciones a Estados Unidos se hace mediante un régimen de nación menos favorecida de la OMC, y no por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, por lo que no se vería afectado, entre éstos están empresas con Intel, Baxtex, Abbot, Chiquita, Dole, el 92% de las exportaciones de atún, la exportación de café, camarón, langosta, bolas y refrigeradoras.

-Y 57% del total de las exportaciones que va dirigido a Europa, Asia y otros mercados diferentes a Estados Unidos tampoco tendría ningún problema si no se aprueba el TLC, de manera que lo que se afecta es solo ese 14% que se exporta por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, del cual el 4% con o sin TLC se va a perder porque son las textileras.

-¿Las empresas de textiles han dicho claramente que sin el TLC se van?
-Las textileras de todas formas van a cerrar con o sin TLC, lo que están es jugando con el sentimiento de la gente, para que por temor a perder el empleo vayan a votar a favor del TLC, pero no les han dicho la verdad. La verdad es que las exportaciones de textiles han caído en 5 años un 30.6% mientras las chinas crecieron en un año 826%, porque ellos utilizan una mano de obra muy barata, a veces hasta pagan solo con un plato de comida al día y así no se puede competir, y lo han dicho los mismos textileros.

-Las exportaciones de textiles de Costa Rica se hacen por algo que se llama CBTPA, que es la parte de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que se vence en el 2008, porque son cuotas de exportación y esto va contra el libre comercio por lo que la OMC no las permite, así que no se renovarán aunque se apruebe el TLC, por lo que sin cuotas, tendremos que pagar impuestos en Estados Unidos y el precio será más alto, no se podrá competir con China.

-Según esto, ¿se perderían más empleos si se aprueba el TLC que si se rechaza?
-Así es, aunque suene contrario al discurso que nos han querido hacer creer, porque con la aprobación del TLC se verían amenazados 65 mil empleos directos, que corresponden al sector de lácteos y carne bovina, carne de cerdo, de pollo, granos básicos, la industria de genéricos y la industria agroquímica. Y los 15 mil que generan las textileras desaparecerían en máximo dos años, aún sí se aprueba el TLC, un país responsable debería hablarles con la verdad y pensar que hacer con ellas.

• “Las textileras desaparecerán con o sin TLC porque las cuotas de exportación se vencen en el 2008 ”

• “El TLC no es Trabajo para Los Costarricenses, es Todo Lo Contrario”

• “Aquí se ha venido jugando con las ilusiones de los trabajadores, porque el TLC no genera empleo, más bien despedaza muchos existentes”.

Fuente: Diario Extra

COSTA RICA EMPIEZA A PAGAR COSTO DE ARBITRAJES INTERNACIONALES OBLIGATORIOS

El diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, denunció la inclusión de ¢350 millones de colones en el proyecto de ley de presupuesto extraordinario, con el fin de transferir recursos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y la cancelación de honorarios profesionales a abogados contratados por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

Según una comunicación de la Directora General de Hacienda, Licda. Marjorie Morera, que consta en el expediente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el proyecto de presupuesto extraordinario incluye una transferencia al CIADI por la suma de ¢81.750.000 ($150.000) “para cubrir gastos administrativos y procesales derivados de solicitudes de arbitraje internacional contra el gobierno de Costa Rica”.

“Esto significa que Costa Rica tiene que empezar a dedicar recursos públicos solo para cubrir gastos administrativos, y sin que todavía se haya iniciado ninguna de las demandas, que incluyen las dos conocidas de los inversionistas canadienses Charles Bergeron y otros (por $186 millones) y la empresa minera Vannessa Ventures (por $276 millones), presentadas, ambas, con base en el Acuerdo de Inversiones firmado en el marco del TLC con Canadá”, explicó el diputado Merino.

Además, continuó diciendo, la directora de Hacienda comunicó en su misiva la existencia de otras solicitudes de arbitraje contra Costa Rica, hasta ahora desconocidas, y que tienen que ver con disputas de inversionistas de Estados Unidos, Austria, Dinamarca, Suiza, Holanda, Francia y Gran Bretaña, que suman $14 millones; y de otra empresa canadiense, Quadram Pacific Growth, que reclama $20 millones.

En relación con estas nuevas acciones contra el país, el diputado Merino comentó que tiene en su poder una carta del ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, de julio de 2006, donde afirmaba que contra el gobierno de Costa Rica sólo existían las dos primeras solicitudes mencionadas de las empresas canadienses.

“¿Qué ha sucedido durante este año del gobierno de Arias? ¿Por qué se ha incrementado el número de demandas y por qué no se han hecho de conocimiento público hasta ahora que se solicitan los fondos para transferirlos al CIADI con el fin de cubrir gastos administrativos?”, preguntó el legislador frenteamplista, quién aseguró que el ministro Ruiz le debe explicaciones al país en relación con estos reclamos de inversionistas contra el país.

Por otra parte, indicó el diputado Merino, que también se incluye en el presupuesto extraordinario una subpartida para el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por ¢ 272 millones ($500.000) por “concepto de honorarios a profesionales derivados del proceso de arbitraje ante el CIADI“.

“Esto es una barbaridad, se trata de destinar recursos públicos para determinadas personas profesionales que un día actúan como negociadores de tratados o convenios internacionales, otro día como abogados liberales en bufetes que representan a los inversionistas y el siguiente como abogados del Estado que supuestamente protegen a Costa Rica en estas demandas”, argumentó Merino del Río.

Según el diputado del Frente Amplio este es el resultado de la inclusión en los acuerdos de comercio internacional de mecanismos de “solución de controversias inversionista-Estado”, que dejan de lado los tribunales de justicia nacionales y obligan al Estado costarricense a someterse a arbitrajes privados forzosos administrados por CIADI y realizados fuera del territorio nacional.

“Esta situación es una prueba más de lo que le pasaría a Costa Rica si se aprueba el TLC con Estados Unidos: Las demandas contra el país aumentarían aún más, pues este tratado amplía los casos que pueden someterse a arbitrajes obligatorios, incluyendo los relacionados con ‘recursos naturales y activos controlados por las autoridades nacionales’ y otorga privilegios adicionales a los inversionistas extranjeros”, advirtió el parlamentario.

“Si por la ‘víspera se saca el día’, vamos a vivir las y los costarricenses para allegar recursos al Estado, que ya no se destinarán a mantener las obligaciones sociales ni fortalecer los tribunales de justicia del Poder Judicial, sino para entregarlos al CIADI, a las personas que se llenarán los bolsillos con honorarios profesionales y, probablemente, a los inversionistas extranjeros que plantean demandas multimillonarias contra Costa Rica”, agregó Merino.

“Son muchas las respuestas que el Ministro Ruiz le debe al pueblo costarricense: ¿Quiénes son esos abogados que están recibiendo pagos millonarios con fondos públicos por servicios profesionales ante el CIADI? ¿Por qué le han ocultado al pueblo la existencia de nuevas solicitudes contra el país? ¿Por qué los funcionarios del COMEX siguen afirmando en los foros y debates sobre el TLC que Costa Rica no ha sufrido consecuencias negativas por los arbitrajes obligatorios incluidos en otros tratados comerciales y de inversión?”, concluyó diciendo el diputado Merino.

Un diputado menos

Reproducción del Editorial de La Prensa Libre (28/06/07)

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Y, no cabe ninguna duda de que en trama hay, también, altas autoridades del Poder Ejecutivo, con lo cual se termina por golpear la imagen del Gobierno, en medio de un escenario en el que ya de por sí, ante la polarización que vive el país en el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya este tiene mucho en riesgo.

Siempre hemos defendido los acuerdos políticos transparentes, en beneficio del país. Creemos en la negociación, y sabemos que en ella, las partes tienen que ofrecer y ceder. Pero lo que no cabe es un tipo de negociado en que lo que se ofrece y lo que se cede sean los recursos públicos.

El que un diputado para más, pastor o predicador de la palabra de Dios reactive una Fundación en la que participan casi todos los miembros de su familia, y que esta fundación logre obtener del Gobierno una partida por la nada despreciable suma de 90 millones de colones, incluidos en un presupuesto que debe ser aprobado por el foro al cual pertenece ese legislador, es una de esas tramas que ningún país debe vivir.

Como mínimo debe haber algún grado de decencia en la función pública que impida estas prácticas. Y lo peor del caso es que, ahora que se ha destapado todo, ninguna de las partes suelta prenda sobre cómo se llegó a este punto. El diputado dice que desde el Gobierno le ofrecieron el dinero. El ministro de Hacienda dice que lo pidió el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aquí dicen que lo pidió el Ministerio de la Presidencia, donde para cerrar el escandaloso círculo, se limitan a decir que lo pidió el diputado.

Es obvio que alguien miente en toda esta trama. Y como todos se cubren entre ellos, termina el pueblo por dudar de todos. Eso le hace daño al Gobierno y al país.

Los que llegan a ocupar puestos en la función pública deben entender que no pueden festinar los recursos públicos de esa manera. 90 millones de colones es mucho dinero como para que se le hayan otorgado a una fundación que hasta no hace muchos meses estaba inactiva. Peor aún si quien la encabeza es un diputado.

Por supuesto que aparecerán quienes digan que con los recursos se desarrollarían obras de bien social. Pero esto no es lo importante aquí. Porque obras similares son realizadas todos los días por otras organizaciones, el incluso el mismo Gobierno tiene entidades que, por ley, deben realizar acciones similares. En otras palabras: igual se podría haber realizado programas de la misma naturaleza sin pasar dineros a través de la organización del diputado Massey.

Además, a fin de cuentas parece obvio que se trata aquí de un pago por algo. Ese algo huele a votos para el TLC con Estados Unidos y los proyectos de ley de implementación de ese acuerdo. Si fue así, definitivamente la Asamblea Legislativa perdió un diputado aunque las 57 curules sigan ocupadas todas las tardes.


Editorial La Prensa Libre, 28 de junio de 2007

Buena conducta referendaria

Junio 23, 2007

El Consejo de Europa, a través de su Comisión para la Democracia por el Derecho (_“Comisión de Venecia”_), ha promulgado este año un Código de buena conducta en materia referendaria ―un auténtico catálogo de _“best practices”―. Se trata de “benchmarks”_, o puntos de referencia, de alcance global.

Resulta pertinente traer a la atención de los costarricenses las mejores prácticas establecidas en el Código, y compararlas con el Reglamento para los procesos de referéndum, decretado por el Tribunal Supremo de Elecciones el 19 de junio de 2007. Ojalá se traduzca al español, se publique, se divulgue y se estudie este Código con miras a enriquecer la incipiente cultura referendaria de la nueva democracia participativa.****

Aquí se reseñan las mejores prácticas relativas al principio de igualdad, aplicado al pluralismo informativo y a la libertad de expresión en el esclarecimiento de la conciencia ciudadana hacia el referéndum.

En el apartado “Equidad del voto”, el Código establece que para garantizar la libertad de sufragio, particularmente en lo tocante a la libre determinación de la voluntad del elector, las autoridades deben “proporcionar información objetiva. Esto significa que el texto sometido a referéndum y un documento explicativo, deben ponerse a disposición de los electores con suficiente antelación”. El texto y el documento “deben ser remitidos directamente a los ciudadanos y deben recibirse al menos una quincena antes de la votación”.

La sección “Igualdad de oportunidad” del Código, estipula que la igualdad “debe ser garantizada a quienes apoyan y a quienes se oponen a la propuesta que se votará. Esto entraña una actitud neutral de las autoridades gubernamentales, en particular referida a la campaña del referéndum; la cobertura mediática, en especial por los medios de propiedad estatal; el financiamiento público de la campaña y sus actores; la publicidad y la propaganda; el derecho a manifestarse en sitios públicos”.

“En las transmisiones de radio y de televisión sobre la campaña del referéndum”, el Código recomienda que “se asegure la igualdad entre los proponentes del Sí o del No. Debe garantizarse una cobertura balanceada al Sí y al No en los medios de propiedad pública, especialmente en los noticiarios”. Asimismo, “las condiciones financieras y de otra índole para la propaganda de radio y de televisión deben ser iguales para el Sí y para el No“.

Sobre los medios de información de propiedad particular, el Código dispone que “conforme a la libertad de expresión, deben adoptarse normas legales para asegurar que todos los participantes en el referéndum tengan un acceso mínimo a los medios audiovisuales de propiedad privada, en relación con la campaña y con la propaganda del referéndum“. Por otra parte, el Código considera que, “el principio de igualdad de oportunidad puede, en ciertos casos, conducir a la limitación del gasto de los partidos políticos y de otras partes involucradas en el debate del referéndum, especialmente en publicidad“.

El Código concluye que “las autoridades gubernamentales tienen el deber de neutralidad, que es un elemento de la libre formación de la voluntad del elector”. Además, determina que “las autoridades nacionales, regionales y locales no deben influir sobre el resultado del voto a través de su participación parcializada y excesiva en la campaña”. En fin, “se deben imponer sanciones en caso de violación al deber de neutralidad”.

Bajo el encabezado “El respeto de los derechos fundamentales”, el Código define que “no son posibles los referéndums democráticos sin el respeto de los derechos humanos, y notablemente de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”. Añade que “las restricciones a estas libertades deben respetar los principios de la legalidad, el interés público y la proporcionalidad”.

El Código, que distingue atributos propios del referéndum contrastado con las elecciones, se ocupa de numerosas dimensiones de la democracia participativa.

Ahora bien, las propuestas del Colegio de Periodistas y del Observatorio de la Libertad de Expresión sobre democracia, igualdad política e información, son perfectamente congruentes con las mejores prácticas referendarias adoptadas por el Consejo de Europa.

Lleva razón don Juan Manuel Villasuso, catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuando afirma que “las autoridades electorales han prestado oídos sordos a esas exhortaciones” y añade: “El derecho electoral bien entendido debe incorporar prohibiciones y penas para quienes engañen a los ciudadanos con manifestaciones falsas y favorezcan o perjudiquen posiciones abusando de la proyección mediática”.

Mi deseo es que Costa Rica se aproxime más a la cultura democrática europea y que se aleje del sistema dictatorial chino.

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En francés: Code de bonne conduite en matière référendaire – www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008-f.asp

En inglés: Code of good practice on referendums – www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)008-e.asp

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  • Armando Vargas Araya: Periodista, político y escritor (Puntarenas, 1946). Ha sido Editor Jefe para Latinoamérica de la agencia británica de noticias Reuters, Buenos Aires; Editor en la División de Servicios Mundiales de la agencia noticiosa The Associated Press, Nueva York; Corresponsal Jefe del diario mexicano Excelsior, Washington DC; Jefe de Redacción del diario La República y Director de Noticias Monumental, San José. Presidió el Colegio de Periodistas de Costa Rica y se desempeñó como profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional (Heredia) y en The Washington Program, Escuela Annenberg de Comunicaciones, Universidad de Pensilvania. Experto en tecnologías de información y comunicación, ha servido como Ministro de Información y Comunicación de Costa Rica; Vicepresidente para las Américas de ICO Global Communications, Washington DC y Miami; Director de Asuntos Gubernamentales de International Mobile Satellite Organization (Inmarsat), Londres; Consultor sobre Estrategia y Políticas Públicas para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la UNESCO; y Secretario General de la Unión Latinoamericana y Caribeña de Radiodifusión (ULCRA).

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  • La Editorial Juricentro acaba de publicar El referéndum: doctrina y legislación, con textos de varios autores.

Este País está en el Sueño

ESTE PAIS ESTA EN EL SUEÑO
( fragmentos)

Por Ana Istarú

que digan yo lo admito que no existe
pondré no importa mi piel por territorio
este país no es nada no hubo nunca
este país no ocurre
está en el sueño
mi boca se desangra
no es nada nunca y es todo cuanto tengo
si no de dónde vengo
si no es de este asterisco
y este país no existe
estoy por tanto un tanto consternada
yo no inventé la lluvia sin embargo
que nadie me la arranque
es el agua quien define esta frontera
este glóbulo de luz
este barquito mísero y amado
donde el cielo deviene catarata
me importa un pito
yo nada tengo contra octubre
muy al contrario
yo sé que no hubo historia
si acaso fuimos un rumor maledicencias
un trillo nebuloso la huérfana del mundo
no tuvimos virrey qué pretensiones
tuvimos eso sí
me reconforta
a Juan don Juan y don Juanito
( Santamaría por supuesto y Mora y Mora)
pero somos pocos en saberlo
me alegra tanto decir que nuestro héroe
el único por cierto
era moreno descalzo pobre campesino
para colmo era un chiquillo
luchó qué novedad contra los yankis
podría besarlo
con tanto hollín se atoran las palabras
quiero llorar zurcirle las heridas
esto está hecho y consumado
tenemos héroe para rato
y qué carajo a ver quién me lo quita

este país no es
y qué me importa
puedo tomar mis venas tejerle un barrilete
que digan yo lo admito que no existe
yo no inventé la lluvia y sin embargo
yo sé que no hubo historia
estamos entre tanto por hacerla

estoy un poco triste
puedo donar mi traje hacer las velas
amar con un amor inenarrable
este terrón del aire adonde vine
pondré no importa mi piel por territorio
este país está en el sueño que nos toca
sobre la faz del mundo
que nadie me lo arranque
es todo cuanto tengo
más este corazón para simiente

y qué carajo a ver
con tanto amor
quién me lo quita

Gobierno de Arias en campaña sucia

Mientras el presidente Arias reparte bonos de vivienda y becas para colegiales en los actos oficiales, personas que le acompañan en sus giras distribuyen propaganda ofensiva y calumniosa contra dirigentes políticos y sociales opositores al TLC con los Estados Unidos.

“Por lo visto al mandatario no le basta la utilización descarada de los recursos públicos para intentar ganar adeptos en el referéndum, y debe además manipular la información y recurrir a la mentira”, comentó el diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio.

Ahora en las actividades donde participa Oscar Arias, junto a los folletos proselitistas de COMEX se distribuyen panfletos donde se confunden ataques contra los gobiernos de Venezuela y Cuba, a la par de insultos al ex Presidente Rodrigo Carazo, el dirigente sindical Albino Vargas y el diputado Merino.

“La desesperación ha llegado a tal grado en el gobierno, que han disparado todos los mecanismos de clientelismo al máximo, ofreciendo bonos de vivienda, becas estudiantiles del programa Avancemos, trabajo en el sector de educación o la policía, permisos para transporte público de personas o pensiones no contributivas, a lo que han sumado una campaña de corte maccartista buscando el voto de los sectores menos informados de la población”, agregó el legislador del Frente Amplio.

Para el diputado Merino esta campaña de “guerra fría” confirma la derechización de un gobierno de “república bananera y maquiladora” como el de Arias, aliado de los republicanos de Mr. Bush y de las oligarquías centroamericanas, mientras pueblos y gobiernos de toda la América Latina transitan por vías más independientes y más favorables para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de las mayorías.

Finalmente, el diputado Merino, dijo que el NO al TLC es una coalición de fuerzas nacionales, sociales y políticas, de tal magnitud, inteligencia y conciencia patriótica, que no se dejará afectar por los engaños y mentiras del gobierno de Arias.

La noche de San Juan

En la noche de San Juan, las poderosas energías solares actúan sobre la tierra porque es muy cercana al solsticio de verano para el hemisferio norte y de invierno para el sur. Estas poderosas energías, armonizan y actúan sobre la tierra multiplicando los esfuerzos, que nada tienen que ver con un “absurdo realismo mágico” que atribuyen al Movimiento del No al TLC. Por eso, el día 23 de junio del 2007, quedará grabado en la memoria patria por muchas razones.

Una razón es que los 81 cantones, se organizaron en forma casi espontánea y a una velocidad impresionante para atender el llamado al referéndum. Con enorme mística han trabajado para alertar a sus vecinos sobre el inminente peligro para la institucionalidad y la soberanía, que representa un Tratado que no fue negociado, sino que constituye una imposición inaceptable. También en cada cantón funcionan comités distritales con impecable organización y siguen bajando a nivel de barrios y hasta de cuadra. El motor que nos mueve es la mística y el amor a la Patria. El dinero y la codicia no logran tanto fervor.

Lo más impresionante ha sido que en pocos días se hizo un llamado a participar en el lanzamiento de la campaña y la respuesta fue masiva e instantánea. Nunca antes habíamos visto algo así, nada había movido a tanta gente en tan poco tiempo.

Cada comité trabaja con total autonomía y perfecta coordinación con la organización nacional. Las organizaciones sociales son parte importantísima de la lucha, pero quienes luchamos contra el TLC no lo hacemos para servir a intereses gremiales o sus luchas históricas. Los partidos políticos pueden venir a apoyarnos, pero no nos llevarán a sus huestes ni podrán capitalizar la lucha, porque quienes estamos en ella tenemos el corazón abierto a la gran diversidad que integra el movimiento, pero a la vez somos gente pensante que sólo aceptará una propuesta inclusiva y solidaria. Eso no es exactamente lo que los partidos ofrecen. Toda persona que quiera acompañarnos es bienvenida, pero nadie logrará servirse del movimiento porque la única bandera que nos guía es blanca, azul y roja.

Cuando el Rector Eugenio Trejos dirigió el discurso final en la inauguración de la Campaña Patriótica, fue su corazón el que condujo sus palabras llenas de emoción que fluyeron con la misma fuerza patriótica que alguna vez condujo al *Presidente Mor*a y a los héroes del 56 a la Guerra Patria.

No es sedición decir que “sobre mi cadáver pasará el TLC”, como tampoco lo fue enfrentar a los filibusteros. Quienes estamos dispuestos a dar la vida, lo decimos con sinceridad, espíritu de sacrificio y determinación y sabemos bien a qué nos referimos. No dejaremos que nuestra nación se extinga con una anexión en la que cobardemente se claudica y se entrega todo.

No es irrespeto tratar de mercaderes y vende patrias, a quienes así se han comportado deshonrando las posiciones con las que les distinguimos y no han correspondido con decoro y probidad. No es rebeldía llamar a lanzarnos a las calles si irrespetan la pureza del sufragio impulsando con furor la agenda paralela, garantizándose así “del ahogado el sombrero”. Si el TLC no pasa, se apoderarían ilegítimamente de las más valiosas instituciones del país.

El acto en el que participamos, fuese desde el interior del auditorio de la Conferencia Episcopal o en la calle donde la alegría contagiosa, desbordaba los límites de la emoción, el evento puede calificarse de históricamente incomparable.

Ningún partido político ha conseguido una unidad patriótica desinteresada como la que hemos alcanzado, nunca se había visto algo así. Esta actividad estuvo por encima de los partidos y las organizaciones que la impulsaron, donde el protagonista fue el pueblo y quien ha de beneficiarse de este acto insólito ha de ser el mismo pueblo.

La energía emitida desde esa trinchera, vibrará hasta alcanzar el último rincón del país traducido en un renovado espíritu de lucha y mística nunca antes visto. Termino estas líneas precisamente en la Noche de San Juan.

Junio 24, 2007

Fuente: Tribuna Democrática

Esta es la forma en que han lucrado con Alterra y planean hacerlo con el TLC

Alterra Partners (Becthel Corp) empresa que ha operado el aeropuerto Juan Santamaría, se ha negado a realizar las obras del aeropuerto Juan Santamaría alegando un desequilibrio financiero. La Contraloría ha rechazado en 3 oportunidades la pretensión de esta empresa estadounidense de modificar el contrato original para aumentar sus ingresos. La investigación de diversos expertos en la materia han demostrado que Alterra ha pagado sobreprecios a sus propios socios por la contratación de la construción de obras y servicios, incurriendo en un incumplimiento del contrato y en un gasto millonario para el Estado.

La problemática de Alterra inició bajo la administración de Miguel Angel Rodríguez y con la complacencia del gobierno de Abel Pacheco y Oscar Arias se mantienen ganando sumas millonarias mensuales a pesar del evidente incumplimiento del contrato.

Comisiones investigadoras y diputados de oposición han denunciado que socios Alterra se ha valido de pagos de donaciones de campaña para mantenerse en la impunidad.

Se van a sorprender al ver los nombres que figuran como socios y miembros de la junta directiva de esta empresa.

El abuso y la corrupción tienen en el desconocimiento su mejor aliado.

Cuadro adjunto para su impresión.

Cada una de las informaciones fue investigada y corroborada por el Diputado Marvin Rojas de la actual Asamblea Legislativa.

El TLC si amenaza el agua de Costa Rica

Don Ricardo acusa a los amplios sectores sociales y académicos que con argumentos y convicciones sólidas se oponen al TLC de realizar interpretaciones erróneas para “sembrar miedo” en la población costarricense. La verdad es que son los promotores del TLC quienes tienen miedo. Les asusta comprobar que cada vez más personas y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional alzan su voz para denunciar un tratado mal negociado, que compromete seriamente nuestros recursos naturales y los derechos de las generaciones futuras.

En lo único que coincidimos con don Ricardo es que muchas acciones depredadoras que amenazan el agua ya están ocurriendo en la actualidad. Lo que no dice este señor es que el TLC agravará dichos problemas y les otorgará armas adicionales a los depredadores para seguir en la impunidad. Veamos las razones.

Agua afectada y desprotegida. El agua como recurso natural está afectada por las obligaciones del Capítulo 10 “Inversión” y el Capítulo 17 “Ambiental” no lo evita, ni permite protegerla adecuadamente.

Una cosa son las normas que regulan los servicios relacionados con el uso del agua como los acueductos y otra muy distinta las que se refieren al agua como recurso natural. Las primeras tienen que ver con la forma de prestación de estos servicios. Las segundas regulan la extracción, uso y explotación de las aguas superficiales y subterráneas, incluyendo los procedimientos para otorgar derechos (concesiones) a empresas privadas para explotar dichas aguas. En el TLC con Estados Unidos a diferencia de otros tratados como los TLCs con México y Chile Costa Rica no estableció reserva alguna sobre estas últimas normas. Por lo tanto, aún cuando aceptemos que las leyes referidas a los servicios de acueductos y alcantarillados están excluidas por la supuesta reserva hecha en el Anexo II (más adelante veremos que no es cierto), eso de ninguna manera quiere decir que el agua esté a salvo de las graves amenazas del TLC.

Los principales conflictos sociales por el agua que se están dando en Costa Rica tienen que ver precisamente con el uso y explotación de este bien cada vez más escaso. Tienen que ver con la decisión de a quiénes y bajo qué condiciones y procedimientos se les va dar prioridad para explotar las aguas nacionales. Tienen que ver, por ejemplo, con que se otorgan concesiones para que empresas rieguen canchas de golf, dejando a las comunidades sin poder atender sus necesidades básicas.

En el Capítulo 10 del TLC hay normas que impiden al Estado darle preferencia en el uso de las aguas a las comunidades locales sobre los intereses de grandes empresas trasnacionales. Además se le otorga a los inversionistas extranjeros el privilegio de demandar al Estado ante tribunales privados internacionales que sesionarán fuera del territorio nacional, cada vez que consideren que una decisión relacionada con el uso del agua afecta sus ganancias.

Frente a estas amenazas, el Capítulo 17 no provee protección alguna. La mayoría de las disposiciones citadas por el señor Sancho son declaraciones de buenas intenciones que carecen de cualquier efecto vinculante, como lo acaban de reconocer los mismos congresistas estadounidenses al referirse a los tratados firmados por ese país con Perú, Colombia y Panamá, que tienen normas idénticas. Así ocurre, por ejemplo, con las normas que hablan de no “relajar” la legislación ambiental o de asegurar “altos niveles” de protección ambiental. Bajo el TLC un país no puede ser demandado por incumplir estas cláusulas, puramente retóricas.

La única norma de este Capítulo que, después de un largo y burocrático proceso, podría dar lugar a un panel de solución de conflictos, es la que habla de no dejar de aplicar la “legislación ambiental” de forma que afecte el comercio entre las Partes. Es decir, si no se demuestra que la violación de las leyes ambientales afecta el comercio, no pasa nada en el marco del TLC. Nos preguntamos ¿Cómo afecta el comercio entre las Partes que un inversionista inmobiliario destruya las áreas de recarga acuífera o que una empresa hotelera sobreexplote las fuentes de agua? ¿Nos cuestionará Estados Unidos por no sancionar a sus propias trasnacionales? Pero estas sí pueden demandar directamente a Costa Rica con base en el Capítulo 10.

Además, debemos tener presente que cuando el Capítulo 17 habla de “legislación ambiental” no se refiere a nuestras leyes ambientales tal y como las conocemos en Costa Rica. Incluye solo una pequeña parte de ellas. Pero, para efectos del TLC, no son “legislación ambiental” las normas que regulan la recolección o explotación comercial o con fines de subsistencia de “recursos naturales”. Por lo tanto, su desaplicación no produce ninguna consecuencia bajo el Capítulo 17. Quedamos avisados entonces, las normas referidas a los procedimientos para otorgar concesiones de aguas a las empresas privadas, no son “legislación ambiental” para el TLC.

Las normas del Capítulo 10 citadas por Sancho tampoco impiden que las obligaciones impuestas al país en ese mismo capítulo afecten la capacidad del Estado para regular el uso del agua, en función de los derechos de las comunidades locales. El artículo 10.11 dice que Costa Rica podrá adoptar o mantener medidas ambientales, siempre y cuando sean “compatibles con este Capítulo”. Es decir, si esas medidas son calificadas como incompatibles con las obligaciones del Capítulo 10, no será posible adoptarlas o mantenerlas. ¿Cuál protección entonces?

A su vez, que el artículo 10.2 diga que en caso de incongruencia entre el Capítulo de Inversiones y otros capítulos prevalecerán estos últimos, no es garantía frente a las amenazas descritas. Entre otras razones, porque:

1. Según el Capítulo Ambiental las normas referidas a la extracción y explotación de las aguas no son “legislación ambiental”. Por lo tanto, si se cuestionan o se afectan estas normas por causa de los privilegios que el Capítulo 10 les otorga a los inversionistas extranjeros, no se estarían incumpliendo las disposiciones del Capítulo 17 que hablan de aplicar la “legislación ambiental”. No habría incongruencia. El artículo 10.2 sería inoperante.

2. El TLC permite que los inversionistas demanden al Estado cada vez que consideren que ha incumplido los términos de sus concesiones de aguas (10.16 y 10.28) En estos casos NO necesitan demostrar que se ha incumplido alguna obligación sustantiva del tratado. Pueden cuestionar al país directamente ante tribunales privados internacionales, sin importar si los actos de las autoridades nacionales o locales son acordes o no con los capítulos 10 y 17. Así las cosas, es irrelevante si uno prevalece sobre el otro.

Acueductos públicos en riesgo. El Capítulo 11 del TLC obliga a abrir al negocio privado (11.4), todos aquellos servicios que no estén expresamente excluidos en los Anexos I y II. En la lista de Costa Rica del Anexo II se establece que nuestro país se reserva su derecho a legislar sobre algunos servicios públicos como el servicio de suministro de agua, “en la medida en que sean servicios sociales” prestados o mantenidos por un interés público. Es decir, la posibilidad de mantener el régimen público de prestación de los servicios de acueductos está condicionada a que tales servicios cumplan con ese requisito.

El problema es que en ninguna parte del TLC se define con claridad el concepto de “servicios sociales”, ni constan documentos que aclaren cuales actividades forman parte de esta categoría y cuales no. Por el contrario, si analizamos las clasificaciones internacionales utilizadas por Costa Rica durante la negociación del tratado para definir los sectores de servicios en que asumiría compromisos, podemos constatar que en tales clasificaciones los servicios de distribución de agua son ubicados en sectores distintos y en ninguna se incluyen dentro de la categoría de “servicios sociales”.

La Clasificación Central Provisional de las Naciones Unidas (CPC) los trata como parte de un sector totalmente diferente y expresamente excluye la distribución de agua de la sección 9 donde se ubican los “servicios sociales y de salud”. La Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios de la OMC (W/120) tampoco contempla los acueductos dentro del sector “servicios sociales”.

Peor aún, en otras partes del TLC, como el Capítulo 9, Costa Rica expresamente consignó el servicio público de distribución de agua como parte de un sector totalmente distinto del sector “servicios sociales y de salud” (tomo I, página 181, texto publicado en La Gaceta)

Frente a tan graves omisiones y contradicciones de los negociadores, el señor Sancho alega que en nuestro Derecho Interno hay resoluciones de tribunales nacionales como la Sala Constitucional que reconocen el derecho al agua potable como un derecho fundamental, de las que se derivaría su carácter “social”. No dudamos que así sea.

Lo que ocurre es que en el marco del TLC NO es a los tribunales de justicia de Costa Rica a los que les tocará decidir si nuestra legislación sobre acueductos es compatible o no con el tratado. De acuerdo con el TLC, serán tribunales arbitrales internacionales a quienes les corresponderá pronunciarse ante eventuales demandas presentadas contra Costa Rica por inversionistas extranjeros u otros Estados.

Estos tribunales arbitrales NO resolverán aplicando los votos de la Sala Constitucional ni los procedentes de los tribunales nacionales. Ante demandas arbitrales presentadas con base en el Capítulo 10, es la Comisión de Libre Comercio (integrada por todos los Estados Partes) el órgano encargado de “interpretar” los Anexos, en primera instancia. Como sus decisiones se toman por “consenso” bastará con que un país no esté de acuerdo con la interpretación propuesta por Costa Rica para que tal interpretación no prospere.

El asunto quedaría entonces en manos del tribunal arbitral, el que resolverá con base en el TLC “y las normas aplicables del derecho internacional” (10.22)

Poco importará en estos casos lo que se haya definido en Costa Rica sobre “servicios sociales”. Prevalecerá lo que hayan pactado los negociadores en el Tratado y los precedentes que apliquen los tribunales internacionales que este reconoce. Y aquí llevamos las de perder.

Según el Órgano de Apelación de la OMC, los sectores de servicios basados en la clasificación de las Naciones Unidas son excluyentes entre sí, de manera que un servicio no puede formar parte de dos sectores a la vez. Al no constar una definición específica de “servicios sociales”, lo consignado por Costa Rica en el Capítulo 9 podría ser considerado como parte del “contexto” del tratado para determinar el alcance de las obligaciones asumidas por nuestro país. Ese es el razonamiento que han seguido estos paneles arbitrales en otros casos, aplicando las reglas de interpretación de los tratados del artículo 31 de la Convención de Viena.

Además, el Órgano de Apelación de la OMC también ha concluido que las clasificaciones de referencia utilizadas por un país durante las negociaciones para definir sus sectores de servicios tienen el carácter de *“documentos preparatorios”, que sirven como /strong>“medios complementarios de interpretación”* de los tratados según el artículo 32 de la Convención de Viena. Incluso ha recurrido a estas para determinar las obligaciones asumidas por ese país en un determinado sector de servicios cuando no existe una definición clara de los alcances de ese sector. Así ocurrió en el reciente caso “Estados Unidos – Medidas que Afectan al Suministro Transfronterizo de Servicios de Juegos de Azar y Apuestas” (2005) en relación con la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre Servicios.

Por estas razones, es don Ricardo quién no aplica la lógica y el contexto jurídico… del TLC. Una lógica muy distinta a la de nuestra legislación ambiental y social.

El resultado de la mala negociación del TLC es que los servicios de distribución de agua que actualmente administran el AYA, las municipalidades y las ASADAS sí corren peligro. Al no calificar como “servicios sociales” bajo la lógica del TLC, no estarían cubiertos por la reserva del Anexo II, ni quedarían excluidos de las gravosas obligaciones impuestas en los Capítulos 10 y 11 del Tratado.

No cabe duda, para defender el agua y asegurar que se siga regulando como un bien público al servicio de las necesidades del pueblo costarricense, es urgente decir NO al TLC.

Visite: – http://www.costaricadicenotlc.blogspot.com/ – http://www.frenteamplio.org

Dictaminan apertura y destrucción del ICE

Resumen de objeciones del Partido Frente Amplio

SE ACABA EL MODELO SOLIDARIO

El proyecto de “Ley General de Telecomunicaciones” dictaminado el 20 de junio de 2007, elimina el modelo solidario del ICE, que permite subsidiar al 84% de los usuarios residenciales, ya que:

  • Prohíbe el establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes y servicios ofrecidos por un operador o proveedor (artículo 60). Precisamente, son los subsidios cruzados los que nos han permitido garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad plasmado en nuestra Constitución (artículos 50 y 74).
  • La contribución que se establece a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), dispone que no podrá ser menor al 2% ni superior a un 4% de los ingresos brutos obtenidos directamente. Esta contribución podría ser hasta 4,5 veces menos de lo que hoy invierte el país para subsidiar el servicio universal que es de un 9%.

SE TERMINA CON LA UNIVERSALIDAD DEL SERVICIO

Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país se basan en el principio de “servicio universal”, pero el proyecto de ley cambia este concepto por el de “acceso universal”, definido como “el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto a los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica…” (art. 6:x)

Como podemos ver con este cambio, se varía totalmente el concepto de servicio universal, pues solo se garantizará el acceso universal, de manera colectiva, o sea, poniendo a disposición de una comunidad determinada un teléfono público.

AUMENTA TARIFAS PARA LOS USUARIOS

Se establece que la SUTEL podrá determinar que existen condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, en cuyo caso se autoriza a que sean los propios proveedores los que fijen los precios por los servicios de telecomunicaciones (artículo 54). Vemos así, como se rompe con la naturaleza jurídica dada por nuestro país a este tipo de servicios, pasando de considerarse servicios públicos al costo, a ser considerados como simple mercancía.

En este sentido, nada impediría que grandes transnacionales que operen en nuestro país se pongan de acuerdo y bajen los precios a tal punto que el ICE no pueda competir y quiebre, como ha ocurrido en otros sectores del comercio; por supuesto después los precios subirán y a partir de ese momento serán los que fijen esos operadores en aras de obtener mayores ganancias, con el consecuente perjuicio para los usuarios, pudiendo llegar a cuadruplicarse como ha ocurrido en toda América Latina.

Peor aún, se establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones no están obligados a justificar sus precios de acuerdo a sus costos ni a registrarlos (artículo 55). Mientras que el ICE si tendrá que hacerlo, exigiéndole que la interconexión a los privados se la dé al costo.

Además se obliga al ICE a que garantice a los privados el acceso a las instalaciones esenciales (edificios, postes, ductos, torres, canalizaciones, estaciones –art. 6:k) o sea, que lo que hoy tiene el ICE y ha desarrollado con el aporte y esfuerzo de todos los habitantes, deberá ponerse a disposición de los operadores privados que ingresen a nuestro mercado y a precios de costo. Esto implicará una desventaja más para el ICE respecto a los competidores transnacionales, siendo que los países que ya se han abierto han sufrido un estancamiento en el desarrollo de sus redes fijas, debido a disposiciones como éstas.

SE PIERDE EL CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO

Se define los servicios de telecomunicaciones como servicios disponibles al público (artículo 6:z), que no es lo mismo que servicios públicos de telecomunicaciones. Al dejar de ser un servicio público se excluye de la tutela del artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública; hoy es considerado además un servicio básico al que deben tener acceso todos los habitantes, y se convierte en una mercancía, es un servicio disponible al público, pero estaría al alcance solo de quienes puedan pagarlo. Lo cual es inconstitucional por contrariar lo dispuesto en los artículos 60 y 121 inciso 14 de la Constitución Política.

ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN MANOS DE LOS POLÍTICOS DE TURNO

En el dictamen aprobado se modificó el órgano encargado de asignar y reasignar las frecuencias dándole esta competencia al Poder Ejecutivo (artículo 10), mientras que un texto anterior se la daba al Ente Regulador, dejándolo así en manos de un órgano netamente político, que cambia cada cuatro años, que es vulnerable a cualquier tipo de influencias políticas, como en el caso de Millicom. Además el proyecto propone que la asignación de las frecuencias esté en manos del Poder Ejecutivo, mientras que el control lo tendría otra entidad, lo cual implicaría mayores gastos de fondos públicos.

El ICE PIERDE LAS FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

El proyecto de ley no se refiere a las concesiones del ICE otorgadas al ICE en su Ley de creación, que le autoriza a brindar los servicios de telecomunicaciones mediante una concesión de pleno derecho por tiempo indefinido; pero sí establece que las concesiones del espectro serán por 15 años prorrogables hasta los 25 años. Por otra parte, en el transitorio III se obliga al ICE y a RACSA a levantar una lista de todas las frecuencias que le han sido asignadas e indicar cuáles no está explotando; y de seguido autoriza al Poder Ejecutivo para que les solicite que devuelvan las frecuencias para que sean reasignadas a operadores privados.

PRIVILEGIOS PARA LOS INVERSIONISTAS PRIVADOS

El dictamen incluye como objetivo de la ley que “no se fomente el establecimiento de tributos” (artículo 2:h), con lo que se pretende que las inversiones en el sector de telecomunicaciones no se graven, lo cual es inconstitucional al dejar de lado la potestad tributaria del Estado, establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, y por supuesto, el deber consagrado en el artículo 18 de contribuir con los gastos del Estado.