Categoría: Artículos

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una universidad pública costarricense. Esto nos hace parte de una tradición universitaria de grandísima riqueza ética, espiritual e intelectual, a la que han contribuido nombres tan ilustres como los de Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, Emma Gamboa, Isaac Felipe Azofeifa y Joaquín Gutiérrez Mangel. Entre las figuras emblemáticas de la cultura y el pensamiento en Costa Rica, que hoy son portadoras de esa insignia universitaria de que somos herederos, descuellan María Eugenia Dengo, Hilda Chen Apuy, Eugenio Rodríguez y Alberto F. Cañas.

Esta tradición define un compromiso y marca un derrotero. La universidad pública en Costa Rica es una institución que cultiva el pensamiento crítico e independiente y que se compromete a profundidad con los valores de democracia, justicia social, participación ciudadana y libertad, que constituyen la base más positiva y avanzada de la nacionalidad costarricense y la más sentida aspiración en el alma de nuestro pueblo.

La riqueza de esta tradición universitaria ha quedado claramente plasmada en la normativa fundamental en que se asienta el funcionamiento de nuestra institución. En nuestras Misión y Visión Unedianas, asumimos compromisos explícitos con la más amplia democratización de la educación y el conocimiento, los valores de justicia, democracia, respeto, medio ambiente, género y diversidad cultural, y nos proponemos ser actores protagónicos en el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro pueblo.

Desde esa tradición universitaria que nos infunde orgullo y coraje, en ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados (artículos 28 y 29) y, a la vez, en cumplimiento de nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, queremos hacer pública nuestra oposición frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), por las siguientes razones:

1) Este TLC constituye un acuerdo bilateral entre la primera potencia económica, política y militar del planeta y países pequeños, pobres y poco desarrollados. Además, es un acuerdo que se diseña exclusivamente con base en criterios mercantiles, ajeno por completo a cualquier consideración de justicia, equidad o democracia. Teniendo en cuenta lo anterior, el TLC implica, ya desde su misma concepción, una combinación sumamente peligrosa: por un lado, la asimetría radical entre los países signatarios y, por otro, la total primacía de lo económico-mercantil.

2) Esas dos realidades fundamentales quedan recogidas en los contenidos del Tratado de una forma contundente. Es un acuerdo enteramente sesgado a favor de los intereses de Estados Unidos. Pero no los intereses de su pueblo sino los de las grandes empresas transnacionales. Además, es un Tratado que subordina toda consideración de desarrollo sobre bases de equidad, sostenibilidad ambiental y democracia, a la primacía de tales intereses económicos corporativos.

3) Lo anterior podría ser demostrado con base en múltiples datos. Señalemos, para empezar, el abusivo régimen que se crea a favor de los inversores extranjeros. Este constituye una especie de sistema jurídico aparte, que permitiría a las compañías transnacionales estadounidenses demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional, cuyo estatuto es privado y los cuales no tienen ninguna obligación de considerar las leyes costarricenses. Además, este capítulo incorpora la noción de “expropiación indirecta” como posible justificación para tales demandas. Este es un concepto jurídicamente impreciso que, en la experiencia práctica de otros tratados similares, ha dado lugar a múltiples arbitrariedades. Se ratifica así, con especial crudeza, la forma como el Tratado menoscaba el orden jurídico de Costa Rica y debilita las capacidades soberanas para la formulación y aplicación de las políticas públicas.

4) En atención a los criterios estrictamente mercantiles que le sirven de base, el Tratado obliga a que el Estado costarricense conceda a los inversores extranjeros el mismo trato que ha de dar a las empresas nacionales. Un mínimo criterio de justicia permite entender la inconveniencia de ese tipo de obligaciones ya que, sin duda, la mejor forma de propiciar la injusticia es tratando igual a los desiguales. Lo cierto es que para promover el desarrollo de nuestro país, y hacerlo por vías que propicien la participación y la equidad, han de establecerse estímulos diferenciados, tomando en cuenta criterios apropiados. Por ejemplo: tamaño de las empresas; ubicación geográfica de estas; su capacidad para generar empleos, democratizar la propiedad, innovar tecnologías o proteger el ambiente. También deben tenerse en cuenta criterios de género, de cultura o de apoyo a minorías. Nada de esto es posible con este TLC, lo que, además, contradice flagrantemente experiencias históricas de desarrollo capitalista exitoso. Incluso Estados Unidos, en sus etapas iniciales de desarrollo, estableció políticas selectivas con base en las cuales incentivó su avance económico. De forma similar han procedido, hace muy pocos años, Japón o Corea del Sur, como también China, en el momento actual. Para nuestro país esto resultaría prácticamente imposible, ya que entonces entraríamos en contradicción con el Tratado, que, en virtud de nuestro ordenamiento constitucional, posee un estatus jurídicamente superior al de nuestras leyes.

5) Paradójicamente, según quedó expresamente enunciado en la Ley de Implementación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, para este país el TLC tan solo posee la calidad de un agreement (acuerdo), no la de un treaty (tratado). Esto implica que es jurídicamente inferior a cualquier ley estadounidense, sea de nivel federal o estatal. Y para que no queden dudas al respecto, esa misma Ley de Implementación deja explícitamente enunciado que tal es la jerarquía jurídica que el Congreso estadounidense le reconoce y concede a este agreement. Con ello se viene a ratificar, una vez más, la tremenda asimetría de las condiciones bajo las cuales regiría este Tratado, incomparablemente más exigentes y restrictivas para nuestro pequeño país que para la superpotencia.

6) El Tratado tan solo incorpora una protección débil y parcial a favor de los servicios públicos de educación, salud y acueductos. En estos casos, y en relación con otros servicios sociales importantes, sigue vigente, entre otras, una de las normas más preocupantes: aquella, mencionada en el punto 3 de este manifiesto, que permite demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional. Esto constituye un preocupante elemento de presión a la hora de formular políticas públicas relativas a tales servicios, lo que sin duda limitará los espacios de maniobra de que disponga el Estado costarricense. Pero, además, el Tratado establece un régimen de irrestricta liberalización en relación con la oferta privada de tales servicios. Ello provoca, sin control posible, que se agudicen varias tendencias problemáticas que ya estamos presenciando: el desarrollo de servicios privados de elite de altísimo costo, la proliferación desordenada de ofertas privadas y el desmantelamiento de los servicios públicos. En el caso del agua, además, se desregula por completo su comercio en forma envasada, incluyendo su exportación, lo que pone en grave peligro la disponibilidad futura de este elemento esencial para la vida.

7) El Tratado liberaliza la importación de la mayoría de los productos agrícolas alimenticios, y lo hace a pesar de la enorme desventaja que representa para nuestros productores, en virtud del masivo subsidio que sus contrapartes estadounidenses reciben de su gobierno. Esto implica la segura desaparición de nuestra agricultura de producción de alimentos para el mercado nacional, la ruina, por lo tanto, de quienes la producen. Pero, además, nos hará definitivamente dependientes de la importación de alimentos, con todas las consecuencias que esto tendrá para la soberanía política de nuestra nación.

8) La apertura-privatización de las telecomunicaciones crean las condiciones que a futuro destruirán el exitoso modelo solidario del ICE. No se propiciará la competencia por la sencilla razón de que las telecomunicaciones constituyen, por sus condiciones tecnológicas y de inversión, un monopolio natural. Unicamente se sustituirá un monopolio público construido sobre bases de solidaridad, por uno privado que tan solo atiende a criterios de ganancia, hecho que inevitablemente impactará sobre las tarifas, hoy día entre las más bajas del mundo. En el caso de los seguros, se propiciará que grandes masas de capitales, que deberíamos aprovechar a favor de nuestro desarrollo, fluyan hacia fuera del país como ganancias de aseguradoras extranjeras.

9) Este TLC no introduce ninguna mejora significativa en las condiciones de acceso al mercado estadounidense, en comparación con las actualmente existentes. Tampoco propicia ninguna modificación que pueda favorecer la atracción de más inversión extranjera, ya que esto sobre todo depende de aspectos como la estabilidad social y política, la calificación de la mano de obra y la disponibilidad de adecuada infraestructura. Por lo tanto, nada en el TLC permite creer que este vaya a generar en el corto plazo más empleo. Como sus efectos en el mediano y largo plazos serán los de un ahondamiento de las desigualdades sociales, es muy posible que este Tratado contribuya a deteriorar aún más las condiciones de estabilidad social y deslegitimación del sistema político, lo que resulta un desestímulo para la inversión privada. Además este Tratado limita la posibilidad de desarrollar políticas de promoción del desarrollo que estimulen la generación de empleo abundante y de calidad. En todo caso, hay que recordar que el país ha seguido una estrategia que enfatiza la inversión extranjera por sobre la nacional, con el agravante de que la primera se mueve entre dos extremos: o genera muchos empleos de muy baja calidad (las maquilas textiles, por ejemplo), o genera empleos de alta calidad pero en cuantía ínfima, por comparación con las necesidades nacionales (por ejemplo, Intel). En vista de los problemas de empleo que sufre Costa Rica, ninguna de estas dos opciones resulta deseable, con el agravante de que bajo las condiciones del TLC es improbable, sino imposible, que tales características del modelo de desarrollo vigente puedan corregirse.

10) Las regulaciones en materia de propiedad intelectual tienen múltiples y muy preocupantes repercusiones. Primero, en lo que respecta a medicinas y agroquímicos, claramente puede observarse que están diseñadas en función de los intereses de las respectivas corporaciones transnacionales. No solo se amplía, de forma subrepticia, pero muy efectiva, el plazo de las patentes (que llegarán hasta 25 años o más), sino que se impide, hasta por 10 años, el acceso a los “datos de prueba” o “información no divulgada”, en relación con la cual se impone, además, una forma de protección excesivamente amplia en sus alcances. Esto inevitablemente afectará la disponibilidad de productos genéricos, tanto fármacos como agroquímicos, lo que elevará sustancialmente los precios. Así, se dañarán gravemente las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social y, por esa vía, la salud de nuestro pueblo. Y, además, se hará más férreo el decreto de muerte contra nuestra agricultura.

11) Como universitarios y universitarias, nos preocupan, además, las consecuencias que estas regulaciones sobre propiedad intelectual tendrán para la educación y el avance científico-tecnológico de nuestro país. Esa normativa simplemente dificulta y hace extremadamente oneroso el acceso al nuevo conocimiento. Esto sin duda conviene a los países muy desarrollados, como Estados Unidos, que son los principales centros de generación de ciencia y tecnología, pero constituye un obstáculo tremendo para nuestro desarrollo. La historia demuestra –por ejemplo, en el caso de Japón o Corea y, en la actualidad, el de China- que la flexibilidad para importar, copiar y adaptar tecnologías es requisito importantísimo en los procesos de desarrollo. Sabemos muy bien que las experiencias de tales países no pueden ser trasladadas a Costa Rica, ya que se trata de condiciones históricas y momentos distintos, como también es verdad que son casos históricos que registran muchos elementos contradictorios y problemáticos, por ejemplo, en el caso de China, los tremendos costos ambientales de su actual desarrollo. Sin embargo, debemos resaltar que la modernización de sus economías habría resultado mucho más difícil, quizá imposible, de haber estado sujetas a exigencias como las contenidas en este TLC, incluidas las aquí mencionadas sobre propiedad intelectual.

12) Además, debemos tomar en cuenta que estas normativas sobre propiedad intelectual propician algo éticamente inaceptable: la apropiación privada de la vida. Ello incluye nuestra biodiversidad, que, por medio de la liberalización de los servicios de bioprospección, queda abierta a la explotación comercial por parte de las corporaciones transnacionales.

13) En materia ambiental y laboral, el Tratado es omiso, ya que deja por fuera partes esenciales de nuestra legislación interna, y, además, y en virtud de ese carácter parcial, propicia que los estándares laborales y ambientales sean empujados hacia abajo, como instrumento para propiciar la competitividad comercial.

14) El TLC no aporta ninguna mejora significativa en materia de acceso al mercado estadounidense. En cambio, abre indiscriminadamente nuestro mercado nacional a las importaciones provenientes de ese país, incluso las de su agricultura altamente subsidiada. Por lo demás, como se ha demostrado de forma contundente, la no aprobación de este Tratado no representa riesgo alguno desde el punto de vista del acceso de nuestras exportaciones al mercado estadounidense. En el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, seguiremos gozando de las mismas condiciones de acceso que tenemos hoy día. Tal es una discusión por completo innecesaria ya que se basa en supuestos que han sido deliberadamente retorcidos. En cambio, al país le conviene entrar en un proceso de redefinición de sus nexos internacionales. Debemos mantener con Estados Unidos una relación cordial y de mutuo respeto, mientras trabajamos seriamente por diversificar relaciones comerciales y económicas, creando nuevas formas de integración y cooperación con países de todo el mundo y, en especial, con los de América Latina.

El anterior es apenas un listado parcial de los múltiples aspectos problemáticos que deben ser tenidos en cuenta en relación con este Tratado, y que desaconsejan muy seriamente su aprobación.

Por lo tanto, y con plena convicción de lo que decimos, formulamos un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que NO ratifique este Tratado y convocamos a los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses a hacer manifiesto su desacuerdo y exigir de sus representantes en la Asamblea Legislativa el voto contra este TLC.

Este es un momento histórico decisivo. Mucho de la patria que se heredará a las generaciones futuras está en juego. Es un deber patriótico manifestarnos y un derecho ciudadano exigir que se nos escuche.

Por: UNED
Fecha publicación: 20/02/2007

Fuente: Argenpress

Profesora Patricia Rodríguez Hölkemeyer, La Nación, 11 de febrero. Su tesis es básicamente la de que nadie más que el pobrecito de Zoellick, tuvo que ser quien exigiera la_ “apertura”_ (o sea la privatización con antifaz) de las telecomunicaciones en Costa Rica, porque así lo demandaban resoluciones del propio Congreso de los Estados Unidos, en particular la que, en su momento, autorizó que el Presidente Bush aplicara la “vía rápida” (fast track) en las negociaciones comerciales. De ser esta presunción correcta, debería serlo en general. Es decir, Zoellick debió haber obedecido todas las órdenes emanadas del Congreso para que el asunto tenga sentido. Que de no ser así, estaríamos en presencia de un problema distinto a aquél que Rodríguez quiere hacernos comer.

El caso es que, en efecto, otros mandatos del Congreso fueron simplemente ignorados. Y no solo en la negociación con Centroamérica. El muy estimable mister simplemente se los pasó por donde quiso. Hago referencia a uno en particular: estas negociaciones comerciales debieron haberse sujetado –porque así lo ordenó el Congreso- a los compromisos que Estados Unidos asumió en la Declaración de Doha, aprobada el 14 de noviembre de 2001 en la respectiva Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Tratemos de ubicar la cosa. El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) es uno entre los varios acuerdos que fundaron la OMC en 1994. Y, por cierto, se cuenta también entre los resultados más polémicos de la Ronda Uruguay (1986-1994) de negociaciones. En relación con los medicamentos, el ADPIC introduce múltiples restricciones, claramente cortadas a la medida de los intereses de las respectivas corporaciones transnacionales. Acontece así con sus artículos 27 y 28 sobre patentes, y en especial el 33 que establece que éstas tendrán vigencia por veinte años. También el párrafo 3 del artículo 39, relacionado con los “datos de prueba” de fármacos y agroquímicos. Todo esto, en su conjunto, constituyó un duro golpe que limita el acceso a las medicinas, sobre todo en países pobres y por parte de la gente pobre. Un duro golpe que, sin embargo, resulta una caricia comparado con las barbaridades que incorpora el TLC.

Pero, en fin, que aún no tocaba hablar del TLC. El caso, sin embargo, es que ese bendito ADPIC suaviza un poco su violencia sobre los pueblos pobres del mundo, merced a su artículo 31. Este admite algunos mecanismos, más o menos extraordinarios, que amplían un poco la posibilidad de contar con medicinas más baratas. Uno es el de las licencias obligatorias, que permiten a un gobierno autorizar la producción de versiones genéricas de un medicamento que aún esté protegido por patente. Otro es el de las importaciones paralelas, que permite que un gobierno autorice que se traiga de otro país un medicamento patentado, que en éste se vende más barato. Pero ese artículo 31 establece algunas restricciones a la aplicación de tales mecanismos.

De tales restricciones, la que de forma especial preocupó en la arriba mencionada Declaración de Doha, fue aquella que restringía que un país con capacidad industrial para producir genéricos (Brasil e India son los dos principales entre los subdesarrollados) pudieran exportarlos a países pobres carentes de tal capacidad (acontece así, en general, con los países del Africa al sur del Sahara). La Declaración trató de flexibilizar esta restricción y, sobre todo, expresamente indicaba que los problemas de salud debían recibir una atención prioritaria, a la cual se sujetaría la aplicación de los acuerdos sobre propiedad intelectual.

Pues bien, el Congreso estadounidense ordenó que en las negociaciones comerciales se tuviera presente tal prioridad. Pero a mister Zoellick se le “olvidó”. Con un agravante: tal “amnesia” resultó ser contagiosa y afectó también a los negociadores “ticos”. El caso es que el capítulo sobre propiedad intelectual del TLC no solo le gana por goleada a su antecesor, el ADPIC, sino que, además, tira por el retrete la Declaración de Doha.

En el TLC las patentes sobre medicamentos se amplían a 25 o más años, sin límite a la vista y los_ “datos de prueba”_ gozan de una protección monopólica, equivalente a la de una patente, por un período que potencialmente puede ser de hasta 10 años. En contra de lo mentirosamente afirmado por los negociadores y autoridades de la Caja, esta disposición sobre datos de prueba hace muy dudosa la aplicación del antes citado mecanismo de las “licencias obligatorias”. En el TLC, además, el Estado costarricense ha de actuar como policía que vela y protege las patentes (en vez de ser las empresas las que resguarden sus propios intereses). Y, además, se formula una definición tan absurda de lo que se considera una medicina nueva, que de ello tan solo puede concluirse que de lo que se trata es de facilitar la renovación de las patentes de forma indefinida, a partir de cambios mínimos en la composición química de los medicamentos.

En resumen, si Zoellick exigió la apertura-privatización de las telecomunicaciones porque así se lo ordenó el Congreso, también debió vigilar los acuerdos sobre propiedad intelectual para hacerlos coherentes con los compromisos asumidos en la Declaración de Doha porque, igualmente, así lo ordenó el Congreso. Lo cierto, sin embargo, es que al mister nunca le importó ni un rábano qué dijo el Congreso. Este jamás ha sido su jefe. Ese puesto lo ocupan las corporaciones transnacionales y en función de las ganancias de éstas se nos impone la apertura-privatización de las telecomunicaciones, como también estas inhumanas obligaciones sobre propiedad intelectual.

¿Y acerca de los dichos de la señora Rodríguez Hölkemeyer? Una pura charanga para endulzar los oídos del patrono. Y, con todo respeto para quienes se han rasgado las vestiduras con el asunto, no tiene mayor importancia si Zoellick impuso lo de las telecomunicaciones o esto fue ofrecido por los negociadores. Que toda esta gente es parte de una misma especie: sumisos sirvientes de las transnacionales, no conocen más patria que la del dinero.

(*especial para ARGENPRESS.info)
Fecha publicación: 20/02/2007

Fuente: Argenpress

Primera. Su ambigüedad. No está claro qué se entiende por “condiciones aceptables”, pues no se definen en el tratado ni se hace referencia a que sean las contenidas en los Códigos de Trabajo.

Segundo. El cumplimiento de la legislación laboral queda condicionado. El art. 16.2.1 (a) establece: _ “Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado”_. Es decir, si la normativa relacionada con seguridad y salud ocupacional se viola una sola vez o su violación no afecta el comercio, no se está incumpliendo la norma.

Tercero. El tema laboral queda inmerso en el resto del tratado el cual se beneficia, de manera particular, la inversión extranjera en maquila y plantaciones (porque no permite ponerle condiciones). En este tipo de empresa es donde ha habido más denuncias relacionadas con la salud laboral. En las maquilas, problemas de espacio como: humedad, poca ventilación, ruido, vibraciones, hacinamiento y problemas de higiene. También problemas de contaminación por el uso de sustancias químicas, y el polvo. En las plantaciones el uso de sustancias químicas tóxicas, como plaguicidas y solventes, así como la exposición a cambios de clima donde los trabajadores son expuestos a largas jornadas bajo un sol muy fuerte y altos grados de temperatura, alternados con muchas lluvias, en un ambiente muy húmedo. En ambos casos hay problemas relacionados con las posturas, movimientos o la cadencia del trabajo; como extensas jornadas de trabajo y muchas presiones y exigencias por aumentar el volumen y la calidad de la producción; y mal trato por parte de los superiores.

Los daños a la salud derivados son: infecciones urinarias, problemas músculo esqueléticos y lumbalgia (dolores de espalda, cuello, huesos, pies, muñecas y cintura) así como gastritis y estrés, problemas respiratorios, de insolación y en la piel. También hay accidentes laborales. El mal trato, en las maquiladoras, genera sentimientos de humillación, vergüenza y desvalorización. Siendo éstas las empresas que más favorece el TLC no podemos esperar que las condiciones anteriores mejoren, sino todo lo contrario, que se generalicen.

Cuarto. Las posibilidades de acción de los trabajadores y las trabajadoras para exigir sus derechos son muy limitadas. En primer lugar, internamente es poco lo que se ha logrado para detener los abusos. En segundo lugar, los organismos creados por el tratado no tienen representación laboral, excepto para asesorías (art. 16.4), quedando las decisiones en manos de los gobiernos, que no vienen imponiendo el cumplimiento de la legislación laboral.

En tercer lugar, las demandas sobre cuestiones laborales se pueden presentar ante los mismos tribunales en que se resuelven disputas comerciales. Con ello se entrega, al igual que en el resto de los temas, la potestad de aplicar la justicia a tribunales externos a los sistemas judiciales de los países. No se diferencia el tema laboral de los temas comerciales, lo que habría podido hacerse a través de un cuerpo en algún organismo internacional como la Organización Internacional del Trabajo. Aún en esos tribunales, inapropiados, no los (as) trabajadores (as) trabajadoras ni los estados pueden presentar demandas contra las empresas, y aquellas quedan supeditadas a que las violaciones sean recurrentes, sostenidas y afecten el comercio. De acuerdo con el art. 16.2.3 los estados tampoco pueden demandarse entre ellos , pues no pueden “realizar actividades orientadas a hacer cumplir la legislación laboral en el territorio de la otra Parte”. En todo caso son esos tribunales los que tendrán la última palabra respecto a cuáles son las “condiciones adecuadas” en materia de salud laboral.

La manera en que se incluye el derecho a la salud laboral no garantiza su cumplimiento; por el contrario, podemos esperar la expansión de empresas en las cuales este derecho se viene violando desde hace décadas, junto con la presencia de barreras para exigir que se respete.

mtrejos@racsa.co.cr

Si uno de los principales problemas de la educación nacional es el de las altas tasas de deserción escolar, más de un 50% de la población adolescente no concluye la enseñanza secundaria, y éstas están directamente asociadas con las crecientes condiciones de desigualdad en que vivimos, los más altos índices de deserción se concentran en las regiones más pobres del país, ¿como puede entonces el señor Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, afirmar ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa que el TLC no tendrá repercusión negativa alguna sobre esta educación y aún más, como puede sentirse con autoridad para interpelar a la dirigencia de la ANDE a que le demuestren lo contrario, cuando él mismo anteriormente ha sido enfático en afirmar que “en un país que se parte en dos. Un país que cultiva la ilusión de unos frente a la desesperanza de otros … de aprobarlo (al TLC) sin corregir esos vacíos, los frutos de la apertura continuarán concentrándose en un lado…. y las angustias del otro”?.

Valga aclarar para aquellos que, como el cuerpo de redacción de la La Naciòn S.A., parecen tener problemas para la comprensión intertextual, que lo que el Ministro Garnier afirmaba, cuando aún no era Ministro, es que es evidente que si pueden derivarse consecuencias negativas si solo se aprobase el TLC sin la mediación de una agenda de desarrollo substantivo que la acompañe. Y esas consecuencias tienen que ver directamente con el mayor deterioro de condiciones de vida que ya de por si están incidiendo negativamente en la educación nacional, pero que podrían hacerlo más.

¿Sobre que fundamento puede basarse entonces una periodista como Berlioth Herrera para, en apoyo a las declaraciones del Ministro Garnier, afirmar, sin rubor profesional alguno, que “el TLC no incide de ninguna manera sobre la educación pública en el país”, pues el texto del Tratado en su anexo II es explicito al respecto?

Como es poco probable que el Ministro Garnier o el cuerpo de redacción de La Naciòn S.A. tengan deficiencias cognitivas significativas que les impida un lectura más holística e intertextual del Tratado, las razones para esta atrofia habrá que buscarlas en un terreno más actitudinal que aptitudinal, o de las competencias como gusta decirse ahora, algo que tratándose de La Nación S.A. no resulta nada sorprendente, pero que tratándose del Ministro Garnier.

Ahora bien, dejando a un lado la evidencia contextual e intertextual que resulta contundente respecto a la validez de la preocupación de la ANDE por los plausibles efectos negativos del TLC sobre la educación nacional, ¿realmente el texto del Tratado resulta claro en cuanto a que “ninguna de las reglas de los capítulos de servicios en inversión se aplican a Costa Rica en materia de educación pública, ni hoy ni en el futuro? Yo tengo mis dudas también a este respecto.

Berlioth Herrera afirma que lo establecido en artículo 11.2 sobre no discriminación no comprometería los presupuestos del Estado en educación pública en cuanto a obligarlos a extenderlos a la educación privada, pues “esta obligación solo rige en circunstancias similares y es claro que la educación pública y la privada no se encuentran en circunstancias similares”, pero ¿es esta presunción aplicable a lo largo y ancho de la educación nacional, colegios científicos, humanísticos y semipúblicos incluidos? ¿Y como aplica este principio en el caso de la educación estatal superior? ¿resulta acaso evidente que la educación superior privada y la estatal se encuentran en circunstancias muy disímiles, en el sentido en que lo entiende la periodista Herrera, por lo que no cabe que empresas de la educación privada, por cierto que buena parte de ellas constituidas en fundaciones de servicio sin afanes de lucro, figura que también existe a nivel de educación básica, general y diversificada, exijan del Estado un trato presupuestario no discriminatorio? Como yo lo veo, esta preocupación no resulta para nada aventurada sino todo lo contrario.

*Director Posgrado Psicología

*Fuente: Semanario Universidad *
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Artículo RELACIONADO de Henry Mora

En anteriores comunicados hemos demostrado como se ha pretendido engañar a la población costarricense sobre la falsedad de que Costa Rica se encuentra en un precipicio, sin salida, acabado y que solo el TLC la salvará de ese predicamento. Ese planteamiento desesperado se justifica únicamente por la angustia que tienen los defensores del tratado ya que poco a poco han salido a flote la inmensa cantidad de mentiras y aspectos negativos de ese Tratado Comercial y los oscuros intereses que guardan políticos, diputadas, medios de comunicación y otros que hacen y harán cualquier cosa para hacer prevalecer sus intereses y sus negocios.

El día de ayer con mucho agrado pudimos apreciar una columna en el periódico La Nación de Carlos Sojo, director de FLASCO, titulado: “Carreras de países” donde confirmaba la argumentación de SIPROCEICE sobre los años luz que Costa Rica le lleva a nuestros hermanos centroamericanos en Desarrollo humano y productividad. El señor Sojo incorpora dos indicadores adicionales que hacen contundente la afirmación de que Costa Rica en lugar de_ “quedarse atrás”_ más bien conserva una envidiable posición en América Latina en varios indicadores, a saber:

1. El Índice de Competitividad, IC, publicado anualmente por el Foro Económico Mundial, de 125 países, Costa Rica mejoró del puesto 56 al puesto 53, segundo mejor puntaje de Latinoamérica, superado solo por Chile.

2. El Indicador Democrático, construido por la Revista The Economist, analiza 60 variables y las agrupa en 5 categorías: elecciones libres, libertades civiles, gobierno funcional, participación política y cultura política. De 167 países Costa Rica ocupa la casilla 25 siendo el país latinoamericano mejor calificado y uno de los dos países de A.L. (Uruguay) que ocupan el exclusivo club de 28 sociedades con “Democracia Plena” de acuerdo a The Economist. Si en Costa Rica la participación política ha sido pobre y escasa y el gobierno ha sido tan disfuncional, entonces podemos intuir lo importante que ha sido para el indicador las libertades civiles, entre ellas las marchas pacíficas y civiles contra el TLC.

3. Como vimos en un anterior correo de SIPROCEICE, mientras Costa Rica se ubica en el puesto 48 del mundo en el Indicador de Desarrollo Humano, cuarto de América Latina, nuestros hermanos centroamericanos ocupan puestos superiores al puesto 100. Enorme diferencia toda vez que mientras más cerca se encuentre un país de 1 es mejor.

En conclusión, si el objetivo de las políticas públicas es y debe seguir siendo el ser humano entonces Costa Rica no debe cambiar su modelo de desarrollo, debe fortalecerlo para no perder esta ventaja social de la cual carecen nuestros hermanos centroamericanos. En segundo lugar, si la preocupación de los defensores del TLC es la competitividad, entonces es obvio que también es de gran interés en Costa Rica conservar el modelo de desarrollo actual para defender esa gran ventaja competitiva que se visualiza en el indicador de competitividad. Y por último, si deseamos conservar nuestra membresía dentro del selecto grupo de los 28 países catalogados dentro de una “Democracia Plena” debemos conservar y fortalecer las libertades civiles y no satanizar ni boicotear los movimientos sociales que son la razón de poseer esta enorme distinción.

En pocas palabras, por todo lo anterior se deduce con bastante claridad que los TLCs con Estados Unidos aplicados en Centroamérica y América Latina en lugar a hacer que Costa Rica_ “se atrase”_ más bien lo han colocado como un ejemplo a seguir en Latinoamérica y el mundo debido a su cultura histórica de visualizar al ser humano como lo más importante y por poseer una apertura comercial inteligente, aunque amplia. Por eso lo que dicen los grandes medios de comunicación sobre el supuesto atraso de Costa Rica con respecto a nuestros hermanos centroamericanos es una Gran Mentira.

Lic. Mauricio Hernández C.
Presidente de SIPROCEICE

COMUNICADO DEL CLERO DE LA DIOCESIS DE TILARAN
(Guanacaste y Upala)

PORQUE QUEREMOS UNA COSTA RICA SOLIDARIA

Nosotros, sacerdotes de la DIOCESIS DE TILARÁN, preocupados por las decisiones trascendentales que el Gobierno tomará en nombre de nuestro pueblo, con respecto al TLC con los Estados Unidos:

• MANIFESTAMOS:*

1. Apoyar en todos sus términos el reciente Pronunciamiento contra el TLC del Clero de Alajuela. Sabemos del hondo sentido patriótico y cristiano que movió a nuestros hermanos sacerdotes para manifestarse abiertamente en contra de este tratado, no sólo comercial, pues amarra el futuro de nuestro país a los intereses de las grandes transnacionales y empresas del Norte.

2. Por lo trascendental para la historia de nuestro país creemos en la necesidad de un Referendo popular que manifieste la opinión general al respecto. Aunque al ver la millonaria campaña publicitaria tan superficial y engañosa con que se irrespeta la inteligencia del Pueblo pareciera que la desinformación ha sido asumida por los que repiten las consignas de “mayor empleo y riqueza para todos”, la misma que nos hicieron creer con los PAEs.

3. La lamentable situación en la que apenas sobreviven los campesinos mexicanos después de más de una década con un TLC similar nos debe hacer reflexionar profundamente; todas y todos los costarricenses debemos manifestarnos ante la eventual aprobación del TLC que transformará en sus cimientos nuestra Patria. La posición correcta, ética y religiosa, ante problemas como estos, proviene entonces de un esfuerzo colectivo¹

4. En el reciente discurso de Su Santidad Benedicto XVI ante el nuevo embajador de Costa Rica el 10 de febrero el Papa reafirmó que en nuestro país: “los pobres carecen de bienes primarios y no encuentran los medios indispensables que permiten su promoción y desarrollo integral. Esto afecta, sobre todo, a los inmigrantes en busca de un mejor nivel de vida. Ante ello, la Iglesia, a la luz de su doctrina social, trata de impulsar y favorecer iniciativas encaminadas a superar situaciones de marginación que afectan a tantos hermanos necesitados, pues la preocupación por lo social forma también parte de su acción evangelizadora”. Por eso hoy, como Iglesia, no podemos permanecer indiferentes ante un TLC que privilegia los productos y la economía a la Persona Humana y por desgracia aumentará el número de pobres y reafirmará en su lugar las clases más pudientes, afianzando la injusta asimetría social.

5. Nuestra Iglesia_ “no puede ignorar estas situaciones. No debe resignarse pasivamente y dejar que las cosas queden así, o como sucede con frecuencia, degeneren en situaciones peores”[_2]. El próximo 26 de febrero se tomará un pulso entre las fuerzas antagónicas que esperamos no degenere en más violencia, sino en una pacífica y democrática manifestación popular donde ambas posiciones puedan expresarse sin provocaciones mutuas.

Diez años después de nuestro polémico “Comunicado contra la Minería de oro a cielo abierto”, firmado por 25 sacerdotes, de nuevo firmamos los sacerdotes, comprometiéndonos a luchar con todas nuestras fuerzas por un orden más justo, indicando entre paréntesis las Parroquias que representamos.

Pbro. Ervin Álvarez Ruiz (Corralillo de Nicoya),
Pbro. Ronal Vargas Araya (Colorado de Abangares)
Pbro. José Herrera Salas (Cañas)
Pbro. Eduardo Abarca Leiva (Pastoral Educativa),
Diácono Federico Cruz (DER San José)
Pbro. Francisco Barrios (Playa Hermosa),
Pbro. Gerardo Cabalceta (Cartagena),
Pbro. Adán Carranza Villalobos (San José, Upala),
Pbro. Luis Martín Espinoza Pizarro (Liberia)
Pbro. Elías Mejías Carranza (Nandayure)
Pbro. Darío Reszka (Upala)
Pbro. Luis Gerardo Cascante (Santa Cruz)
Pbro. Luis Humberto Quesada (Miravalles)
Pbro. Armando Hernández (Arenal)
Pbro. Juan Carlos Batista (Tilarán)
Pbro. Víctor Jiménez Monge (Liberia)
Pbro. Carlos Luis Aguilar (Secretario episcopal)
Pbro. Miguel Aguilar (Cañas)
Pbro. Efrén León (Birmania)

Tilarán, 16 de febrero de 2007

San José, Costa Rica, 13 de febrero del 2007.

El día de ayer (12 de febrero), en horas de la tarde, tres sindicatos (ANEP. SITECO, SITEPP) miembros de la Plataforma Sindical Común Centroamericana – Sección Costa Rica (PSCC – CR.), nos presentamos a las barras del Plenario Legislativo a protestar, por la forma arbitraria y anticonstitucional con que se está manejando el trámite del TLC, en el ceno de ese órgano Legislativo.

La respuesta del señor José Antonio Pacheco, Presidente del Directorio Legislativo no se hizo esperar, de inmediato mandó a la Seguridad del Parlamento a destruir nuestra propaganda y a intimidarnos, con expresiones como les vamos a rajar la cara y venimos a cumplir órdenes del Directorio.

No pudiendo lograr su objetivo, el Presidente del Directorio mandó a traer a la fuerza pública, quien se presentó al mando del propio Viceministro de Seguridad Pública, Comisario Rafael Ángel Gutiérrez Gómez, quién con amenazas como nos vamos a cargas a todos irrumpió en el escenario, al mando de unos 60 policías de la Unidad de Intervención Policial ( UNIDAD DE CHOQUE), más otros 20 policías de la Región Uno a cargo del Comisario Paterson y una serie de agentes de civil, infiltrados en las barras pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Especializada.

Debemos anotar, que alas barras únicamente s permite el ingreso de 35 personas, aunque el espacio tiene capacidad para 70.

Como vemos, tanto el Presidente del Directorio Legislativo Señor José Antonio Pacheco, como el Gobierno de los hermanos Arias Sánchez, representado en el Vice Ministró de Seguridad Pública, se extralimitaron en sus acciones, ya que prácticamente, por cada persona manifestante, había tres policías.

Pero este nos es el problema, la intimidación no cala en nuestra gente, el problema es que procedieron de forma violenta a destruir, arrancar y decomisar toda propaganda contraria al TLC, violentando el derecho de libre expresión, consagrado en nuestra Carta Fundamental y en el ordenamiento jurídico costarricense.

A mi persona, particularmente, un agente de seguridad del Parlamento, me amenazó de rajarme la cara, hostigándome y retándome a pelear, pues para eso venía con órdenes del Presidente del Directorio Legislativo, seguidamente, unos cinco oficiales de los comandados por el Comisario Rafael Ángel Gutiérrez, me despojaron de un cartel que tenía en mis manos así como de la bandera de Costa Rica que pendía en mi hombro, procediendo a destruir de forma desafiante en mi propia cara.

En el mismo momento otro grupo de estos policías de Choque, como se puede observar en los medios de comunicación colectiva, televisivos y escritos, rodeaban a la compañera Xiomara Rojas y al Compañero Albino Vargas Barrantes culminándonos a abandonar la protesta, cosa que de ninguna manera lograron.

Lo importante de esta acción de la fuerza pública, es que nos revela el grado de intolerancia y desesperación a que está llegando la Administración Arias Sánchez, ante la gran coalición de fuerzas y sectores sociales que nos estamos oponiendo a su doctrina neoliberal y su proyecto más letal, su TLC.

Aprovechamos además para informarles, que tenemos informes confidenciales, en el sentido de que el Gobierno y la ultra derecha que lo acompaña, tratarán de infiltrar las acciones de propuesta convocadas por el Frente de Apoyo a la Lucha Contra el TLC, a realizarse el próximo 26 de febrero.

Tratarán de realizar una serie de acciones, infiltradas, tales como provocar disturbios callejeros para luego acusar de ello a los movimientos sociales y desprestigiar la lucha contra el TLC. Desde ya, responsabilizamos a la Administración Arias Sánchez por choques no deseados que concurran en el desarrollo de las manifestaciones pacíficas que estamos convocando a partir del próximo 26 de febrero, hasta la derrota definitiva de ese nefasto TLC.

Agradecemos que su persona u organización haga llegar este mensaje a los gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales que estén a su alcance.

En Costa Rica la receta neoliberal será derrotada.

Fraternalmente,

Edgar Morales Quesada
Coordinador PSCC – CR.
Secretario General Adjunto ANEP

Así lo publicaron

La Prensa Libre

Diario Extra1
Diario Extra2