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Por Pablo Rodríguez, Profesor de Derecho Constitucional, UCR

La jurisprudencia constitucional es nítida: La Asamblea Legislativa necesita mayoría calificada para aprobar el Tratado de Libre Comercio porque éste prevé un procedimiento de arbitraje internacional para dilucidar cuestiones que de otro modo se ubicarían en los tribunales nacionales. Así lo decidió la Sala Constitucional en 1993 cuando le fue consultado el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Lo confirmó en 1995 en acción de inconstitucionalidad contra la Ley que aprobó el Convenio para la Pesca del Atún en el Océano Pacífico Oriental.

La Sala Constitucional exige mayoría calificada cuando se crean órganos supranacionales que asumen funciones hasta entonces propias de los poderes del Estado costarricense.

Calificada ha sido la mayoría exigida a los diputados para aprobar inofensivos tratados de integración centroamericana. ¿Cómo podemos pensar que la integración con Centroamérica, Dominicana y los Estados Unidos no la requiera?

Agreguemos ahora una nota de inconstitucionalidad del TLC: crea tribunales arbitrales internacionales obligados a acatar las interpretaciones del TLC formuladas por los ministros de comercio exterior. Vamos paso a paso. ¿Está usted de acuerdo en que los ministros encargados del comercio exterior puedan dictar interpretaciones del TLC que vinculen a los tribunales arbitrales internacionales?

Los ministros encargados del comercio exterior integran la Comisión de Libre Comercio. Si lee usted sin demorarse el Capítulo 19 del TLC encontrará una tarea de la Comisión que a primera vista no se destaca: interpretar el tratado.

Pero tenga, ciudadano, la paciencia de escudriñar el Capítulo X del TLC, tocante a inversiones. Topará, nada menos, que con el poder de los ministros de comercio exterior cuyos dictámenes obligan a los tribunales arbitrales (artículo 10.22.3).

Con palabras de todos los días. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por ejemplo, objeta el establecimiento de un botadero de basura propuesto por un inversionista extranjero. El inversionista extranjero puede escoger entre demandar al Estado ante los tribunales domésticos, como cualquier cristiano, o instar un procedimiento arbitral. No lerdo, tampoco perezoso, escoge ir al tribunal arbitral del TLC.
¡Qué diferencia!

Ante un juez doméstico el inversionista verá aplicar la Constitución Política, el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia protectora del medio ambiente. En un tribunal arbitral del TLC se aplicará el Tratado de Libre Comercio el Tratado tal como lo interpretan los señores ministros del comercio exterior. Los tribunales arbitrales del TLC estarán obligados a someterse a la interpretación de los ministros, señores que no son jueces y estén profesionalmente orientados al libre cambio.

Nuestro imaginado inversionista extranjero no necesita agotar los recursos administrativos o judiciales. No le es menester interponer una acción contencioso administrativa. El Estado costarricense no decide caso por caso si somete el asunto a arbitraje o se lo dilucida ante nuestros jueces, pues por la mera aprobación del TLC el Estado costarricense da su aceptación a los arbitrajes internacionales de una vez por todas.

Muy simple sería el inversionista extranjero si decidiera acudir a los tribunales domésticos. Sabe que la Constitución es el superior criterio para resolver su asunto. En cambio, ante los tribunales arbitrales del TLC es el TLC la norma superior. Muy simple sería el inversionista de no buscar un interpretación que por la fuerza de las obvias circunstancias le será más favorable que la de los jueces costarricenses sujetos al Estado Social de Derecho.

¿Nos estamos poniendo cavilosos por cuestiones muy técnicas de libre comercio?

No señor. El TLC no solamente rige el comercio. Terminará por regir el ambiente y las políticas públicas sobre inversiones extranjeras. Los árbitros del TLC indagarán las relaciones entre medio ambiente y libre comercio; las conexiones entre la prohibición de imponer requisitos de desempeño y la eventual –¿por qué no?- empecinada voluntad política de que la inversión extranjera se relacione intensamente con las empresas costarricenses.

Esto es lo medular de la camisa de fuerza ideológica en que pretenden meternos.

Julio 4 de 2006

Sintetizando: apoyamos el libre comercio de manera clara y entusiasta, pero el TLC tal como está concebido no puede ser aprobado

De cara a los desafíos históricos que enfrenta la sociedad costarricense, el cooperativismo nacional recalca que:

• Congruentes con el ideario cooperativo aspiramos a un país de propietarios y no sólo de empleados.
• Urgimos por plataformas que permitan rescatar lo mejor de cada posición, porque el dialogo es un excelente instrumento.
• Instamos a fortalecer los mecanismos de política pública para favorecer a los sectores sociales más vulnerables

Desde nuestra posición consideramos necesario dar contenido real y vigencia a:

• Igualdad de oportunidades,
• equidad, inclusión social y productiva
• comercio justo,
• defensa de la soberanía nacional,
• derecho a la paz,
• desarrollo de cultura de rendición de cuentas,
• política económica para crecer y distribuir con sostenibilidad
• ética pública como medio para establecer, delimitar y renovar las relaciones entre las personas y su comunidad,
• respeto a derechos humanos.
• Apoyo al sector productivo en su conjunto sin importar el mercado al cual se dirige,
• afirmación positiva y respeto a la diversidad.

Terminamos con una máxima del sector cooperativo, emanada del sacerdote español Arizmendiarrieta, que no nos cansaremos de repetir pues representa el imperativo de la solidaridad en un mundo cada vez más mercantilizado y ajeno a la justicia social:

“Todo en solidario, nada en solitario…”

Documento completo en Adjuntos

Abril del 2 006
San Carlos, Alajuela, CR.

Señor:
Guyón Massey
Diputado Electo
Partido Restauración Nacional

Estimado Hermano:

Reciba un cordial y respetuoso saludo en el maravilloso Nombre de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseamos que Dios le ilumine en todo momento en la difícil labor de legislar durante los siguientes cuatro años en el Primer Poder de la República. Queremos que al terminar este periodo Ud. pueda salir con la frente en alto y el Nombre de Jesucristo sea glorificado a través de su vida. ¡Muchos éxitos!

Todos los firmantes de este documento somos pastores de diferentes Iglesias y diferentes denominaciones que estamos preocupados por la decisión tan transcendental que se tiene que tomar en el Parlamento con respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, más conocido como el “TLC” o el “CAFTA” por sus siglas en inglés. Aquí le vamos a expresar nuestro sentir y nuestro punto de vista con relación a este tema el cual anhelamos sea tomado en cuenta por su estimable persona a la hora de tomar su decisión con el voto. En un programa radial conocido como la “Hora que ortiga” de Radio Reloj en el cual Ud. fue el invitado el día lunes 17 de abril del presente año, Ud. expresó que tomaría muy en cuenta la opinión de la Iglesia y que ello le ayudaría a decidirse por la mejor opción para Costa Rica. Pues bien, aquí le vamos a decir con todo respeto el porqué creemos que le debe decir No a este “TLC”.

Veamos las siguientes razones:

Con el TLC

**-* Se crea un régimen jurídico de privilegio a favor de los inversores extranjeros, con lo que, además, se concede a éstos un inmenso poder de presión sobre el Estado costarricense y la formulación y aplicación de las políticas públicas.

**-* Se limita la posibilidad de aplicar una política nacional de desarrollo, entre otras razones por:

• Prohibición de requisitos de desempeño a inversión extranjera.

*Limitación al aprovechamiento de las compras del sector público como instrumento de desarrollo.

*Limitación de acceso al conocimiento por restricciones sobre propiedad intelectual.

*Desregulación casi total de mercados de servicios.

*Pérdida de control sobre biodiversidad.

**-* El grave retroceso o desaparición del estado solidario, por la apertura de las telecomunicaciones y los seguros, el debilitamiento de las políticas de discriminación positiva a favor de grupos débiles o vulnerables, la restricción en el ejercicio de las políticas públicas, el debilitamiento de la legislación laboral y ambiental.

**-* La pérdida de la soberanía alimentaria en el contexto de un mercado agropecuario mundial dominado por un puñado de gigantes y con masivos subsidios en países desarrollados, simplemente se decretó la muerte lenta de la producción de alimentos agropecuarios.

**-* En virtud de la ambigüedad y oscuridad de las excepciones que introduce y el contexto de la fuerza real del régimen inversionista-estado del capítulo 10, el tratado abre la posibilidad de que la *educación, la salud, y el agu*a- en su faceta de servicios mercantiles prestados privadamente- queden sujetos a un régimen de irrestricto libre mercado.

**-* Aprobar el TLC *es renunciar al proyecto de país asentado en un modelo de desarrollo de base naciona*l, para sustituirlo por una estrategia de pura y simple transnacionalización de la sociedad y la economía.

**-* Con el TLC Costa Rica sería un mercado libre de armas lo que favorece a multimillonarios inversionistas y traficantes extranjeros. En nuestro país se daría la producción y trafico de las mismas libre de impuestos. (Fuente: TLC con EE.UU. Anexo3.3. Lista Arancelaria de Costa Rica, partidas 87100000, 89061000, 93012000, 93020000 a 9307000)

**-* Sectores agrícolas se verán muy afectados como los arroceros quienes serán eliminados por lo que se prevé que miles de agricultores queden desempleados aumentando así la pobreza.

**-* Obligaría al país a pagar compensaciones (dar dinero) si una empresa transnacional no gana lo esperado.

**-* Si la legislación nacional no permite que una empresa se establezca porque no cumple con la legislación, el país puede ser demandado.

**-* Las empresas transnacionales no reconocerían los tribunales del Estado y todo conflicto se tiene que resolver en tribunales privados en otro país. (EE.UU.)

**-* El ICE con la apertura de sus servicios más rentables como redes privadas corporativas: 14.000 millones de colones anuales, Internet y telefonía celular: 128.000 millones, dejaría de percibir el 68.5% de las ganancias totales de la institución, ganancias que son utilizadas en lo que ellos llaman gastos cruzados con lo que dan electricidad a todo el país. Es decir, sin estas ganancias es muy probable que el ICE quiebre o simplemente aumente sus tarifas para poder seguir brindando este servicio. Además con el TLC se obliga al ICE a que preste a las transnacionales sin ninguna remuneración a cambio las conexiones hechas como por ejemplo con el cable maya y los cables submarinos de fibra óptica (Internet)

Pero además de todas las consideraciones que aquí se le han expuesto, es importante que conozca algunas razones por las cuales la Comisión de Notables convocada por el presidente Pacheco, quien entre otros personajes se encontraba el astronauta Franklin Chang Díaz, dictaminó que este TLC no responde a los intereses de Costa Rica. Los siguientes argumentos están expuestos en el INFORME de dicha comisión.

**-* El TLC tendrá un importante impacto negativo sobre la industria de medicamentos y agroquímicos genéricos local. La desaparición de productores locales afectará la necesaria competencia sobre los productos de marca, o que llevará a elevar los precios de los medicamentos y agroquímicos. (Pág. 47 del Informe)

**-* Los productos que actualmente C.R. exporta a Centroamérica serán desplazados por los de EE.UU. debido a los subsidios que éstos reciben, constituyendo esto una competencia desleal. (Pág. 18)

**-* Costa Rica podrá ser demandada por las empresas transnacionales, pero nuestro país no podrá demandar a esas empresas (Pág. 23, párrafo 4). Todos sabemos que las demandas que entablan esas transnacionales son por muchos millones de dólares.

**-* Las diferencias de tamaño entre las economías de USA y Costa Rica (entiéndase asimetrías) son abismales. El TLC no reconoce estas asimetrías. Aunque se conceden plazos largos para eliminarle aranceles a algunos productos “sensibles”, así como la posibilidad de aplicar salvaguardas temporales, esto en el mejor de los casos es una “crónica de una muerte anunciada” para los productores/as costarricenses. (Págs. 21 y 25)

**-* Para nuestro país es más favorable renegociar otro tratado con USA que sea más justo y equitativo que el presente. Es decir* “un tratado a la Tica”* (Pág. 25) “Si el TLC no aborda el problema de las asimetrías y si sus posibles beneficios y menores perjuicios dependen de factores que el Tratado mismo no contiene, entonces el país debería *prepararse para entrar a jugar bajo sus reglas*”

**-* Se perjudican instituciones públicas cuyas ganancias son de carácter social y solidario, pues éstas ayudan a subvencionar entes como el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica por parte del INS que también financia el seguro de cosechas y cubre los gastos contra riesgos del trabajo. De entrar la competencia extranjera en el campo de los seguros, las ganancias se irían para el extranjero a favorecer empresas o corporaciones ajenas al bien nacional, lo que dejaría en el desamparo el bien social que el INS le ha brindado al país. (Pág. 54)

**-* Creemos que no se va a cumplir con la Agenda Complementaria por dos razones básicas:

1ª Esta agenda no es una obligación para el gobierno, motivo por el cual la va a obviar, aunque ésta sea indispensable para el país.

*2ª * El gobierno va a aducir que no tiene recursos para cumplir con la misma. A manera de ejemplo podemos respaldarlo con testimonios evidentes al ver el estado de las carreteras, la lucha contra el dengue, la infraestructura de la mayoría de los centros educativos, la atención médica en las clínicas y hospitales de la CCSS, la pésima atención en los aeropuertos, etc., etc. (El ruego, la suplica, la insistencia que hacen los Notables en la Pág.. 56, párrafo 8º, posiblemente va a ser pasada por alto)

**-* Se nos ha hecho creer que el TLC es el puente al desarrollo. Nada más alejado de la realidad. La Comisión de Notables es muy clara, realista y contundente. Para ser mas explícitos veamos lo que dicen estos señores en las Págs. 56 y 57 (citamos lo que escribieron al final y principio de ambas páginas)
“El análisis del TLC ha hecho evidente para la Comisión, que tal y como lo han venido señalando algunos estudios y autores, no tendría sentido aprobar o reprobar un tratado y pretender enfrentar las serias consecuencias de la decisión, cualesquiera que éstas sean, +si el país no corrige vacíos, rezagos y deficiencias que arrastra en el esquema de desarrollo que ha seguido en las ultimas décadas+”.

**-* Como es sabido, nuestro país tiene tratados comerciales con Chile, México, Canadá y los países de CARICOM, no obstante, esto no ha llevado a una disminución de la pobreza. La Comisión en la Pág. 58 párrafo 4º dice:

“Cabe, incluso, hacerse algunas preguntas tales como: Costa Rica es el primer país exportador per capita en América Latina y el cuarto en el mundo ¿Cómo es posible que con esos datos no se haya logrado disminuir la pobreza? ¿Qué se debe hacer? El problema parece no estar en el TLC pues el país lleva muchos años exportando, lleva muchos años disfrutando de los beneficios de Cuenca del Caribe y no se ha logrado disminuirla sustancialmente”.

**-* Es interesante ver como esta establecido dentro del TLC el hecho de que si una empresa o inversionista incumple las leyes laborales del país, el que es sancionado es el país y no el empresario. Pág. 44

Como UD. puede ver, estimado hermano Guyon Massey, el TLC no puede ser beneficioso para Costa Rica, todo lo anterior lo afirmamos con estudios muy serios elaborados en las universidades estatales, con el Informe de los Notables y con artículos periodísticos que se han publicado a lo largo de los últimos meses y de los cuales tenemos copia y que pondremos a su disposición si así lo considera pertinente.

Dios y el pueblo cristiano que votó por UD. le concedieron el privilegio de ocupar una curul en la Asamblea Legislativa, oportunidad que debe aprovechar para legislar en pro del pueblo costarricense, esperamos que siga el ejemplo del Pastor Martín Luther King quien en los EE.UU. luchó por los más oprimidos y desposeídos, siendo un ejemplo de líder cristiano que impactó no solo a esa gran nación sino a todo el mundo, lo que lo llevó a obtener el Premio Nóbel de la Paz. El dijo: “El amor es uno de los pilares de la fe cristiana. Otro pilar es la justicia, que no es más que el amor puesto por obras. (Pág. 54 Revista: APUNTES PASTORALES – Volumen XXIII-3) Sabemos que DIOS le dará sabiduría para tomar la mejor decisión y que con los aportes que aquí le hemos brindado UD. tendrá la luz y la claridad para decirle NO al TLC.

“Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme
delante de este pueblo, porque ¿Quién podrá
gobernar a este tu pueblo tan grande?
Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en
tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria,
ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste
muchos días, sino que has pedido para ti
sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo,
sobre el cual te he puesto por rey,
sabiduría y ciencia te son dadas; y también
te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca
tuvieron los reyes que han sido antes de ti…”

2ª Crónicas 1: 10-12

De UD. con toda consideración y respeto:

Firman Pastores de diversas congregaciones evangélicas

La razón de hacer invisible al ICE y atacarlo es un estrategia del poder económico que busca desprestigiar a la Institución ante la opinión pública para que acepte que el ICE debe ser privatizado, es decir, entregado a unas pocas manos que buscan lucrar con el dinero que producen las telecomunicaciones y la energía eléctrica.

Acordémonos que el intento más fuerte de privatización del ICE se dio en la administración de Miguel Ángel Rodríguez con la ley del Combo, que llegó a aprobarse en primer debate en la Asamblea Legislativa, con los votos de Liberación y la Unidad, sin embargo tuvo que ser archivada por las protestas que todos conocemos.

Pero los intentos no iban a morir ahí. Con el TLC abrieron de nuevo el portillo de la privatización, no ya sólo del ICE, sino también del INS. Con respecto al ICE se cometió un engaño a la población pues tanto el ministro Trejos como el presidente Abel Pacheco sostuvieron que el ICE no sería parte del TLC. No solo lo hicieron parte, sino que comprometen al ICE a poner a disposición de los competidores las mismas instalaciones para que operen sus sistemas de telecomunicaciones.

Hoy, el presidente Oscar Arias, promotor de privatización de instituciones, habla de lo que se va a dar es una “apertura”. Utilizan este término para no utilizar el término correcto: privatización, que tanta desigualdad y pobreza ha traído donde se han implementado en América Latina. La “apertura” significa que las poderosas empresas de telecomunicaciones podrán hacer uso de la infraestructura que todos hemos construido a través del ICE, como lo son: las torres, antenas, edificios, cable submarino, fibra óptica, tendido eléctrico. La “apertura” tiene naturaleza de despojo, y actúan los que así la promueven en forma desleal con los verdaderos dueños del ICE, el pueblo costarricense.

El ICE como institución, y en general todas las instituciones de nuestro país, tienen la siguiente importancia: Fuerte sostén de la democracia, justa distribución de la riqueza, motor del progreso al llevar la electricidad y las telecomunicaciones a los últimos rincones (hasta en la Isla del Coco hay electricidad). Acabar con el ICE significa de hecho la pérdida irreparable de esas conquistas.

Roberto Guadamuz Hidalgo
Cédula 1 455 521

Lunes 26 de Junio de 2006

“No temas, solo CREE”. Marcos 5:36

En su artículo “Injerencia de sindicatos y ONG de EE. UU. contra el TLC y el interés nacional” (14-5-06), la profesora Rodríguez reproduce –al parecer con vaporosa candidez- todas las argumentaciones que cualquier gerente de transnacional querría pronunciar a favor de la “exportación de empleos” (outsourcing), desde los países ricos hacia los pobres. Ello se sintetiza en la indignación que expresa cuando advierte que los sindicatos costarricenses se vuelven “contra” nuestras clases trabajadoras, al apoyar las denuncias de sus contrapartes estadounidenses contra esa práctica. A juicio de Rodríguez, nuestra gente “gana” con cada puesto de trabajo exportado desde Estados Unidos.

El juego ideológico es poco sutil: legitima la competencia basada en “bajos salarios” de nuestros trabajadores y trabajadoras contra los de Estados Unidos y, a la vez, deslegitima la solidaridad sindical internacional. Tal es el sueño de las transnacionales: clases trabajadoras enclaustradas en fronteras nacionales, compitiendo encarnizadamente unas con otras. La fragmentación de los intereses laborales en vez de su globalización, para, sobre esa base, desatar una espiral descendente: menos salarios, más “flexibilidad” laboral, mayor represión sindical, menos legislación laboral. Para ella, tal es el “interés nacional” con lo que tan solo refrenda la densa bruma ideológica en que está extraviada: a su parecer –terrible equívoco– lo que es bueno para el capital transnacional lo es también para Costa Rica y su gente trabajadora.

En el artículo “La UCR y la UNA no toman en cuenta los graves efectos de quedar fuera del TLC” (10-6-06), la profesora intenta poner en mal a los consejos universitarios. Su “defensa” –peor que la de la sele– deja un cuadro de lástima. Reitero que, para no extenderme en exceso, tan solo me referiré a uno de sus “argumentos”

Repite la conocida letanía: salud y educación públicas y suministro de agua (entre otros servicios) están fuera del Tratado, en virtud de la “reserva” que a su favor aparece en el Anexo III de “medidas disconformes” (lista de Costa Rica). La profesora se limita a mencionar la cosa, pero elude cualquier análisis. La tal reserva –que no exclusión– opera para “servicios públicos establecidos o mantenidos por un interés público”. Primer “problemita”: nada de lo dicho posee un significado evidente, sobre todo porque el propio Tratado es omiso en definir qué se entiende por cada uno de esos términos. Con un agravante adicional: el Tratado concede poder de interpretación únicamente a dos instancias: la Comisión de Libre Comercio (constituida por los ministros de comercio exterior, cuya filiación ideológica se adivina fácil) y los tribunales de arbitraje internacional. No son, ni mucho menos, entidades democráticas ni transparentes.

Lo anterior ilustra acerca de lo grave que resulta la ambigüedad e imprecisión que recorren la totalidad de este documento. Ello no se reduce a lo que haya de entenderse por “servicio público” e “interés público”, sino que reaparece aquí y allá, con cada término y en cada artículo e inciso. Porque dejadas las cosas al arbitrio de la interpretación, esta última no es ejercida por instancias democráticas, abiertas al escrutinio público, sino por esa clase de entes –tecnocráticos en el mejor de los casos; opacos de cualquier forma. Esto subvierte de raíz los mecanismos de la democracia y amordaza toda manifestación de la voluntad popular.

También olvida la profesora Rodríguez un hecho obvio: la “reserva” no alcanza a estipulaciones tan fundamentales como las que tienen que ver con expropiaciones (inclusive la “expropiación indirecta”; artículo 10.7) y todo el vasto mecanismo del régimen inversionista-estado, que, como sabemos, constituye una formidable arma de extorsión en manos de los inversores extranjeros.

En todo caso, supongamos que, por ejemplo, nuestra educación pública es, en efecto, un “servicio público”. O sea, y puestos en la necesidad de interpretar, imaginemos que la Comisión de Libre Comercio avala ese criterio, ya que –excepto que se presente una demanda arbitral– nadie más podría hacerlo. En todo caso, eso no dice nada acerca de la educación privada. Y ya que la “reserva” –en relación con, por ejemplo, las normas de trato nacional y trato de nación más favorecida– valen para la educación en cuanto que “servicio público establecido o mantenido por un interés público”, ¿podría alguien aplicarle tal definición a un consorcio educativo transnacional de origen estadounidense que se quiera establecer en Costa Rica? Este brinda un servicio educativo que nadie –la súper-poderosa y neoliberal Comisión de Libre Comercio menos que nadie– querría definir como “servicio público” que responde a un “interés público”. Por lo tanto, a favor de ese consorcio conservarán plena validez todas las protecciones y privilegios que conceden los capítulos 10 y 11. Ello implica la total desregulación de los servicios educativos privados y, en último término, la transmutación de la educación en simple mercancía, sujeta estrictamente a criterios de lucro.

Este problema se mantiene incólume también para servicios como salud, bienestar social y atención infantil, si estos son ofertados por empresas donde estén involucrados intereses estadounidenses. En el caso del agua –y aparte el problema acerca de si la súper Comisión le concede estatus de “servicio público”– es obvio que el Tratado tan solo habla de “suministro de agua”. En cambio, omite la otra faceta: el agua como mercancía tangible –y ya no como servicio– según se materializa en el agua embotellada. Precisamente porque se aplica una metodología de “lista negativa” (todo lo que no se “excluya” explícitamente, está incluido implícitamente), el agua como mercancía goza de todos los privilegios que el Tratado concede a favor del “libre” comercio y de los inversores estadounidenses. Recordemos lo obvio: el agua es un recurso agotable indispensable para la vida. Por lo tanto, debería ser reconocida como un derecho humano, sujeta a estrictas normas de regulación. Pero el Tratado la reduce a mercancía, subordinada a criterios de rentabilidad.

La profesora Rodríguez intentó “argumentar” en “defensa” del Tratado. Le salió una pifia de espanto, la cual refrenda lo que ya sabíamos: que la inteligencia y el TLC son enemigos mortales. La única defensa que este admite es la que han venido aplicando: la fuerza del dinero, de la propaganda, de la manipulación. Y, por supuesto, la amenaza y la intimidación.

Junio 24, 2006
Fuente: www.tribunademocratica.com

La jerarquía o autoridad de la Iglesia Católica, o simplemente como dice la gente, “la Iglesia” hasta hace muy poco fue parte de los sectores populares de Costa Rica. Desde antes de la Independencia.

Recordémoslo una vez más: Del Castillo, Thiel, Volio, Sanabria.

Ahora se pasó al bando del capitalismo criollo. Transformó su “patrimonio”, formado con la acumulación de las limosnas de los fieles, en “inversiones”, en la Corporación Sama.

La presencia del Obispo Francisco Ulloa en su junta directiva, al lado de Oscar Arias, no pudo ser equívoca: la Iglesia es socia del capital especulativo y rentable.

Ya no es compañera de ruta de peones, trabajadores fabriles o empleados. Está del otro lado. Los clérigos o los proyectos pastorales no se mantienen de las limosnas de los creyentes, como se supone que debe ser- un acto de fe, sino de las rentas que le genera su cuantioso capital, que ayuda a producir cerveza o a financiar casinos.

El artífice-ejecutivo de tal mutación fue el Arzobispo Román Arrieta.

El anterior aristocratizante arzobispo Rodríguez puso las bases ideológicas, pero no pudo consumar el proyecto.

Desde que Oscar Arias tuvo la idea de visitar al Papa con ocasión de su obligado viaje al campeonato de fútbol, sabía muy bien cuál era su objetivo.

Era doble: primero, recibir la bendición como un “buen” presidente.

Utilizar al Papa para legitimarse en el poder y legitimar su único plan de gobierno, el TLC. Porque todos sabemos que Oscar Arias no es un católico devoto, de misa dominical ni de comunión frecuente.

Sólo cuando le conviene políticamente. La bendición del Papa en el fondo le importa un pepino. Lo que le importa es aparecer ante los ojos del pueblo costarricense como un gobernante “bendecido” por la Iglesia.

Es decir, además de tocar a Dios con las manos sucias de su política, quiere meterlas en la conciencia del pueblo costarricense nominalmente católico y mayoritariamente supersticioso e ignorante en cuestiones religiosas.

Segundo: menearle la rama al arzobispo Barrantes y a los otros obispos que no simpatizan con el TLC, aunque nunca lo hayan declarado explícitamente. Es cierto que se han manifestado por que se garanticen los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, en el juego de la economía de libre mercado. Forma parte de su obligación evangélica de tomar partido por los pobres. También es cierto que resistieron los intentos de Oscar Arias de manipulación electoral.

El revoloteo morboso de sotanas alrededor de los hombres –no hay mujeres- del poder, como que se fue a la tumba con el arzobispo Arrieta y ha quedado muy arrinconado en la Conferencia Episcopal.

Todavía Abel Pacheco medró de ello y hasta consiguió llevar una escolta episcopal al funeral de Juan Pablo II y que le prestaran una chequera para burlar la ley. Pero hoy tenemos al frente de la Arquidiócesis de San José a un hombre recto, preocupado no por figurar ni por libar en los salones del Gobierno o de los bancos, sino por transformar la pastoral parroquial del modelo de supermercado de ritos, a centros de compromiso evangélico en una sociedad secularizada y mutante.

La participación de la Iglesia en Sama –no sabemos hasta cuándo- le ha impedido a Oscar Arias percibir el cambio o se cree suficientemente poderoso como para revertirlo. No sólo quiere acabar con la resistencia pasiva o activa del clero al TLC. Quiere que desde los púlpitos le ayuden a que se apruebe a tambor batiente.

El doble objetivo de su “piadosa” visita al Vaticano queda aún más patente con las declaraciones de los días posteriores. Su indiscreción o prepotencia lo llevaron incluso a hacer público el “ofrecimiento espontáneo” del Cardenal Secretario de Estado de mandar una carta de reconvención a los obispos costarricenses.

Probablemente confiado en que Sodano es un confeso pinochetista. Ahora se contenta con que los llame por teléfono. Y no es que la Santa Sede esté en contra del capitalismo especulativo ni lo haya condenado nunca. Es que perdería más provocando una escisión en la iglesia costarricense que Oscar Arias. Sobre todo en estos momento en que al proselitismo católico no le corren muy buenos tiempos. Es un problema de intereses, no de principios.

Le ha salido al Presidente la jarana a la cara. Comienza con el pie izquierdo su política internacional: Costa Rica hace el ridículo mundial en el campeonato de fútbol y el pesimismo asfixia a la población nacional; y ahora se topa de frente con la Iglesia. ¡Ojalá encuentre algún Sancho que le sople sentido común! Su caja de resonancia mediática, La Nación, puede citar todas las encíclicas que quiera.

Nadie le va a creer tampoco que va a misa, por mucho que se quiera bañar en agua bendita y se dé golpes de pecho Los obispos tienen que reparar el daño que le causan al pueblo con su participación en Sama.

Es un antitestimonio cristiano flagrante. Se ensucian las manos para tocar a Dios. ¿Pero cómo se le ocurre a un socio de la Corporación Sama asumir posiciones contrarias a la lógica del lucro como único motor del desarrollo humano? ¿Por qué ha de decir ese socio, por muy obispo o arzobispo que sea, que la moral de la avaricia riñe con los principios evangélicos?

A todo esto ¿Dónde habrán metido a las Bienaventuranzas?

Javier Solís (jsolis@igso.net)