Categoría: TLC

San José, 12 de abril del 2007.

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República

Señor
Bruno Stagno Ugarte
Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Gobierno de la República
Poder Ejecutivo
Sus Despachos

Estimados señores y distinguidas autoridades de la República de Costa Rica:

Tenemos informes de que el pasado 14 de marzo del 2007, se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo el Informe de Recomendación al Consejo sobre las negociaciones para un posible Acuerdo de Asociación entre, la UE-América Central (Mandato de Negociación).

Es de nuestro conocimiento, además, que en la construcción de ese Mandato de Negociación, hubo participación activa de las organizaciones sindicales y movimientos sociales europeos, como es lo propio en las democracias más avanzadas del mundo.

En todo caso se debe entender que los firmantes no entendemos un Tratado o Acuerdo de Asociación, si éste no está en función del fortalecimiento y profundización del Estado Social de Derecho.

Por tanto y conforme a lo estipulado en el numeral 27 de la Constitución Política y el artículo 32 de la ley de Jurisdicción Constitucional, le solicitamos respondan las siguientes inquietudes.

Si Costa Rica, una democracia centenaria y con un gobernante que además y para renombre nacional ostenta el digno nombramiento de Premio Nobel de la Paz, va a contar con su propio Mandato Negociador: de tal suerte que la ciudadanía y los mismos negociadores tengan claras las reglas sobre los alcances y límites de su poder de negociación; condición que, en principio, evitaría que no pasáramos de nuevo por situaciones de alta tensión y confrontación social como la que se da en estos momentos con el asunto del TLC con Estados Unidos, por el uso de potestades sin control y en total abuso del equipo negociador costarricense.

Si Costa Rica va a contar con este instrumento, cómo se ha diseñado la participación ciudadana y de los sectores sociales en la construcción de ese Mandato Negociador.

Si su Gobierno, en lo que podría concebirse con una acción nugatoria el Artículo 9, inciso i) de la Constitución Política, no va a construir con la ciudadanía un Mandato Negociador, solicitamos se nos informe de los razonamientos y argumentos en que se funde tal decisión.

Para terminar, solicitamos se nos indique si el Gobierno ha realizado gestiones ante los parlamentos y gobiernos centroamericanos, para que toda la región cuente con un solo mandato negociador, como si lo tienen los europeos.

Sin más y agradeciendo su atención se suscriben,

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Xiomara Rojas Sánchez
SITECO

Luis Chavarría Vega
UNDECA

Fabio Chaves Castro
ASDEICE

Roberto Rosich Cruz
SITEPP

Renier Canales Medina
FENAC

Aquiles Rivera Arias
COSUR

Wilberth Vargas Ulate
AUATD

Gilberth Bermúdez Umaña
COSIBA

Édgar Morales Quesada
PSCC-CR

Jenny León González
SUPPAS

Luis Serrano Estada
Central Social “Juanito Mora Porras”

Luis Calderón Campos
ESPAAL

C.c. Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica.
C.c. Jefaturas de Fracción, Asamblea legislativa, República de Costa Rica.
C.c. Parlamento Europeo.
C.c. Consejo Económico y Social Parlamento Europeo.
C.c. Sr. Carlos Abadía, Representante Comercial de la Unión Europea para Costa Rica y Panamá.
C.c. Cuerpo diplomático de la Unión Europea acreditado en Costa rica.
C.c. Coordinador del Cuerpo Diplomático de la Unión Europea en Costa Rica.
C.c. Organizaciones Sindicales y Movimientos Sociales y Políticos, amigos, en Centroamérica y la Unión Europea.

En verdad el voto 790-E-2007 abre un nuevo capítulo en el desarrollo republicano costarricense. Es la primera vez en nuestra historia contemporánea en que se hará efectivo el instrumento de participación popular que contempla el artículo 105 de la Constitución Política: el referéndum.

De ahora en adelante transitaremos por nuevas avenidas democráticas y caminaremos por senderos nunca antes recorridos. Si bien se vislumbran radiantes horizontes donde el ciudadano podrá expresarse en forma directa y sin intermediarios; también surgen interrogantes sobre la forma en que se materializará la consulta popular.

Resulta infausta, por su evidente oportunismo, la reacción del Presidente de la República frente al voto del TSE. Después de negarse por casi un año a considerar esta opción ahora acude, en forma reactiva y tratando de capitalizar políticamente lo que es un traspié en su estrategia, al procedimiento del decreto ejecutivo para convocar la consulta y tratar de fijar las reglas del juego.

En estas circunstancias ¿qué criterios tomará en cuenta el TSE para decidir el procedimiento a seguir para la convocatoria: el de la recolección de firmas, ya autorizado por el propio Tribunal, o el de un decreto que posiblemente aprobará la Asamblea Legislativa en los próximos días? El Artículo 10 de la Ley 8492 indica que las consultas se acumulan, pero no explicita los criterios para resolver, lo cual otorga una amplia discrecionalidad al instituto electoral.

Pero sin duda alguna, el tema más trascendente que se han planteado en estos días es el que tiene que ver con el control de constitucionalidad previo al referéndum.

Destacados juristas nacionales han señalado aspectos específicos del TLC que violan el ordenamiento constitucional costarricense. De igual manera, una comisión nombrada por la rectora de la Universidad de Costa Rica “ha encontrado aspectos que aparentemente riñen con lo establecido por la Constitución de la República. Por tanto, es un imperativo una consulta preceptiva del Tratado a la Sala Constitucional”.

Uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico es la “razonabilidad”. Las normas del derecho positivo deben ser sensatas y lógicas. Si bien la legislación vigente es omisa en cuanto a una consulta de constitucionalidad que anteceda al referéndum, resulta razonable pensar que:

(a) no sería ético convocar a los ciudadanos a una votación, con el costo económico y emocional que conlleva, para que luego la Sala IV señale que lo consultado es inconstitucional,

(b) la determinación del porcentaje de votantes requeridos para que el referéndum sea vinculante no es materia electoral, sino constitucional, por lo que el dictamen de la Sala constituye un imperativo, y

*(c)*si las leyes antes de su aprobación legislativa requieren una consulta preceptiva, también deberían requerirla, por analogía, cuando el procedimiento es por votación popular.

Sin duda el TSE tendrá que tomar decisiones que irán conformando el marco concreto de la democracia participativa costarricense. Es una gran responsabilidad. Esperamos que esas decisiones respondan no solo a la letra de la ley, sino también a su espíritu y a principios jurídicos fundamentales.

4/20/2007

Esta vez, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, forzado por las circunstancias del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones acogió la petitoria del ciudadano José Miguel Corrales, de dirimir por medio de un referéndum de INICIATIVA CIUDADANA, el controversial TLC con Estados Unidos; anunció como respuesta a lo dispuesto por dicho Tribunal, que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar decreto a la Asamblea Legislativa para que se llame a un REFERÉDUM EJECUTIVO sobre el TLC. Pero, ¿quién nos asegura que la Asamblea Legislativa apruebe la propuesta de convocatoria a referéndum?

Nuevamente muestra el gobierno de los señores Arias inconsistencias en su pensamiento y actuación. Primero, ellos manifestaron que la reelección presidencial debía ser revisada por la Asamblea Legislativa. Nos hicieron creer que solo a ella se dirigirían, pero ya todos conocemos cómo la lograron. Ahora, con el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos”, nos dijeron que los diputados como representantes del pueblo, son los únicos con potestad para aprobarlo o rechazarlo. Ante la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones cambian de parecer, y lo hacen violentando nuevamente la Constitución (Art. 99), cruzándose en el camino tomado por el máximo órgano en materia electoral.

Al convocar a un Referéndum Ejecutivo, el gobierno estará creando un conflicto de competencia o atribuciones entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, (Art. 109 LJC), pues éste ya inició el proceso para la realización del referéndum de INICIATIVA CIUDADANA. Voto No. 790-E-2007. No puede ahora el Ejecutivo venir a decirle al Tribunal Electoral, que su resolución no es válida, y que la iniciativa ciudadana debe hacerse a un lado, para que el pueblo acuda al referéndum al ritmo y al modo que dicta el gobierno. Ya los señores Arias han estado gobernando por casi un año.

Tiempo de sobra tuvieron para sopesar la conveniencia de esta posibilidad de abrir el camino a una solución pacífica y verdaderamente democrática. La acción del Ejecutivo está fuera de lugar, es extemporánea. El TSE ya resolvió que será el pueblo costarricense, por medio de la democracia participativa o directa quién decida el destino del TLC con Estados Unidos, y que esta vez no será a través de la democracia representativa.

Abril 16, 2007

Fuente: Tribuna Democrática

.- En una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada este mes, expertos advirtieron que los tratados de libre comercio provocan con frecuencia una importante pérdida de espacio político para los países en desarrollo, además de situar en desventaja a sus bancos, industrias, agricultores y consumidores.

Los tratados de libre comercio (TLC) entre países en desarrollo pueden ayudar a fortalecer la cooperación regional, pero cuando se celebran entre un país industrializado y poderoso y países en desarrollo, pueden provocar muchos problemas para los consumidores, agricultores e industrias de estos últimos.

Esta preocupación se planteó en Ginebra, en una reunión sobre la conexión entre el sistema multilateral de comercio y los acuerdos regionales de comercio, organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Los acuerdos regionales Sur-Sur (como el de la ASEAN en el sudeste asiático y el Mercosur en América del Sur) se realizan entre países vecinos con grados similares de desarrollo, mientras que en los TLC Norte-Sur, el país rico está tan aventajado económicamente que sus mercancías y empresas pueden avasallar a la economía de la otra parte.

Lakshmi Puri, directora de la división de comercio de la UNCTAD, señaló que los nuevos acuerdos regionales de comercio trascienden el comercio para abarcar servicios, inversiones, competencia y propiedad intelectual. Sin embargo, excluyen a los subsidios agrícolas, que son una herramienta fundamental de protección para los países industrializados.

Esta cuidadosa selección de los temas, tratada por los expertos reunidos en Ginebra, refleja el desequilibrio de tales acuerdos. En estos se incluyen cuestiones como la inversión y la propiedad intelectual, que benefician a los países desarrollados, y se excluyen las que más podrían beneficiar a los países en desarrollo, como la eliminación de los subsidios agrícolas del Norte, por insistencia de los países más poderosos.

Ransford Smith, subsecretario general de la Commonwealth, dijo que los países en desarrollo tienen razón en preocuparse por los acuerdos regionales de comercio Norte-Sur, como el que negocian actualmente la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). En tales acuerdos, los países en desarrollo deberían reclamar un trato especial y la facilitación del movimiento de sus trabajadores hacia los países industrializados.

Yash Tandon, director del South Centre, señaló que hay algunos acuerdos regionales en que predomina la solidaridad y el apoyo a los socios más débiles. Pero otros, que involucran a países en desarrollo e industrializados, tienen una “estructura forzada” en que una parte impone los términos y la otra debe limitarse a tomarlos o dejarlos tal como están, dijo.

Tandon hacía referencia a lo que se denomina una “plantilla”, es decir, un
modelo de acuerdo con cuestiones y demandas fijas de los países industrializados. Solo hay espacio para una variación muy limitada. Si el país en desarrollo discrepa, no hay acuerdo. Y si se firma el tratado, el país en desarrollo acepta un arreglo desequilibrado y debe implementar políticas con frecuencia perjudiciales.

La influyente organización Oxfam afirmó que los TLC que involucran a Estados Unidos o a la Unión Europea y a países en desarrollo despojan a estos del espacio político que precisan para gobernar eficazmente sus economías.

Los TLC con Estados Unidos retardan la introducción de medicamentos genéricos, advirtió Celine Chaveriat, directora comercial de Oxfam. En Colombia, los costos de los fármacos aumentarán 919 millones de dólares para 2020 debido a su TLC con Estados Unidos. Con ese dinero se podría tratar a 5,2 millones de pacientes, dijo.

Los TLC que involucran a Estados Unidos o a la Unión Europea, agregó Chaveriat, exigen al país en desarrollo que apruebe una ley para derogar el derecho de los agricultores a guardar o compartir semillas, lo que aumenta la vulnerabilidad de ese sector.

Estados Unidos y la Unión Europea también desean abrir, a través de TLC, los servicios financieros en el Sur. Por otro lado, los países en desarrollo liberalizan esos servicios en la esperanza de lograr una mayor eficiencia, pero ocurre lo contrario. Recientes estudios de la ONU y del Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestran que la apertura del sector bancario lleva a los bancos extranjeros a elegir solo a los clientes más lucrativos y a dejar a los clientes más pobres y riesgosos a los bancos nacionales, con lo cual la rentabilidad de estos se reduce.

En México, tras la firma de su TLC con Estados Unidos y Canadá, la propiedad extranjera de los bancos aumentó a 85 por ciento entre 1994 y 2000, pero los créditos a empresas mexicanas cayeron de 10 por ciento a 0,3 por ciento del producto interno bruto en el mismo período.

Los países en desarrollo también son presionados para que eliminen sus aranceles a los productos agrícolas y manifacturados, mientras que los países industrializados se niegan a negociar sus subsidios agrícolas, que perjudican gravemente a los agricultores del Sur, observó Chaveriat.

La experta citó un estudio según el cual, en Colombia, los ingresos podrían reducirse 57 por ciento y el empleo 35 por ciento en nueve sectores agrícolas, como resultado del TLC con Estados Unidos.

Oxfam exhortó a revisar las normas de la Organización Mundial del Comercio y de los acuerdos regionales de comercio, así como a promover un cambio de mentalidad de los grandes actores acerca de sus políticas comerciales hacia los países en desarrollo.

David Vivas, del International Centre for Trade and Sustainable
Development, también destacó que Estados Unidos utiliza sus TLC para
proteger los intereses de sus empresas, insistiendo en disposiciones sobre propiedad intelectual que van más allá de las actuales normas
internacionales. Los países en desarrollo tendrán más dificultades para
proteger el interés público a medida que la expansión de los derechos de
propiedad intelectual reduzca su espacio político para hacerlo. Por lo
tanto, deben ser cuidadosos al aceptar esas condiciones, añadió.

Funcionarios de varios bloques regionales, incluida la ASEAN, estuvieron
presentes en la reunión, así como representantes de distintos gobiernos.

Enviado por Alvaro Madrigal Mora

* Profesor asociado
Escuela de Ciencias Políticas
Universidad de Costa Rica

El referéndum sobre el TLC es un triunfo del movimiento social anti-TLC

Más allá del intento del presidente de la República de apropiarse de la iniciativa democrática del referéndum sobre el TLC, no se debe obviar que su realización es un triunfo del movimiento social, político y ciudadano anti-TLC y no de quienes apoyan el tratado.

Esa decisión no es una graciosa concesión de un político que repitió una y otra vez que el país tiene capitán, que ha dicho que no era necesario un nuevo referéndum porque ya había habido uno en las elecciones presidenciales y que, además, dijo que la instancia que tenía que aprobar el tratado era la asamblea legislativa donde contaba con una clara mayoría de 38 votos, la denominada coalición de la mayoría automática.

Estas son evidencias suficientes que demuestran que la convocatoria al
referendum no es resultado de la convicción democrática del gobierno sino un intento de ponerle al mal tiempo buena cara. Además, de muy mal gusto el intento oportunista del presidente de quitarle la iniciativa de convocar el referéndum a los grupso sociales y a la ciudadanía, pero esto no es nuevo, ha sido una actitud permanente del bipartidismo.

Lo que no se puede permitir es que la actitud oportunista gubernamental opaque lo fundamental: el triunfo popular y ciudadano que es que, a instancia de un grupo de ciudadanos encabezados por José Miguel Corrales, el Tribunal Supremo de Elecciones se haya visto obligado a convocar al referéndum para resolver una decisión tan fundamental como el TLC.

Dicho sea de paso, cabe recordar que fueron los grupos empresariales conservadores de este país los que repitieron, una y otra vez, que el tratado no se podía resolver por medio de un referéndum porque contenía tema fiscales, argumento que también fue utilizado por altos funcionarios del gobierno.

Una pregunta clave

Para que no nos arrebaten el significado de esta victoria popular tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿por qué el gobierno del capitán Arias y sus 999 tripulantes se vió obligado a convocar al referéndum? Esta es la cuestión. En esa línea, tenemos que analizar la trayectoria de la lucha contra el TLC y contra el proyecto neoliberal-transnacional que empujan de manera desesperada los grupos de poder que Arias representa, tomar consciencia de cuál era nuestra situación y la de ellos al iniciar esta lucha nacional y dónde estamos ahora, para entender el cambio de estrategia del grupo dominante.

En ese sentido, un primer elemento a recordar es que, después de la derrota del Combo en el 2000, los grupos de poder dominantes aprendieron la lección y decidieron rearticular una alternativa que les permitiera imponer de manera definitiva sus intereses y su visión excluyente y polarizante del desarrollo nacional.

Coyunturalmente, enfrentaron la elección de 2002 impulsando la candidatura de Ábel Pacheco, una figura de transición que ellos imaginaron dócil y trataron como un títere hasta que les salió güero, particularmente a partir del momento en que don Ábel entendió la jugadita que le hicieron con una negociación del tratado que incluyó la entrega del ICE y del INS, cosa que él de manera explícita había dicho que no sucedería. A partir de ese momento, empezó a patear la pelota hacia adelante, con jugadas hábiles como la de la Junta de los Notables, para retrasar el envío del nefasto tratado a la asamblea. A esta altura del partido, se podría imaginar que la lógica de don Ábel fue la de aquél dicho popular que dice “quien quiere celeste, que le cueste”. Es decir, si el tratado le serviría de forma tan descarada a un grupito tan pequeño y poderoso en detrimento de las grandes mayorías y del Estado Social de Derecho, pues que fueran ellos los que pagaran el costo político de la aprobación de ese tratado. Por supuesto, hubiera sido más digno que don Ábel hubiera tenido el valor de decir que los negociadores incumplieron el mandato que él les dio y que, por tanto, no aceptaba el tratado, pero eso no es obstáculo para reconocer que el retraso en el envío permitió que el TLC se transformara en un tema de la campaña presidencial, lo cual cambió de manera sustancial la dinámica electoral y política del país.

La apuesta de los grupos dominantes

Sin embargo, los grupos dominantes siempre trabajan en la configuración de varios escenarios pues no están dispuestos a ceder sus privilegios por iniciativa propia o gratuitamente y, mucho menos, están dispuestos a ser derrotados por la gente común, por la ciudadanía, por lo popular.

Entonces, utilizando toda su capacidad de influencia, lograron que la Sala IV eliminara la prohibición de la reelección para permitir el lanzamiento del candidato perfecto, miembro de alcurnia de los grupos de poder, con un Nóbel de la Paz a sus espaldas, un gran prestigio internacional y una alta valoración positiva en los estudios de opinión nacionales. Es decir, un candidato invencible. Oscar Arias y el TLC eran el combo perfecto, una apuesta ganadora para lograr mesa gallega e imponer el triunfo definitivo de los grupos de poder en la orientación del desarrollo nacional.

Parafraseando al famoso Fukuyama, arribaríamos al fin de la historia costarricense pues de allí en adelante todo sería un para siempre más de lo mismo con un solo grupo de ganadores hasta el final de los tiempos.

Era tan evidente la sensación de triunfo ante tan magistral jugada que el periódico de los grupos de poder, La Nación, tituló una vez sí y otra también, que la ventaja de don Oscar era tan abrumadora, tan contundente, que la cosa ya estaba resuelta, el capitán ya estaba en Zapote aún cuando la campaña electoral ni siquiera había arrancado formalmente. Es más, para qué molestarse en ir a votar.

Que el triunfo anunciado se confirmaría el primer domingo de febrero de 2006 lo garantizaban dos campañas paralelas, la de Oscar Arias (Sí Costa Rica) y la del grupo Por Costa Rica (Sí al TLC), que parecían tener capacidad financiera ilimitada. En todo caso, desde la lógica de ellos valía la pena esa inversión porque la apuesta era muy alta; en realidad, no era una apuesta más, era la apuesta definitiva.

La respuesta ciudadana

Pero la manipulación mediática tiene límites y, afortunadamente, la gente tiene mucho más sabiduría política y sentido común que lo que los grupos de poder y la clase política tradicional imaginan. Afortunadamente, a los grupos de poder su prepotencia les ciega y les impide reconocer que el país cambió y que la gente ya no se deja manipular burdamente. Eso contribuye a explicar lo que sucedió en las elecciones presidenciales: poco a poco la campaña fue calentando, el tema del TLC se fue posicionando y las redes sociales contrarias al tratado se activaron, la voz se fue pasando, hubo un trabajo tipo celular, de hormiga, persona a persona, con los grupos juveniles utilizando medios novedosos vinculados a internet y las organizaciones sociales utilizando medios alternativos, miles de acciones y micro-movimientos que permitieron que se generara una creciente resistencia política contra Arias, que terminó siendo capitalizada electoralmente por el candidato Ottón Solís del PAC, quien fue el que mejor logró posicionar el tema del rechazo al TLC.

El resultado electoral sorprendió a muchos, incluyendo a los grupos de poder que apoyaron al candidato invencible y seguro que a él también. El resultado final fue una diferencia del uno por ciento, menos de tres votos por mesa electoral, ni más ni menos que el resultado más ajustado de las elecciones contemporáneas en un proceso que, además, generó suspicacias y serios cuestionamientos por las debilidades en la fiscalización por parte del TSE e inconsistencias en muchas urnas y que parecían favorecer al partido del candidato reeleccionista.

La metáfora de la casa dividida

Una vez consolidado el resultado, pareció que el presidente Arias había entendido que su victoria fue pírrica, pues al inicio utilizó la metáfora de la casa dividida. El reconocimiento de que el país estaba polarizado debió haber obligado al presidente, en buena ley, a retirar el factor de conflicto, el TLC, y a crear un espacio democrático de verdadera negociación sobre el futuro del desarrollo nacional. Sin embargo, hizo todo lo contrario e inició un discurso prepotente que señalaba que era indiferente ganar por un voto o por muchos, el presidente manda y hace lo que quiere; que el país ya eligió capitán; que el TLC debe aprobarse porque lo apoyó en campaña y punto; que para eso se tiene una coalición de 38 votos en la Asamblea Legislativa. Luego empezaron las descalificaciones y acusaciones contra los sectores opuestos al TLC, con la colaboración de los medios comerciales de siempre, algo que se convirtió en una suerte de campaña neo-machartista de intimidación y de criminalización de los grupos sociales opuestos al tratado, en particular, de las organizaciones estudiantiles y universitarias.

Es decir, empezaron a actuar como si hubieran ganado con el 60% de los votos y sin abstención; como si hubieran obtenido un mandato político tan fuerte y legítimo como para transformar radicalmente el país. En política, eso solo se puede cuando se hace una revolución (don Pepe en el 48) o cuando se gana por una mayoría contundente de votos (como la que obtuvo Calderón Guardia y el Bloque del Triunfo en el 40). Obviamente, este no es el caso de don Oscar, quien ganó con un porcentaje menor al que obtuvo en su primera elección 20 años atrás y en la elección más reñida de las últimas cuatro décadas.

La realidad del poder y el veto ciudadano

Pero la realidad del poder se impone, de tal suerte que las promesas y predicciones del gobierno de que el TLC y su agenda complementaria se iban a aprobar rápidamente (a más tardar en febrero de este año) se fueron desvaneciendo poco a poco. Por un lado, la prepotencia pronto les hizo cometer graves errores de procedimiento que fueron rechazados por la Sala IV, lo que les retrasó el ya de por sí lento avance en la discusión del tratado. A ello se suma la resistencia parlamentaria realizada por los partidos PAC, PASE y Frente Amplio, que terminaron por evidenciar que en el parlamento la aprobación del tratado iba para rato.

Sin embargo, el puntillazo más fuerte a la estrategia gubernamental de aprobación del tratado lo dio la movilización social con la gigantesca marcha del 26 de febrero. Esta impactante demostración de fuerza fue posible porque es resultado de un proceso que empezó a organizarse desde antes de que se negociara el TLC y que ha venido en un proceso ascendente de acumulación y articulación social. La marcha demostró, de forma contundente, que la oposición al tratado no era de un sector minoritario del país y que la causa contra el TLC tenía gran capacidad de organización y convocatoria. Este evento tuvo un efecto inmediato en el parlamento, con el endurecimiento de la oposición al TLC y el desánimo de la mayoría mecánica; posiblemente algo tuvo que ver con el pronto dictamen negativo de la Sala IV a la aplicación del artículo 41 bis al tratado, que intentaba la coalición parlamentaria pro TLC y, sobre todo, tuvo que haber generado en el gobierno la percepción de que la aprobación del tratado tendría un costo político muy alto.

Son estos factores los que explican el hecho de que el gobierno de Arias decidiera cambiar radicalmente de estrategia de la asamblea al referéndum y eso, tenemos que celebrarlo. También tenemos que celebrarlo porque estamos logrando una profundización de la democracia participativa.

Ningún país del resto de Centroamérica o de América Latina y menos Estados Unidos, ha tenido un movimiento social que, gracias a su resistencia, haya obligado al gobierno respectivo a consultar de manera directa a la ciudadanía para decidir sobre la aprobación de un tratado que compromete de forma definitiva y radical la orientación del desarrollo nacional.

Celebrar pero…

Celebrar no quiere decir que se asuma que la situación está resuelta favorablemente. Por supuesto que hay cabos sueltos que se tienen que amarrar. Menciono algunos en los que hay que insistir:

Primero, que se respete la iniciativa popular en la convocatoria al referéndum. Sino se respeta el orden de solicitud (primero en llegar, primero en derecho), el gobierno y la clase política siempre estarán en ventaja en la convocatoria al referéndum pues los mecanismos que ellos tienen son sumamente fáciles de cumplir, no así el de la iniciativa ciudadana.

Segundo, previo al referéndum debe hacerse la consulta sobre la constuticionalidad del tratado a la Sala IV. Si no se hace de previo, no habría cuando hacerlo y existe un mandato constitucional de que todo tratado internacional debe ser consultado antes de ser votado.

Tercero, debe haber financiamiento público y equitativo para la realización de las campañas del sí y del no al tratado. De hecho, debería prohibirse todo financiamiento privado, nacional o extranjero y realizarse solo con financiamiento estatal, para garantizar igualdad de condiciones.

Cuarto, debe suspenderse la discusión de la agenda complementaria del TLC mientras se hace el referéndum pues son proyectos derivados del tratado o, desde otro punto de vista, son parte del combo TLC.

Quinto, debe abrirse la fiscalización del proceso de votación a la participación ciudadana y no solo a los partidos políticos, sobre todo después de los problemas e inconsistencias que se presentaron con este tipo de fiscalización en la recién pasada campaña electoral.

Sexto, vigilar y exigir de manera estricta la no participación del gobierno en la campaña y en la movilización de votantes.

De David y Goliat; de Pinochet, el Sí y el No

Más allá de las condiciones mencionadas, muy posiblemente el referéndum se va a desarrollar en condiciones de desigualdad en acceso a recursos económicos y mediáticos que favorecerán a quienes apoyan el TLC. Sin embargo, de ninguna manera eso significa que el Sí ganará la batalla.

Creo lo contrario, que la perderá y de manera rotunda.

Esta batalla es más David contra Goliat que burro amarrado contra tigre suelto. Posiblemente se parece más al plebiscito a favor o en contra de la dictadura de Pinochet en la que el Sí tenía la plata, pero el No tenía la organización, la mística, la dignidad, los argumentos y la justicia a su
favor, haciendo que al final la verdad prevaleciera. Pienso que lo mismo
sucederá con el TLC.

Si bien ellos tienen la plata y los medios comerciales, ¿cuánto más pueden decir que no hayan dicho ya en estos años?

En cambio, el movimiento anti-TLC ha ido revirtiendo gradual pero consistentemente la ventaja que llevaba el Sí en las encuestas y hoy
prácticamente están empatados. Es más, si se analizan los indecisos, se
encontrará que tienden a inclinarse contra el TLC más que a favorecerlo,
un fenómeno similar al de las elecciones presidenciales en las que las
personas indecisas terminaron votando mayoritariamente contra Oscar Arias.

Otro elemento inédito favorable es que en el referéndum no habrá divisiones partidarias en el bloque anti-TLC y no pesarán tanto las lealtades personales. Por ejemplo, muchos liberacionistas contrarios al tratado que votaron por Arias podrían votar ahora contra el TLC sin problemas. Es decir, más allá de las diferencias sobre métodos, consignas, perspectivas políticas e ideológicas, todos los grupos sociales y partidos políticos contrarios al tratado podrán trabajar conjuntamente para derrotarlo.

Otro elemento importante es que, aunque con seguridad se establecerán
importantes niveles de coordinación político y social, es un proceso en
que cada ciudadano que se sienta activo y preocupado por la eventual
aprobación del tratado podrá movilizar a su entorno inmediato. El referéndum, a diferencia del proceso electoral partidario, no necesita los
niveles de centralismo que requiere la campaña electoral y, por el contrario, es un buen escenario para la movilización del enorme tejido
social anti-TLC que funciona como una efectiva red para la movilización
ciudadana.

El entierro democrático del TLC y el avance hacia un desarrollo solidario

En síntesis, ¿qué tiene el bloque del sí? Dinero y medios comerciales de comunicación. ¿Qué tiene el bloque del No? Mística, compromiso, gente y organización.

Como me dijo un amigo y excelente analista sobre la convocatoria del
referendum: tenemos que celebrarlo en grande. El referendum se ganará hablando con la gente, argumentándole, convenciéndole. El Sí tiene nada más que publicidad. Nosotros hace tres años talvez teníamos 20 personas que podían pararse ante un grupo a hablar contra el TLC, hoy tenemos muchos. Yo agregaría que posiblemente sean miles, si se entiende que la gran mayoría de personas que participaron el 26 de febrero en la marcha son gente consciente, con capacidad de argumentar y de convencer.

Todas estas razones me llevan a creer que en el referendum se enterrará
democráticamente al TLC y al neoliberalismo en Costa Rica y se iniciará
una nueva etapa del desarrollo nacional, más democrático, incluyente y
solidario.

Nada en la historia del capitalismo respalda la idea de que el libre comercio propicie el tránsito exitoso hacia el desarrollo. Pero ese no el único gran obstáculo que se interpone. Otro ejemplo importante: las obligaciones sobre propiedad intelectual.

Las normativas primigenias en esta materia datan de muchos años atrás. En todo caso, lo relevante es constatar que en los últimos 25 años se ha dado lugar a un movimiento agresivo de ampliación y endurecimiento de esta legislación. Ampliación porque cada vez abarca ámbitos más extensos y diversificados, incluso la vida misma. Endurecimiento porque las_ “protecciones”_ son cada día más abusivas e irrazonables, y el rango de las obligaciones represivas y punitivas que se asignan a los poderes públicos cada vez más draconianas.

En el caso de las tecnologías de la información, y en especial el software, este movimiento da inicio en Estados Unidos en los primeros años ochenta. Coincide, y no por casualidad, con el ascenso mundial del neoliberalismo y, para el caso de la industria farmacéutica, con la aprobación de leyes federales que han propiciado su constitución en una enorme fuerza de depredación de los intereses públicos. En el proceso, y con el avance de la biotecnología, incluso los genes humanos son “apropiables”.

Con la culminación de la Ronda Uruguay en 1994 se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, como parte de ésta, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Este último constituye un paso decisivo en este proceso, particularmente desde el punto de vista de la imposición, a nivel mundial, de una normativa uniforme, la cual, y muy sintomáticamente, tiende a reproducir los énfasis que se venían imponiendo en Estados Unidos desde inicios de los ochenta. Así, va desapareciendo la flexibilidad con que esta materia era tratada en diferentes contextos y, con ello, se va suprimiendo, de forma progresiva, la relativa variabilidad entre países. Éstos pierden la capacidad para regular tales normativas en función de sus necesidades de desarrollo.

En parte, este movimiento regresivo responde a las características propias de las tecnologías informacionales. Estas posibilitan la copia, sin límites, sin pérdida de calidad y prácticamente a un costo cero. Lo mismo sin son programas de software, música o películas, libros digitalizados o fórmulas químicos de un medicamento. Pero esta es solo una parte de la historia. Sin duda la otra la aporta el contexto ideológico y político del capitalismo neoliberal, caracterizado por una voracidad enfebrecida y una sensibilidad tan fina como la de un trozo de acero.

La mezcla de estas dos cosas da lugar a un movimiento terriblemente regresivo: el de una normativa sobre propiedad intelectual hipertrofiada y absolutamente abusiva que, paulatinamente, se quiere reforzar mediante el desarrollo de otras tecnologías cuyo fin es evitar justo aquello que las tecnologías de la información llevan inherente: la posibilidad de la copia. Son como al modo de “tecnologías contra-informacionales” en guerra con las tecnologías de la información. Constituyen, incluso, una amenaza contra la arquitectura horizontal, paritaria y de doble vía que ha sido base fundamental y rasgo distintivo de la Internet.

Las corporaciones transnacionales, obsesionadas por la ganancia, creen que ésta se ve amenazada por la copia. Sin embargo, esta es una hipótesis que ha sido seriamente cuestionada por diversos estudios. El desarrollo del software libre y de código abierto, demuestra, además, que éste puede ser comercialmente redituable sin necesidad de recurrir a las bárbaras restricciones que están siendo impuestas.

Quieren justificar tales atropellos asegurando que ello es necesario para incentivar la innovación. Esto es simplemente falso. Acontece justo lo inverso: la innovación se frena, y el amiguito de Arias y su Microsoft dan buen ejemplo de ello: sus nuevas versiones del Windows son puros cachiflines publicitarios sin nada relevante que aportar, como no sea el creciente cúmulo de restricciones que limitan el uso de las propias tecnologías. Igual con los medicamentos, en su mayor parte versiones “nuevas” de medicinas viejas, no más eficaces que éstas pero sí más caras.

Este es un mecanismo perverso: frena el libre flujo de información y conocimiento con lo que, a su vez, frena el desarrollo ulterior de ese conocimiento. Así, el capitalismo neoliberal, como el perro chistoso, pero sin la gracia de éste, se muerde a sí mismo la cola. Bloquea su propio proceso de desarrollo al destruir las bases de la innovación tecnológica. Lo peor es que con ello atropella la libertad de expresión y busca ahogar la creatividad y la imaginación, pero, también, pretende construir sociedades donde compartir sea un acto delictivo.

Abril 07, 2007

*Fuente:* Tribuna Democrática