Mideplan: salario escolar no es ni un privilegio ni una prebenda

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) emitió un pronunciamiento con respecto al salario escolar, el cual ha sido objeto de controversias y cuestionamiento por parte de diferentes actores sociales, debido al desconocimiento de su origen.

Algunos de los aspectos en los que el documento hace mención es que “(…)existen tres aspectos de especial relevancia, el primero, en el sentido de que el salario escolar surge como un acuerdo de política salarial para el cuatrienio 94-98 suscrito el 23 de julio de 1994 denominado “componente de la política de salarios crecientes” mismo que planteaba la acumulación o retención de un porcentaje del aumento salarial en 1994 hasta completar en 1998 un salario adicional – representaba el 8.19%-, el cual se pagaría en el mes de enero de cada año”.

Salario Escolar-carta de Mi… by Yariela Novo on Scribd

El Mideplan concluye que al eliminar el salario escolar como se ha pretendido solamente vendría a generar efectos contraproducentes en la economía, por las siguientes razones:

I. Por tratarse de un monto ya ingresado al patrimonio de las personas servidoras públicas, su supresión implicaría que ese porcentaje debe trasladarse a los pagos de salarios que se realizan mensualmente con adelanto quincenal, con lo que se generaría una presión en la liquidez de las finanzas públicas.

II. Si se suprimiera y no se traslada a los salarios mensuales, debería indemnizarse a las personas servidoras públicas por concepto de los ingresos que dejarían de percibir, dado que ya formaba parte de su masa patrimonial, al afectarse uno de los elementos esenciales de la relación laboral como lo es el salario.

El Papa a los movimientos populares: salario universal para los excluidos

-«Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento», escribe Francisco en una carta.

Por: Vativano News

Lo define «un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras». Dice que son «un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo».

En el Día de Pascua, mientras el mundo sigue experimentando la emergencia de la pandemia causada por el Covid-19 y crece la preocupación por las consecuencias que tendrá especialmente para los más pobres, el Papa Francisco envía un mensaje a los «hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares» con los que ha mantenido un diálogo desde el comienzo de su pontificado. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo.

Es cierto que el virus afecta a todos, sin diferencia de nacionalidad o de afiliaciones religiosas o sociales, pero, observa Francisco, son los pobres y los descartados los que pagan el precio más alto en estos días y que pagarán el precio más alto en el futuro. Y pensando en la dificultad que están teniendo para resistir en este momento, dice que tal vez ha llegado el momento de pensar en un salario universal para los excluidos.

Francesco dirige sus pensamientos a los muchos que, a escondidas y fuera de los reflectores de los medios de comunicación, siguen sirviendo. «Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción”.

Luego el Papa menciona la situación determinada por la emergencia del virus y la ayuda concreta que los movimientos populares ofrecen a los que sufren: “Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón”.

El Santo Padre habla también del modelo económico-financiero actual en relación con la emergencia: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”.

“Sé que ustedes – agrega el Papa – han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento … y las cuarentenas se les hacen insoportables”.

“Tal vez sea tiempo de pensar – es la conclusión de Francisco –  en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.

Adjuntamos el mensaje completo del Papa Francisco a los Movimientos Sociales

Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Sociales Pascua 6 Abr 2020 (1).PDF by EugenioGuerrero on Scribd

¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Por: Mauricio Castro, especialista en Derecho Laboral

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos.  En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados.   En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente.   El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil.  Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo.   Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado.  Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor.   Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad.   Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local.  Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes.  Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto.  Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir.   Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país.  Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.   Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país.   Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable.  Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor.  Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.  

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero.   Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas.  De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan.  No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso).  Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público.   Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés).  Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical.  El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo.  Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público.  Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC.   No obstante, esos días quedaron atrás.   El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo.  Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.   

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público.   El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo publico, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales.  Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”. 

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario  al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire.    Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas.  Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria.   Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc.  Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal.   En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores.  Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es critica para miles de personas.  Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.  

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura. 

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público.   Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.  

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades.   Pero esto no alcanza.  Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades.  Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes.    La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento.    O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

El COVID-19 revela con crudeza las desigualdades; y podría agravarlas

La pandemia del COVID-19 está exacerbando las desigualdades ya existentes: desde enfermar del virus, hasta mantenerse vivo o padecer las dramáticas consecuencias económicas. Las respuestas políticas deben garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan.

Por: Patrick Belser, Economista de la OIT

(OIT Noticias) – Desde los años 1980, la desigualdad de los ingresos se ha disparado en muchos países, lo que ha tenido graves repercusiones sociales y económicas. Hoy, la pandemia del COVID-19 pone crudamente de manifiesto esas desigualdades, tanto a la hora de contraer el virus, como de mantenerse en vida o de enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas.

Algunos grupos, como los trabajadores migrantes y los trabajadores de la economía informal, se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus. Y las mujeres, que predominan en el sector público, están especialmente en riesgo.

El alto nivel de pobreza e informalidad, y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus.

Las respuestas deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad.

Todos en situación de riesgo

Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención, muchos otros no tienen esa ventaja pues ya están en situación de desigualdad.

A nivel mundial, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras (el 61,2 por ciento de la población mundial en el empleo) trabajan en el sector informal. Tienen más probabilidades de estar expuestos a riesgos de seguridad y salud al carecer de la protección apropiada, como mascarillas y desinfectante de manos. Muchas de estas personas viven en viviendas abarrotadas y en ocasiones carecen de suministro público de agua.

Ello no solo pone en peligro su salud, también reduce la eficacia de las medidas de prevención destinadas a la población en general.

La enfermedad como factor de mayor pobreza

Las desigualdades también se manifiestan de forma dramática si se contrae el virus.

Para algunas personas, caer enfermo equivale a pedir una licencia por enfermedad, acceder a los servicios de salud y continuar percibiendo el salario, pero para quienes están en el extremo inferior de la cadena salarial, la situación es catastrófica. Muchos carecen de la cobertura de un seguro de salud y quedan expuestos al riesgo de morir. Es posible que ni siquiera tengan acceso a servicios de salud.

Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza. Se estima que, cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza a consecuencia de gastos de salud desmesurados.

El dilema de “trabajar o perder los ingresos”

Los gobiernos y los bancos centrales han adoptado medidas de envergadura para preservar los puestos de trabajo y las empresas, y a proporcionar a los trabajadores ayuda a los ingresos.

Desafortunadamente, no todos los trabajadores o las empresas se benefician de estas medidas.

Para los trabajadores de la economía informal, la reducción de las horas de trabajo impuestas por la pandemia es sinónimo de pérdida de ingresos sin la posibilidad de percibir una prestación de desempleo.

Las microempresas y las pequeñas empresas informales, que constituyen el 80 por ciento de las empresas del mundo, suelen quedar fuera del alcance de las políticas públicas.

Los trabajadores a tiempo parcial, muchos de los cuales son mujeres, los trabajadores temporales, o los trabajadores con un contrato de trabajo de corta duración y en la economía digital de ocupaciones transitorias, no suelen tener derecho a una prestación de desempleo o de ayuda a los ingresos.

Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Ello agrava la inseguridad económica en la que ya se encuentran.

Se necesitan respuestas de política justas e inclusivas

La adopción de medidas a corto plazo ante la crisis no debe perder de vista la protección de las familias de bajos ingresos. Así, las medidas de ayuda a los ingresos deberían ser suficientemente amplias para cubrir a los trabajadores vulnerables y a las empresas que los emplean.

Valga el ejemplo de Italia, que hizo extensiva la ayuda a los ingresos (80 por ciento del salario bruto) a los trabajadores de empresas con dificultades financieras, a todos los sectores de la economía y a las empresas con menos de 15 empleados, que normalmente no tienen derecho a ella. Además, se está pagando una compensación única a los trabajadores independientes y a los colaboradores externos.

España está proporcionando ayuda a los ingresos a los trabajadores autónomos, los socios de cooperativas y los trabajadores cuyo empleo ha quedado suspendido temporalmente, incluso si no les correspondía percibir una prestación de desempleo.

En los países en desarrollo, la informalidad y el espacio fiscal limitado se añaden a las dificultades. Sin embargo, la ayuda a los ingresos podría ampliarse mediante un plan de seguridad social no contributivo o con los programas de ayudas de efectivo vigentes. También podría prestarse asistencia temporal a las empresas informales.

Costa Rica: Apuntes para un Programa Económico Urgente frente la crisis del Covid-19

Por: Luis Paulino Vargas Solís, EconomistaDirector Centro de Investigación en Cultura y DesarrolloCICDE-UNED

Las condiciones que se viven:


1)    El Covid-19 plantea un desafío sanitario de dimensiones no vistas en generaciones.
2)    El tipo de medidas que es indispensable aplicar para frenar el contagio, tienen severas consecuencias económicas que, principalmente (aunque posiblemente no de forma exclusiva), tienen el aspecto de un abrupto “choque de demanda”, con una fuerte reducción de las ventas en diversos sectores de la economía, algunos de los cuales quedan cerrados del todo.
3)    Esto lanza a la economía a territorio negativo, y provoca un decrecimiento económico, el cual podría ser, al menos durante un tiempo, realmente agudo.
4)    Pero, por sobre todo, esto provoca desempleo y agravamiento de la pobreza, o sea, conlleva un costo humano y social, que debe ser atendido con sentido de urgencia y máxima prioridad.
5)    Razonablemente puede suponerse que una crisis sanitaria con estas características dure unos meses, después de lo cual debería haber una estabilización de la situación y un paulatino retorno a la normalidad. El proceso de recuperación será seguramente difícil, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural.


Las prioridades: su ordenamiento en el tiempo


1)    Durante la fase aguda de la crisis sanitaria, la prioridad absoluta es el combate al contagio, y la defensa de la salud de la población y la vida de las personas.
2)    Al mismo tiempo debe haber un gran esfuerzo nacional encaminado a reducir al mínimo posible las implicaciones humanas de la contracción de la economía, o sea, preservar los empleos tanto como se pueda; apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos de la economía social y solidaria; y brindar apoyos a las personas pobres y más vulnerables, así como a quienes se quedan sin empleo.
3)    Avanzar rápidamente hacia la planificación de un programa de recuperación de la economía y el empleo, que se debe poner en marcha tan pronto como sea posible y, como mínimo, tan pronto como las condiciones sanitarias se estabilicen.


Fondo Nacional de Solidaridad Social


1)    Objetivo: atender y aliviar las implicaciones humanas y sociales derivadas del deterioro de la economía, y atenuar la contracción económica que se sufra.
2)    Aprovechar la baja del precio de los combustibles: el economista, Dr. Olman Segura (Segura Bonilla 2020), de la UNA ha formulado una propuesta para la constitución de un fondo que ayude a preservar el empleo en micro, pequeñas y medianas empresas, aprovechando para ello la baja en el precio del petróleo, de forma que ésta no se  traslade a los precios. El diferencial correspondiente permitirá  alimentar ese fondo. Segura estima que ello rendiría alrededor de ₡7000 millones al mes, lo que permitiría beneficiar a unas 70.000 personas con un subsidio de ₡100.000 mensuales, de forma que, cumpliéndose algunas otras condiciones, se preserve el empleo de estas personas. Me parece una idea absolutamente pertinente y necesaria.
3)    Recargo temporal solidario: establecer un recargo temporal (6 meses) a diversos impuestos: impuesto sobre la renta (tanto personas físicas como jurídicas, e incluyendo tanto ingresos del trabajo como los provenientes del capital), impuesto sobre rentas y ganancias de capital, impuesto sobre casas de lujo y automotores, graduado según una escala progresiva que garantice máxima justicia y equidad en el reparto de las cargas. El Ministerio de Hacienda debería estudiar un diseño de este recargo temporal progresivo, con el objetivo de que, en lo posible, rinda un monto de al menos ₡20 mil millones mensuales, y de esa manera beneficiar con un subsidio de ₡100.000 mensuales al menos a unas 200.000 personas. Según el grupo de trabajo FES-OES (Friedrich Ebert Stiftung, Observatorio Económico y Social UNA 2020), hay estimaciones del exviceministro de Hacienda José Francisco Pacheco, según las cuales un recargo del 10% al impuesto al salario, aplicado por una sola vez, daría un monto aproximado de ₡13 mil millones. Esto sugiere que el monto de ₡20 mil millones mensuales que propongo es viable, pero, además, esta propuesta que formulo, que responde a la misma motivación, es de alcances más amplios y, al cabo, más justos y equitativos, ya que hace partícipes ingresos de fuentes diversas (no solo del trabajo) y algunos recursos patrimoniales de carácter privilegiado. Es lo que corresponde en vista de las circunstancias excepcionales que hoy vivimos.
4)    Programa “Proteger”: todos los recursos que pudieran obtenerse a partir de lo indicado en los dos puntos anteriores se sumarían a los fondos, por un billón de colones, que el gobierno ha contemplado en su programa “Proteger” (Oviedo 2020) a fin de ampliar la cobertura, y apoyar a más personas en condiciones difíciles y a las micro, pequeñas y medianas empresas, y emprendimientos solidarios, que pudieran enfrentar problemas.
5)    Meta propuesta: con base en los recursos provenientes de las diversas fuentes mencionadas, se tratar de hacer llegar un subsidio mensual de ₡100.000 a un número de personas que, deseablemente, pudiese llegar a las 400.000. Esto no solo representaría un alivio necesarísimo para la vida de muchas familias, sino que además apuntalaría la economía en un momento en que ésta lo requiere de forma especial.
6)    Agresiva acción internacional: los diversos organismos internacionales se muestran hoy día muy dispuestos a conceder financiamiento en condiciones favorables, con el objetivo de aliviar los efectos económicos y sociales de la crisis.  Incluso esos organismos proponen posponer los pagos de deuda externa, al menos en el caso de los países más pobres. El gobierno debe aprovechar al máximo estas posibilidades, tanto para obtener fondos adicionales como para aliviar las obligaciones de la deuda externa, y así fortalecer los programas de auxilio a las personas y sectores más vulnerables, mantener la estabilidad del tipo de cambio y, al menos en parte, financiar un vigoroso programa de recuperación económica, una vez la emergencia haya sido superada.


Ahorrar en los pagos por intereses


1)    Intervención del Banco Central: dada la excepcionalidad de la situación, el Banco Central debe estar dispuesto a participar activamente en los mercados secundarios de la deuda pública, con un objetivo prioritario: lograr una reducción significativa de las tasas de interés de los bonos del gobierno y, por esa vía, una significativa reducción en los gastos por intereses, a fin de aliviar la situación fiscal y liberar recursos que puedan destinarse a fines de más provecho y urgencia.
2)    Pagos excesivos: los datos de gastos por intereses de la deuda pública correspondientes al año 2019, sugieren que, en promedio, durante ese año se pagó una tasa del 8,3%. Este dato coincide plenamente con el dato el promedio histórico ponderado que publica el Ministerio de Hacienda en su página web. Entretanto, la Tasa Básica Pasiva, un indicador de las tasas a las que los bancos y otras entidades financieras captan recursos del público, cayó por debajo del 6% en julio de 2019, y concluyó el año en 5,75%. En el momento en que escribo esto, se sitúa en 4,35%.
3)    Injustificable: no hay ninguna razón sensata que permita justificar esa enorme diferencia (que en diferentes momentos ha oscilado entre 2,5 y hasta 4 puntos porcentuales), entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las que pagan los bancos por la captación de ahorros de la gente.
4)    Ahorro significativo: cada punto de menos en las tasas que se pagan por la deuda interna, reporta un ahorro de aproximadamente unos ₡160 mil millones anuales. Hacer bajar las tasas en 3 o 4 puntos, reportaría un ahorro total en el orden de entre ₡500 mil a ₡600 mil millones de colones en un año.
5)    El Banco Central puede hacerlo: posee las herramientas técnicas, y también al autorización legal, según el artículo 52, incisos c) y f) de su Ley Orgánica.
Plan Nacional de Producción de Alimentos
1)    Reparar un error histórico: los grupos que han conducido el país durante los últimos 35 años, han hecho que el país incurra en un grave error, al abandonarse la agricultura que produce alimentos, y con el maltrato sistemático y reiterado contra nuestras productoras y productores. Esta coyuntura de crisis desnuda que esa estrategia política ha sido realmente criminal, puesto que nada infundiría más tranquilidad en momentos tan duros como los actuales, que el poder disponer de una provisión segura de alimentos.
2)    Aprovechar recursos externos: una parte del financiamiento que se obtenga en el exterior debería destinarse a crear un fondo que, con carácter de urgencia, se destine a promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y del mar. Su ejecución quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
3)    Subsidios: si, por ejemplo, se formase un fondo de ₡50 mil millones de colones, se podrían dar subsidios directos a pequeños productores y productoras, eventualmente un subsidio que oscile entre ₡1 y 1,5 millones, que beneficie a unos 35 a 40 mil productoras y productores, con la expresa finalidad de promover la producción alimenticia.
4)    Condiciones complementarias: a fin de dar eficacia a la propuesta, deben satisfacerse una serie de otras condiciones complementarias:

a.     Deudas: llevar a cabo una concienzuda reestructuración de las deudas, que amplíen los márgenes de maniobra para que productores y productoras reinicien sus proyectos productivos, con tranquilidad y certidumbre.
b.    Comercialización: garantizar canales de comercialización que pongan en contacto directo a productoras y productores con las masas consumidoras urbanas, sin la influencia distorsionante de intermediarios.
c.      Cadenas de suministro: garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción.
d.    Compras públicas: el Estado garantizará la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción, de una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), la cual se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres.
Programa de recuperación económica
1)    Compromiso patriótico: El país, en forma generosa, dialógica y muy patriótica, debe acordar un ambicioso programa de recuperación económica, una especie de Plan Marshall criollo, para recuperar la economía y el empleo, el cual se empezará a ejecutar tan pronto como se pueda y, al menos, una vez la crisis sanitaria se haya superado.
2)    Fondos externos: de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir durante la presente crisis sanitaria, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias que ésta plantea, se reservará tantos recursos como sea posible para financiar un amplio programa de inversión pública. Deberíamos fijar una meta en el orden del 4-5%, como proporción del PIB, de recursos que se reservarán y destinarán a este fin.
3)    Acuerdo nacional: reconociendo las múltiples trabas y obstáculos que hoy dificultan la ejecución de obra pública, debe avanzarse en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.
4)    Prioridades: en una primera etapa, y con carácter urgente, se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades. También mejoría, reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de cuido, así como ampliación de los servicios, incluyendo comedores escolares y centros de cuido de niños, niñas y personas mayores, entre otras opciones similares que es urgente explorar.
5)    Plazos más largos: debe contemplarse un amplio programa que relance la infraestructura y la productividad, de forma incluyente y equitativa. Las prioridades deberían estar en áreas como las siguientes: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y,  en general, empresas de capital nacional.

Ni patadas ni ideología, solidaridad e inteligencia ante la emergencia

Por: Dr. Leiner Vargas Alfaro

En una muy reciente columna publicada por el periódico “La Nación” se demanda a gritos medidas para salvar el empleo y proteger al sector privado ante la crisis económica del Coronavirus, que compartimos será un antes y un después de la realidad económica y social de muchos países, incluyendo por supuesto, Costa Rica. La inteligencia de las propuestas no superó el hígado y sus claros prejuicios ideológicos, aunque ha tenido mucho eco entre los fieles de dicha parroquia. Para estos economistas que dirigen los editoriales el mencionado periódico, comúnmente en debate por sus faltas a la hacienda pública, la solución a la crisis del empleo es ponerse parejo, agarrando a patadas al Estado y sus instituciones, ni que decir de sus empleados, de antemano culpables de las atrocidades situaciones que vivimos, incluso parece aludir que del propio coronavirus.

Pero claro, si por alguna razón estos distinguidos señores o sus estimables familiares fueran presa del coronavirus, seguro estoy, que estarían en la fila de ingreso a nuestros hospitales públicos, atendidos mejor que en casi cualquier parte del planeta, tomando “una sopa de su propio chocolate”. Pidiendo a los médicos, enfermeras, internistas y por supuesto, a todos los trabajadores de la salud que hoy se juegan la vida y se parten el alma trabajando por Costa Rica, compromiso y solidaridad. Parece que se les olvida a tan destacado grupo de profesionales de la ciencia económica, la experiencia de Chile o la reciente y muy clara derrota del sistema americano de salud pública, puesta en evidencia en esta epidemia global. Pero claro, cuando la ideología priva a sus ideas de lucidez, la inteligencia de sus propuestas  pierde todo sentido común.

La solidaridad que proponen deberían recetársela a los banqueros que comúnmente les pagan por sus conferencias y consultorías, solicitando bajar de inmediato las tasas de interés de sus créditos usureros, mismos que tienen a casi un millón de costarricenses al borde de la quiebra. También deberían de recordar sus constantes influencias y lobby para condonar deudas de bancos y grandes empresas deudoras de impuestos, incluyendo el medio de comunicación al que representan. La misma solidaridad que reclaman deberían proponerla para cuando por casi 35 años eximen de impuestos a las grandes empresas exportadoras o los conglomerados que se dedican a vender a zonas francas, incluyendo a las grandes cooperativas, por sus puesto estos no son los causantes del gran hueco en las finanzas públicas para los connotados profesionales que firman ese artículo.  Dado que veo les encanta los dichos populares, déjenme decirles uno que también les cae muy bien a ustedes y su artículo, “el burro hablando de orejas”. Parece que se les olvida que tienen el techo de vidrio, cuando en materia de solidaridad se dejan proponer los señores editorialistas de “La Nación”.

Una propuesta solidaria debería de pensarse rescatando al empleo, impulsando un salvamento de empresas y no de bancos, como han propuesto y quieren imponer ustedes. Se debería sustentar en instrumentos que propicien mayor equidad y una mejora en la estructura de la propiedad del capital de las empresas, para democratizar la propiedad y no concentrarlas como se proponen quienes quisieran dejar a la libre el proceso. Es por eso que el fondo de solidaridad para salvar empresas debería contar con dos condicionalidades, que las empresas se abran al capital, generando una capitalización directa y no un crédito, pero al mismo tiempo que se comprometan a no despedir sus trabajadores. Este último elemento es vital para sostener la demanda interna en la economía en tiempos de crisis, evitar una catástrofe social y prevenir un desastre de magnitud impensable en la seguridad ciudadana en tiempos por venir.

Empero, empezamos por la MIPYMES, luego las medianas y de último, las grandes empresas. Es claro que no todos están en las mismas condiciones o podrían ser objeto de tan importante fondo de salvamento. Empezamos por las empresas más lejanas del valle central y que necesariamente requerirán de una inyección del capital mayor, dado el problema de facturación que tendrán y que históricamente han quedado en el olvido. En tiempos de crisis, capitalizar a los banqueros y dejarles salvar a su criterio, sólo permitirá limpiar sus carteras sucias, dejando a las MIPYME´s productivas fuera de sus intereses, empresas que nunca han estado en la agenda de los bancos en tiempos recientes y que no lo estarán en un marco de salvamento.

Limitar o reducir los salarios o el empleo público en tiempos de crisis de demanda es la mejor receta para la recesión económica, medida que agrava el desempleo y provocaría otro desastre adicional, tan o más grande que el que proponen resolver, los iluminados referidos. Las patadas que proponen tan destacados profesionales, parecen más una rabieta ideológica que un plan para salvar a nadie, son claramente inaceptables. Por el contrario a su propuesta, urge un fondo de solidaridad para las personas, seres humanos que producto de la crisis, deberán generar mayores gastos en cuido, salud y sobre todo, atender la nueva situación de especulación de precios que algunos comercios empiezan a crear en nuestro sistema económico para aprovecharse de la pandemia. Dicha solidaridad debería venir de los bancos, no aumentando la deuda con intereses usureros, sino bajando en serio la tasa de interés, o es que ustedes banqueros están inmunes al virus.

Dejar el hígado y la ideología al lado señores de “La Nación” y proponer cosas inteligentes debería ser el fundamento de las propuestas de todos, para lo cual deberían ver 360 y no a los 45 que han venido mirando en los últimos años.  Mirar al norte, al sur, al este y al oeste y veremos que en momentos de crisis priva la inteligencia y la solidaridad, no la ideología y la improvisación. Las medidas ante la crisis son pragmáticas no ideológicas, protegiendo y no eliminando empleos y salarios que en esencia son la sabia que provoca el consumo y que mueve la economía.

Deberían ustedes agradecer que tenemos al ICE poniendo banda ancha en nuestros hospitales y asegurando la electricidad en todo el país, a RECOPE distribuyendo combustible con seguridad y a precios no especulativos, a FANAL produciendo alcohol para des-infectarnos sin cobrar exageraciones, a las Universidades Públicas produciendo ciencia y profesionales de las ciencias médicas para atender la emergencia, a la CCSS que da la cara ante la crisis a pesar de tantas patadas anteriores que ese mismo medio han propiciado y difundido, al CNP que asegura la provisión de alimentos a los costarricenses, etc. Podría seguir la lista de nuestro estado social pero supongo que para ustedes todo eso es un gasto, nunca una inversión.  Más y mejor Estado para mejorar los resultados del imperfecto mercado, esa debería ser la verdadera medida ante la crisis.

Dr. Leiner Vargas Alfaro

Economista y profesor universitario.

COVID-19: 5500 millones de colones diarios para la crisis

Dada la circunstancia sociohistórica tan especial que estamos viviendo a raíz de la pandemia global Covid-19, se requieren tomar medidas atípicas, excepcionales; especialmente medidas que rompan tabúes y dogmas, sobre todo macroeconómicos y fiscales, tal y como lo están haciendo ya algunos gobiernos enfrentados, como el de Costa Rica, a esta pandemia.

Constas en nuestras publicaciones, algunas en este prestigioso medio de comunicación, que hace tiempo venimos planteando que la deuda pública costarricense es, prácticamente, impagable; y que se requiere una auditoría ciudadana para manejarla hacia futuro pues, según la ideología neoliberal, estamos llegando a un punto “catastrófico”: 60% puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en este momento (se dice), vamos por el 58,5%. Sin embargo, nadie nos ha explicado por qué el 60% es el punto apocalíptico; por qué no el 61%, por qué no el 62%, por qué no el 70%, etc.

Ahora bien, lo que nos interesa destacar en este momento es la circunstancia de que, según el presupuesto de la República para este año 2020, tal y como fuera aprobado por la Asamblea Legislativa; se contempla una erogación por concepto de intereses de la deuda pública, de unos 2 billones de colones; mismos que divididos entre los 366 días de este año, implica que cada 24 horas el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar alrededor de cinco mil quinientos millones de colones (5.500.000.000.oo).

¿Se imaginan ustedes lo que esa cantidad de dinero, al día, podría ayudar a que la gente se preparara mejor para enfrentar las consecuencias diversas de la epidemia del Covid-19; en lo sanitario, en lo económico, en lo social, etc.? Y es que cada semana que dure la emergencia, el gobierno dispondría de treinta y ocho mil quinientos millones de colones (38.500.000.000.oo): ¿cuántas microempresas podría el gobierno auxiliar a la semana con esta cantidad de dinero?

No vengan a salirnos con el cuento de que no se puede. No vengan con la excusa de que si no se honran los compromisos financieros derivados de la deuda pública se mandaría una “mala señal” a los mercados financieros. La mayoría del volumen de la deuda pública del país, ha sido contraría con acreedores internos. Son acreedores internos de mucha solvencia que no se van a ir a la quiebra por una moratoria en el pago de sus intereses, durante tres meses, seis meses, y hasta un año. Esa sí sería una decisión de un gobierno con pantalones, que piensa en el bienestar de las mayorías por encima de los intereses de pequeños grupos. A muchos en Costa Rica los deslumbran “los goces de Europa”, bueno, ahí tienen lo que está decidiendo el presidente francés, Emmanuel Macron; o su colega español Pedro Sánchez.

Las propuestas que está haciendo Alvarado Quesada y su gobierno para que Costa Rica enfrente la pandemia del Covid-19, en todos los ámbitos en que ya se está manifestando, especialmente en el área del empleo y de la sostenibilidad de las empresas, no darán los frutos esperados sino se le entra duro al problema de la deuda pública del país y su obsceno pago de intereses. Están pretendiendo sortear la tormenta con una sombrillita para infantes; y además, con el agravante de que lo recibido habrá que devolverlo.

Finalmente, la pandemia del Covid-19 se ha encargado también de contaminar al sagrado dogma del mercado como está siendo constatado; y lo dejó al desnudo ante su incapacidad de atender la emergencia social. Para eso está el Estado; y la parte más sucia del mercado, que es la financiera, deberá pagar el precio, no la gente. Lo que está en juego es la Humanidad.