-Trabajadores tiene más de 8 años de solicitarlo a la alcaldía
La Seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires tomó la decisión de mantener el litigio en sede judicial para instaurar el salario escolar, litigio que inició el pasado 23 de enero. Esto debido a las negociaciones fallidas con la alcaldía, la última reunión realizada este miércoles 6 de marzo.
La lucha de la seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires
para incluir este componente salarial, así sentenciado por la Sala II, lleva
más de ocho años, situación que los obligó acudir a sede judicial
Incluso la seccional no descarta realizar un movimiento de huelga, el cual ya fue aprobado por los afiliados de la municipalidad, siguiendo los lineamientos que establece la Reforma Procesal Laboral al tratarse de un conflicto económico social.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió con alcaldes de los cantones de Garabito, Nandayure y Coto Brus, así como representación de la alcaldía de Nicoya, ante la eventual afectación de la autonomía del régimen municipal por parte de la Ley 9635 fortalecimiento de las finanzas públicas.
El sector productor, inserto en el Encuentro Social Multisectorial en el que participan diversas organizaciones sociales y cooperativistas, busca el apoyo de instituciones gubernamentales para impulsar dos proyectos de ley sobre seguridad jurídica y pago de deuda.
Para esto, se reunieron con representantes de alto nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes de la Defensoría de los Habitantes, con el objetivo de que ambos proyectos tengan el apoyo del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo
Preocupados por los cambios anunciados por el ministro de Agricultura y Ganadería, los concesionarios y funcionarios del PIMA-CENADA se unieron para enfrentar lo que catalogan como la situación más crítica de la historia institucional.
Tribunal
no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación
Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.
Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la
condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían
probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.
«Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de
descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental»,
manifestó el defensor.
Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada
ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la
sentencia.
«Lo único para poder solventar estos fallos es que se
realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el
Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el
reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de
que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario», explicó
Loaiza.
Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.
Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez
Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad
de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas
por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados
como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema
aparentemente dañado.
Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.
Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés
Las participantes de la Mesa Sindical de Mujeres sobre «Empoderamiento, Participación y Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Sindicalistas en Costa Rica nos dan a conocer sus pensamientos sobre este importante taller.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP)
solicitó al Ministerio de Hacienda tener mayores controles y mecanismos de
fiscalización para proteger el salario de los funcionarios públicos, esto luego
de presentarse una gran cantidad de rebajos por parte de una cooperativa sin la
autorización de los asalariados.
En la solicitud dirigida al Director Jurídico
Ministerio de Hacienda, Martín Durán Espinoza se indica que no es la primera
que se da ésta situación, incluso en 2015 ANEP-Fuerza Pública presentó una
denuncia por un rebajo irregular en el salario de oficiales de la Fuerza Pública.
“No es la primera vez que se reciben en esta
organización sindical casos de funcionarios que aducen se les rebajan montos
incorrectos, o, por parte de empresas con las que no tienen ningún tipo de
relación. Además, en la mayoría de casos, agregan que, al intentar hacer
contacto con dichas entidades no tienen éxito, pues no atienden números
telefónicos, y, hasta han encontrado que no se ubican en la dirección que
extienden”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
En vista de los anterior, la ANEP cuestiona los
mecanismos de Hacienda para controlar este tipo de situaciones y solicita
explicaciones ante lo sucedido, y a la vez, pide a los afectados interponer la
denuncia ante el Ministerio Público para evitar que estos casos queden impunes.
Cuestionamientos
de la ANEP al Ministerio de Hacienda
• ¿Qué
mecanismos jurídicos ofrece el Ministerio de Hacienda para proteger el salario
de los servidores públicos, y evitar que sean víctimas de estafas, u otra
acción irregular que les afecte su remuneración económica?
• ¿Qué
acciones deben realizar las personas afectadas para prevenir que se les siga
rebajando por parte de entidades a las que no han autorizado para que se les rebaje
directamente del salario?
• ¿Qué
medidas tomará el Ministerio de Hacienda, con las entidades que, aprovechando
las facilidades del sistema, se abusan del mismo y cometen actos como el que
nos ocupa?
• ¿Qué
acciones tomará su representada, ante los numerosos señalamientos de funcionarios
a quienes se les ha rebajado dinero directamente de su salario, sin que medie
la manifestación expresa del mismo para que se ejecute dicho rebajo de esa
manera?
Compartimos documento enviado al Ministerio de Gacienda y declaraciones de Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP ante rebajos irregulares
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
