Comparecieron los señores Oscar Barahona (su Presidente), Alberto Cañas, Julio Suñol, Guido Miranda, Otto Guevara, Mario Carazo, Rodolfo Silva y la señora Silena Alvarado (su Secretaria) y quien es Viceministra de Egresos de la cartera de Hacienda.
Ellos entregaron un documento, “Programa de Trabajo”, en el cual detallan cuestiones de funcionamiento formal, de funcionamiento relativas al fondo y la división temática. En este ámbito, especifican 25 “ejes temáticos”, como por ejemplo, analizar los grandes proyectos sociales de atención a la pobreza; trabajar para que el Poder judicial se descongestione “desjudicializando” ciertos asuntos; estudiar el “enorme” problema de las convenciones colectivas en el Sector Público; “colaborar” con la reforma del Estado en lo referente al gasto público; establecer un procedimiento escrito y confidencial para que grupos organizados o ciudadanos denuncien posibles irregularidades o corrupción en el Sector Público; dictar normas sobre el nombramiento de puestos políticos en la Administración Pública y su idoneidad para dichos puestos; …etc.
A partir de este planteamiento se abrió un período de preguntas para la discusión del mismo, formulándose una serie de propuestas al funcionamiento de la citada comisión.
En nuestra intervención, primeramente hicimos énfasis en que estamos en contra de una especie de corriente fundamentalista que pretende presentar todo el gasto público como algo intrínsecamente perverso; además, reiteramos que los grupos sociales y productivos que suscribimos el proyecto de la “Tercera República”, planteamos una definición estratégica clara: concebimos el gasto público como un gran dinamizador económico. En consecuencia, dijimos que nos opondremos a ese especie de “macarthismo fiscal”, acudiendo a las enseñanzas de nuestra experiencia de lucha.
Por otra parte, dentro de esta discusión, la ANEP presentó una serie de denuncias, aprovechando la presencia del pleno de esa comisión; mencionando lo siguiente: la aparente contratación de una exministra del Gobierno anterior, por parte del Consejo Nacional de Concesiones, por un monto de US$ 2.000 ¿mensuales?, como “asesora en materia de concesiones”; el presunto pago en el alquiler de unas oficinas, en un edificio lujoso, por parte de ese consejo, frente a las instalaciones de la UCR (Facultad de Derecho); el pago que tendría que realizar el erario público, por, prácticamente US$ 2.000.000 mensuales por la posible concesión de la cárcel de Pococí; así como el posible nombramiento irregular de la actual Directora de DINADECO, quien no tendría los requisitos legales para tal cargo, haciéndose una modificación reglamentaria posterior a su nombramiento, para “superar” ese escollo jurídico. Lo anterior con el fin de que se investiguen tales denuncias en el seno de esa comisión.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), presentó un informe escrito (su representante está en el exterior), en respuesta al planteamiento de UCCAEP sobre el plan fiscal, en donde comparte el criterio esbozado por dicha entidad empresarial en cuanto a quienes evaden impuestos y no cumplan con sus obligaciones con el Estado y sus instituciones. Se debe combatir la impunidad y debe reforzarse todo instrumento necesario para que se apliquen las sanciones respectivas incluyendo, la cárcel. No se avaló la insistencia en la propuesta de UCCAEP de la “satanización” del gasto público, pues para ellos toda inversión en desarrollo social hay que paralizarlo, lo que se opone a la propuesta hecha por las organizaciones que conforman la propuesta de la “Tercera República” que indica que todo gasto público, bien dirigido, dinamiza la economía. En síntesis se opone a la contención del gasto público por contenerlo, únicamente
También se oponen al planteamiento de frenar el crecimiento del empleo público, pues considera que es necesario el mismo para el desempeño correcto del Estado en los servicios que debe darle a la ciudadanía; así como a la no aceptación de la propuesta de “congelar” los salarios en el Sector Público, pues no es éste factor el causante del déficit fiscal, como tampoco lo es el sistema de pensiones (que no son aquellas que se podrían considerar como de lujo).
Finalmente se oponen a los impuestos indirectos como lo son los que apoya la UCCAEP en cuanto a los celulares, los servicios de cable y a los automóviles que no son los de lujo. Todo lo anterior fue respaldado por la ANEP.
Ante esta posición, la respuesta del representante de la UCCAEP fue bastante violenta y acusó al movimiento sindical representado en la comisión, de “obstruir” la puesta en marcha del proyecto de emergencia fiscal del gobierno y de no querer poner un aporte en la solución del déficit fiscal, “como si lo estaban haciendo ellos”.
Luego de esta discusión, se realizó una intervención muy interesante de don Bernal Jiménez, quien fue enfático en mencionar que no creía que el déficit fiscal fuera culpa de los salarios de los empleados del Sector Público, sino más bien de una estructura paralela que se estaba formando a la par del Estado, como lo son las contrataciones por asesorías, así como aquellos órganos con personería jurídica instrumental, los que podrían ser, entre otros, los verdaderos factores de impacto en el déficit.
Valga indicar que la ANEP, en cuanto organización sindical, prepara una documentación sobre el tema salarial del Sector Público, a fin de poner al descubierto varias falacias en tal sentido.
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Grupo Indígena IETSAY
