Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Las personas trabajadoras asalariadas del Estado a cargo de atender la emergencia nacional producto de la pandemia global del coronavirus COVID-19, según las respectivas responsabilidades institucionales, están dando una extraordinaria lección de solidaridad y de compromiso social que, de manera radical, contrasta con el odio neoliberal que han estado recibiendo en los últimos tiempos, especialmente en la pasada administración gubernativa y en la actual.
Nunca antes en la historia contemporánea costarricense, específicamente desde los acontecimientos bélicos del conflicto civil entre costarricenses, en 1948, el odio se había manifestado con tanta su crudeza y crueldad; como ha venido ocurriendo en los últimos años; cuando miles de personas compatriotas, por la sola circunstancia de laborar en el empleo público, fueron vilipendiadas, difamadas, calumniadas, estigmatizadas, acosadas, injuriadas, satanizadas; en medio de la campaña más perversa de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que, repetimos, guardando las dimensiones de espacio y de tiempo, solamente habíase visto algo similar en aquellos años de los cuarenta del siglo pasado.
Se les responsabilizó del déficit fiscal y desde los latifundios mediáticos del capital, dirigidos por personas que no comprenden bien el ADN costarricense, se les prendió hogueras para que fueran quemados vivos por una opinión pública manipulada al máximo; buscando, además, crear las condiciones para que se dieran las privatizaciones y la venta de esos activos públicos hoy imprescindibles en el combate al COVID-19.
A los empleados públicos y las empleadas públicas a quienes se les tildó de “vagos”, “haraganes”, “sinvergüenzas, “ladrones”, “vividores”, “corruptos”, hoy tienen a cargo la heroica tarea, la humanitaria cruzada, la cristiana labor de que el COVID-19 no cause tanto dolor y sufrimiento como a diario constatamos que se vive en otros pueblos de la Tierra, especialmente en países que se creían sociedades “superiores” como las europeas.
Pese a ese odio neoliberal contra todo lo público, es el sector público con sus instituciones sociales y con sus empresas públicas dedicadas a la promoción del bien común y con su funcionariado civil, el que está dando la cara a favor de toda la población, tanto la nacional como la extranjera que nos visita y la migrante que vive con nosotros. ¿O han visto ustedes a clínicas y hospitales de medicina privada abriendo sus puertas de par en par para ofrecer atención solidaria a la población, especialmente la desvalida y la más vulnerable?
Particularmente, la CCSS, el ICE, el INS, el AyA, la CNE, Correos, la Fanal; los servicios migratorios y de Seguridad Ciudadana (en medio de la gran precariedad en que los tienen); el Ministerio de Salud y sus programas, el CEN-Cinai, el Inder y otras entidades; de un modo u otro, representan un modo de ser costarricense que desde generaciones anteriores desarrolló valores eternos como la promoción del bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades, la solidaridad.
A partir del año 1984, cuando el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), impuso el primer programa de ajuste estructural, abriendo la primera puerta para que entraran los primeros aires inmundos del neoliberalismo y contaminaran el camino costarricense de desarrollo que ya traíamos; han pasado unos 36 años de combate abierto entre esas dos visiones de concebir la sociedad: la del egoísmo exacerbado, la del “sálvese quien pueda”, la del “todo-mercado, nada Estado”; versus la de la inclusión social, la del bien común, la de la solidaridad y la de la reducción de las desigualdades.
“No hay mal que por bien no venga”: el COVID-19, en el caso costarricense, está mostrando todo el valor de que conservemos todavía esa institucionalidad pública dedicada a la solidaridad, a la inclusión social y a la promoción de bien común. Tenemos que seguirla defendiendo y tenemos que corregirle lo que no ha estado bien; pero de ahí a entregarla a ese miserable egoísmo del lucro privado y de la codicia sin freno que pregona el neoliberalismo, hay mucha distancia.
Vivimos momentos históricos, indudablemente. Tenemos, con las excepciones de rigor, una clase política corrupta tripartidista que se encargó de mandar al tanque séptico los verdaderos postulados de la socialdemocracia y del humanismo cristiano, de la Doctrina Social de la Iglesia; corrientes de pensamiento que, junto a los mejores postulados del socialismo científico adoptado a la realidad costarricense, generaron esas instituciones sociales y esas empresas públicas que hoy están en la primera línea de fuego frente al COVID-19.
Algunos fariseos dentro del mismo gobierno actual hoy se rasgan las vestiduras, ensalzando la circunstancia de que todavía los costarricenses tengamos esas instituciones sociales y esas empresas públicas. ¡Hipócritas! ¡Farsantes!
Se han estado entregando al fundamentalismo fiscalista neoliberal y han descargado sobre las espaldas del pueblo trabajador las negativas consecuencias de haber estado conspirando, todos estos 36 años y desde las tiendas partidarias del PLN, del PUSC y del PAC, contra ese Estado Social que hoy nos permite enfrentar la pandemia del COVID-19 en mejores condiciones. La factura hay que pasárselas.
Ojalá lo comprendamos a cabalidad en medio de esta oportunidad histórica que, de manera paradójica, tenemos para revitalizar la lucha cívica y patriótica en defensa del Estado Social que todavía tenemos y que, por lo general, identificamos con los rostros de Manuel Mora Valverde, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, José Figueres Ferrer.
