Cuestionamiento al señor Ministro de Hacienda, Licenciado Alberto Dent Zeledón, por el destino de fondos públicos que favorecen negocios privados, como el que representa la privatización del INCOP.

Estimado señor Ministro:

Reciba un respetuoso saludo de la organización sindical que representamos. A la vez aprovechamos para manifestarle lo siguiente:

En el seno de la Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo una modificación a la Ley 8341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2003, para autorizar transferencia de fondos del orden de ¢3.280.000.000 del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), con la finalidad de que esta última institución atienda el proceso de “reestructuración institucional”, sea la privatización de los puertos a cargo de la misma.

Entendemos que con este dinero se cancelará a los trabajadores y a las trabajadoras del INCOP, una indemnización adicional a las prestaciones legales, por concepto de “desarraigo”; indemnización que, en un principio, se indicó que se cancelaría con el depósito inicial exigido a las empresas concesionarias de los carteles de las diferentes licitaciones.

La solicitud de transferencia incluida en la modificación en trámite no especifica que dichos fondos serán reembolsados al CONAVI por el INCOP, lo cual nos permite presumir que dicho monto podría no ingresar nuevamente a las arcas del Estado costarricense.

Además de este desembolso, el Estado como tal, deberá realizar mayores aportes económicos para que concluya el proceso de concesión de las terminales de los puertos puntarenenses. Lo anterior según los datos que exponemos a continuación:

Según una publicación del periódico La Nación, del 22 de octubre de 2002 (hace casi un año), el monto que recibiría el INCOP por parte de los consorcios que operarán tres de las terminales sacadas a concesión serían los siguientes:

El CONSORCIO CALDERA II – Operación de la actual terminal de Caldera – US$ 5.081.000 – Equipo actual del puerto – US$ 789.100

El CONSORCIO CALDERA I – Por construcción y operación de la terminal de granos
(¢3.280.000.000 transferencia CONAVI-INCOP) – US$ 8.201.000

SAAM – Concesión de los remolcadores US$ 4.000.000 – Costo de los remolcadores actuales de INCOP – US $ 2.006.584

TOTAL US$ 20.077.648

El costo total de la indemnización (“desarraigo”) de los trabajadores, según la misa publicación sería de $23.432.000

Los números anteriores evidencian que a octubre de 2002, el dinero que ingresaría al INCOP por concepto de pago de las empresas concesionarias, ni siquiera alcanza para cancelar el desarraigo; eso sin tomar en cuenta que al día de hoy los cálculos aumentan, puesto que si la indemnización se cancelará teniendo como parámetro la antigüedad de cada uno de los trabajadores, al día de hoy el monto es mayor, dado que hay un aumento de la antigüedad de los trabajadores.

En ese sentido tenemos que el Estado tiene que desembolsar, para completar las indemnizaciones complementarias por desarraigo, un total de US$ 3.364.352.

Además:

Prestaciones legales calculadas hace aproximadamente 1 año – US $ 8.000.000
Monto cancelado a la consultoría del proceso (Hamburg Port Consulting) US$ 1.141.893
*TOTAL: * US$ 12.512.245

Como vemos, el total de aporte del Estado a octubre de 2002, al proceso de modernización de INCOP ascendía a $12.512.245, o sea, aproximadamente ¢5.004.898.000.

Lo anterior sin tomar en cuenta que en el monto presupuestado para prestaciones legales se está calculando el pago con un tope de 13 años, pero resulta que en el caso de reestructuraciones en el Sector Público se debe cancelar todos los años laborados. Esto hará que se deberá atender esta diferencia en el monto de las prestaciones legales, generándole al Estado una erogación adicional de dinero que por la antigüedad de la gente que labora en la institución, implicará, al menos, unos ¢1.200.000.000 más.

Además, no se está incluyendo en ese presupuesto a los trabajadores interinos (denominados erróneamente “ocasionales” por las autoridades del INCOP) que al día de hoy ascienden a 550 personas, quienes también tienen derecho al pago del famoso desarraigo y de las prestaciones legales.

Además, señor Ministro, debe saber usted que en el Puerto de Caldera funcionan o prestan servicio una serie importante de empresas privadas, mismas que una vez entregado el puerto a los concesionarios deberán desalojar esas instalaciones. Nos preguntamos: ¿Se calculó ya por parte de su despacho y/o de las autoridades del INCOP, A CUANTO ASCIENDE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBERÁ PAGAR EL ESTADO A ESTAS EMPRESAS, ya que los servicios prestados por estas también fueron adjudicados en la concesión?; ¿cuánto más tendremos que pagar los y las costarricenses por este negocio?.

Evidentemente señor Ministro, esta es la realidad del gran negocio de la privatización del INCOP. Con cálculos modestos a octubre de 2002, el Estado debía desembolsar más de ¢5.004.898.000 para entregarle un bien público a un grupo privado, habiendo pagado prestaciones, indemnizaciones, sin trabajadores, sin sindicatos y sin obligaciones de inversión en modernización.

Consideramos señor Ministro, que las cifras expuestas evidencian que la privatización de INCOP no constituye más que un negocio leonino para el Estado costarricense, que lejos de dejar ganancia a todos y todas los costarricenses, nos deja pérdidas, puesto que pareciera que estamos pagando para deshacernos de una institución pública que bien administrada, produciría riqueza a la provincia de Puntarenas y al país en general.

Lo anterior resulta una contradicción ante el anuncio que hiciera su autoridad respecto al recorte de ¢30.000.000.000 en proyectos de inversión social, mismo al que manifestamos nuestra más enérgica oposición.

Respetuosamente le cuestionamos señor Ministro: ¿Por qué recortar en inversión social, deteriorando más los servicios públicos y las condiciones de quienes laboran en el Sector Público; y, por el contrario, destinar fondos públicos para favorecer negocios privados, como el que representa la privatización del INCOP?

Señor Ministro, instamos respetuosamente a retirar este presupuesto de la corriente legislativa, no sólo por su carácter inconstitucional, sino además por los vicios que mucha gente conocedora de la materia ha denunciado que contiene el proceso licitatorio, mediante el cual se pretende entregar esta institución al Sector Privado; además de lo leonino que resulta este negocio para el Estado a la luz de los altos costos económicos y sociales en que se deberá incurrir para concluir este “negocio”.

Le aseguramos, además, que nuestra organización sindical esta consciente y segura de que esta institución requiere con urgencia de un verdadero plan de modernización que debe ir a la par de un plan de contingencias, para permitirle invertir los recursos que produce en el mejoramiento de los servicios que presta.

En honor a la verdad, el Gobierno de la República debería intervenir, inmediatamente, esta institución a fin de facilitar un proceso real de modernización, con la participación efectiva de todos los sectores interesados en sacar ese puerto del atolladero en que, irresponsablemente, lo han metido las últimas administraciones. Un puerto sana e intencionadamente bien administrado, en manos del Estado, hará que la riqueza que produce no se la lleven las transnacionales y pueda ser el motor que con políticas públicas claras, empuje el desarrollo de la provincia de Puntarenas y el bienestar en general para todos y todas las costarricenses.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Presidente Seccional ANEP-INCOP

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella. Presidente de la República.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Señoras Jefas y señores Jefes de Fracción Asamblea Legislativa.
c.:Señoras diputadas y señores diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Lic. Luís Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República.
c.:Organizaciones Sociales de Puntarenas.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

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