Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Honorable señor, Lic. Eduardo Cruishank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de su Junta Directiva Nacional (JDN), le comunica lo acordado recientemente por nuestra organización en punto a la Defensoría de los Habitantes de la República:
“Que la actual titular de la importante institución pública de servicio ciudadano, la Defensoría de los y de las Habitantes de la República, la señora Catalina Crespo Sancho, ha venido desarrollando un accionar político contraproducente para los importantes fines de defensa social de tal entidad, disminuyendo la credibilidad ciudadana en la misma; así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD. La recuperación de la confianza plena de los y de las habitantes en su Defensoría, especialmente en estos tiempos de incesante desigualdad y exclusión social y económica pasa, necesariamente por que la señora Catalina Crespo Sancho deje libre ese cargo.
Confiamos en que, por su intermedio, sea comunicado el contenido de la presente al honorable plenario legislativo, a la brevedad posible y en su literalidad.
Esperamos, igualmente, que las fracciones legislativas se hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones, no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe más ampliamente: a los y a las Habitantes; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso, sosteniendo a quien hoy es tenida como la “Defensora de los Políticos”, la señora Catalina Crespo Sancho, de quien los sectores sociales ya no esperamos nada y a quien tampoco reconoceremos, en adelante; perdiéndose así un espacio que en condiciones normales estaría llamado a mediar y facilitar diálogos sociopolíticos constructivos, máxime en tiempos tan difíciles para nuestra coexistencia democrática, como sabemos y como debería ser del interés de todas las personas diputadas.
En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables.
Ha quedado claro, no sólo para ustedes como legisladores o legisladoras, o para nosotros y nosotras como integrantes del sector social y sindical; sino para todo habitante de la República medianamente atento al debate público, que la señora Crespo Sancho no contaba con las capacidades, la experiencia, formación ni el nivel requeridos para un cargo tan complejo como el que le aseguró su patrocinador oficial, el ciudadano Rodolfo Piza Rocafort, con quien mantuvo una cercanía político-electoral harto conocida y, por lo demás, absolutamente inconveniente.
Finalmente, y en seguimiento a éste, nuestro acuerdo unánime, subrayamos nuestra intención de no desatender este tema, para nosotros sensible y urgente, ni mucho menos permitir esta vez, que si se abre el espacio para nombrar a un verdadero Defensor o Defensora de los Habitantes, nos aseguraremos de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos.
Dejamos así constancia de nuestra respetuosa, pero firme y oportuna instancia, solicitándole ponerla a despacho para que sean ustedes como personas legisladoras bajo su presidencia, quienes corrijan su error al haber nombrado a Catalina Crespo Sancho en un cargo que debería servir a los y a las Habitantes.
