San José, sábado 18 de julio de 2020.
S.G. 17-21-2191-20
Honorable señor
Armando González Rodicio, Director PERIÓDICO LA NACIÓN
Por esta vía solicitó al medio de comunicación que usted representa un Derecho de Respuesta o Rectificación sobre la publicación realizada el miércoles 15 de julio del 2020 en el sitio web de La Nación, en la sección No coma cuento, así como en las redes sociales de su organización, con el titular #NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos, debido a que dicho titular presenta un claro agraviante hacia mi persona.
La solicitud de Derechos de Respuesta o Rectificación la realizo amparado en lo que establece la Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 29; así como en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, Título III, Capitulo III, en los artículos 66, 67 y 69, perfilado por los diferentes fallos que ha emitido la Sala Constitucional, además, ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Como lo indicamos supra, la Honorable Sala Constitucional, ha fundamentado la sustentación del “Derecho de Respuesta o Rectificación”, de la siguiente manera:
“IIo.- Si lo pretendido por el recurrente es ejercer el derecho de rectificación y respuesta, cabe aclarar que los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan ese derecho, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y por ende, para efectuar por el mismo órgano de difusión su respuesta de conformidad con las reglas que establece el artículo 69 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. De esta manera, el interesado deberá formular por escrito la correspondiente solicitud, ante el dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a que se publiquen o transmitan las manifestaciones que se proponga contestar, y se acompañará el texto de su respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella. Ese texto deberá publicarse o difundirse -y tendrá que destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva-, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria y en los demás casos cuando se dé el próximo tiraje o transmisión que se hiciere después de ese plazo (…)” (Sentencia No. 7086-94, de las 13:24 hrs. del 2 de diciembre de 1994).
LOS INFUNDIOS A LOS QUE NOS REFERIMOS:
En la nota publicada por los periodistas Silvia Artavia y Aarón Sequeira se manifiesta que mi persona difunde información falsa sobre el proyecto que impulsa el Gobierno. con relación a la reducción de la jornada laboral y el salario en el sector público, al indicar en mi cuenta de Twitter lo siguiente “¡Qué bonito! La rebaja salarial NO INCLUYE A LOS DIPUTADOS NI A LAS DIPUTADAS. Dizque ellos tienen un régimen distinto al cual se llaman “dietas”. ¿Será posible tal cinismo político?” (Subrayado mío).
Sin embargo, mi aseveración en redes sociales, con fundamento, quedó completamente respaldada durante la comparecencia de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), señora Pilar Garrido Gonzalo, en la sesión de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, del 14 de julio del 2020, al ser esta última cuestionada por el diputado José María Villalta Florez- Estrada sobre como el proyecto no tocaba el salario de los diputados y diputadas, además ampliado a otras jerarquías del Gobierno.
Al respecto el señor diputado Villalta, manifestó lo siguiente en el plenario legislativo:
“El proyecto de ley está tan mal planteado que podría generar una nueva y más grave desigualdad: se les rebaja los salarios a las y los trabajadores del sector público, pero no a los altos jerarcas del Gobierno -con salarios más altos- que no están sujetos a una relación laboral con el Estado.
El proyecto de ley plantea reducir en un 15% la jornada laboral del personal de la Administración Pública. Pero nuestra jurisprudencia constitucional y laboral ha establecido de forma reiterada que los jerarcas como ministros de gobierno no están sujetos por una relación laboral y, por lo tanto, no tienen una jornada laboral que reducir. Así lo dejó claro la Sala IV, en el voto N.°369- 2009, donde afirman que ‘las labores que desempeñan los funcionarios públicos “gobernantes” son de naturaleza política, nombrados por el Presidente en atención, principalmente, a su afiliación partidaria, de manera que su relación con el Estado -como se indicó- no es laboral ni estatutaria’.”
Algo similar ocurre con los directivos de instituciones autónomas que ganan jugosas dietas. No están sujetos a jornadas laborales, por lo tanto, a ellos no se les aplicaría el rebajo salarial, sólo a sus subalternos. Pasa lo mismo con los diputados y diputadas. No hay una relación laboral con el Estado ni aplica una ‘jornada laboral’. La remuneración se rige por una ley especial y se paga por dietas.
Cabe mencionar y llama poderosamente la atención, que estos hechos noticiosos suscitados en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios un día antes de publicada la noticia “NoComaCuento: Albino Vargas difunde información falsa sobre proyecto de rebaja salarial a empleados públicos”, (subrayado mío), ni siquiera fueron tomados en cuenta por los periodistas para elaborar la nota que me ataca, a pesar de que incluso se volvió un hecho noticioso nacional y tendencia en redes sociales. Sólo se avocaron a tomar en cuenta las manifestaciones de la ministra Garrido Gonzalo, misma que fue puesta en evidencia al suministrar datos inexactos y, posiblemente falsos, ante la opinión pública y en la misma Asamblea Legislativa sobre los alcances de la propuesta de Gobierno.
Entonces queda claro que no ha sido la ANEP, ni mi persona, las que hemos difundido información falsa. Queda clarísimo para nosotros y para la opinión pública que ha sido el Gobierno de la Republica, presidido por Carlos Alvarado Quesada y la indicada ministra de Estado, quienes con tal de afectar a la clase trabajadora y, especialmente, a los trabajadores del sector público, quienes han aportado en el mismísimo Congreso de la Republica, información incorrecta, inexacta y posiblemente falsa; la cual no sólo ustedes no han verificado y, al parecer, más bien se regocijan en hacer eco y propalar tales inexactitudes. ¡Claro!, es entendible: ustedes les fascina vilipendiar la lucha sindical y, por supuesto, a quien suscribe este derecho de respuesta y rectificación.
Por estos motivos, reitero en nombre, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, organización sindical que dignamente represento, la solicitud inicial del derecho de respuesta o rectificación bajo las mismas condiciones en las que fue publicada la nota que atenta contra mi imagen.
Saludos.
Albino Vargas Barrantes Secretario General
