Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
40 personas integrantes de la actual Asamblea Legislativa, con curul legislativa, votaron el pasado jueves 27 de agosto de 2020, el primer tramo o tracto de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto total de 508 millones de dólares; antesala de otro crédito de mayor cantidad en esa moneda, por 1.750 millones.
En total será un préstamo conocido en la jerga de ese ente financiero global, como “convenio Stand-by”, el cual compromete seriamente el futuro de la actual generación y de las venideras. Llamaremos a esas señoras legisladoras y a esos señores legisladores como diputaciones fondomonetaristas.
Con base en este actuar de estas diputaciones fondomonetaristas, al comprometer la vida de miles de costarricenses todavía en vida y otros miles más por nacer, es que nos estamos preguntando cuánta legitimidad política real tienen esas 40 personas, por más rango diputadil que tengan, de asumir tan gigantesca responsabilidad, rayana según nuestra visión de mundo, en un acto de traición a la Patria.
Cada una de esas 40 personas representan, individualmente, el 0,00002 por ciento de la actual población del país, misma que es de unos 5 millones de costarricenses. Juntas las 40, apenas alcanzan a significar 0, 0008 del total nacional de ticos y de ticas vivientes en estos momentos. Ni siquiera llegan al 1% de la población nacional y se aprestan a hipotecar el futuro del país más allá de cuando alguna de ellas, ya no estén en esta tierra.
Al igual que está sucediendo con el señor Carlos Alvarado Quesada, cuya presidencia de la República tiene una altísima deslegitimación política en estos momentos; debemos elevar nuestra voz y denunciar que esas 40 personas diputadiles no tienen en la actualidad, una legitimidad política real como para actuar como una asamblea constituyente de facto, cambiando la concepción político-ideológica de carácter estratégico y estructural que fue plasmada por las personas constituyentes, que sí eran realmente legítimas, las que aprobaron la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.
El significado de esos créditos con el FMI que están votando esas diputaciones fondomonetaristas, va más allá de las cantidades de millones de dólares que han de aumentar la impagable deuda pública del país.
Es más, parece conveniente impulsar un ejercicio de cívica rendición de cuentas para determinar cuántas de esas 40 personas diputadas fondomonetaristas, que están dispuestas a entregar el país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían en estos momentos convocar a reuniones a quienes le eligieron, darles la cara y explicarles su actual comportamiento político-legislativo.
Apostamos a que ni uno solo de ellos o de ellas, asumirá un reto de semejante calibre; especialmente si activos grupos de ciudadanía activa se apersonaran frente a las casas donde habitan a solicitarles, con respeto y vehemencia, que den la cara.
Creemos, a la vez, que dar un voto legislativo a convenios fondomonetaristas de préstamos condicionados que implican, por ejemplo, dar viabilidad política a la venta de instituciones públicas exitosísimas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), en su ramo la empresa comercial de seguros más importante y rentable de toda la región mesoamericana; supone un monumento a la ignorancia para con nuestra historia y lo que significó su fundación hace ya casi un siglo, en 1924; como también suponemos que se desconoce el pensamiento de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell, cuando tomaron la visionaria decisión política de impulsar la fundación del INS.
Es una verdadera conmoción política imaginar que un 0,0008% de la población costarricense actual (las 40 diputaciones fondomonetaristas), se dispongan a viabilizar la venta del Instituto Nacional de Seguros (INS), un emporio en su campo que ni siquiera la competencia de las transnacionales de actividad homóloga instaladas en el país, han podido desplazarle del mercado.
Las 40 diputaciones fondomonetaristas deben ser exhibidas, una y otra vez, con sus nombres y con sus apellidos, para indicarles por todos los medios a nuestro alcance, su real estado de deslegitimación política plena como para tomar semejantes decisiones de; por un lado, darle un golpe de Estado de facto a la Constitución Política de 1949; por otro, facilitar la entrega de parte de las más grandes riquezas de propiedad pública que todavía quedan en manos del pueblo costarricense. En el caso del INS y desde nuestras propias trincheras, siempre hemos honrado y lo seguiremos haciendo, el legado de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell.
