Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
Aunque este comentario tiene el propósito de llegarle a las conciencias realmente democráticas de la sociedad costarricense, buscamos llamar la atención de varias entidades internacionales relacionadas, de una u otra manera, con los Derechos Humanos (DD.HH.); tanto como deseamos que los movimientos sociales y sindicales (especialmente los continentales y europeos), tomen nota de que en Costa Rica ha venido desarrollándose el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas; pese a que el país pregona, urbi et orbe, su impoluta práctica de esos derechos dándose el lujo, además, de señalar con el dedo acusador a otras naciones que los están violando.
De manera adicional y considerando que en este 2019 se cumplen 100 años de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, no puede esta entidad mirar hacia otro lado con relación a, repetimos, el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas.
Resulta obvio que debemos oficializar ante tal entidad una denuncia al respecto en próximas horas; sin embargo, el carácter público de la misma por esta vía (y por otras), cumple nuestro propósito fundamental en tal sentido.
Estamos necesitando la realización de un profundo estudio multidisciplinario (especialmente, desde las ramas del saber de las ciencias sociales), para fundamentar la naturaleza de la violencia inducida durante décadas en la sociedad costarricense en contra de los sindicatos; situación ésta que algunos especialistas fijan su origen en la circunstancia de que el sindicalismo fue parte del bando perdedor del conflicto armado-guerra civil que hubo en Costa Rica, en 1948.
Tal perspectiva, indudablemente, se concatena con el conflicto ideológico de la Guerra Fría; y, concluida la misma con la caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo sobre el socialismo; la tiranía ideológica subsecuente del “TINA” colocó a los sindicatos (en términos generales), en la primera línea de fuego de la ofensiva global del capital financiero-neoliberal contra los Derechos Humanos, incluidos los Derechos Sindicales.
“TINA”, son las siglas en idioma inglés de “There is no alternative” (“no hay alternativa”); unas siglas que se popularizaron en los años ochenta del siglo pasado, por ser una de las frases más utilizada por Margaret Thatcher en sus discursos para señalar que no había ninguna alternativa real al camino que ella había emprendido, con sus políticas neoliberales para la sociedad británica y para el planeta mismo.
En Costa Rica, a partir de 1984, también hemos sufrido, a nuestro modo, la ofensiva de la embestida de la consigna ideológico-política del “TINA”; registrándose a lo largo de todos estos años fuertes episodios de confrontación de clase entre los grupos de poder partidarios del “TINA”, y amplios sectores cívico-patrióticos que hemos venido resistiendo a tales grupos. Particularmente, los sindicatos hemos estado en primera línea en esta confrontación y sobran experiencias de lucha ampliamente documentadas, en las últimas administraciones.
A partir de la llegada del binomio Alvarado-Piza a la cabeza del Poder Ejecutivo (el gobierno), y lo que ideológicamente el mismo ha venido representando, el “TINA” tico se ha empoderado como nunca antes lo había logrado.
Finalmente, el bloque hegemónico político-ideológico siente que, ¡por fin!, tiene una institucionalidad bajo su total control, especialmente con la formación del tripartidismo PLUSC-PAC; y, luego de meses y meses de la campaña político-mediático más infame jamás vista en la historia del sector público de nuestro país, contra el empleo público y contra las organizaciones sociales, gremiales y sindicales que le cobijan; por tanto, se disponen ahora a convertir en leyes de la República, lo que ha sido el ataque contra los sindicatos más violento de las últimas décadas.
En la actual Asamblea Legislativa se están tramitando ya, tres proyectos de ley que, de una manera u otra, apuntan contra la existencia misma de los sindicatos; iniciativas profundamente ideológicas, cargadas de odio de clase y que expresan una decisión política tomada en las esferas del real poder para liquidar lo que algunos consideran como la última barrera de resistencia social que queda para, finalmente, imponer por completo el “TINA” en Costa Rica.
En estos mismos momentos en que usted lee este comentario, la guillotina contra el sindicalismo se está afilando en el parlamento con estos tres proyectos de ley. Y, como suele suceder, el doble lenguaje neoliberal de este tipo de iniciativas de legislación, hace que el título no guarde relación con el contenido. Veamos:
Tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.049, oficialmente denominado “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Su nombre real debió ser “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva”.
También tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.097 denominado “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”. Su nombre real debió ser “Ley de declaratoria de que todos los servicios públicos son esenciales sin posibilidad de que haya huelga en ellos”.
Tenemos el proyecto-expediente legislativo No. 21.009, oficialmente denominado “Ley de alternancia temporal en las organizaciones sindicales”. Su nombre real debió ser “Ley para evitar la reelección de las actuales dirigencias de los sindicatos”.
Aparte de la alarma que provoca todo esto en las conciencias civiles democrático-patrióticas, dado el carácter profundamente antidemocrático de dichos proyectos, se ha generado enorme preocupación en los círculos expertos y de profesionales con acendrado criterio en materia de la legislación nacional e internacional del Derecho Laboral; en materia de la vinculación estratégica entre Derechos Laborales y Derechos Humanos; en materia de amplia jurisprudencia al respecto en estos dos ámbitos de las libertades humanas; en las consideraciones de fondo sobre la autonomía de la organización sindical emitida por la más reconocida autoridad global en materia laboral: la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bastase tan sólo un ejemplo, uno de los pilares universalmente reconocidos del Derecho Laboral y de las Libertades Sindicales, es el carácter progresivo de su desarrollo, pero no su regresividad. La regresividad o la involución en materia de desarrollo del Derecho Laboral y de las Libertades Sindicales, se asocia con regímenes autoritarios y/o descaradamente dictatoriales.
Los tres proyectos de ley que le acabamos de mencionar (cada uno por separado merece un pormenorizado análisis), son indicativos de la naturaleza del régimen que está ejerciendo el poder actual en nuestra sociedad, vía la tríada gobiernista PLUSC-PAC.
