Es este un asunto que se ha convertido en el principal argumento de los sectores económico-financieros que tienen el control del poder real en nuestra sociedad, para atacar por todo lado la necesidad de la intervención del Estado en la promoción del bien común y de su papel en la reducción significativa de la desigualdad; en fin, para facilitar la inclusión y la movilidad sociales, de nuevo, en nuestro país.
Se nos ha venido diciendo que estamos casi que en las puertas del apocalipsis: 6% de déficit fiscal para el 2015 y ya nos están aterrorizando por tal circunstancia. Esa hegemonía dominante y los latifundios mediáticos que la sustentan se han centrado, de cara a la opinión pública, en culpar de la “debacle” que se avecina y con cierta saña desinformativa, a quienes laboran para el sector público y a los denominados “pluses” salariales que se les reconocen por diversas especialidades ocupacionales en el aparato estatal.
Evidentemente hay ciertas situaciones en esta materia bastantes controversiales, como el “enganche” salarial médico; sin embargo, pese a que “le pusimos la bola en el punto de penal”, el presente Gobierno permaneció pasivo y no quiso promover el proyecto de ley que posibilitaría el “desenganche”.
Cada vez que se discute sobre los reajustes salariales semestrales por costo de vida en este sector, el fantasma del “apocalíptico” déficit se encarga de seguir empobreciendo a las familias trabajadoras asalariadas que laboran para el Gobierno al precarizarles, paulatinamente, su ingreso mensual; especialmente la situación golpea a los sectores medios y bajos del sistema salarial del sector público. Los reajustes por costo de vida para los empleados públicos, por tanto, son lo que el tamaño del déficit fiscal determina.
Sin embargo, pareciera que dos elementos nuevos han de subir al escenario político macroeconómico en que se teatraliza la obra del déficit fiscal pantagruélico. Por un lado, al candidato presidencial opositor no le “aterrorizaría” un porcentaje de 6% o cercano al 6% de PIB en materia del déficit. Ha estado indicando que entidades internacionales afirman que se puede vivir con esta cifra. Además, indica que no le parece esa fijación patológica del fundamentalismo neoliberal del control de la inflación y su obsesividad por una inflación cero o cercana a cero. Esta circunstancia podría estar impidiendo la necesaria reactivación de la economía con base en objetivos de combate a la desigualdad.
Por otro lado un estimable ciudadano, libre de toda sospecha de ser sindicalista, escribió lo siguiente: “El Ministro de Hacienda ha advertido sobre el creciente déficit fiscal. Sin embargo, no he escuchado una coherente explicación de por qué, en el cálculo de ese déficit, se toman en cuenta las finanzas del ICE y de la CCSS, pero se excluyen las del INS y las de los bancos públicos. ¿Acaso no son propiedad del Estado? ¿Cuánto sería el déficit fiscal, si se incluyeran estas últimas instituciones en el cálculo?”. Quien así opina es don Alejandro Urbina, exdirector de La Nación, periódico líder en la “santa cruzada fundamentalista del déficit fiscal”. Como vemos, a lo mejor ya es hora de liberarnos del “coco” del déficit fiscal y poner manos a la obra para transitar por la ruta urgente del combate contra la desigualdad desde la política pública.
