Recientemente, se conoció el Informe N.° DFOE-PG-IF-00013-2020. de la Contraloría General de la República (CGR), con fecha 27 de noviembre del año 2020; el cual puntualiza una serie de debilidades en la atención de emergencias. Sobre el particular, es importante analizar las diferentes aristas que se presentan alrededor del tema.
“Así, entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2020, en la atención de incidentes de emergencia en los cuales está en peligro la integridad física de las personas o sus bienes, el tiempo promedio requerido para la llegada de los recursos al sitio del incidente desde su comunicación el SE-911 al MSP, fue de 38,25 minutos. Al respecto, en México se ha definido un tiempo de 9 minutos para ello; mientras que el Departamento de Policía de Nueva York (DPNY) registra un promedio de 7 minutos para incidentes similares. Además, se determinó que, entre 5 grupos de delegaciones, definidos con base en las similitudes por variables de densidad poblacional, cantidad de incidentes de emergencia recibidos, índice de desarrollo del delito 2017 y el índice de desarrollo social distrital 2017; existe una diferencia de 8,45 minutos de tiempo promedio, para hacer el envío de recursos policiales al lugar del incidente, desde su comunicación por el SE-911. Mientras que, para el grupo de delegaciones con menor tiempo el registro promedio fue de 8,49 minutos, en el grupo de delegaciones con mayor tiempo fue de 16,94 minutos. Dichas situaciones son incongruentes con las responsabilidades del MSP, para dar una atención inmediata y eficiente de los incidentes de emergencia que le traslade el SE-911. Tampoco se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y trato igualitario, para los destinatarios del servicio público.”
Aquí podemos ver que se hace un comparativo con las ciudades de México y de Nueva York, pero el informe no nos dice nada sobre los recursos de que disponen los cuerpos policiales de dichas urbes. De entrada, es importante señalar que ambos países tienen una legislación que respalda muchísimo más la actuación de sus policías. En los Estados Unidos, los uniformados (policías) son considerados profesionales, cuentan con mejores herramientas, disponen del uso de armas menos letales; y, en función del respaldo que el Gobierno les brinda a sus fuerzas de policía, sus órdenes, salvo contadas excepciones, son acatadas por la ciudadanía. En nuestro país, se quiere una policía como la de Nueva York, con patrullas en mal estado, policías sin botas, con chalecos balísticos vencidos, que debe soportar el irrespeto de un sector de la sociedad (“está grabado papi”), y con un Gobierno que muestra su “respaldo” provocándoles una regresividad salarial al incluirles en la Ley 9635. Ni qué decir de nuestros legisladores, que aprobaron la reducción de 5.300 millones en el presupuesto para el año 2021.
El desmejoramiento paulatino de la seguridad se viene dando en todo el país. No obstante, haré mención de lo que conozco de primera mano, en razón de mi experiencia: Palmar Norte de Osa, lugar en el cual me desempeñe por tres años como jefe de la delegación, para el año 2009 contaba con 36 oficiales de policía, tres patrullas y dos motos. Al año 2020 (11 años después), dicha delegación policial cuenta con 22 oficiales (14 menos), dos patrullas (una menos) y cero motos, además mantiene orden de clausura por parte del Ministerio de Salud. Las distancias en zonas rurales son largas y con caminos en mal estado. Por ejemplo, si en Palmar Norte se estuviera atendiendo una incidencia en el sector comercial o comunal, y se presenta una emergencia en finca 7 de Palmar Sur (camino de lastre), es muy probable que el tiempo de respuesta sea el indicado en el informe de la Contraloría General de la República.
Continúa citando el informe de la CGR. “Por otra parte, se identificaron debilidades reportadas por 16 Fiscalías del Ministerio Público, en la cadena de custodia de evidencia, la manipulación, empaque y entrega de objetos recabados por los oficiales de la Fuerza Pública del MSP, lo cual, puede colocar en riesgo la integridad de elementos que podrían ser utilizados como prueba en procesos judiciales. Estas debilidades corresponden a: defectos en el embalaje de objetos a entregar; entrega de objetos sin rotular o sin lacrar; descripción insuficiente o no congruente con el objeto a entregar; daño a objetos durante el traslado; y cadenas de custodia con inconsistencias en el llenado, incompletas, y/o con errores procedimentales.”
Es cierto lo dicho por las fiscalías del Ministerio Público; pero, acá vamos a decir que, por un lado, el Poder Ejecutivo sigue dejando de lado ampliar y mejorar la malla curricular y con ello la capacitación que se imparte en la Academia Nacional de Policía. Por otro lado, me consta, fui parte de la administración de pobreza, que muchas veces se embala en bolsas de pan de la Musmani, porque no se cuenta con los insumos suficientes para cumplir a cabalidad con el embalaje de evidencia, tampoco se dispone de lugares idóneos para la custodia de evidencia, por ello, aplica la famosa frase: “sin cacao no hay chocolate”. La situación tiene un agravante que debe ser advertido: muchos procesos judiciales pueden resultar infructuosos producto de un mal manejo de la evidencia y de la cadena de custodia de la misma.
Es evidente el desmejoramiento en la Seguridad Ciudadana. Indudablemente, el tiempo y/o la capacidad de respuesta en una emergencia puede resultar determinante en el resultado de la misma. Por ello, aunque puede haber factores operativos que se deban revisar, lo primordial tiene que ser dotar a nuestros policías de herramientas, capacitación y mejores condiciones para el desempeño de sus funciones. Ojalá lo entiendan así el Gobierno y nuestros legisladores.
Lic. Mainor Anchía Angulo, ANEP
