Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El lunes 20 de enero de 2020 quedará marcado como el día en que Carlos Alvarado Quesada firmó la categorización histórica que muchas personas le hemos de otorgar una vez que deje la Casa Presidencial: es el presidente en cuyo gobierno se impuso la más fuerte contrarreforma laboral y social desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949; categorización contraria a la que hoy se le otorga al Expresidente de la República, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, reconocido como el Gran Reformador Social de Costa Rica, allá en la década de los años 40 del siglo XX.
Si bien es cierto, Calderón Guardia no hizo lo que nos legó en tal sentido, en cuanto él como persona, “solito”, pues respondió a un conjunto de personas humanistas, fuerzas y sectores cívicos, así como grupos de lucha obrero-sindical que se manifestaron en lo que hoy denominamos como la Democracia de la Calle; lo real es que la Historia, así en mayúsculas, lo asumió como el Gran Reformador Social de Costa Rica.
Esto mismo le pasará a Alvarado Quesada, pero a la inversa; quien, luego de engañar-estafar políticamente hablando a un electorado que fue mediáticamente manipulado como nunca antes había ocurrido, pasó a ser la cara visible de un conjunto muy pequeño de personas pero de gran poderío económico-político y mediático, al cual, comúnmente denominamos clase política tradicional; misma que se expresa en las cúpulas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana y en este caso como gobierno, de sus altos cargos ejecutivo-legislativos y sus redes de cuido y de influencia. Adicionalmente, a esta “troika” gobiernista se adicionan algunos partidos turecas que, desesperadamente, pujan por estar en esa cúpula, transando sus conciencias y traicionando a sus electores.
Con la aprobación legislativa “exprés” y su súbita firma, este lunes 20 de enero, apenas despuntando el alba (como escondiéndose de la auscultación pública), la ya popularmente conocida como ley mordaza o ley antihuelgas surge a la vida jurídico-institucional del país con la finalidad político-ideológica de imponer un mayor control a la protesta y a la movilización social; misma que viene siendo protagonizada por los diariamente crecientes segmentos poblacionales y ciudadanos que quedan excluidos de una mejor distribución de la riqueza; y que, habían venido mostrando niveles de organización, articulación y movilización que le metieron gran miedo a esa clase política, a su soporte ideológico-mediático del periodismo de odio, y al sindicato empresarial más grande del país, la Uccaep.
Y esa clase política cuenta con una impresionante cantidad de fichas colocadas en instancias vitales para la institucionalidad republicana y democrática de nuestro país, que dejan atónitos a miles con sus dictámenes, resoluciones y fallos que no empatan con la búsqueda de la promoción del bien común y de la inclusión social.
Ha sido proscrito el Derecho Humano Constitucional de Huelga, universalmente reconocido y que en Costa Rica se había vuelto real con la aprobación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL). La lógica del Derecho Laboral es que evoluciona, no que involuciona. Esa clase política tradicional se aprovechó de una determinada coyuntura, completamente circunstancial y difícilmente repetible y, de un porrazo, decidió eliminar tal derecho, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social.
Este deplorable acontecimiento, es la más reciente agresión a las pretensiones legítimas de la mayoría ciudadana de vivir en una sociedad donde la desigualdad esté al mínimo y donde se cierren los espacios al avance de la exclusión social y económica. Veamos, seguidamente, las siguientes situaciones que ejemplifican (aparte de la ley mordaza), un todo armónico de ataque de clase a los, de por sí, ya muy golpeados sectores medios de nuestra sociedad, especialmente.
En el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, miles de personas trabajadoras asalariadas, prácticamente de todo el sector Público, han comenzado a sufrir disminuciones cuantitativas en sus salarios; cuando se supone que el poder de compra del salario debe tener un buen poder adquisitivo como pilar de cualquier proceso de reactivación económica para apuntalar el mercado interno.
Esto se agravará con la imposición de una única fijación anual por costo de vida, sin importar la cifra de inflación a mediados de año. Esto se debe a la implantación de la ley del combo fiscal, número 9635, hermana ideológica de la ley mordaza. Esta misma legislación asestó un golpe duro a la seguridad laboral del empleo estatal, volviéndolo incierto (evaluación del desempeño, cierre de programas y fragmentaciones institucionales, nuevas privatizaciones, más concesiones, fusiones liquidacionistas, etc.).
En el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, la micro, pequeña y mediana empresa nacional, especialmente la dedicada al mercado interno, ha sufrido gran acoso gubernativo en materia impositiva debido al plan fiscal-ley 9635, que impuso el impuesto al valor agregado (IVA); razón esta que ha provocado el cierre de una enorme cantidad de negocios y que, por tanto, ha dejado sin empleo a miles de personas, al punto de que entre la cifra oficialmente aceptada, más la real que se vive en el día a día, indica que estaremos llegando en poco tiempo al 25% de la Población Económicamente Activa (PEA), sino más, de personas sin ingreso y/o empleo formal o fijo. Golpe durísimo a lo que denominan reactivación económica sin ninguna luz al final del túnel, a no ser los favorcitos que le hacen al actual gobierno de parte del Banco Central de Costa Rica en cuanto a que la economía “mejora”.
A 20 meses de la llegada a Zapote el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, el de la contrarreforma laboral y social, tiene asegurada tal categorización con solamente los elementos apuntados.
