En la vida son pocas las cosas que realmente podrían asombrar a una mente equilibrada y a un carácter modesto, pero por raro que esto suene, pasan. Para nadie es un secreto que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.
Lo extraño del caso es que, pese a que nadie ignora los hechos y la triste realidad de nuestras cárceles, la “solución remedio” es un tajante e irracional recorte al presupuesto.
El ejercicio de la razón cuando se encuentra desprovisto de calidez humana, contribuye al engrandecimiento de las sociedades tanto, o un poco menos, que lo que contribuye un teórico en la solución de los problemas reales de una nación, cuando no los conoce.
La terrible crisis que enfrenta el sistema carcelario de nuestro país es mucho más que una simple y llana teoría. Cala profundo en el sentimiento de aquellos que creemos en una Costa Rica solidaria y justa. Mientras tanto, en el seno de las Naciones Unidas, el país que mejor logra articular el discurso sobre derechos humanos es el que se garantiza los aplausos y la admiración de las grandes mayorías. Costa Rica no ha sido extraña en estos procesos de elogio.
El problema es que pese a esas atinadas precisiones de la oratoria, en este pequeño país, una fracción invisible de la sociedad, continúa esperando el reconocimiento pleno de sus derechos. Nos referimos a las funcionarias y a los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional; hombres y mujeres con idoneidad comprobada, espíritu de servicio y gran probidad ética.
Jamás se podría pensar en una cárcel como un motivo de orgullo; bien, por el concepto de castigo al que se encuentra ligado, o por el símbolo mismo de pérdida de libertad. No obstante, las nociones que de ella se puedan tener, en ningún momento debe ser sinónimo de humillación y desprestigio para quienes trabajan entre muros y barrotes.
El recorte al presupuesto del Sistema Penitenciario estimula el crecimiento de la crisis, favorece el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país, a una posición poco garante de los derechos fundamentales.
Es a partir de criterios sólidos y argumentos suficientemente razonados, que se justifica cualquier decisión que afecte de manera directa a la sociedad. Este recorte manifiesta una tremenda insensibilidad que lo único que propone son dudas respecto de su verdadera intención, las consecuencias negativas que ello conlleva, pone en “entredicho” la transparencia de cualquier gestión y el interés por un verdadero cambio.
¡Cuánta razón tenía un gran maestro y amigo, cuyo nombre omito para resaltar la brillantez de sus palabras, quien en una ocasión dijo: “Debe seguirse el modelo de derechos y obligaciones promovido por las Naciones Unidas, en el que trabajan enlazadas la gerencia institucional, el sector administrativo, la Escuela de Capacitación Penitenciaria, el aparato técnico criminológico y la seguridad de las prisiones”.
La solución, por aspectos prácticos, debe ser planteada por quien conoce el Sistema Penitenciario y no por quienes se han pasado la vida ganando prestigio y buscando su propia comodidad. En este sentido, la lucha no es fácil, nadie la entiende así; pero allá, en los últimos lugares del Ministerio de Justicia y Paz (en los eternos puestos de la exclusión), existen hombres y mujeres con profundo espíritu de servicio y con claridad conceptual. Todos ellos concuerdan en que un recorte al presupuesto de Justicia es un crimen innegable.
Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los derechos humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.
El ofrecimiento de las condiciones mínimas y la atención integral de las personas privadas de libertad implica la necesidad de mayor atención y mejores recursos económicos.
Las y los policías penitenciarios merecen condiciones de trabajo dignas, salarios justos, uniformes adecuados y suficientes, dormitorios y baños en buen estado y todas aquellas condiciones que puedan estar incluidas en el concepto de trabajo decente.
Todo esto es posible, pero no con recortes irracionales, irrespetuosos y desestabilizadores.
