Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Al terminar el presente año 2023, la práctica totalidad de la clase trabajadora asalariada del empleo público (con excepción de las municipalidades), llegará al cuarto año de congelamiento salarial absoluto: 2020-21-22 y 2023.
Ni un cinco partido por la mitad, por concepto de reajuste en el costo de la vida en los indicados años, han recibido los y las policías, el personal de Educación Pública, el del sector Salud y Seguridad Social (a excepción del personal CCSS), el funcionariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como quienes laboran en una serie de instituciones públicas dentro del Poder Ejecutivo y más allá de él; por ejemplo, instituciones autónomas y semiautónomas (con algunas excepciones).
El co-gobierno que hubo en el período constitucional 2018-2022, el de Carlos Alvarado Quesada (integrante del hoy casi extinto PAC), con el sostén político-ideológico del partido Liberación y del partido furgón de cola de los últimos gobiernos, la Unidad; se encargaron de imponer ese socialmente criminal congelamiento salarial en el empleo público que se está manifestando en dos modalidades.
Valga indicar que el actual Gobierno, Chaves Robles-Cisneros Gallo, tiene plena identificación con esas decisiones de política pública de carácter neoliberal en contra de la clase trabajadora asalariada estatal y las respaldan completamente.
Hoy les comentaremos la primera (más coyuntural), para la semana próxima abordar la segunda (más estructural). Ambas, perversas, por supuesto.
La primera: Se niegan a pagar el último reajuste por costo de vida para el sector público que se decretó en diciembre de 2019: 7 mil 500 colones a la base, que debió hacerse efectivo desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, no ha sido cancelado a cada una de las personas trabajadoras que laboran para las entidades indicadas en el primer párrafo de este artículo. La propia Procuraduría General de la República dictaminó que ese dinero, aunque no se haya pagado, es propiedad de cada persona empleada pública; que ya está incorporado al patrimonio personal, aunque el Estado no lo haya honrado a la fecha.
Por ejemplo, si usted es policía y lee este artículo tenga en cuenta que al terminar el 2023, el Estado ajusta 48 meses de 7.500 colones cada uno, de deuda a su favor; más, lo que corresponda a aguinaldo, salario escolar y otros sobresueldos por cada uno de esos 4 años de este congelamiento salarial socialmente criminal. Podríamos estar hablando de entre 400-500 mil colones de deuda per cápita. Y así, a cada persona integrante del Magisterio Nacional, de otros ministerios, etc.
La corriente sindical en la cual militamos está tramitando todo un proceso judicial a favor de que se honre esa deuda y habrá noticias al respecto en fecha próxima. No obstante, vamos a tener que acudir a la Democracia de la Calle para garantizar verdadera justicia.
Este congelamiento salarial socialmente criminal (tanto el que hoy comentamos como el otro del cual hablaremos la semana próxima), tienen una misma base-raíz totalmente falsa e ideológicamente perversa: responsabilizar-culpabilizar a la persona trabajadora empleada pública del desastre de las finanzas públicas del país. Nosotros -y otros-, hemos demostrado la infame maldad de tal acusación política.
Estas dos modalidades de congelamiento salarial socialmente criminal se incluyeron en las perversas leyes del combo fiscal (2018) y de empleo público (2022), ambas con acciones de inconstitucionalidad en trámite, pues en nuestro criterio contienen groseras violaciones a la Carta Magna de 1949 y a los tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por Costa Rica.
