Elecciones en Bolivia, Brasil y Uruguay. La política olvidada

Lejos de toda homogeneidad, en cada país se expresan particularidades propias aunque guardan en común cierta indefinición de las magnitudes que, según resulten, pueden alterar los escenarios de manera relevante.

El caso de Bolivia parece el menos comprometido, ya que para el emblemático 12 de octubre venidero, la victoria del actual presidente Evo Morales, candidato por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), no está puesta en duda por consultora alguna. Sin embargo, su desafío inmediato es retener las dos terceras partes de la representación en la asamblea legislativa plurinacional, cosa que requiere una casi idéntica proporción de sufragios totales. Sin dejar de reconocer la importancia que en la avizorada perspectiva de triunfo tiene el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, entre otras conquistas, la gran victoria del reformismo boliviano se gestó en el proceso constituyente –y sus consecuentes luchas- entre el 2006 y el 2008, que cristalizó en la actual Constitución. En el país mediterráneo no sólo tuvo y tiene lugar una importante transformación socioeconómica, sino además, una enfática transformación política y cultural, a diferencia de los otros dos países que renovarán los poderes ejecutivo y legislativo en los que el régimen político liberal-fiduciario goza de impunidad politológica.

Muy diferente es la perspectiva en Brasil, particularmente a partir del inesperado giro de este mes, luego de la trágica muerte en un accidente aéreo del candidato presidencial por el Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos. Por primera vez en la historia de ese país, se sustituye la polarización entre el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el expresidente Lula y la actual presidenta y candidata presidencial Dilma Rousseff, y el partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) cuyo máximo referente es el expresidente Fernando Henrique Cardoso, aunque en esta oportunidad promueve la candidatura de Aécio Neves. Hoy la histórica oposición la ocupa el PSB, con la curiosa particularidad de que su candidata no es socialista sino una exintegrante del PT, la exministra y senadora Marina Silva, que recaló secundando la fórmula presidencial del PSB luego de fracasar en el intento de crear su propia fuerza, la “Red de sustentabilidad”. Silva hoy concita el apoyo de buena parte del establishment y los grandes capitales apelando fundamentalmente a resaltar los logros del gobierno neoliberal de Cardoso y sus medidas monetaristas. Sin embargo, su trayectoria está lejos de representar ortodoxia alguna. Al igual que Dilma, es mujer y suma la infrecuente particularidad de pertenecer a una minoría étnica, venida del pobre interior campesino como el estado de Acre, analfabeta hasta su adolescencia, devota pentecostal, que luego de la ruptura con el PT coqueteó tanto con el PSOL (una ruptura por izquierda del PT) como con el PSDB, impulsando hoy un aparente capitalismo ecológico del que se desprende cierto sesgo neoliberal y posmoderno.

Producto del azar y de las construcciones mediáticas del marketing político, parece captar, además del apoyo de los grandes intereses, buena parte del descontento con la gestión del PT de la clase media, como la que salió a las calles en la última fase de las jornadas de junio del 2013, a las que el sociólogo brasileño Celso Frederico señaló como conducidas por la “lógica del espectáculo” y manipuladas por los medios de comunicación que expresaron una “estetización de la política que reproducía, a su modo, la permanencia en lo visible, en lo inmediato”.

Pareciera que la retirada del lulismo de estas capas resulta una respuesta refractaria a la nueva base social del PT: los sectores más postergados, beneficiados hoy por las políticas públicas de inclusión social. Aunque con sesgo paternalista y orientadas al acceso a ciertos bienes de consumo, estas políticas le otorgan una nueva base social al oficialismo, sin necesaria movilización ni participación política. De este modo, sólo se acrecienta la crisis de representación de los partidos y organizaciones tradicionales como los sindicatos.

En Uruguay, la confrontación es más previsible aunque con algunos signos de alarma para la continuidad del proyecto reformista, que sospecho está amenazado por similares segmentos sociales y etarios que en Brasil: las capas medias y la juventud. El informe de agosto de la consultora Factum dirigida por Oscar Bottinelli revela tres datos comparativos entre la campaña del 2009 y la actual, indispensables para reconducir la estrategia electoral. A nivel urbano, el declive de 7 puntos en la capital (donde habita casi la mitad del electorado) es coincidente con aquel llamado de atención que significó el enorme abstencionismo y voto en blanco para las elecciones municipales de 2010. A nivel social, la merma entre los sectores con mayor instrucción formal (5 puntos para los que accedieron a la escuela media y 11 puntos entre los de nivel terciario y universitario). A escala etaria, la pérdida de 6 puntos entre los jóvenes y de 9 entre los adultos medios aunque con un incremento de 2 puntos entre los adultos mayores. Para decirlo crudamente, el Frente Amplio uruguayo (FA) envejece y se desilustra.

Al igual que el oficialismo brasileño, el uruguayo entra en un sorpresivo cono de incertidumbre frente a personajes esculpidos por el cincel mediático y la cínica audacia comunicacional. El caso del crecimiento de intención de voto de Lacalle Pou, hijo del expresidente ultraderechista Lacalle de rancia estirpe para la dinástica tradición conservadora uruguaya aporta un nuevo caso de emergencia sorpresiva.

Un personaje caricaturesco, munido de un discurso evasivo e impreciso, plagado de lugares comunes y gestos farandulescos, en ocasiones ramplones, en otros mundanos, que sin embargo concita atracción, no sólo en la previsible derecha local, sino en ciertas fracciones de la clase media que abandonan al FA. O en jóvenes que no vivieron en carne propia la devastación neoliberal y dan por sentado el intervencionismo estatal en la economía y la relativa contención de la barbarie capitalista. Jóvenes a los que ya no seduce la palabra, ni la argumentación persuasiva, sino que se ven maniatados por el culto de la imagen, el monopolio de la apariencia ejercido por los medios de comunicación audiovisuales oligopolizados, los mismos a los que el presidente Mujica les concedió graciosamente la continuidad de la ocupación del éter público, hipotecando el futuro del mensaje.

No deja de resultar paradojal que las dos experiencias de convergencia de izquierdas y reformismos más originales, con una ejemplar organización de bases y horizontalidad, el PT y el FA, terminen desmovilizadas, vaciadas y jugando en la cancha y las reglas cuyo repudio parecen haber olvidado: las del electoralismo mediático y el personalismo sustituista.

Aunque no creo que pueda establecerse unicausalidad, ni correlatos mecánicos, el olvido de los dos pioneros de la política como crítica y superación del régimen representativo, no puede excluirse de un balance a la hora de confrontar las perspectivas, cualquiera sea el resultado final entre estos dos últimos ejemplos con el boliviano. El MAS tuvo la valentía de organizar un proceso de debate y luchas por una reforma constitucional que lejos de resultar totalmente superadora de las limitaciones del “ancien regime”, abrió resquicios para la participación política de los excluidos históricos concediéndoles derechos inéditos, aún a costa de acompañarlos con el atajo reeleccionista, tan fertilizante de los personalismos. Comprendió que la política no es sólo la superestructura de la base económica sino también un posible campo de transformación institucional.

Cuando las alternativas electorales quedan ceñidas en el campo de las medidas económico-sociales cuya importancia no minusvaloro, aunque tampoco absolutizo y si luego éstas son sólo efectos publicitarios desgajados de implementación futura, meras promesas sin garantía de efectivización carentes de compromisos programáticos, es muy probable que se expanda el imaginario ideológico de igualación entre todos los políticos, cada vez más divorciados a su vez de la sociedad civil. En tal contexto político-cultural, se van quebrando fidelidades, inclinaciones ideológicas o morales, induciendo a priorizar crecientemente intereses inmediatos de mejoramiento de las condiciones de vida. O en otros términos a optar por quien logre concitar algún tipo de confianza en la resolución de necesidades individuales o fraccionales, cosa nada ajena a la seducción por imagen y la manipulación publicitaria. El debate queda restringido a la eficacia.

Una vez aceptado este juego y lanzada la disputa, ya no hay otro camino posible que la conquista de la credibilidad. Afortunadamente los progresismos pueden apelar a la experiencia de gobierno y la confrontación con el pasado para intentar conquistarla. Pero no se espera de ellos sólo eficacia sino también legitimidad. Como en Bolivia.

Fuente: El Mercurio Digital
Tomado de tercerainformacion.es

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