Estamos ya a unos diez meses de las próximas elecciones de los denominados gobiernos locales en cada uno de los ahora 82 cantones de la República, así como en los 8 concejos de distrito.
Pese a todas sus dificultades del más diverso orden y a toda la serie de vicios que se han venido desarrollándose en este tipo de instituciones republicanas de la Democracia; siempre hemos pensado que las municipalidades representan el sistema de gobierno más cercano a la gente, más ligado a la ciudadanía, más cociente de las necesidades de sus pobladores.
Es más, siempre hemos admirado el modelo municipal instaurado en los países nórdicos, como en Finlandia, donde el poder de los municipios va ligado a una serie de exitosa prestación de una gran cantidad de servicios públicos, concebidos para la inclusión económica real y para el verdadero desarrollo social de carácter integral.
Pero, ¡bueno! Estamos en Costa Rica, la Patria amada que nos vio nacer y lo que tenemos es lo que tenemos, mediando, eso sí, una riquísima herencia institucional.
El fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales, por tanto, debe ser una tarea de primer orden de la actual generación de costarricenses, en el marco de una sociedad que desde distintos ámbitos se nota resquebrajada.
Nosotros pensamos que las próximas elecciones municipales del próximo mes de febrero ocurrirán en un marco de transformación institucional radical del concepto histórico de la autonomía del régimen municipal, si nos atenemos a lo que sobre la misma contempló la actual Constitución Política del país, del 7 de noviembre de 1949; todavía vigente pero bastante devaluada por parte de los detentadores del poder real actual en nuestra sociedad.
Somos de la tesis de que ese concepto constitucional de la autonomía de los gobiernos locales fue violentado, vilmente, por el presente Gobierno de la República mediante la aprobación-imposición de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el pueblo en lucha bautizó como el combo fiscal.
Prestigiosos ciudadanos estudiosos de la Democracia, de la Constitución, del régimen municipal en lo específico, vienen señalando, con alarma, esta grave circunstancia de una modificación, de facto, de la carta magna del país en materia de la autonomía del régimen municipal.
Destaca el estudio del licenciado don Edward Cortés García, de reciente publicación, titulado, precisamente, “Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas-impacto en el Régimen Municipal”, cuya lectura recomendamos.
Las municipalidades pasaron a depender, políticamente hablando y desde una perspectiva macroeconómico-fiscal de sesgo neoliberal, del Ministerio de Hacienda; dependencia que llega a varios extremos que todavía están por verse, pero que ya mostraron su primera faz con órdenes que ya recibieron de parte de dicha cartera ministerial con relación al crecimiento de sus presupuestos para el 2020.
Esto es de mucha gravedad para las nuevas autoridades municipales que, precisamente, entrarán en funciones en mayo de 2020, las cuales se toparán con un fuerte freno presupuestario para impulsar los principales puntos de sus correspondientes programas de gobierno en los cantones que van a dirigir, con lo cual, la ciudadanía que les votó les confrontará por incumplimiento de promesas, sin reparar que es la intrusión del Ministerio de Hacienda en las finanzas municipales lo que va a entorpecer el desarrollo comunal en los cantones de la República.
Esto, por una parte. Por otra, toda la política de personal y de recursos humanos, también, sufrirá la intervención del Estado central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
El sistema de empleo público municipal será homogeneizado para ser valorado según parámetros de corte tecnocrático, por una parte; y, por otra, con contenido macroeconómico-fiscal.
Esto puede conducir a dificultades como abaratamiento-precarización de los salarios, por un lado; por otro, a gran inestabilidad laboral producto de la flexibilización de los términos del despido, con base en otra nueva intrusión en perspectiva en la autonomía constitucional del régimen municipal, cual es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.
Creemos que con ocasión de las elecciones municipales 2020, las fuerzas vivas de cada cantón, incluidas las sindicales que representan al sector laboral de los gobiernos locales, deben promover un amplio proceso de incidencia en la conciencia de todas las personas candidatas, tanto a las alcaldías como a las regidurías, acerca de la urgente necesidad política de una recuperación estratégica de la autonomía constitucional del régimen municipal.
Este desafío es fundamental para hacer inviable la entronización en el país de un gobierno altamente centralizado, con propensión autoritaria; y, con la peligrosa circunstancia de que, a final de cuentas, será la figura presidencial la que se meta con la vida interna de los municipios vía esos superministerios, Hacienda y Mideplan, que impuso la ley 9635.
