Empleo Público: 10 perversidades Políticas

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Dentro del conjunto de iniciativas diseñadas para un radical re-ordenamiento estructural de la sociedad costarricense, por parte de los sectores más adinerados, los ultra-ricos de nuestro país, la que tiene que ver con el empleo público, está dentro del conjunto de las fundamentales.

Tenemos absoluta convicción de que este grupúsculo, aunque poseedor de fortunas de dimensiones cuantitativas que escapan a nuestro entendimiento común y corriente, no pasa de ser o ligeramente supera el 1% de la población costarricense de la actual. Sin embargo, han logrado poner a su disposición la mayoría de las personas integrantes de la clase política tradicional; en especial, la conformante de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. No perdamos de vista que los tres partidos son co-gobierno, con la “ayuda” de los elementos diputadiles funcionales a este co-gobierno.

Aunque usted los vea “peleando” por la prensa (gobierno-“oposición”), se ponen de acuerdo por debajo de la mesa, a oscuras; o bien, rápidamente los alinean para que no pierdan el camino del diseño estratégico del reordenamiento estructural de la sociedad costarricense: es cuando reciben órdenes extra-parlamentarias emitidas por los editoriales y por las informaciones intencionadamente sesgadas, subjetivizadas, por parte del periodismo de odio.

Volviendo al tema del proyecto-expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, le compartimos de seguido, diez perversidades políticas que a nuestro juicio contiene, basándonos en diversos análisis y criterios emitidos por gente pensante, profesionales especializados, juristas de renombre internacional y experimentados costarricenses sabedores de las herencias que hemos recibido de los padres y de las madres de la Patria costarricense, en diversos momentos y épocas. Estas 10 perversidades políticas son (hay más, por supuesto):

01) Proyecto que sienta las bases para un Estado totalitario-autoritario, devolviéndonos en el tiempo. Vamos hacia el tipo de Estado anterior a 1948. Fue ese tipo de estado, antidemocrático y clientelar, por esencia, una de las motivaciones de lo que conocemos como la Guerra Civil de 1948.

02) Proyecto cargado de inconstitucionalidades “por los cuatro costados, avergonzándonos como país “protector” de Derechos Humanos. Sin duda alguna, este proyecto será llevado a juicio en los sistemas internacionales de Derechos Humanos.

03) Proyecto que no puede exhibir base social de legítimo respaldo. Es ampliamente repudiado dentro del sector Público y fuera de él. Podría contar con la firma de algún dirigente sindical alineado-progobiernista; sin embargo, están muy desprestigiados.

04) Proyecto que complementa la “tríada del mal” contra las mayorías populares. Los otros dos son el combo fiscal y la ley anti-huelgas.

05) Proyecto potenciado por el periodismo de odio y su campaña insana de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

06) Proyecto que expresa un contenido de odio de clase, jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno. En este caso, a la persona empleada pública se le ha satanizado, criminalizado, humillado, descalificado, insultado. Desde 1949 no se había visto algo similar.

07) Proyecto que no pudo fundamentar la falsa consigna de que el déficit fiscal se debía al salario devengado por el personal estatal; pero sí ideológicamente concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit.

08) Proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la otrora clase media, altamente endeudada, lanzándole a la pobreza, a la exclusión social y económica.

09) Proyecto precarizador laboral-salarial, afectando los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada. Los deja “listos” para su tercerización, privatización, desaparición o eliminación total.

10) Proyecto “gancho” para que el FMI acepte un “convenio” de préstamo al país; alimentando potenciales estallidos sociales, por incluir (entre otras razones), un congelamiento salarial durante doce años, golpeando durante la reactivación económica del mercado interno.

Como participantes activos y militantes de la corriente sindical no alineada, consideramos que el tema del empleo público requiere otra vía para abordarlo.  Debe ser parte de un todo integral acerca del futuro del Estado, de la sociedad y de la Democracia misma. Para todo ello, se ocupa gigantesca fuerza civil. En eso estamos.

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