Empleo público: el ataque es ideológico cargado de odio

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Alvarado Quesada, la élite macro-empresarial para la cual él gobierna, así como las diputaciones que ejecutan las órdenes políticas de la misma (a las cuales se les “tuerce” los brazos”, según decir del legislador oficialista-PAC, Luis Ramón Carranza Cascante); insisten en imponer su concepción ideológica del empleo público en esta etapa histórica tan compleja que estamos viviendo, marcada por la exclusión económica y por la desigualdad social, con la renuncia a la búsqueda y a la promoción del bien común, por parte de quienes controlan las políticas públicas.

Nosotros pensamos que más que una cuestión fiscal, la concepción de empleo público que están tratando de imponer, con la tramitación parlamentaria atropellada del Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es de carácter ideológico, en esencia, con una fuerte dosis de odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales.

El Gobierno, vía Ministerio de Hacienda, ha indicado que “…es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81 del PIB a partir del 2023”, según comunicado de prensa emitido por la Unidad de Comunicación Institucional de dicha cartera ministerial, con fecha 6 de enero en curso. (Por cierto, que, en el mismo, se oficializa que el “Gobierno no considera aumentar el IVA al 14% ni crear impuesto a transacciones financieras en propuesta al FMI; decisión cargada de miedo por la fuerte resistencia popular a iniciativas de este tipo, así expresado por una multiplicidad de sectores, entre ellos el sindicalismo no alineado).

¿Por qué creemos que el trasfondo del proyecto de la Ley Marco de Empleo Público, es de orden ideológico con fuerte carga de odio de clase?

Si nos atenemos a la magnitud del tamaño del déficit fiscal, según el oficialismo, que nos digan que solamente se pretende ahorrar 0.81% del PIB y que tal ahorro se daría a partir del 2023, es muestra que es lo ideológico y no lo fiscal lo que impulsa tal funesta legislación; si nos atenemos que la gritería oficialista de corte neoliberal es que el déficit fiscal es “altísimo” y que está “fuera de control” (7-9 puntos PIB).

Efectivamente, 0.81% del PIB es una cantidad que equivale a unos 285 mil millones de colones; una cantidad que puede ser sustituida, fácilmente, por otras fuentes de ingresos fiscales que siguen intocadas y que tienen que ver con la naturaleza perversa de las exoneraciones-exenciones empresariales, que suman 6 puntos del PIB; o bien, con la pavorosa red de corrupción que permite las más diversas y extendidas formas de evasión y de elusión fiscales, que superan los 8 puntos del PIB.

“A confesión de parte…”, nos dice el refrán popular. Es el propio Ministerio de Hacienda el que se encarga de oficializar, de manera indirecta, que no es lo fiscal lo que priva en la locura irresponsable de un proyecto como la Ley Marco de Empleo Público plagado de inconstitucionalidades; considerando que ya no es sostenible la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. De esto ya nos habíamos encargado de desacreditarlo hace bastantes meses, en el seno de la corriente sindical en la cual militamos.

Como es lo ideológico el contenido sustancial del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el mismo tiene un valor estratégico para la camarilla del real poder gobernante de la actualidad, la de la consigna del “Todo mercado-Nada Estado”. La reestructuración totalizante del modelo de Estado Social que todavía conservamos, aunque en condiciones precarias, ya logró la conversión en ley de la República de los otros dos proyectos integrantes de esta especie de “tríada maldita de legislación antiobrera” en contra del empleo público. Nos referimos a la ley del combo fiscal, impuesta en el año 2018; y la ley anti-huelgas, también impuesta en el 2019. Adicionalmente, ese expediente anti-empleado público, 21.336 es, en realidad, el objetivo central, también ideológico, para las “negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya nadie engaña a nadie.

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