Empleo público: ¿negociar para legitimar la decisión neoliberal ya tomada?

La tríada gobiernista PLUSC-PAC ya tiene listo cómo quiere que sea el empleo público luego de que lograra, mediando el fallo constitucional del compadre hablado, imponerle al pueblo la ahora ley de la República No.9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Al igual que lo hiciera con ocasión de la tramitación legislativa de tan detestada legislación, pretende ahora emular el, para ellosexitoso, proceso de “negociación” con los sindicatos; estableciendo dos vías paralelas: la real y la ficticia, transitando ambas al mismo tiempo.

 La real es la que implica involucrar a los actores hegemónicos parlamentarios en ese proyecto de empleo público; mientras que la ficticia es la que le hará creer a los sindicatos que están negociando, cuando ya están definidos los ejes estratégicos de su proyecto de empleo público.

 ¿Cuál es la decisión neoliberal ya tomada en materia de empleo público? Veamos, seguidamente, la naturaleza de las definiciones político-estratégicas de corte neoliberal, ya tomadas en materia de empleo público.

 UNO: La instauración del salario único. Aparte de que ya ha venido siendo impuesto en varias partes de la Administración Pública; con la ley 9635, la de el fallo constitucional del compadre hablado, se da vía libre al salario único, al desvincularse los reajustes salariales semestrales a la base y el cómputo de las anualidades de los tradicionales salarios base. Entonces, ¿qué quieren negociar aquí con los sindicatos?…

 DOS: Reducir de 14 a 7 los regímenes de empleo público. Ahora hay 14 sistemas de empleo público. Quieren dejar sólo 7: empleados de confianza, maestros, policías, médicos, empresas estatales en competencia y el funcionariado público restante. El sétimo vendría a ser el municipal, pero todavía no lo han confirmado. Todos con salario único, por supuesto. ¿Qué negociar aquí?…

 TRES: Incentivos no salariales: pasantías, licencias de cuido, capacitaciones. Todo esto ya está legislado, reglamentado, negociado, jurisprudenciado. ¿Qué nuevo hay para negociar?…

 CUATRO: Servicio Civil como dependencia de Mideplan. La ley 9635, la de el fallo constitucional del compadre hablado, le dio la potestad al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ser el ente rector del empleo público. Lo que ya decidieron, en consecuencia, es pasar a la Dirección General de Servicio Civil a ser dependencia de Mideplan, sacándola del ámbito del Ministerio de la Presidencia. ¿Qué negociar, entonces?…

 CINCO: Alta gerencia. Establecer una especie de élite tecnocrático-gubernativa a la cual accederían jefaturas de alto nivel mediando una serie de requisitos para ingresar a tan selecto cuerpo gerencial. Nada que negociar pues ya tienen definido el concepto teórico al respecto.

 No hay razones de peso suficientes como para creer que el proceso de diálogo que el actual gobierno PLUSC-PAC está proponiendo en materia de empleo público, sea radicalmente distinto de lo que ocurrió con ocasión del combo fiscal; en el cual la buena fe sindical fue pisoteada, burlada, manipulada y ridiculizada.

 Para empezar, los reales personajes políticos y hegemónicamente decisores no estarán, cara a cara, con los sindicatos; amén de que los fundamentales actores parlamentarios del PLUSC-PAC se caracterizan por su virulento antisindicalismo, expresado en tres iniciativas de ley ya tramitándose en el actual período de sesiones parlamentarias.

¿Cómo va a usted a creer en ese tipo de diálogo social con una guillotina que amenaza con cortarle la cabeza? ¿Cómo darle la espalda a todo un pueblo que estuvo esperanzado en la voluntad social organizada en demanda de real justicia y equidad distributiva? ¿Cómo sentarse, como si nada hubiese sucedido, con quienes no muestran ni transparencia ni honestidad ética para jugar dentro de la institucionalidad, si deben torcer ésta para imponerse? ¿Quién está más necesitado de legitimarse?

 A nosotros nos parece que es el gobierno, puesto que se ha venido deslegitimando luego de quedar al desnudo cuál es la naturaleza de clase de los intereses que está defendiendo desde el ejercicio del poder.

 La lucha sindical, social y popular no necesita que se la legitime desde arriba. Por el contrario, son “los y las de abajo” el interés supremo que debe animar cualquier quehacer cívico-patriótico pensado en el bien común.

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