Tenemos que asumir una fuerte acción social-sindical y cívico-patriótica para que en nuestro país se empiece, con real decisión política, a atacar el grave problema de la esclavitud laboral; muy presente en los últimos tiempos pero que adquirió un dramático carácter público con el caso de las tiendas de ropa S y R.
Uno esperaría que el propio Poder Ejecutivo, a través de sus carteras ministeriales de Trabajo y de Seguridad, especialmente; que la Asamblea Legislativa, mediante sus fracciones parlamentarias más sensibles al Humanismo Cristiano y a la Justicia Social, impulsaran las acciones correspondientes; e, incluso, las propias instancias judiciales hicieran lo propio en sus sentencias del ramo laboral-corporativo. Hay que decirlo con amargura: no le vemos futuro a ello.
Por otra parte, se elegirá en próximos días a una nueva persona en la Defensoría de los Habitantes de la República. Y se pone uno a pensar: y si esta nueva autoridad decidiese instalar una especie de mesa civil con agrupaciones de diverso orden, incluyendo sindicales, para impulsar la toma de las decisiones correspondientes en materia de política pública que nos permitan atacar, de raíz, el fenómeno de la esclavitud laboral en sus manifestaciones actuales. ¡Sería extraordinario! En tal sentido, abrigamos un poquito de esperanza. La persona designada para ese cargo recibirá una iniciativa de nuestra parte en este sentido, en el momento oportuno.
No obstante, y sin esperar ello, a nivel sindical, tenemos que incluir en nuestra agenda de lucha, el análisis y las recomendaciones que emitió el señor Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica, del 16 al 25 de noviembre de 2022.
El señor Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan (https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122):
- Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral.
- Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ.
- Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
- Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas.
- Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción.
- Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación.
- Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación.
- Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo.
El señor de las Naciones Unidas indicó que, a estas recomendaciones, Costa Rica debe darles el tratamiento de acciones urgentes.
Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día (párrafo tomado de https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122).
Ahora que Costa Rica es, de manera dolorosa e indiscutible, una sociedad desigual al borde de un estallido social (según manifestaciones del propio Presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial, don Fernando Castillo Víquez); debemos comprender que la existencia en nuestro país de trabajo forzoso y de esas nuevas formas de esclavitud laboral, es parte de esa desigualdad que está poniendo en peligro la misma estabilidad democrática del país, muy vulnerable por cierto en estos tiempos de tanta exclusión social y económica.
