“Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-presidente de la Sala Constitucional, el señor Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestro pensamiento, precisamente porque desde nuestra esfera sindical, tenemos ya bastante tiempo indicando que en nuestra querida Patria habrá un estallido social.
Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, la cual marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres. Este es el diagnóstico del indicado juez constitucional, lo que lo hace tener un gran impacto por la naturaleza del cargo que él ostenta.
De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional o Sala Cuarta indica que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este señor juez, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.
Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas.
Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país.
Don Fernando debería decirnos desde cuándo se percató de eso. ¿Desde que asumió la presidencia de la Sala IV o desde antes cuando ingresó como juez a ese altísimo tribunal?
“Es una bomba de tiempo la situación social del país”, es una frase suya que puede sonar a cinismo político de su parte, pues no creemos que el tribunal que usted preside pueda lavarse las manos ante el retroceso de nuestro Estado Social de Derecho. Dijo usted, por ejemplo, en el 2018, con ocasión de la imposición al pueblo trabajador del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, que la Constitución debe pasar a segundo plano ante el problema fiscal del país. ¿Se arrepiente de haberse doblegado al dogma neoliberal en esa ocasión?
O, por otro lado, esa frase la podemos interpretar como un mea culpa suyo,ante la magnitud de las violaciones de Derechos Humanos económicos, sociales y hasta culturales que están ocurriendo en el país en estos momentos, producto de ese enfermizo dogma que impuso la consigna política de primero la deuda y después la gente; o, socialmente traducido así: atendamos primero el leonino pago de intereses y después las necesidades de techo y alimentación de población infantil y joven en riesgo social.
Usted dijo, además, que quienes ejercen el poder no solamente deben hacerlo en armonía con la Constitución sino con el respeto a los derechos humanos. ¡Exacto! Pero nosotros pensamos en que hoy día hay que entrarle duro a ello con el Derecho Internacional blandiéndolo como espada de la verdadera justicia. Pensamos que es muy difícil torcer el brazo a los jueces internacionales.
Y decidimos que una gran posibilidad de evitar que estalle la bomba social de la que usted nos habla, es que se les respete plenamente los derechos económicos, sociales y culturales a tantas personas trabajadoras costarricenses, ya violentadas o por serlo, en cuanto a su pleno disfrute. Por esta senda de lucha social estamos transitando ya.
