Aunque bastante controversial y de credibilidad disminuida en varios aspectos, el tradicional “informe” del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Derechos Humanos en el año 2013 (en este aspecto de los Derechos Humanos, el gobierno “gringo tira piedras teniendo techo de vidrio”); nos refuerza una tesis reiterada por la ANEP, desde el año 2006, en el sentido de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis y que, por tanto, debe ser declarado en estado de Emergencia Nacional.
Efectivamente, siendo Ministra de Justicia la actual Presidenta Chinchilla, en el Gobierno Arias Sánchez, la ANEP la buscó para proponerle la realización de una especie de congreso penitenciario ante la gravedad de la situación carcelaria del país. Aunque en principio aceptó, luego de renunciar ella a tal cartera para hacerse candidata presidencial, la idea de la ANEP se desechó en el ámbito de la gestión ministerial subsiguiente.
Sin embargo, cada vez que ha podido y hasta la fecha, la ANEP no ha dejado de insistir en denunciar ante el país que hay una crisis en el Sistema Penitenciario Nacional que, integralmente asumida, no ha encontrado suficiente voluntad política para ser enfrentada.
En el mes de mayo de 2013, la ANEP (en su más reciente gestión al efecto), oficializó su solicitud de declaratoria de Estado de Emergencia Nacional del Sistema Penitenciario Nacional; indicando que “se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, para encausar a la institución por “un camino en pro de derechos y libertades fundamentales en Costa Rica”.
Ahora que el citado informe gringo, “desnuda graves abusos en cárceles ticas”, si bien se centra en la situación de las personas privadas de libertad en condición de hacinamiento y violencia; la ANEP alza fuertemente su voz para que se repare en el estado de situación del personal de las cárceles de Costa Rica; el cual sufre de enorme estrés, alto riesgo de vida, deterioro psicoemocional, precarización de su salud ocupacional, jornadas extenuantes, salarios bajos e invisibilización total por parte de la sociedad.
El personal del Sistema Penitenciario Nacional (compuestos por segmentos laborales de profesionales, técnicos, administrativos, operativos y policías penitenciarios), también es víctima de abusos en cárceles ticas.
Solamente la extraordinaria vocación de sacrificio, enorme compromiso con la tarea y gran sensibilidad social por parte de este personal, ha impedido que en nuestras cárceles, especialmente en las principales, hayan estallidos múltiples y masivos, con consecuencias enormemente trágicas, más fuertes que las que han generado la pérdida de vidas de varios integrantes de la Policía Penitenciaria, fallecidos en incidentes violentos intracarcelarios en varias oportunidades.
Por ejemplo, la sobrecarga laboral en los casos de un profesional que atiende población privada se ha engrandecido a tal nivel que, por ejemplo, hace unos 10 años había un profesional por cada 40 privados de libertad; hoy, la relación es de un profesional por cada 400 personas internadas en prisión.
El Sistema Penitenciario Nacional está en profunda crisis. Así de contundente. ANEP ha cumplido en señalarlo oportunamente. Hemos de seguir luchando para que la sociedad y su sistema político dominante lo comprensa cabalmente. Esperamos que la movilización del personal penitenciario, hoy más en riesgo que nunca, fortalezca la lucha de la ANEP en tal sentido.
