Exportadores gritan: APM enseña sus garras

Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Hace muchísimo tiempo lo habíamos pronosticado desde la esfera sindical. Particularmente, la persistente lucha patriótica del sindicato de JAPDEVA, SINTRAJAP lo había estado denunciando. Desde la corriente sindical en la cual militamos, ¡también! Las tarifas por utilizar los muelles del Atlántico se triplicarían con relación a lo que estuvo cobrando la empresa estatal portuaria limonense y nacional.

¿Quién lo hubiera imaginado? La misma cúpula empresarial que aplaudió la entrega de ese patrimonio nacional para que fuera operado por un consorcio transnacional, APM-Terminal, ahora se rasga las vestiduras y pega el grito al cielo porque el uso de las terminales portuarias que fueron de JAPDEVA, ahora implican un aumento de costos de hasta el 280 %.

Perdones ustedes nuestra inmodestia: pero, al igual que con la circunstancia de la lucha contra la ahora odiada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, tenemos que decirlo fuertemente: los sindicatos teníamos razón.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), dieron declaraciones al popular periódico DIARIO EXTRA, indicando “…que las tarifas cobradas por APM Terminals son de las más altas afectando así la competitividad, pues han registrado alzas que van del 60 % hasta el 280 % en el manejo de la carga”.

Estamos en presencia de los altos costos políticos que implica la imposición de las más funestas posiciones ideológicas del llamado modelo neoliberal, cual es la satanización de que la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos de alta rentabilidad, es contraria al desarrollo social y económico para el mejor bienestar de la población.

Dichas cámaras empresariales, integradas al núcleo político de la actual hegemonía dominante, constatan ahora el enorme perjuicio que les causa la privatización monopólica, vulnerándose así uno de los postulados más “sagrados” del dogma neoliberal que siempre han defendido estos entes empresariales, que nos habla de la “libre competencia”. ¿Cuál?

Ahora, claman por la intervención de “papá Estado”: para que éste, vía el Consejo Nacional de Concesiones-MOPT, revise las tarifas, pues la “…la competitividad del país podría estar en riesgo, provocando que las empresas navieras prefieran ir a otros muelles de menor costo”.

Implícitamente están reconociendo que con Japdeva sí eran competitivos, por lo cual el grito que pegan deberían darle una pizca de honestidad y de transparencia y reconocerlo abiertamente.

Lo delicado de la situación es que, como dice el refrán popular, es al perro flaco al que se le pegan las pulgas:  el personal obrero piñero y bananero parece que sería la víctima directa. Estas personas trabajadoras asalariadas serán sacrificadas ante el Dios mercado, con sus empleos en riesgo de perderse.

Afortunadamente, existe hoy en día más conciencia obrera de la importancia de la organización sindical en estos sectores laborales, tradicionalmente oprimidos y explotados. Relevantes esfuerzos se vienen haciendo al respecto, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, por ejemplo.

Por ejemplo, una de las organizaciones integrantes del mismo, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), ha logrado suscribir, recientemente, dos convenciones colectivas de trabajo, algo imposible hasta hace poco tiempo y, en parte, facilitado por la vigencia de la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Pese a las contradicciones inherentes al modelo económico excluyente, ideológicamente contrario a la promoción del bien común y de la inclusión social, esa circunstancia podría ofrecer un espacio de diálogo social inter-partes; a fin de, por un lado, lograr que la competitividad de que habla el indicado empresariado no esté en riesgo; y, por otro, la protección de miles de puestos de trabajo en momentos tan crudos como el actual, dada la inoperancia de un gobierno que no atina por ningún lado en materia de reactivación económico y alto desempleo.

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