Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
A pesar de que su techo de vidrio en materia de Derechos Humanos es más delegado que el ala de la mariposa más frágil, el informe del gobierno de los Estados Unidos acerca de la situación de los Derechos Humanos en Costa Rica, no solamente le resta autoridad moral al país para seguir señalando con el dedo acusador a otros Estados que según la visión de mundo dominante estarían incumpliendo esos Derechos Humanos; sino que, por primera vez, la imagen internacional del país en tal aspecto, recibe un golpe durísimo y la mancha con fuerza.
La ironía más grande es que es en el gobierno del partido político que proclamó para sí mismo el monopolio de la ética y de la transparencia en la acción pública, bajo el cual Costa Rica sufre su golpe más duro en cuanto a su proclamada y cacareada política de Derechos Humanos, urbi et orbe, arrogándose una superioridad moral que, es bueno decirlo con fuerza, ¡no va más!
Empecemos. El gobierno gringo dice que el gobierno PAC de Carlos Alvarado Quesada ocultó información en cuanto la entrega pública de material relacionado con la pandemia del covid-19, resaltándose que, según nos lo cuenta Diario Extra, fue este medio el que tuvo que acudir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en demanda de tal información, cuya naturaleza de interés de la gente no resiste el menor cuestionamiento. En tal sentido, las libertades civiles sufrieron una grave lesión; específicamente, la libertad de expresión.
Tenemos que citar, necesariamente, haciendo conexión, el intrincado caso de la UPAD y la grave presunción ciudadana de espionaje político-civil a personas y a organizaciones, como tendencia oculta y nefasta de control político-policial desde el aparato estatal. Cuando todo esto salga a la luz, a plenitud, probablemente la imagen de país sufrirá más deterioro.
El hacinamiento carcelario, merece la atención del gobierno gringo en este informe de Derechos Humanos. Nosotros pensamos que el Sistema Penitenciario Nacional hace tiempo debió declararse en estado de emergencia, pues no solamente hay un deterioro marcado de las condiciones de vida para las personas privadas de libertad; sino que el mismo personal (de servicio, administrativo, técnico, profesional y policial), sufre tal hacinamiento, multidimensionalmente; especialmente, sobrecargas de trabajo, carencia grave de recurso humano, deterioro psicoemocional y aumento de riesgo de pérdida de la vida.
Otro ámbito que se destaca en el indicado reporte, es el señalamiento de procesos de detenciones ilegales. Además, de la tendencia gubernativa a ignorar las instituciones de los pueblos indígenas, el desconocimiento de sus autoridades y la violencia contra estas comunidades de compatriotas. Debe indicarse que, sin duda alguna, hay aquí expresiones intolerables de racismo.
Por otra parte, es necesario señalar que continúan impunes los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.
Es este sensible tema de los Derechos Humanos, los de carácter económico-social, si bien no están muy bien abordados en la recopilación pública del informe gringo (y no sabemos en estos momentos, si fueron debidamente considerados), es claro que, para el caso costarricense, la pandemia lo que hizo fue agravar la situación de miles de personas integrantes de las familias de la clase trabajadora, las cuales, ya antes de la llegada de la misma al país, sufrían duros golpes a sus propios derechos humanos en ese plano, es decir, el económico-social.
Por otra parte, si es evidente que el establecimiento pleno en el país del matrimonio igualitario y de la fertilización in vitro, pueden considerarse avances en materia de Derechos Humanos de las personas habitantes integrantes de estos segmentos de convivencia social; lo real es que no fue por propia voluntad del sistema republicano-institucional costarricense; sino por la pertenencia del país a mecanismos jurídicos de orden internacional y de obligado cumplimiento. Al respecto, la orden vino de afuera y nunca fue por voluntad política interna.
Más allá del escueto informe gringo, aunque con señalamientos importantes; lo real es que el ámbito de acción para un movimiento sindical que pretenda renovarse, relanzarse, repotenciarse, reestructurarse, que éste se decida a incursionar en práctica militante cotidiana de su observancia, los Derechos Humanos, concebidos integralmente, ofrecen todo un nuevo campo de posibilidades de acción de defensa obrera insospechadas.
