Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Durante cada hora de cada uno de los 365 días del pasado año 2020, los intereses de la deuda pública del país, obligaron al Gobierno Central-Ministerio de Hacienda, a erogar la gigantesca cantidad de 195 millones de colones cada 60 minutos. El impacto negativo en los más diversos programas gubernamentales del Estado central, especialmente los más sensibles como Seguridad, Educación y Salud, tiene ya manifestaciones claras.
La línea ideológica principal de la clase plutocrática gobernante es, primero que todo, pagar intereses de la deuda. Todo lo demás es secundario; incluyendo las necesidades más apremiantes de las personas ya excluidas o en proceso de serlo, de la exitosa integración social y económica que el país tuvo antes de que el fundamentalismo fiscalista de corte neoliberal empezara a envenenar las acciones de política pública basadas en la búsqueda y en la promoción del bien común.
Para este año 2021, el año del Bicentenario, el pago por hora de intereses de la deuda pública es de 230 millones de colones por hora; calculados con base en que esa erogación representará 5.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); y que cada punto porcentual del PIB representó, en el 2020, una cantidad de 359.800.000.000 millones de colones, según dato que nos proporcionara el doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, prestigioso académico de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Se dio a conocer en pasadas horas que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le otorgó a Costa Rica un nuevo préstamo, por la cantidad 1.778 millones de dólares, lo cual implica dos cosas: crecerá la deuda pública del país y crecerá la carga de intereses de la misma. Por cierto, siempre estuvimos convencidos de que tal préstamo no era necesario, que acudir al FMI no se necesitaba. Connotadas personalidades también lo estuvieron planteando.
Debemos hacer un esfuerzo para comprender qué persigue la clase plutocrática gobernante y sus personajes operadores políticos instalados en la Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa, con esta carrera loca en estar propiciando más endeudamiento público.
Lo primero que tenemos que tener presente es que este asunto de la deuda pública, del brutal pago de intereses que la misma exige, ahora a razón de 230 millones de colones cada 24 horas, es un gran negocio en el seno de los sectores oligárquico-financieros de la plutocracia gobernante. Las operaciones de bolsa, mediando firmas de valores y bufetes “selectos”, dejan jugosísimas ganancias para pequeños grupos de poder con conexiones políticas al más alto nivel.
Por tanto, no hay interés objetivo alguno en que el problema fiscal del país se arregle; por el contrario, lo que se busca es que el mismo esté dentro de parámetros controlables para evitar que a esos sectores oligárquico-financieros se le salga de control. Garantizar esto, es tener la seguridad de que el flujo de recursos a esos sectores pudientes se mantenga y se acreciente.
Lo segundo que tenemos que tener en mente es que, de conformidad con la ideología de la clase plutocrática gobernante, esa que podemos resumir en la frase-concepto todo mercado-nada Estado, no es concebible que todavía existan como propiedad pública una serie de instituciones estatales que generan altas rentas. Hablamos del ICE, del INS, de AyA, de los bancos públicos (de Costa Rica y Nacional, especialmente), de Correos, de FANAL, de Recope y, por supuesto, de la Caja.
Según la Contraloría General de la República (CGR), cuya jerarquía política máxima trabaja, de manera ideológica, al servicio de la clase plutocrática gobernante, varias de estas empresas públicas generaron, de manera conjunta, al 30 de octubre recién pasado, un superávit de 7 mil millones de dólares; suma está más que apetecida por esos sectores plutocráticos, hoy en el control total de la hegemonía política de la institucionalidad funcional de la República.
Así las cosas, no es nada descabellado pensar que existe una articulación ideológicamente diseñada, materializada en una estrategia política operativizada mediando el control de los poderes formal del Estado (especialmente, el Ejecutivo y el Legislativo), e impulsada a través de la intensa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del sector Público (a partir del tema del empleo público); para llevar al país al borde de una deuda pública imposible de pagar y de una amortización de intereses más que explosiva de las debilitadas finanzas públicas del Estado central, a fin de decirle a la ciudadanía que la única forma de evitar el “cataclismo apocalíptico del fin de los tiempos”, es vender los activos del Estado, básicamente los que acabamos de mencionar.
Esta articulación ideológicamente diseñada incluye, por supuesto, no hacer nada en materia de evasión y de elusión fiscal-tributaria; como tampoco, en no hacer nada en el campo de las exenciones-exoneraciones empresariales abusivas. Todo esto junto, anda por el orden de los 14 puntos PIB. Si tan sólo se intentara recuperar la mitad; o tan sólo un tercio, otro gallo cantaría en el ámbito de las alicaídas finanzas públicas del Estado central. La conspiración de la plutocracia gobernante está en pleno desarrollo.