Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El máximo jerarca institucional del cuerpo de oficiales de la Policía de Tránsito de Costa Rica manifestó, en recientes declaraciones de prensa, que se ocupan de, al menos 600 y hasta 1.200, personas nuevas que ingresen a laborar en este importante servicio de la Seguridad Ciudadana que es la Policía de Tránsito. Dio a entender que ejecutan su estratégica labor en medio de gran precariedad y con muchas dificultades, apelando a forzadas (diríamos nosotros), maniobras y coordinaciones inter-institucionales para la delicada tarea de velar por la vida de las personas en las carreteras del país.
Su dramático llamado que, por cierto, nada nuevo es, se hace eco de una reiterada labor de denuncia responsable que, desde hace ya bastante tiempo, se formula con la voz gremial, policial-institucional en tal sentido, en cada uno de los cuerpos policiales nacionales.
Notorio resulta aprovechar el reclamo del indicado jerarca, para resaltar la intensa labor de denuncia que, acerca del debilitamiento paulatino y sostenido de los diferentes cuerpos policiales del país, vienen desplegando destacados líderes sindicales de base ubicados en los mismos y/o con responsabilidad en la materia; especialmente personas dirigentes que destacan en la corriente sindical en la cual militamos.
Las seccionales sindicales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en Fuerza Pública, en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en la Policía Penitenciaria, en la de Tránsito, en la de Control de Drogas (PCD), en la Aeronáutica y en la de Fronteras; tanto en la Ecológica (que es como nos gusta llamar al personal de guardaparques), como en la Fiscal; llevan muchísimo tiempo alertando al país, a las autoridades gubernativas actuales (y a las anteriores), de una especie de conjura política tácita tendiente a la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana.
El clamor incesante, constante, documentado, sólidamente argumentado de estas personas valientes, dirigentes sindicales policiales, se estrella contra el muro del fanatismo fiscalista; contra el muro del recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable y hasta irracional, registrándose ya dos vergonzosos episodios en los cuales es la propia Asamblea Legislativa (por falta de conocimiento, de estudio y también por fundamentalismo fiscalista), la que se ve obligada a corregir gravedades de recorte presupuestario-policial, pues las autoridades fiscales centrales del Ejecutivo caen en extremismos ilógicos y peligrosos.
Esta especie de operación encubierta que nos conduce hacia la destrucción logística y operativa, y hasta estratégica, de los servicios públicos policiales ligados de manera directa a la Seguridad Ciudadana; se manifiesta en momentos en los cuales la ciudadanía contempla estupefacta, ya no solamente el avance del poder del narcotráfico y del crimen organizado, sino el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la violencia criminal delincuencial común, sin hablar de los delitos de cuello blanco que se siguen cometiendo en los gobiernos del partido político de la transparencia.
Como si ello no bastase, nuestros cuerpos policiales, subvalorados profesional y salarialmente, se enfrentan a las consecuencias negativas del crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. En su diario quehacer, las personas con las cuales tienen relaciones de conflicto son, precisamente, las caras o los rostros de esa desigualdad y de esa exclusión. Sin duda alguna, hay factores psicoemocionales en las tareas policiales que no han sido debidamente ponderados.
A esta altura de las muestras contundentes del avance de la criminalidad y del crimen organizado; de las muestras contundentes del estado precario multidimensional de los cuerpos policiales del país (empezando por su faltante de personal en cada uno); del crecimiento, cualitativo y cuantitativo, de la exclusión social y de la desigualdad económica, uno podría concluir que mientras la ley y la justicia retroceden, el crimen y la corrupción es lo que avanza.
Corresponde, en tal sentido, que de cara al proceso electoral nacional ya en desarrollo, las fuerzas gremiales policiales se aglutinen y potencien sus más que autorizadas y calificadas voces gremiales de denuncia, de propuesta y de lucha. Como ya lo hemos vivido, las ofertas electorales en torno a los temas de Seguridad Ciudadana, no dejarán de presentarse, con su carga de demagogia y de nueva estafa electoral. Es el momento, en consecuencia, para que emerja la voz policial unidad y articulada. Es la policía la que le pone el pecho a las balas… no son los políticos.
