Nadie nos contradice. Todo el mundo en Costa Rica lo sabe. En el caso de los y de las de abajo, lo sufren todos los días pues son sus víctimas directas. En el caso de los y de las arriba, le sacan jugoso provecho de manera constante.
Hablamos de que el sistema tributario nacional es doblemente perverso: es injusto y es corrupto. Hasta la saciedad lo hemos dicho y, como acabamos de indicarlo, nadie nos contradice.
¿Qué hacer? Las universidades públicas que, con toda razón y con eficiente gestión, anualmente, reclaman los recursos necesarios para su operación anual en lo que conocemos como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); están ética, moral y políticamente obligadas a presentarle a la sociedad las propuestas pertinentes para que el sistema tributario nacional evolucione de su actual perversa situación regresiva hacia uno de carácter progresivo. Si ya han hecho un trabajo de esta naturaleza, lo desconocemos y nos disculpamos, anticipadamente, por nuestra “ignorancia”. Si no lo han emprendido, la legitimidad con la cual se enfrentan a los gobiernos de turno, por la solidez financiera del FEES, se irá perdiendo.
¿Por dónde empezar? Al considerar que a la clase política, prácticamente, sin excepción, no le interesa el tema tributario-fiscal; las universidades públicas podrían desempolvar los documentos y las conclusiones contenidas en el informe sobre el trabajo realizado en la tramitación parlamentaria Expediente Legislativo No. 19.973, Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa que analizó la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias (Panama Papers).
Otra entidad pública que tiene mucho que decir y que hacer en esto del sistema tributario nacional doblemente perverso, porque es injusto y porque es corrupto, es la Contraloría General de la República (CGR). No solamente podría llamarle a la atención a su jefatura política, la propia Asamblea Legislativa, por engavetar las valiosas recomendaciones del informe legislativo derivado de la investigación sobre el tema de los Panamá Papers; sino también al propio Ministerio de Hacienda tomando en cuenta las responsabilidades que se le señalaron en el mismo y que no ha cumplido.
Como es bien sabido, la CGR ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán politiquero de turno y ahora que ha salido fortalecida del aventurero ataque del chavecismo, tendrá suficiente autoridad moral para alzar su voz contralora por lo que han dejado de hacer los poderes Legislativo y Ejecutivo con relación a las directrices y las recomendaciones que vertió el indicado informe del Expediente 19.973.
De la misma forma, debe la Contraloría General de la República (CGR) abordar dos áreas “tabú” del tema fiscal-tributario y su perversidad corrupta. Por un lado, el pago en exceso de los intereses de la deuda pública con su socialmente criminal carga diaria de intereses; por otro, lo que ha venido ocurriendo con el régimen de zonas francas, sus treinta y resto de años de exoneración total de pago de impuestos y su degeneración en otros casos, pues hoy día la “moda empresarial” es que toda actividad productiva calce para desarrollarse bajo el régimen de zona franca y así evadir pago de impuestos.
Finalmente, si los dos temas anteriormente mencionados para efectos tributarios son “tabú” (intereses de la deuda y zonas francas); hay un tercero que es el más “tabú” de todos: los saldos de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos al 30 de junio de 2024: 18 mil 3 millones de dólares. 9 billones 540 mil millones de colones. ¿Son estos dineros sujetos de tributación tributaria? Nosotros creemos que sí.
