Este lunes 12 de setiembre, información de prensa nos da cuenta de que, en los primeros seis meses del presente año 2022, la cuasi-catastrófica deuda pública aumentó en un billón seiscientos cuarenta mil millones de colones. En cifras así: 1.640.000.000.000. ¡4 puntos PIB!
En verdad, cuesta creer esto: en estos seis meses, la deuda estuvo creciendo a razón de 9 mil 111 millones de colones diarios.
Según los datos que comentamos, al terminar el pasado año 2021, la deuda pública llegó a los 27 billones 270 mil millones de colones: 27.270.000.000.000.
Con el crecimiento de 1 billón 640 mil millones que tuvo en el primer semestre del 2022, la deuda pública llegó hasta los 28 billones 910 mil millones de colones. ¡Unos 45 mil millones de dólares!
Ahora bien, dice el Presidente don Rodrigo Chaves Robles que por la venta que su gobierno propone del Banco de Costa Rica (BCR), se recogerían 1 billón 300 mil millones de colones (en el mejor de los casos), para destinarlos a abonar a la deuda de los casi 30 millones de millones de colones, como lo expresan los datos que venimos indicando.
¡Ridículo! Veamos: Se vende el BCR en 1.3 billones de colones, pero ya el primer semestre del 2022 “se los tragó”, porque la deuda pública creció en 1.6 billones; y, todavía “quedamos por dentro” con 300 mil millones de colones (0.75 del PIB). ¡Pésimo negocio para el país la venta del BCR!
¿Y qué pasará en el segundo semestre del 2022? ¿Se vende el Banco Nacional?… O, ¿cuál otro activo?
¡Muy mal! El monstruoso, dantesco, escalofriante, catastrófico y sideral problema de la deuda pública tiene, y debe tener, otras alternativas para abordarlo integralmente.
Si la Asamblea Legislativa no quiere entrarle a este grave problema, debemos hacerlo desde la denominada sociedad civil, apoyándonos en las mentes brillantes que producen pensamiento de rigor en las universidades públicas, por ejemplo.
En el actual parlamento, la propuesta de que se instale una comisión legislativa especial que investigue en problema de la deuda pública, no parece tener futuro.
Pareciera que la seguridad económica que les da el salario a las 57 personas diputadas, les impide calibrar lo que está sucediendo en múltiples servicios públicos, por una parte; y, por otra, comprender la naturaleza cruel del drama socioeconómico que viven las familias trabajadoras cuyas jefaturas de hogar laboran en esos servicios públicos.
Por otra parte, y esto es bueno resaltarlo, no parecen existir buenos aires a la descabellada propuesta presidencial de venta del BCR para abonar a la deuda pública. Esperamos que se consolide el frente parlamentario opositor a dicha temeridad.
En tal sentido, razón de más, para considerar la instalación de la comisión parlamentaria que investigue el tema de la deuda pública y que genere las alternativas de solución sin mediación de entrega de activos públicos ni mayor expoliación a los ingresos de los sectores medios y bajos de nuestra población. Todavía tenemos fe.
