Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Sin duda alguna, el régimen municipal costarricense enfrenta el más grande desafío de su historia republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
El neoliberalismo y su estrategia política de instauración de una democracia autoritaria para nuestro país, no tolera la posibilidad de un mayor nivel de desarrollo autónomo de los gobiernos locales, mismo que por su naturaleza (aunque con grandes problemas), son los más cercanos a la gente, a la ciudadanía; por tanto, ésta, bien empoderada y consciente de su papel, podría dar paso al surgimiento de la democracia participativa que como bien sabemos, supera en mucho a la maltrecha y ya desprestigiada democracia representativa.
La imposición de la inconstitucional regla fiscal que quebrantó la autonomía municipal en materia de finanzas y desempeño laboral, se junta, ahora, con la escalofriante posibilidad del establecimiento de un poder sobredimensionado y absoluto en la figura de la Alcaldía; a partir de la desafortunada y tramposa aprobación, en un ambiente de gran opacidad, del expediente legislativo 20.968, que le posibilita a dicha autoridad “disponer de vidas y haciendas” de quienes laboran en los municipios, pues tendrá para su uso discrecional (y antojadizo), el arma del despido obrero.
El equilibrio de poderes en el seno del gobierno local municipal, se quiebra, pues las personas regidoras de los Concejos, pasan a ser “convidadas de piedra” ante la magnitud de la soberbia prepotente del alcalde o alcaldesa para disponer del recurso humano, en un escenario adverso de calamidad financiero-presupuestaria que impuso la regla fiscal.
El gran perdedor, quien “no tiene vela en el entierro”, es la ciudadanía comunitaria; la cual, por un lado, verá deteriorase la calidad de los servicios públicos que demanda de su municipio, a la vez que presenciará una serie de vicios en el manejo de los recursos humanos al quedar éstos sin garantía de estabilidad, por cuanto ésta será determinada por las percepciones de lealtad que tenga dicha autoridad de parte de sus subordinados y subordinadas.
Imposible resulta descontextualizar estas afrentas políticas a los gobiernos locales, de lo que está ocurriendo de manera estructural con relación al histórico modelo de organización republicana que venía imperando en el país, y que ahora está siendo modificado desde el parlamente pro-empresarial que tenemos en estos momentos; la mayoría de sus integrantes estarían tomando decisiones cuya legitimidad es precaria, porque algunas de las mismas implican cambios constitucionales que no han observado el sendero jurídico en cuando tales.
Sinceramente, anhelamos que la comunidad municipal reaccione cuando todavía tenemos tiempo de revertir ese peligroso sendero del autoritarismo en democracia que pretende también contaminar la vida institucional de los gobiernos locales.
