Narcotráfico, secreto bancario y financiamiento de campañas políticas

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.

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