Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Los intentos políticos de alto nivel, fuertemente impulsados por estos días de agudización de la pandemia, para que se adopten nuevas disposiciones en torno al futuro de la sostenibilidad financiera del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS), deben ser detenidos.
Cualquier tipo de modificación a la estructura actual de IVM-CCSS, por mínima que sea, es irresponsable, pues estamos en tiempos atípicos, como resulta obvio constatar a todo nivel; especialmente, en el económico-social y en el de corte político-electoral.
Las personas abanderadas de que se impongan nuevas condiciones para tener derecho a pensionarse vía IVM-CCSS, por lo general serán las que menos necesidad tengan del mismo; ya sea por altos salarios, por salarios con actividades lucrativas paralelas, por ser poseedoras de medios de producción, por tener estándares de vida heredados que les permiten holgura financiera y poseen vocerías poderosas para impulsar políticas estatales que les favorezcan.
Las verdaderas personas trabajadoras asalariadas e independientes, las que están iniciando su vida laboral activa, o que están a mitad de ésta o a punto de concluirla, y que tienen ingresos medios, bajos y/o precarios, carecen de vocerías poderosas, realmente legítimas y sólidamente documentadas con profundidad, como para que sus intereses socioeconómicos, especialmente los de corte vital, tengan debida consideración a la hora de nuevas modificaciones al IVM-CCSS.
Por tal razón (amén de otras consideraciones), que haya que pensionarse a los 65 años, o más (indistintamente, de si se es hombre o se es mujer); que la cotización obrera podría subir hasta un 3% por ciento del salario nominal; que la cantidad a recibir una vez en estado de pensión, sea menos del 50% del salario que se percibía al momento de la misma; nos presenta un panorama lúgubre en cuanto a desigualdad económica y exclusión social, es decir, incremento sensible en ambos indicadores.
Difícilmente pueda darse una discusión, pausada y objetiva, si en la creación de la atmósfera para abordar las transformaciones de IVM-CCSS, han estado mediando e interviniendo fuentes de incidencia de clase que expresan visiones de mundo que, por lo general, no responden a intereses centrados en el bien común y en la movilidad social.
Un abordaje del tema, sin contaminaciones determinantes, debe considerar, para empezar, un entorno económico-social y fiscal-tributario post-pandémico, o bien, lo más responsablemente proyectado al mismo; debe incluir un saneamiento más que estratégico de la relación del Estado con la Seguridad Social; las previsiones demográficas y etáreas de, al menos, medio siglo hacia adelante; así como la naturaleza del aparato productivo en sus diversas modalidades y niveles.
Un abordaje completamente serio y responsable, debe incluir la consideración de fondo de la evolución en el tiempo del régimen a la llegada de la pandemia, de modo tal que su diagnóstico responda a realidades sociopolíticas imposibles de negar, rechazando las irresponsables muletillas de que “eso ya pasó” y que los problemas financieros y actuariales de IVM-CCSS se deben al “envejecimiento poblacional y reducción de las tasas de fecundidad y natalidad”.
La responsabilidad para con las generaciones actuales y futuras de personas a pensionarse por IVM-CCSS tienen que comprenderse como una tarea estructural del Estado en la promoción del bienestar de sus habitantes y, especialmente, de su clase trabajadora; es decir, no se trata de abordar un futuro a partir de una responsabilidad institucional determinada, sino cuál es el tipo de sociedad a la cual se ha de llevar a la presente y futuras generaciones que, cotizando activamente, aspiran a un nivel de calidad de vida digno en su retiro.
Prácticamente, no se puede negar que, en la actualidad, pensionarse vía IVM-CCSS es empobrecerse. Es más, ya la gran mayoría de las 300 mil y resto de personas pensionadas por este régimen de pensiones, se ha hecho más pobre de lo que era antes de pensionarse. No se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que esto sea así, como piedra arquitectónica del pasado piramidal de la Humanidad. Mucho menos puede aceptarse que la política oficial del Gobierno sea empobrecer aún más a los actuales y futuros pensionados de IVM-CCSS.
Las personas trabajadoras actualmente pensionadas por IVM-CCSS, y las que pretenden estarlo en el corto, mediano y largo plazo, son seres humanos integrantes de una Comunidad-Estado cuyas responsabilidades nadie puede eludir, ni aún sumido en la más profunda bajeza del egoísmo.
Con esta visión, ha venido trabajando un estimable grupo de costarricenses quienes aspiran, en el corto plazo, compartir con la sociedad sus conclusiones, libres del determinismo oficialista legitimado desde el lado obrero como incontrovertible.
