Se está revelando en las últimas horas que el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), tiene o tuvo un contrato empresarial para custodiar documentación del Ministerio de Hacienda, como parte de sus negocios.
El líder corporativo debe hablar claro al país dando a conocer todos los detalles de tal contratación.
Esta circunstancia deja en evidencia contundente de que si hubo alguna persona con acceso a información tributaria debió ser el Presidente de la UCCAEP.
Por el contrario, las acusaciones de los opositores al establecimiento del registro de accionistas de que quien sí tenía acceso a ese tipo de informaciones, era el Secretario General de la ANEP, han quedado rotundamente desvirtuadas, constatado de manera contundente su carácter falaz y mostrando una gran debilidad argumental para oponerse a tal registro.
Por otra parte, el Presidente de la República debe decirle al país la naturaleza del acuerdo con el Presidente de la UCCAEP para que se establezca ese registro de accionistas de las sociedades anónimas con “condiciones”.
¿Cuáles condiciones? ¿Que el empresariado privado afiliado a UCCAEP sea el custodio de tal registro de accionistas? ¿Qué sean las empresas de sus líderes, como don Ronald Jiménez Lara, que mediante contrato con el Estado, custodien ese registro?
En todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este tipo de registros se manejan en el lugar correcto donde deben estar: el sistema tributario nacional del respectivo país. Otra cosa muy distinta son las regulaciones para mantener la confidencialidad de los datos de este tipo de registros.
Sin embargo, ya vemos cómo no necesariamente se protegen tales datos en la actualidad si es una firma privada, vía contrato con el Estado, la cual podría tener acceso a ellos. No es un sindicalista el que podría conocer de esa información. Es la propia empresa del máximo líder actual de la UCCAEP quién tiene que explicarle al país mucho a este respecto.
