Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud, ANEP
Me parece que la propuesta de reducir el salario de las personas trabajadoras del sector público es una desafortunada ocurrencia de quienes no tienen reparo en hacer gala de su ignorancia. Pero estoy convencido que insistir en tal decisión es un error que nos conduciría a consecuencias irreparables.
No es sólo porque constitucionalmente no proceda, aunque, eventualmente, estas ideas puedan tener el visto bueno de sus serviles leguleyos que tuercen la Constitución a conveniencia. El asunto es que estamos ante una emergencia sanitaria y las medidas que se adoptan en tales circunstancias obedecen a esa naturaleza. No se requiere mayor grado de inteligencia para darse cuenta que el salario tiene vinculación con una serie de derechos que no pueden ser limitados o suspendidos en momentos de emergencia.
Quizá las voces disidentes aleguen que el impacto del COVID-19 sobre la economía es una realidad ineludible, es verdad. Lo que no dicen es que las medidas que se deben adoptar no se limitan a reducir el salario de las personas trabajadoras o a despedirlas. Tal vez es momento de analizar las previsiones de aseguramiento que deben adoptar las empresas; o bien, la posibilidad de hacer recortes a las pensiones de lujo -aunque esas si gocen de protección política-; quizá sea momento para renegociar la deuda, en todo caso, se está hablando de utilidades, de una afectación temporal a la desmedida acumulación de riqueza y no de vidas humanas, como sucedería en eventuales despidos o recortes a los salarios.
Ser solidarios no implica quitarles el alimento a las personas trabajadoras, ser solidarios es pensar que las alternativas están en otro lugar y no en los salarios. En momentos críticos como los que estamos atravesando, debemos quitarle la voz a la politiquería y dársela a la Democracia, a los políticos serios, a los actores representativos de la sociedad, aunque sean oposición. En momentos como los actuales debemos escucharnos, porque la falta de empatía, la intolerancia y la confrontación, son pésimos consejeros en circunstancias turbulentas. Los trabajadores y las personas menos privilegiadas de la sociedad, siempre seremos mayoría y a veces la adversidad nos recuerda el “poder del soberano”.
En este momento lo que necesitamos es trabajar en alternativas, buscar opciones para reducir el impacto de la crisis y encontrar la manera de superarla. Cualquier decisión que se tome al margen de las personas trabajadoras -que al fin de cuentas son las que generan riqueza-, sería una estrategia errada. Costa Rica puede superar el distanciamiento por razones sanitarias, pero un distanciamiento por odios y por discrepancias no resueltas, sería fatal.
Cuando la Cámara de Empresarios se da la oportunidad de tener en su dirección personas inteligentes y con visión, no sólo las empresas se benefician, también las personas trabajadoras y el país. Esto hizo la diferencia en otros momentos de crisis, lo que pasa es que en la actualidad su falta de visión los lleva a enfrascarse en una lucha a muerte en contra del sector público. Me gustaría pensar que esta actitud mezquina no se debe a una estrategia para terminar de desmantelar el Estado social de Derecho o para buscar privatizar algunas instituciones del Estado. Lamentablemente, su propuesta de reducir el salario de los empleados públicos es muestra fehaciente de su ignorancia y de su mala fe.
Aun así, nuestro deber es llamar a la prudencia y hacerle ver a todas las personas que no se trata de una lucha entre trabajadores del sector privado contra el sector público. Que el despido o la reducción salarial de las personas trabajadoras es irracional.
