Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Con Dios (autonomías constitucionales ratificadas como parte esencial del Estado de Derecho); y con el Diablo (apoyo ideológico a un enfoque fiscal neoliberal, extremista y fundamentalista): así percibimos nosotros el fallo emitido cerca de la medianoche del sábado 31 de julio, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativa No. 21.336. Por ello, hemos titulado este artículo “Sala IV y Empleo Público: Con Dios y con el Diablo”.
Sin duda alguna, no podemos aquilatar la dimensión correcta, en uno u otro sentido, de este fallo, sin conocer la redacción final de ese pronunciamiento; aunque sí es de destacar que se haya ya evidenciado que ese proyecto contiene, al menos, 35 inconstitucionalidades. No pareciera ser algo fácil superar esas 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Cuarta con relación al proyecto Ley Marco de Empleo Público. Sin embargo, en la actual Asamblea Legislativa las decisiones estratégicas de este calibre vienen siendo tomadas en otra parte y no en su seno.
Como no podía ser de otra manera y más que lógica reacción, la plutocracia reinante mediante su “oficina ejecutiva”, la Casa Presidencial, así como vía su medio periodístico oficial, “celebran” que la máxima magistratura judicial del país, la Sala IV, les haya avalado su proyecto ideológico-económico de reorganización del aparato estatal: el enfoque neoliberal extremista y fundamentalista que parte de la falsa premisa, muy desacreditada ya, de que el problema de las finanzas públicas del país son los salarios estatales, por una parte; y, por otra, que esto es agravado por la existencia de las convenciones colectiva de Trabajo. Esto es una completa falacia.
Cientos de veces lo hemos estado afirmando y cientos de veces más lo tendremos que decir: la crisis de las finanzas públicas tiene tres problemas fundamentales. 1) La naturaleza perversa del sistema tributario costarricense, que es injusto y que es corrupto. 2) La impagable deuda pública que demanda un pago diario, cada 24 horas, de obscenos intereses de usura, de entre 5 y 6 mil millones de colones. 3) La corrupción con fondos públicos mediante la alianza público-privada, con ropaje legal o sin él (el caso Cochinilla es emblemático al respecto).
A la plutocracia reinante y sus sucesivos gobiernos (de Liberación, de la Unidad y del PAC), no les interesa resolver, con drasticidad y efectividad, tales problemas. Por eso, atacan los salarios de la clase trabajadora, le quieren cercenar a esta las vías jurídicas nacionales para defenderse de su empobrecimiento, así como promueven paquetes de impuestos que agravan su situación financiero-económica.
Según entendemos nosotros, la tendencia mayoritaria imperante en el seno de la Sala IV en los últimos años, ha sido la de matricularse, ideológicamente, con esto del control del déficit fiscal, pero del lado incorrecto: la magistratura constitucional no ha abordado, por ejemplo, ni el abusivo y obsceno pago de intereses de la deuda pública ni, mucho menos, la naturaleza injusta y corrupta del sistema tributario. Tal vez porque nadie la ha desafiado a pronunciarse en tal sentido.
Pero nosotros lo vamos a hacer y ya lo estamos haciendo, con recursos constitucionales que exige debate profundo sobre los verdaderos problemas estructurales, tanto dentro como fuera del derecho nacional. Nosotros nos negamos a seguir escuchando al Presidente de la Sala Cuarta decir, como lo hizo cuando anunció la “constitucionalidad” del proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: “hay algunas violaciones de derechos humanos, pero hay una grave crisis financiera…”.
Si bien celebramos con nuestra presencia física, el pasado domingo 1 de agosto, en las afueras de la sede de la Sala Cuarta que esta se definiera a favor de las autonomías constitucionales y en contra de la tesis del Estado autoritario de sesgo totalitario (Mideplan: rector absoluto de todo el empleo público del aparato estatal); fuimos claros, al mismo tiempo, indicando que los contenidos de ese fallo avalando en materia de empleo público ese enfoque fiscal neoliberal, extremista y fundamentalista, tendrá que ser discutido en sede internacional, gracias a la pertenencia del país y del obligado sometimiento a sus dictados, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En tal sentido, ha sido oportunísimo y, realmente, un elemento fundamental en este asunto, que tengamos a nuestra disposición la Opinión Consultiva sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género, emitida por este tribunal jurídico-continental el pasado 5 de mayo.
Una combinación atinada de movimientos, articulados, desde este lado de la acera, pueden cerrarle el paso a la ofensiva político-mediática de la plutocracia reinante que esperan viabilizar, con su “peonada” diputadil y su oficina ejecutiva: la Casa Presidencial, lo más rápidamente posible esa nefasta legislación. Tenemos elementos a nuestro favor como el proceso electoral nacional que ya está encima y la campaña PASAR FACTURA; el mismo proceso interno legislativo; nuevas acciones de inconstitucionalidad y, como novedad jurídica de mucho futuro prometedor, los tribunales internacionales de Derechos Humanos (la Corte IDH y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU). Y, por supuesto: La Calle. No hay duda, tenían razón nuestros abuelos y nuestras abuelas cuando nos decían que “no se puede quedar bien con Dios y con el Diablo”.
