En el caso del aparato del Estado central (ministerios, básicamente); los puestos no profesionales, a lo sumo, tienen dos pluses: anualidad por antigüedad en el cargo y/o algún tipo de riesgo por la naturaleza peligrosa de la labor asignada. Hablamos, por ejemplo, de misceláneos, guardas de escuelas y colegios, policías, oficinistas, choferes y secretarias, técnicos de Salud, servidoras de los CEN-Cinai, servidores técnico-administrativos y asistenciales de la gestión médica, entre otros.
Comparando labores análogas en ambos sectores, ligeramente en el sector Público podría darse un poco más de salario que en el sector Privado que se rige, en términos generales, por el concepto de salario mínimo. Aquí la salida no es que todos estén peor de lo que están con la precarización salarial que sufren, haciendo una homologación “hacia abajo”; sino que, por ejemplo, en materia de salarios mínimos un Gobierno relativamente decente debería tomar dos medidas fundamentales: A) Elevación sustancial estructural por la vía de la excepción, para subir el actual nivel que tienen esos salarios mínimos, ampliándoles su actual y deteriorado poder de compra. B) Exigir que los patrones privados apliquen el reajuste semestral por costo de vida que se determina para los salarios mínimos, en aquellos salarios que estén por encima de tal mínimo.
Bien es sabido que existen políticas patronales privadas, las cuales hacen que si un trabajador tiene tan solo 100 colones por encima del mínimo de ley en la actividad laboral que ejecuta, cuando llega la fijación semestral por costo de vida para determinar el reajuste correspondiente al salario mínimo, se le dice al obrero o empleado que esa fijación por costo de vida no le toca porque ya está por “encima” del mínimo.
Evidentemente, estos serían elementos fundamentales de una nueva política salarial que potencie el poder de compra del salario, no que lo haga que apenas sobreviva y en condiciones cada vez más difíciles, considerando el alto costo de la vida en Costa Rica y que cualquier ciudadano extranjero reconoce.
En cuanto al sector profesional del Estado, el país decidió hace mucho tener para sí mismo excelencia en la prestación de servicios públicos y, por tanto, pluses como la dedicación exclusiva, han pretendido precisamente eso: evitar la fuga de cerebros del aparato productivo público. Igualmente, en el tema del plus denominado prohibición, la cuestión es de orden jurídico-legal y tiene que ver con el desvelo de la sociedad por la máxima transparencia a la hora de la cosa pública. Las tergiversaciones, perversiones, abusos y similares, en nada descalifican que estos dos pluses sigan existiendo como fundamentales en la política salarial estatal.
Otros pluses tiene que ver con una respuesta estatal a las restricciones de tener para el servicio público varios tipos de servidores que, en un marco de condiciones más precario, jamás irían a laborar al sector Público: riesgo de perder la vida vida, deterioro psicoemocional latente, confidencialidades, alta especialización en actividades inusuales, por ejemplo. Evidentemente hay irracionalidades y abusos como el “enganche” salarial médico, tema en el cual hemos venido insistiendo hace ya algún tiempo.
Ahora bien, otro caso sucede en el sector no central del Estado pero aquí las experiencias de instituciones y de empresas públicas exitosas defienden por sí solas sus propias políticas salariales para, precisamente, retener lo mejor de lo mejor de sus respectivos “know how” laboral.
