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Conferencia: Costa Rica no necesita un convenio con el FMI.
Jerarca despide a trabajadores del INTA-MAG pese a fuero sindical
El Director Ejecutivo del INTA-MAG, José Arturo Solórzano, despidió a dos trabajadores del instituto, pese a tener fuero sindical, el pasado 31 de diciembre.
Se trata de Juan Díaz Díaz, vicepresidente de la Seccional INTA-MAG y Alejandra Ángulo González, afiliada a nuestra organización sindical.
En el caso del vicepresidente, es la tercera vez que lo despiden en una fecha similar y para la ANEP dicha acción se interpreta como persecución sindical. Por otra parte, aunque la administración justifica los despidos por la falta de presupuesto, el jercarca de la institución continúa realizando contrataciones.
Es importante destacar que los trabajadores se presentaron a la ANEP para ser representados por la Unidad de Asesoría Jurídica, con el fin de acudir a la vía judicial y hacer valer sus derechos.
ANEP solicita instalación de elevador de carga en el laboratorio del hospital San Juan de Dios
Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida
– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.
En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.
El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.
ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.
ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.
Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.
Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.
San José, jueves 10 de diciembre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP llegará a las ultimas instancias para reinstalar trabajadores del Comité de Deportes San José
Orquesta Sinfónica Nacional cerca de convertirse en Benemérito de la Patria
Don Elián no tiene, ni tendrá, problemas para comprar la canasta básica por más alto sea el impuesto de ventas que le pongan
- Rotunda oposición de la ANEP a aumentar el i.v.a para la canasta básica
- La canasta básica debe ser exonerada, totalmente, de pagar i.v.a
- Gobierno de Alvarado legitima la democracia de la calle como mecanismo de defensa civil contra la violencia económica
Don Elián Valverde Villegas, Ministro de Hacienda, propuso en la mesa de diálogo gobiernista, aumentar el más que injusto Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la canasta básica, para elevarlo de su actual 1 % hasta el 13 %.
Don Elián, al igual que todas las personas jerarcas integrantes de la alta cúpula gubernativa de Alvarado, no ha tenido ni tendrá dificultad alguna en pagar el impuesto IVA a la canasta básica, por más alto que éste sea.
Es completamente censurable que don Elián no tuviera reparo alguno, ni un ápice de sensibilidad social, para lanzar semejante propuesta en medio de la actual crisis económico-fiscal y de salud pública que sufren las mayorías ciudadanas de nuestro país; especialmente quienes son integrantes de la clase trabajadora con empleo o sin él, sumidas en la informalidad y hasta en el hambre.
Bien se sabe que el impuesto al valor agregado, IVA, es el más injusto de todos los impuestos; y que aplicado a la canasta básica resulta doblemente injusto. El IVA por sí solo y cargado a la canasta básica, es propulsor de la creciente desigualdad que azota a la democracia costarricense; desigualdad que ya era torturante para la mayoría del pueblo costarricense desde antes de la llegada de la pandemia.
ANEP deja constancia pública de su rotunda oposición a que se aumente el IVA a la canasta básica en cualquier proporción. Por el contrario, a la canasta básica hay que exonerarla de pagar tal impuesto, como siempre ha sido nuestro planteamiento original. Fue un grave error político de la actual Asamblea Legislativa cuando la gravó con ocasión de la tramitación de la ley 9635, el “combo fiscal”.
A los sectores pudientes que tendrían la opción de favorecerse por una exoneración generalizada de carga IVA a la canasta básica, se les puede poner otro tipo de impuestos que gravan la acumulación y la riqueza misma; algo de lo cual carece el actual y perverso sistema tributario costarricense, injustamente regresivo.
Don Elián, Alvarado y todo el gobierno lo que hacen es, sin “proponérselo”, darle un espaldarazo a la necesidad de nuevos episodios de lucha social bajo el concepto de Democracia de la Calle; legitimando la necesidad de la autodefensa civil del pueblo costarricense contra esta forma de violencia: violencia económica.
¡Sí!, es violencia económica quitarle a una familia trabajadora desempleada, agobiada por el alto endeudamiento salarial, precarizada por la pérdida descendente del poder adquisitivo del salario cuando el costo de la vida sigue siendo altísimo, entre 7 mil y 25 mil colones por aumento del IVA a la canasta básica. ¡Eso es violencia económica!
Esta injusta y desequilibrada propuesta de impuestos a la canasta básica, es parte de la actual estrategia gubernativa de cara a un “nuevo” planteamiento para el Fondo Monetario Internacional (FMI); estrategia que se está implementando en la mesa de diálogo de Alvarado, ante la urgente necesidad que éste tiene de obtener algo de legitimidad social para ir de nuevo al indicado ente.
Hacemos votos y redoblamos nuestro compromiso y esfuerzo por una nueva y revitalizada expresión popular lo suficientemente contundente e impactante, para una defensa civil activa, por todo el país, contra esta violencia económica gubernativa.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP PPM se opone al proyecto de Ley para el fortalecimiento, coordinación y planificación del resguardo fronterizo.
Reciban un saludo de la Seccional ANEP PPM, con relación al proyecto de Ley No 21448, mismo que fue dictaminado por la Comisión de Narcotráfico y Seguridad la semana anterior, resulta necesario que desde la Seccional ANEP PPM, se haga saber que este tipo de legislación, lejos de promover el fortalecimiento, lo que viene es a debilitar aún más las estructuras y capacidades ya instaladas de cada Cuerpo Policial, dándole facultades a otros Cuerpos Policiales, como es el caso de la Policía de Fronteras, que podrían generar problemas tanto preventivos como en materia judicial.
Antes de indicar estos problemas se debe aclarar que la legislación es clara, y ha venido fortaleciendo las actividades represivas que por competencia desarrolla el Organismo de Investigación Judicial, al permitir que policías especializadas en determinada materia incursiónen en esta área tan delicada , claro está que los legisladores en el pasado han tenido el cuidado de que esto se haga bajo la dirección funcional del Ministerio Público, haciendo mediante Ley que cada Cuerpo Policial Especializado se convierta en Órgano Auxiliar del Ministerio Público.
Este es el caso de Cuerpos Policiales como la Policía de Control de Drogas (sustancias prohibidas y legitimación de capitales), Policia de Control Fiscal (evasión), Policia Profesional de Migración (Trata y Tráfico de Personas, Delitos con nexos y corrupción), se puede ver que la creación de una comisión permanente y liderada por las Direcciones Policiales Fronterizas y con capacidad para decidir en cuanto a las labores propias de otros Cuerpos Policiales afectaría de forma directa en las labores operativas ya que las órdenes que puedan derivar de estos foros puede afectar tareas tanto de investigación como de atención ante temas de relevancia para el país.
En cuanto a la posibilidad de investigar que se le quiere dar a este Cuerpo Policial, sin generar una especialidad, es realmente riesgosa y a la vez estaría dotando de características propias del aparato judicial a una policía de corte Administrativo, ya que se pretende dar el control a la Policía de Fronteras para investigar una serie de delitos que si bien es cierto son de índoles transnacional, no está siendo considerado que en el pasado cuando se ha dado esta facultad a otro Cuerpo Policial distinto al OIJ es por especialidad, y la Policía de Fronteras tiene una naturaleza de corte general solo que con rango de acción fronterizo.
Esta propuesta de Ley a pesar de que se menciona que viene a fortalecer a la Policía de Fronteras y Policia Profesional de Migracion, en el cuerpo normativo no se ve posibilidad alguna de darle tal fortaleza al Cuerpo Policial Especializado en materia Migratoria y único con la facultada de investigar esta dinámica ya que es Órgano Auxiliar del Ministerio Público, lo que evidencia que contrario a fortalecer viene a debilitarlo.
Este tipo de acciones a pesar de que se comprende la necesidad de fortalecer las fronteras, tal y como lo hace ver el diputado Viales de conformidad con las estadísticas, es evidente que lo que se debe hacer es dotar de más recursos a cada Cuerpo Policial, en especial a la Policía Profesional de Migracion, esto partiendo de que se pudo demostrar las capacidades operativas que desarrolla el Cuerpo Policial y que muestra de esto ha sido el trabajo que ante el cierre fronterizo se convirtió en pilar fundamental en la dinámica dirigida por el Ministro de Seguridad de contención.
No obstante, este trabajo se ha conseguido movilizando Oficiales de otros puestos de control migratorio como los aéreos, oficinas centrales, regionales y terrestres, que por el cierre de terminales aéreas, bajaron en atención para ponerlo a liderar operaciones en las diferentes fronteras logrando así los resultados obtenidos en cuanto a rechazos.
Sin embargo, ahora que se dan las reaperturas de fronteras iniciando por la Aerea se va a debilitar el control migratorio terrestre, mismo que con la reactivación del sector agro y comercial va a generar un aumento en la migración irregular de personas migrantes que provienen de los países vecinos.
Debe analizarse profundamente que darle estas facultades y atribuciones a la Policía de Fronteras, podría generar un retroceso en lo que al día de hoy se ha logrado, así como una alta probabilidad de que investigaciones que podría estar llevando el Organismo de Investigación Judicial, PCD, PCF o PPM, se dupliquen, representando no solo un riesgo para la investigación como tal, sino que se estarían haciendo gastos muy altos en trabajos que otro cuerpo policial ya lleva de la mano con la Fiscalía.
La Policía de Fronteras debe fortalecerse, pero con recursos los recursos qué ya recibe el Ministerio de Seguridad Pública, aumentando capacidades operativas y hasta herramientas tecnológicas, pero puestos a disposición de los Cuerpos Policiales que actualmente ya tienen por ley esa facultad.
El apoyo de este Cuerpo Policial a las diferentes unidades policiales es fundamental desde una perspectiva general y de índole meramente preventiva, llevando a sede judicial aquellas personas sospechosas que han sido aprehendidas en la comisión de un delito Flagrante.
Por último, mantener estos diálogos con otras instituciones, siempre es importante, esto a la hora de tomar decisiones o para prepararse de situaciones que pongan en riesgo la
Seguridad social o la seguridad pública, sin embargo es importante tener cuidado por el manejo que se le podría dar a los datos, por parte de las instituciones que no son policiales.
En la actualidad el Ministro de Seguridad Pública y quien también es Ministro de Gobernacion y Policía puede articular acciones conjuntas tal y como se ha evidenciado en los Mega operativos, más bien debería dársele una modificación a través de reforma de ley a la Ley 7410 para que todas las policías del país estén en lo operativo a la orden del Ministerio de Seguridad Pública.
El Diputado Gustavo Viales con éste proyecto lo qué quiere es blindar el Expediente 20323 para no darle recursos a la Policía Profesional de Migración y ponerle más funciones con los mismos recursos o con menos recursos.
Gerardo Mora Ordóñez Presidente de la Seccional ANEP PPME Directivo Nacional de ANEP.
ANEP no se prestará a la nueva maniobra gubernamental en cuanto al diálogo social
Grave error político desconocer la existencia del Movimiento Rescate Nacional.
Proyecto Estado de la Nación arriesga su prestigio y su propia credibilidad
Tema fiscal está sobradamente estudiado y sobran propuestas, entre ellas las de ANEP
Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).
La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor, Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.
La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.
Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.
Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa una grave error político.
Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.
Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.
Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.
Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.
Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.
San José, miércoles 14 de octubre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
